El ex jefe de gobierno italiano condenado por fraude fiscal, el ministro de relaciones exteriores de Francia aparentemente vinculado al saqueos de antigüedades en Siria, el jefe de gobierno de España no pudo dar prueba de haber tomado distancia de un caso de corrupción que lo involucra. Parece que la ética en el Viejo Continente no está de moda.
Algunos países europeos se enfrentan a una dirigencia con serios problema de ética, precisamente en el momento en que más sería necesario confiar en la capacidad de los dirigentes de un país, debido a los estragos que está provocando la crisis financiera y económica por la que pasa el Viejo Continente.
El tribunal de casación de Italia acaba de confirmar la condena del ex jefe de Gobierno Silvio Berlusconi a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, posiblemente el caso más emblemático. Hace dos meses, otro tribunal lo condenó a 7 años por haber favorecido la prostitución de una chica de menor edad. En el país itálico, la cuna del derecho occidental, no prospera la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para impedir que personas condenadas o procesadas figuren en las listas electorales. Fue senador hasta hace pocos meses Marcello Dell’Utri, cofundador del partido de Silvio Berlusconi, condenado en primera y segunda instancia a 7 años por su vinculación con la mafia, sin embargo protegido por su partido.
Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo español, no pudo convencer con sus descargos acerca da la responsabilidad política que le cabe respecto del manejo del dinero por parte del extesorero del Partido Popular, al que se le descubrieron cuentas multimillonarias en el exterior y del que recibía sobresueldos tanto el jefe del gobierno de España, como otros dirigentes de su partido. La toma de distancia que Rajoy aseguraba haber hecho del hombre ahora en mano de la justicia, terminó por disolverse como nieve al sol ante la aparición de mensajes de textos que contradicen la actitud afirmada ante el Parlamento en el discurso de ayer. En Francia apareció una red de comercio de antigüedades saqueadas, incluso por encargo, en Siria aprovechando el revuelo del conflicto interno, que llega hasta el ministro de relaciones exteriores, Laurent Fabius. También son franceses, respectivamente ex ministra y posible candidato a la presidencia, los dos últimos directores del Fondo Monetario, Christine Lagarde, que sigue en el máximo cargo del organismo, y Dominique Straus-Kahn, una investigada por corrupción, el otro acusado de abusos sexuales y de armar una red de prostitución.
En 2009, cuando las cuentas públicas de Grecia, España, Italia, Irlanda y Portugal estallaban ante los efectos de la crisis nacida en los Estados Unidos, los gobiernos europeos descubrían, furibundos, que para ingresar en el área del euro, el Ejecutivo griego de ese entonces había maquillado los números de su economía. De otro modo, no habría sido permitido el ingreso del país mediterráneo en el club de la moneda única.
El discurso se hace más general cuando se consideran las escasas contemplaciones que han tenido los gobiernos al encarar la misma crisis económica, con medidas que han terminado por agravarla, elevando a 35 millones las personas, por un motivo u otro, sin trabajo en Europa. Y esto en medio de recortes del gasto social... cada vez más considerado un costo y no una inversión.
Hay una deriva ética que debería motivar una profunda revisión de cómo se llega a elegir a los propios dirigentes, el grado de transparencia de su vida y de su patrimonio, los accesos que tiene la sociedad civil a fiscalizar sus actos. En pleno auge de los medios de comunicación, la democracia no puede sino volverse cada vez más transparente en sus instrumentos e instituciones. Es acaso el primer recurso que se tiene a disposición para hacer frente a una corrupción que avanza sin parar.
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