Evo Morales espera explicaciones del gobierno de Brasil

Un senador boliviano refugiado desde hace 455 días en la embajada brasileña en La Paz huyó con la colaboración del personal diplomático. El legislador era buscado por la justicia y había conseguido el asilo político a Brasil.

“Estamos esperando una respuesta oficial a la nota diplomática enviada por la cancillería”. Éstas fueron las palabras del presidente de Bolivia durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno. La explicación que Morales exige a Brasil tiene que ver con la huida del país del senador boliviano Roger Pinto Molina, quien se encontraba refugiado desde hacía 455 días en la embajada brasileña en La Paz. 

Miembro de la opositora Convergencia Nacional, el legislador estaba acusado de corrupción y tenía pendientes una veintena de procesos. El viernes pasado, aprovechando la relajación de las medidas de vigilancia, y aplicando un plan evidentemente programado estudiado, Pinto salió de la sede diplomática oculto en un vehículo con placas diplomáticas y durante 22 horas viajó por tierra, acompañado del encargado de negocios de la embajada de Brasil en La Paz, utilizando la carretera troncal que une el altiplano con los llanos orientales hasta la frontera en Puerto Suarez para embarcarse luego en avión desde Corumbá.

El episodio ha tenido como primera consecuencia la renuncia del ministro de relaciones exteriores de Brasil, Antonio Patriota, por no tener conocimiento alguno de la colaboración prestada por la embajada brasileña al legislador peruano que, en ausencia del titular de la misma, estaba bajo el mando de un encargado de negocios. Una segunda posible consecuencia es que el episodio afecte las relaciones, no siempre fáciles, entre los dos países.

El presidente Evo Morales, en la mencionada conferencia de prensa, aludió a que Pinto sea devuelto a su país por las autoridades brasileñas, como forma de cooperar en la “lucha contra la corrupción”. Y también se refirió a la acción de fuerzas conservadoras cuyo objetivo sería precisamente dañar las relaciones entre los dos gobiernos. La presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a una situación delicada, también por la política aplicada por su diplomacia en materia de asilo político. Para el gobierno de La Paz, no se trata de una persecución política sino de un prófugo de la justicia, que ya debía estar cumpliendo una condena a la cárcel.

Pinto Molina se había refugiado en la embajada de Brasil solicitando el asilo político en mayo del año pasado. Poco antes, el legislador sostiene haber entregado al propio Evo Morales documentación proveniente de fuentes de inteligencia del propio gobierno sobre irregularidades cometidas en hechos vinculados al tráfico de estupefacientes. Desde entonces, sostuvo el legislador, comenzó la persecución que lo obligó a asilarse en la sede diplomática brasileña. Las autoridades de Brasil habían concedido el asilo, pero los cargos pendientes con la justicia boliviana derivaron en el aislamiento de Pinto en la embajada en La Paz, desde la cual huyó gracias a la colaboración del encargado de negocios.

Además de una condena emitida este año, que prevé su encarcelación, hay otras 22 demandas contra Pinto Molina. Ocho son de explotación ilegal de recursos forestales y de tala no autorizada en unas 1.000 hectáreas de su propiedad, y otra es de perjuicios contra el estado por un monto de unos 2 millones y medio de dólares.