Compuesta principalmente por los jóvenes, en Perú hubo protestas en contra del nombramiento poco transparente de los miembros de diferentes organismos gubernamentales.
El nombramiento por cuota entre cuatro partidos de miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva, provocó manifestaciones de repudio, por falta de competencia profesional y conflicto de intereses en los designados. El Legislativo tuvo que dar marcha atrás.
Una vez más las protestas, una vez más los jóvenes, una vez más las redes sociales convocando a la movilización, una vez más el poder político cuestionado por su costumbre de repartirse el poder y de tolerar la corrupción. Cambió en escenario y esta vez fueron las calles de Lima, donde dos veces en una semana los jóvenes salieron a reclamar contra el poder Legislativo por la repartija de cargos en el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. El Parlamento había designado para esos cargos a figuras políticas cuestionadas por falta de aptitud, conflicto de intereses y por corrupción.
El lunes cerca de tres mil jóvenes, en su mayoría universitarios, salieron a manifestar por las calles de Lima y llegaron a pocas cuadras del Parlamento, donde fueron dispersados por la policía. Sin embargo, la reacción ciudadana, algo que no es usual en Perú, y la presión de los medios de comunicación obligó al Legislativo a rever su decisión de repartir por cuotas entre cuatro partidos los cargos.
El presidente Ollanta Humala invitó a dar un paso al costado y cuatro de los nombrados ya renunciaron a asumir, mientras que se estudia una nueva fórmula legislativa para solucionar legalmente el problema.
Para muchos analistas, el poder cruzó un límite, creyendo que la ciudadanía no reaccionaria de este modo. Un error de evaluación, por lo visto.
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