El caso Snowden es el más eclatante junto con el de Bradley Manning. Pero ahora el número dos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos está siendo investigado por haber revelado planes contra el gobierno de Irán.
Mientras las derivaciones del caso de Edward Snowden – el ex analista de la CIA que reveló el espionaje de las sedes diplomáticas de varios países en los Estados Unidos, además del acceso masivo a información sobre ciudad nos de ese país –, adquieren caracter de incidente diplomático, con el mal momento que tuvo que sufrir el presidente de Bolivia, Evo Morales, tratado como un delincuente al que se le tiene que revisar las pertenencias, lo que en realidad emerge es el gran problema de la actividad de agencias de inteligencia estadounidenses que no respetan soberanía territorial, normas internacionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos, practicando a menudo una política exterior propia, más allá de las directivas de la Casa Blanca. Está claro que en los Estados Unidos hay sectores del poder que llevan a cabo su propia agenda.
Durante su primer mandato, el presidente Barack Obama constató que es díficil saber cuáles y cuántas son las agencias de inteligencia y cómo actúan. Pero sí se sabe que un millón doscientas mil personas manejan información reservada. Un verdadero ejército de personas, entre las cuales – la justicia decidirá si por intereses materiales o por una cuestión de conciencia – algunos decidieron revelar información a la que tenían acceso y que revela hechos embarazosos, o indignantes, para el gobierno de los Estados Unidos.
El caso de Bradley Manning, el soldado que reveló el asesinato a man salva de civiles en Iraq y el de Snowden no son los únicos. Hay más grietas en la pretensión de crear un muro de silencio. Un general del Pentágono y otro funcionario de la CIA, arriesgan una condena a 30 años por haber filtrado información al diario New York Times.
El militar es nada menos que el general James Cartwright, hasta ahora el número dos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, pues cubría el cargo de vicejefe de estado mayor conjunto interarmas, además de ser un consejero muy cercano al presidente Barack Obama. En efecto, para algunos ya era "el general de Obama". A fines de junio ha sido reemplazado porque el año pasado habría revelado al diario New York Times el "Operativo Olimpíadas". Según informa la CNN estaría siendo investigado.
El ex funcionario de la CIA, en cambio, es James Sterling. El hombre habría hecho filtrar información, dirigida al New York Times, acerca de otra actividad sobre la cual se mantenía la reserva, el "Operativo Merlín".
¿De qué se trata? Los dos operativos fueron puestos en marcha para fortalecer la idea de que Irán se está dotando de armas nucleares, lo cual habría favorecido la intervención militar de Israel y, a su lado, de los Estados Unidos. No hace falta recordar las versiones de prensa que han alimentado esta idea, por otro lado avalada por el chisporroteo verbal de las autoridades iraníes, con más palabras que hechos concretos.
El "Operativo Merlín" consistía en difundir en Irán falsa información sobre el avance de la construcción de armamento atómico, lo cual habría inducido el gobierno de los ayatoláh a impulsar un programa atómico militar. El "Operativo Olimpíadas", en cambio, consistía en implantar un virus en una de las centrales nucleares con el objetivo de bloquear el desarrollo civil de la energía atómica.
Hay dos debates alrededor de estas noticias. Estamos ante traidores que perjudicaron a su propio país o a patriotas que intentaron evitar nuevos conflictos? Hay que preguntarse si un funcionario o un militar está obligado a respetar el secreto de operativos que violan el derecho internacional y la soberanía de países extranjeros, además de involucrar potencialmente al propio país en conflictos provocados artificialmente. Estamos frente a nuevos casos de obediencia debida. El ejemplo del programa nuclear iraní indica riesgos evidentes de llegar a una guerra en base a información falsa.
El otro debate, en el plano político, tiene que ver con las normas de derecho internacional sobre las cuales se apoya la conivencia entre países. ¿Cómo se puede permitir que el avión presidencial del presidente de Bolivia sea revisado como si fuera un narcotraficante, mientras que a diario las agencias de inteligencia de los Estados Unidos llevan a cabo operativos en territorios extranjeros sin que nadie levante una sola protesta? El ejemplo de la actividad de drones en Pakistán y Yemen es tan sólo la punta de un iceberg.
Por otro lado, los operativos contra Irán, dicen que la información de la que se dispone sobre éste y otro tema no es confiable e induce al error. Hoy el presidente Obama sigue afirmando que posee datos "seguros" acerca del uso de armas químicas por parte del gobierno de Siria. No ha presentado ninguna de estas evidencias y, ante estos antecedentes, creerle sería un acto de ingenuidad.
Hay que recuperar el principio de igualdad sobre el que se funda la convivencia entre países.
El caso de Bradley Manning, el soldado que reveló el asesinato a man salva de civiles en Iraq y el de Snowden no son los únicos. Hay más grietas en la pretensión de crear un muro de silencio. Un general del Pentágono y otro funcionario de la CIA, arriesgan una condena a 30 años por haber filtrado información al diario New York Times.
El militar es nada menos que el general James Cartwright, hasta ahora el número dos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, pues cubría el cargo de vicejefe de estado mayor conjunto interarmas, además de ser un consejero muy cercano al presidente Barack Obama. En efecto, para algunos ya era "el general de Obama". A fines de junio ha sido reemplazado porque el año pasado habría revelado al diario New York Times el "Operativo Olimpíadas". Según informa la CNN estaría siendo investigado.
El ex funcionario de la CIA, en cambio, es James Sterling. El hombre habría hecho filtrar información, dirigida al New York Times, acerca de otra actividad sobre la cual se mantenía la reserva, el "Operativo Merlín".
¿De qué se trata? Los dos operativos fueron puestos en marcha para fortalecer la idea de que Irán se está dotando de armas nucleares, lo cual habría favorecido la intervención militar de Israel y, a su lado, de los Estados Unidos. No hace falta recordar las versiones de prensa que han alimentado esta idea, por otro lado avalada por el chisporroteo verbal de las autoridades iraníes, con más palabras que hechos concretos.
El "Operativo Merlín" consistía en difundir en Irán falsa información sobre el avance de la construcción de armamento atómico, lo cual habría inducido el gobierno de los ayatoláh a impulsar un programa atómico militar. El "Operativo Olimpíadas", en cambio, consistía en implantar un virus en una de las centrales nucleares con el objetivo de bloquear el desarrollo civil de la energía atómica.
Hay dos debates alrededor de estas noticias. Estamos ante traidores que perjudicaron a su propio país o a patriotas que intentaron evitar nuevos conflictos? Hay que preguntarse si un funcionario o un militar está obligado a respetar el secreto de operativos que violan el derecho internacional y la soberanía de países extranjeros, además de involucrar potencialmente al propio país en conflictos provocados artificialmente. Estamos frente a nuevos casos de obediencia debida. El ejemplo del programa nuclear iraní indica riesgos evidentes de llegar a una guerra en base a información falsa.
El otro debate, en el plano político, tiene que ver con las normas de derecho internacional sobre las cuales se apoya la conivencia entre países. ¿Cómo se puede permitir que el avión presidencial del presidente de Bolivia sea revisado como si fuera un narcotraficante, mientras que a diario las agencias de inteligencia de los Estados Unidos llevan a cabo operativos en territorios extranjeros sin que nadie levante una sola protesta? El ejemplo de la actividad de drones en Pakistán y Yemen es tan sólo la punta de un iceberg.
Por otro lado, los operativos contra Irán, dicen que la información de la que se dispone sobre éste y otro tema no es confiable e induce al error. Hoy el presidente Obama sigue afirmando que posee datos "seguros" acerca del uso de armas químicas por parte del gobierno de Siria. No ha presentado ninguna de estas evidencias y, ante estos antecedentes, creerle sería un acto de ingenuidad.
Hay que recuperar el principio de igualdad sobre el que se funda la convivencia entre países.
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