El presidente Juan Manuel Santos admitió que por acción u omisión el Estado o su agentes violaron los derechos humanos. "La guerra se deshumanizó y nos deshumanizamos". Pidió ademas que todos asuman sus responsabilidades por lo acontecido.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció ante los magistrados de la Corte Constitucional que durante el conflicto con las guerrillas subversivas el Estado violó los derechos humanos y las normas de Derecho Internacional Humanitario.
La admisión de responsabilidades acontece en el contexto del debate sobre la constitucionalidad del marco jurídico impulsado por el gobierno para determinar los responsables máximos de los crímenes cometidos por los diferentes bandos durante más de medio siglo de conflicto interno. El informe entregado el viernes por la Comisión Nacional de Memoria Histórica confirma, en efecto, que la magnitud del conflicto hace sumamente complejo perseguir a todos los culpables de crímenes. Entre 1958 y 2012, en el país hubo 220.000 muertos, casi cinco millones de desplazados, cientos de masacres colectivas, al tiempo que casi 180.000 víctimas eran civiles. El informe también realiza una serie de recomendaciones para promover una paz interna duradera, además de reconstruir en forma pormenorizada las causas que llevaron al enfrentamiento armado.
"Nuestra función como agentes del Estado es la de proteger los derechos de todos los ciudadanos", declaró Santos al mencionar la grave responsabilidad del Estado al violar tales derechos por omisión o por acción directa.
"Debemos reconocer que tocamos fondo, que la guerra se deshumanizó y nos deshumanizó", dijo e invitó también a los líderes de las guerrillas a asumir sus propias culpas.
El congreso colombiano aprobó en diciembre de 2012 el Marco Jurídico para la Paz, en vista de alcanzar un acuerdo con la guerrilla de las FARC y del ELN que ponga definitivamente fin al conflicto armado. Y el marco ha asido impugnado por supuestos vicios de constitucionalidad sobre los cuales deberá ahora pronunciarse la Corte Constitucional.
Mientras que el Procurador General, Pablo Ordóñez, sostiene que el Marco Jurídico para la Paz viola las normas de los tratados internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, que establecen que deben ser perseguidos, para el Fiscal General, Eduardo Montealegre, se está cumpliendo con los principios constitucionales que garantizan el derecho a la paz ey los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
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