Se acercan las elecciones
presidenciales de noviembre. La ex mandataria Michelle Bachelet se presenta
como favorita. ¿Cómo mejorar la desigualdad? ¿Lo hará el mercado o hace falta
corregir la distribución del ingreso?¿Volverá a ganar las elecciones la
centroizquierda en Chile?
Para muchos, el tema no es
si Michelle Bachelet, la candidata de Nueva Mayoría –el acuerdo electoral que
la Concertación, la coalición de centroizquierda liderada sobre todo por el
Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (DC) ha sellado con el
Partido Comunista– vencerá o no en las elecciones del 17 de noviembre, sino si
el triunfo será en primera o segunda vuelta.
Bachelet, socialista y
médica de profesión, gobernó el país entre 2006 y 2010 y dejó su gestión con un
elevado nivel de aprobación (más del 80 %). Sucesivamente, estuvo a cargo de la
Agencia de ONU Mujer, hasta que regresó al país y, con un nivel de aprobación
todavía superior al 70 %, aceptó volver a competir por la presidencia. En las
internas partidarias Bachelet arrasó, dejando en el camino a otros dos
compañeros de coalición. Su regreso generó no pocas preocupaciones entre sus
adversarios de centroderecha, una suerte de complejo de inferioridad ante la
descollante figura de la ex presidenta.
Por supuesto, el vaticinio de una derrota es rechazado de cuajo por los partidarios de la Alianza, la coalición oficialista de centroderecha conformada por la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Sin embargo, no le ha sido fácil a la Alianza encontrar a su candidato. Luego de idas y vueltas, las elecciones internas celebradas en junio preocuparon por la escasa participación de su militancia. El precandidato de la UDI, el ex ministro de economía Pablo Longueira, resultó ser el ganador sobre su adversario de RN, Andrés Allamand, quien no aceptó con demasiado savoir faire la derrota.
Inesperadamente, semanas después Longueira anunció su retiro de la contienda electoral alegando razones de salud, un estado depresivo que no le permitía cumplir con el compromiso asumido. Las viejas rencillas entre RN y UDI fueron zanjadas con la elección de Evelyn Matthei, miembro del gabinete del presidente Sebastián Piñera, en el que cubría la cartera de Trabajo. Hija de un militar, como Bachelet, Matthei es una militante de la UDI que, poco antes de asumir como candidata de la Alianza, había anunciado su retiro del partido y de la política, precisamente por entender que su partido no le brindaba mucho apoyo.
Un nombramiento de último momento, sobre la base del mejor candidato del momento. ¿Será suficiente para confrontarse con un contrincante de la talla de Bachelet? No parecen tener muchas chances los demás candidatos que competirán para ocupar el palacio de La Moneda, entre los cuales se destaca Marco Henriquez Ominami, fundador del Partido Progresista, que en 2010, en su primera participación a las presidenciales, logró el tercer lugar con el 20 % de los votos. Pero desde entonces su caudal electoral parece haber mermado.
Crecer con menor desigualdad
Si la candidata oficialista apuesta posiblemente a hacer eje en los resultados de la gestión de Piñera, durante cuyo mandato el país creció guiado por el ímpetu del comercio con Asia, el alza de los precios de los minerales que exporta el país y en la idea del libre mercado como elemento equilibrador de la contraposición de intereses, Bachelet intentará convencer al electorado de que la Concertación será capaz de corregir y mejorar la redistribución del ingreso y la desigualdad.
Esta última es, acaso, la verdadera espina del país. Si bien Chile creció a un buen ritmo, en torno al 6 %, no se pudo superar el alto nivel de desigualdad existente entre los sectores sociales. El 10 % más rico gana 27 veces más que el decil más pobre, según el informe de la OCDE, “Apuestas para el Crecimiento 2013”. Los datos del Banco Mundial dicen que el PBI per cápita supera los 15.000 dólares anuales. Para una familia de cuatro personas, eso significa un ingreso de 5 mil dólares mensuales, lo cual contrasta con el promedio de los salarios y con el hecho de que apenas el 0,11 % de la población se queda con casi el 30 % de los ingresos.
En base al coeficiente Gini, herramienta que mide el nivel de desigualdad, siendo 0 el mejor nivel de distribución y 1 el peor, Chile es la nación con más alto nivel de desigualdad entre los 34 miembros de la OCDE, con un índice de 0,55, según la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en base a relevamientos oficiales1. Sin embargo, si se relaciona este coeficiente con los datos del Servicio de Impuestos Internos, éste asciende a 0,63: el más alto de América latina.
Ante esto, el caballo de batalla del oficialismo, la ecuación más trabajo = más igualdad, no responde a la realidad de los hechos. El problema por lo tanto pasa a ser cómo corregir estas distorsiones.
Bachelet ha anunciado, sin muchos detalles, algunos ejes de su programa: reformar la Constitución para salir del sistema electoral binominal que ha distorsionado el criterio de representatividad en el Congreso; la reforma del sistema tributario, considerado fuertemente regresivo; mejorar el sistema de salud e implementar la gratuidad del sistema educativo: el mayor reclamo político de la ciudadanía en estos años.
Un acuerdo transversal entre parte del oficialismo y la oposición asegura que se modificará el sistema electoral, aunque no será para estas elecciones. En momentos en que las cuentas del Estado no mejoran, debido a la baja de los precios internacionales, la Concertación deberá dar muestra de gran creatividad para convencer a los electores de que podrá introducir los cambios que pregona su candidata. En juego están millones de jóvenes que todavía no han votado nunca, por desafección y desconfianza en un modelo que tiende a transformar a los ciudadanos en personas o usuarios con intereses contrapuestos, donde las instituciones actúan “de modo de fraccionar, dividir, independizar”, con el resultado de agudizar “desigualdad y segregación”2.
Conciliar crecimiento con mejor redistribución del ingreso es tarea difícil. No siempre el intervencionismo del Estado ha sido beneficioso, en el largo plazo, como tampoco lo han sido modelos que premian el muy reducido sector de los más ricos
1. La conocida “Encuesta Casen”.
2. AA. VV., El otro modelo, Santiago, 2013, p.64.
Por supuesto, el vaticinio de una derrota es rechazado de cuajo por los partidarios de la Alianza, la coalición oficialista de centroderecha conformada por la Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Sin embargo, no le ha sido fácil a la Alianza encontrar a su candidato. Luego de idas y vueltas, las elecciones internas celebradas en junio preocuparon por la escasa participación de su militancia. El precandidato de la UDI, el ex ministro de economía Pablo Longueira, resultó ser el ganador sobre su adversario de RN, Andrés Allamand, quien no aceptó con demasiado savoir faire la derrota.
Inesperadamente, semanas después Longueira anunció su retiro de la contienda electoral alegando razones de salud, un estado depresivo que no le permitía cumplir con el compromiso asumido. Las viejas rencillas entre RN y UDI fueron zanjadas con la elección de Evelyn Matthei, miembro del gabinete del presidente Sebastián Piñera, en el que cubría la cartera de Trabajo. Hija de un militar, como Bachelet, Matthei es una militante de la UDI que, poco antes de asumir como candidata de la Alianza, había anunciado su retiro del partido y de la política, precisamente por entender que su partido no le brindaba mucho apoyo.
Un nombramiento de último momento, sobre la base del mejor candidato del momento. ¿Será suficiente para confrontarse con un contrincante de la talla de Bachelet? No parecen tener muchas chances los demás candidatos que competirán para ocupar el palacio de La Moneda, entre los cuales se destaca Marco Henriquez Ominami, fundador del Partido Progresista, que en 2010, en su primera participación a las presidenciales, logró el tercer lugar con el 20 % de los votos. Pero desde entonces su caudal electoral parece haber mermado.
Crecer con menor desigualdad
Si la candidata oficialista apuesta posiblemente a hacer eje en los resultados de la gestión de Piñera, durante cuyo mandato el país creció guiado por el ímpetu del comercio con Asia, el alza de los precios de los minerales que exporta el país y en la idea del libre mercado como elemento equilibrador de la contraposición de intereses, Bachelet intentará convencer al electorado de que la Concertación será capaz de corregir y mejorar la redistribución del ingreso y la desigualdad.
Esta última es, acaso, la verdadera espina del país. Si bien Chile creció a un buen ritmo, en torno al 6 %, no se pudo superar el alto nivel de desigualdad existente entre los sectores sociales. El 10 % más rico gana 27 veces más que el decil más pobre, según el informe de la OCDE, “Apuestas para el Crecimiento 2013”. Los datos del Banco Mundial dicen que el PBI per cápita supera los 15.000 dólares anuales. Para una familia de cuatro personas, eso significa un ingreso de 5 mil dólares mensuales, lo cual contrasta con el promedio de los salarios y con el hecho de que apenas el 0,11 % de la población se queda con casi el 30 % de los ingresos.
En base al coeficiente Gini, herramienta que mide el nivel de desigualdad, siendo 0 el mejor nivel de distribución y 1 el peor, Chile es la nación con más alto nivel de desigualdad entre los 34 miembros de la OCDE, con un índice de 0,55, según la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en base a relevamientos oficiales1. Sin embargo, si se relaciona este coeficiente con los datos del Servicio de Impuestos Internos, éste asciende a 0,63: el más alto de América latina.
Ante esto, el caballo de batalla del oficialismo, la ecuación más trabajo = más igualdad, no responde a la realidad de los hechos. El problema por lo tanto pasa a ser cómo corregir estas distorsiones.
Bachelet ha anunciado, sin muchos detalles, algunos ejes de su programa: reformar la Constitución para salir del sistema electoral binominal que ha distorsionado el criterio de representatividad en el Congreso; la reforma del sistema tributario, considerado fuertemente regresivo; mejorar el sistema de salud e implementar la gratuidad del sistema educativo: el mayor reclamo político de la ciudadanía en estos años.
Un acuerdo transversal entre parte del oficialismo y la oposición asegura que se modificará el sistema electoral, aunque no será para estas elecciones. En momentos en que las cuentas del Estado no mejoran, debido a la baja de los precios internacionales, la Concertación deberá dar muestra de gran creatividad para convencer a los electores de que podrá introducir los cambios que pregona su candidata. En juego están millones de jóvenes que todavía no han votado nunca, por desafección y desconfianza en un modelo que tiende a transformar a los ciudadanos en personas o usuarios con intereses contrapuestos, donde las instituciones actúan “de modo de fraccionar, dividir, independizar”, con el resultado de agudizar “desigualdad y segregación”2.
Conciliar crecimiento con mejor redistribución del ingreso es tarea difícil. No siempre el intervencionismo del Estado ha sido beneficioso, en el largo plazo, como tampoco lo han sido modelos que premian el muy reducido sector de los más ricos
1. La conocida “Encuesta Casen”.
2. AA. VV., El otro modelo, Santiago, 2013, p.64.
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