Luego de dos semanas de paro, con cortes de numerosas rutas de comunicación, el presidente Santos convocó a los líderes de la protesta a construir una política agraria “que le sirva al país”.
Mientras tanto, los dieciséis ministros de su gabinete renunciaron para facilitar sus decisiones.
Colombia vive su segunda semana de paro del campo, con cortes de rutas en todo el país que incluso han provocado, en algunas zonas, desabastecimiento de combustibles. También adhieren al paro sectores como el de los camioneros, que protestan por el alto costo del aceite combustible para motores, precio que encarece los fletes. El jueves pasado la protesta derivó en desmanes en Bogotá, motivo por el cual el gobierno decidió militarizar la capital. La policía está buscando a 48 personas acusadas de haberse infiltrado en las protestas para provocar desordenes. Los mandantes serían grupos criminales vinculados al expendio de drogas y al contrabando.
Posiblemente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, paga el precio de haber subestimado la entidad del paro, sobre todo durante la primera semana. Durante una reunión con los productores de leche del departamento Nariño, en el sur del país en la frontera con Ecuador,se firmó un acuerdo con las etnias indígenas pastos y quillacingas, por el que el gobierno se compromete a comprar diariamente 40.000 litro de leche durante quince meses. El acuerdo logró el desbloqueo de las rutas de comunicación y, al mismo tiempo, reconoce los problemas del sector, una actitud que supone un giro de 180 grados respecto del comienzo de la protesta. “No lograremos construir un país justo si no enfrentamos el abandono del campo, la falta de política agropecuaria”, dijo Santos invitando a los líderes de las protestas a participar de un Gran Pacto Agrario a partir del 12 de setiembre. En efecto, también los sectores de los productores de papa, de arroz y del café están manifestando su descontento por altos costos de fertilizantes, del transporte de los productos y los efectos del contrabando y de los tratados de libre comercio.
Pero el acuerdo conseguido en Nariño y las desmovilizaciones en el departamento de Boyacá, son apenas un comienzo, todavía permanecen cortadas numerosas rutas y para este jueves ha sido convocada en Bogotá una nueva manifestación de protesta, a la que se unirán los estudiantes.
También hay un costado político de estos quince días de protestas. El proceso de paz que lleva a cabo el gobierno con la guerrilla de las FARC pasa por una etapa de estancamiento, también porque los insurgentes necesitan demostrar su capacidad de movilización política, sin la cual podrían verse obligados a ceder demasiado. No es casualidad que hasta ahora el principal acuerdo alcanzado con las FARC es un pacto sobre temas agrarios. Santos se estaría inclinando por una reelección, en vista de los comicios presidenciales de marzo del año que viene. Y eso estaría provocando las reacciones de sectores más conservadores como el del ex presidente Alvaro Uribe, fuertemente adversos tanto al proceso de paz.
Ayer, los 16 ministros del gobierno presentaron su renuncia para facilitar las próximas decisiones del presidente Santos. La renuncia protocolar fue acompañada por un comunicado en el que manifestaban su total apoyo al mandatario. En 2012 ya hubo un cambio importante de miembros del Ejecutivo y en estos días había renunciado el titular de Agricultura, acusado de no haber sabido manejar la situación del campo.
Para Santos, se abre un período complejo. Por un lado el país sigue creciendo a un buen ritmo; pero la protesta social está metiendo en evidencia que ese crecimiento queda en manos de pocos. Sus chances de reelección dependen de la creatividad con la que logrará un mejor reparto de la torta. Que es una demanda que se incrementa precisamente cuando hay percepción de que la economía está en condiciones de ofrecer mayores oportunidades.
En el medio, está un proceso de paz que, de lograrse, abrirá un capítulo nuevo en la historia de Colombia. Es quizás la mayor apuesta de Santos.
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