Cinco mil pobladores de cuatro comunidades indígenas purépecha se han atrincherado para no ser extorsionados por los carteles de la droga que se disputan la zona. Desde hace siete meses, en México, cuatro comunidades indígenas purépecha se resisten a ser extorsionadas por los carteles de la droga que se disputan la zona.
Es una de las tantas historias de violencia, dolor e injusticia que padecen los pobladores de este país. Esta vez el escenario es el de la municipalidad de Los Reyes, en el estado de Michoacán, a unos 500 km de la capital mexicana.
Cinco mil pobladores de las cuatro comunidades purépecha de Los Reyes, se turnan en la vigilancia de los caminos y accesos. Están desarmados, de no ser por algunas pocas escopetas, y realizan turnos de doce horas de vigilancia, mientras las mujeres han organizado una cocina comunitaria. Los chicos de la secundaria no pueden concurrir a las clases, demasiado arriesgado.
No cuentan con la ayudas de la policía local, ni del destacamento de militares. Los primeros son cómplices de los narcotraficantes, los militares dejan hacer. No hay otra autoridad, no hay Estado que los proteja. Hace siete meses que se han opuesto a pagar los 160 dólares por cada hectárea cultivada a los carteles que infestan la región. Éstos extorsionan toda actividad laboral, aunque sea la venta ambulante de comida. Y la gente paga, porque si no arriesga directamente la vida.
Por eso es arriesgado aventurarse por los cultivos. No pasa semana sin que aparezca algún cadáver de un vecino que pagó con la vida el hecho de encontrarse sólo en el momento equivocado.
En marzo desapareció la máxima autoridad de estas comunidad, que es elegida por los propios pobladores. Cuando fueron a reclamar protección a la policía, hubo un tiroteo entre los criminales organizados y los uniformados y la gente quedó entre dos fuegos. Las cifras oficiales hablan de cinco muertos, pero los purépecha dicen que hubo 25.
Esta semana una delegación de pobladores fue a la capital para reclamar la protección del Estado. "Estamos olvidados en algún lugar que también es México" han declarado a la prensa los integrantes de la comisión que han pedido ayuda al secretario de la Gobernación. Las declaraciones publicas las tuvieron que hacer ocultando su identidad con largos pañuelos.
Tanto ellos, como muchos otros habitantes de las zonas rurales del país esperan que el Estado les asegure el derecho a vivir pacíficamente.
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