Este lunes reiniciará el proceso contra Efraín Ríos Montt, responsable del período más sangriento de largo conflicto interno que desgarró el país centroamericano entre 1960 y 1996.
El juicio contra el ex jefe de Estado de Guatemala, Efraín Ríos Montt no tiene antecedentes por varias razones. Primero porque la impunidad reina en Guatemala, al punto que apenas el 3 por ciento de los delitos llega a juicio y sólo una mínima parte de este porcentaje tiene una sentencia debido a la fragilidad de las pruebas aportadas por la fiscalía. Un hecho muy grave, si se considera que Guatemala integra junto con Honduras y El Salvador el “triángulo” más violento del mundo. Pero la otra novedad es que en el banquillo de los acusados esté hoy sentado el hombre que en los ochenta dispuso de un poder absoluto en el país.
Esta semana retomará el juicio con el testimonio de, al menos, diez mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales realizados masivamente por el ejército en ese entonces.
Una intensa campaña mediática llevada a cabo por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, está tratando de no reconocer los delitos cometidos en los ochenta, presionando a los jueces con la acusa de revanchismo. El ex presidente de la agrupación, el general José Luis Quilo Ayuso, llegó incluso a proferir amenazas aludiendo a “consecuencias graves” que podrían provocar un fallo condenatorio de los militares acusados con Ríos Montt.
La endeble democracia guatemalteca necesita del respaldo internacional para que la justicia lleve a cabo su tarea, dada la vulnerabilidad a la que está expuesta.
Ríos Montt es acusado no sólo de crímenes de lesa humanidad, como las mencionadas violaciones masivas, sino de genocidio. La defensa intentará demostrar que no hubo genocidio, además de escudarse tras la amnistía concedida al finalizar el conflicto que ensangrentó el país. Sin embargo, Guatemala adhiere a tratados internacionales cuya vigencia no puede ser afectada por medidas legales como la amnistía.
Si bien Ríos Montt gobernó durante un breve período, entre 1982 y 1983, se considera que fue el más violento durante los 36 años de conflicto interno, que provocaron más de 200.000 muertes.
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