La ONU regula la venta de armas

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó ayer el primer tratado que intenta regular el comercio internacional de armas. Hubo 154 votos a favor, tres en contra (Siria, Irán y Corea del Norte) y 23 abstenciones, entre ellas las de los países latinoamericanos del ALBA (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua), además de tres entre los más importantes exportadores de armamentos, es decir, Rusia, China e India.

La Argentina figura en el centenar de países que impulsaron el proyecto. Ahora se espera que los parlamentos ratifiquen el tratado que comenzará a regir a partir de la firma de 50 Estados.

El tratado apunta a impedir la transferencia de armas convencionales a países cuando exista el riesgo de que las mismas sean utilizadas para cometer o facilitar genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras "violaciones graves" a los derechos humanos, o también si corren el riesgo de caer en manos de terroristas o de criminales. Siria se opuso al tratado alegando que el tratado habla de venta a países, por lo que no impide la venta de armas a grupos armados no gubernamentales. La postura se basa en la propia experiencia por la presencia en su territorio de grupos armados, directa o indirectamente, por Occidente, que intentan derrocar el régimen sirio. Para los países del ALBA, en cambio, el tratado puede ser manipulado políticamente.

Sin embargo, para el embajador de Costa Rica ante la ONU, Eduardo Ulibarri, se trata de un documento “equilibrado y robusto”, conseguido luego de siete años de negociaciones.

El comercio de armas no sólo es un negocio que factura anualmente 70.000 millones de dólares, sino que alimenta muchos de los conflictos existentes, a menudo proveyendo de armas a grupos terroristas.

Pensar que el tratado por sí solo podrá impedir que las armas puedan llegar a manos equivocadas sería una ingenuidad. Los hechos, ya mencionados, acontecidos en Siria, y también en Libia demuestran que no es suficiente impedir la venta a Estados corruptos o gobernados por violadores a los derechos humanos, sino que a menudo gobiernos democráticos, como los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, se han hecho responsables de abastecer a grupos armados terroristas. Sin un compromiso claro y transparente de todos los países, principalmente los grandes exportadores de armas, se corre el riesgo de que el tratado se vuelva sólo un pedazo de papel y que la lista de los países respecto de los cuales se aplicaría la prohibición sea confeccionada ad hoc.