Penas más duras contra los corruptos

Rápidos de reflejos, las cúpulas políticas están tomando decisiones que demoraron años. Mientras tanto las movilizaciones en las calles siguen.

No desiste la iniciativa popular de manifestarse contra la corrupción y las ineficiencia administrativas, como las del área de salud y la educación. Si bien todavía cuesta tener un mapeo acabado de la composición de la población que sale a protestar y un análisis más profundo de lo que acontece, la impresión es que en el país se está generando una nueva dinámica que deberá encontrar su cauce institucional, por ejemplo, a través de formas de participación de más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Las redes sociales en Brasil siguen muy activas, convocando a los manifestantes y también aislando las tentativas de transformar la protesta en una movida política contra el gobierno de Dilma Rousseff. Varios grupos formados en las redes sociales, comenzaron a definir con mayor precisión los puntos sobre los cuales se quiere una respuesta de las autoridades. Eso aísla las tentativas de sectores más de derecha de apropiarse de la iniciativa nacida en modo popular.

Mientras tanto, hubo más gestos concretos se agregan a los que el poder político está dando claramente impactado por las inéditas manifestaciones de protesta que desde hace tres semanas constituyen la principal novedad política de Brasil.

Ayer en el Congreso el Senado aprobó un proyecto de ley que transforma la corrupción y el homicidio común en crímenes odiosos, ampliando la pena mínima de cinco crímenes contra la administración pública, entre ellos la corrupción activa y el peculado. Por ser crímenes odiosos, se pierde el derecho a la fianza y el régimen de prisión es más duro.

Por otro lado, por primera vez desde la Constitución de 1988, el Supremo Tribunal Federal dictó la prisión de un congresista, el diputado Natan Donadon, condenado en 2010 por desviar dinero público.

Los Diputados también votaron para que los futuros ingresos provenientes de la actividad petrolera sean destinados en un 75 por ciento a la educación y en un 25 por ciento a la salud. Un cambio importante que supone un aumento del sesenta por ciento o más del presupuesto destinado a la educación.