Senado vota la legalización de 11 millones de inmigrantes

Con 68 votos a favor y 32 en contra la Cámara Alta dio su media sanción a la reforma migratoria. Una asignatura pendiente que regulariza la posición de la multitud de indocumentados que vive en el país.

Posiblemente, la legalización de 11 millones de inmigrantes, en gran parte latinoamericanos, será uno de los legados más importantes de la gestión de Barack Obama, junto con la reforma de la salud.

La Cámara Alta de los Estados Unidos, dio la media sanción al proyecto de ley que reforma el sistema migratorio, lo cual supone que once millones de personas puedan salir de la clandestinidad, la exclusión de los servicios sociales, la marginación y a menudo la explotación.

La votación, 68 votos a favor y 32 en contra, deja prever que el proyecto sea aprobado también por la Cámara de Representantes (diputados), pese a que allí tenga la mayoría el opositor partido Republicano. De hecho, 14 senadores de esa agrupación, entre ellos líderes como John McCain y Marco Rubio, de origen cubano, dieron su apoyo al proyecto de reforma.

Para Obama, que en las elecciones presidenciales cosechó el 71 por ciento del voto de los latinos, pero también para los republicanos, la reforma se convirtió en una importante clave electoral a futuro, en un país que sigue siendo de inmigrantes.

Los indocumentados podrán regularizar su posición mediante el pago de una multa y de los impuestos atrasados. El plazo para acceder a la ciudadanía estadounidense será de diez años, y se deberán demostrar conocimientos de inglés y no tener antecedentes penales.

También se invierten 30 mil millones de dólares en refuerzos a la seguridad en la zona fronteriza.

La ley también creará un nuevo sistema de visados temporarios, que favorecerá el acceso a estudiantes y a trabajadores agrícolas y especialistas en ciencias y tecnologías.

Pese a que el proyecto no conforma plenamente a las expectativas iniciales tanto de Obama como de la oposición, es el resultado posible, "de sentido común" según Obama, fruto del la labor de una comision integrada por ocho legisladores demócratas y ocho republicanos. Lo cual refuerza la convicción de que la cámara Baja dará su visto bueno al proyecto.

Penas más duras contra los corruptos

Rápidos de reflejos, las cúpulas políticas están tomando decisiones que demoraron años. Mientras tanto las movilizaciones en las calles siguen.

No desiste la iniciativa popular de manifestarse contra la corrupción y las ineficiencia administrativas, como las del área de salud y la educación. Si bien todavía cuesta tener un mapeo acabado de la composición de la población que sale a protestar y un análisis más profundo de lo que acontece, la impresión es que en el país se está generando una nueva dinámica que deberá encontrar su cauce institucional, por ejemplo, a través de formas de participación de más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Las redes sociales en Brasil siguen muy activas, convocando a los manifestantes y también aislando las tentativas de transformar la protesta en una movida política contra el gobierno de Dilma Rousseff. Varios grupos formados en las redes sociales, comenzaron a definir con mayor precisión los puntos sobre los cuales se quiere una respuesta de las autoridades. Eso aísla las tentativas de sectores más de derecha de apropiarse de la iniciativa nacida en modo popular.

Mientras tanto, hubo más gestos concretos se agregan a los que el poder político está dando claramente impactado por las inéditas manifestaciones de protesta que desde hace tres semanas constituyen la principal novedad política de Brasil.

Ayer en el Congreso el Senado aprobó un proyecto de ley que transforma la corrupción y el homicidio común en crímenes odiosos, ampliando la pena mínima de cinco crímenes contra la administración pública, entre ellos la corrupción activa y el peculado. Por ser crímenes odiosos, se pierde el derecho a la fianza y el régimen de prisión es más duro.

Por otro lado, por primera vez desde la Constitución de 1988, el Supremo Tribunal Federal dictó la prisión de un congresista, el diputado Natan Donadon, condenado en 2010 por desviar dinero público.

Los Diputados también votaron para que los futuros ingresos provenientes de la actividad petrolera sean destinados en un 75 por ciento a la educación y en un 25 por ciento a la salud. Un cambio importante que supone un aumento del sesenta por ciento o más del presupuesto destinado a la educación.

Nueva victoria de la calle

Casi por unanimidad la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de enmienda constitucional que limitaba los poderes de la fiscalía general. La calle reclamaba bochar la iniciativa por considerarla un favor para los corruptos.

Anoche la Cámara de Diputados rechazó por abrumadora mayoría el proyecto de enmienda constitucional que limitaría los poderes de la fiscalía general. Una medida que era considerada un verdadero favor a la corrupción y a la impunidad. El rechazo al proyecto se había transformado en uno de los reclamos de las movilizaciones populares que sacuden el país desde el pasado seis de junio. 

La misma Cámara, en 2011, había visto el voto a favor del proyecto de más de 200 legisladores y mas recientemente, en noviembre de 2012, en comisión especial le había dado su conformidad, anoche rechazó casi por unanimidad el proyecto de enmienda: 430 votos en contra, apenas 9 a favor y 2 abstenciones.

Es el tercer resultado que, rotundamente, se aseguran los manifestantes, primero la marcha atrás en el aumento del boleto, luego la decisión del Estado de Sao Paulo de retirar el aumento del seis por ciento de los peajes de las autopistas y ahora el hundimiento de una proyecto que quitaría poderes de investigación a la justicia.

Mientras tanto, avanza la idea de reformar radicalmente la política, la propuesta que la presidenta Dilma Rousseff ha formulado este lunes. El poder político da signos de querer escuchar el reclamo de la calle. El país adquiere una dinámica nueva, siguiendo un camino imprevisto que merece ser seguido con atención.

Dilma anuncia una reforma constitucional

Luego de tres semanas de protestas, la presidenta de Brasil intenta retomar la iniciativa política anunciando medidas concretas: un plebiscito para arribar a una Asamblea Constituyente que se encargue de una profunda reforma política, penar más severamente los casos de corrupción y pactos con las autoridades locales en materia de salud, transporte y educación.

“Las calles nos están diciendo que quieren que el ciudadano, y no el poder económico, esté en primer lugar. […] La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos que quedarnos inertes, incomodados o divididos. Por eso traigo propuestas concretas y la disposición para que discutamos al menos cinco pactos”. Así anunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, su propuesta para ir al encuentro de las inéditas protestas populares espontáneas que han tomado por sorpresa los líderes políticos del país.

Rousseff efectuó las declaraciones luego de reunirse con el Movimiento por el Pase Libre y antes de recibir a los 27 gobernadores del país y los 26 intendentes de las ciudades más importantes. Es un claro intento por retomar la iniciativa luego de tres semanas de protestas por todo Brasil. La presidente propuso enfocar mejoras en el área de la salud, el transporte y la educación. Otro pacto clave es el de arribar a una consulta popular que habilite una Asamblea Constituyente que se encargue de reformar la Constitución, un viejo sueño que siempre naufragó ante los escollos parlamentarios, y actuar así cambios sustantales en la dinámica política del país.

Si bien la mandataria no aportó mayores detalles acerca de la consulta popular, señaló que una de las cuestiones claves de la reforma sería la lucha contra la corrupción, que ha sido uno de los argumentos sostenidos por los manifestantes. “En ese sentido, una iniciativa fundamental es una nueva legislación que clasifique la corrupción dolosa como delito atroz, con penas mucho más severas”, recalcó la presidenta.

Posiblemente, le queda claro a Rousseff que no es con discursos, como el que pronunció el viernes por cadena nacional, que su gobierno podrá afrontar este inespererado fenómenos político, ya que desde las calles se le reclaman medidas concretas más que palabras. De hecho, luego de sus palabras, dos de cada tres ciudadanos en la ciudad de São Paulo se manifestaron partidarios de continuar con las protestas. También comprendió este detalle el gobernador del Estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, quien anunció la cancelación durante un año del aumento del peaje de las autopistas estatales que había sido programado a partir del 1 de julio. El gobernador señaló que renegociaría el costo de las concesiones, lo cual podría financiar la falta de aumento.

Arriesgar la vida por el medio ambiente

Anualmente se pierden 100.000 hectáreas de bosques en el segundo pulmón de América. Quienes por trabajo o voluntariamente se dedican a defender la naturaleza son perseguidos, sufren atentados y, a menudo, pierden la vida.

Los ambientalistas molestan. A veces exageran, a menudo pecan de escasa capacidad de diálogo y su discurso cuando es exacerbado no siempre lleva a encontrar una solución a los problemas. Pero no caben dudas de que la defensa del medio ambiente ya no es un tema menor en cualquier lugar del mundo como a nivel global. Por otro lado, es gracias a las denuncias de las organizaciones ambientalistas que hoy el tema figura a menudo en la agenda de los gobiernos, aunque no siempre y no con la prioridad que merecería.

Tampoco caben dudas de que la acción de los ecologistas atenta contra el afán de negocios de pequeños caudillos locales, que hacen las suyas sobre todo en ausencia del Estado, y de las grandes corporaciones propensas a preocuparse muy poco del impacto de sus actividades: recursos hídricos agotados y contaminados, tala indiscriminada de bosques, megaproyectos mineros que inciden en la actividad agropecuaria, el prontuario de atropellos es muy grande y con frecuencia, quien denuncia todo esto, arriesga su vida.

Según el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) en poco más de veinte años 46 guardias encargados de proteger los bosques y otros recursos naturales han sido asesinados. La organización FUNDAECO, por su parte, tuvo siete muertes y su sede sufrió un atentado. El tema es de particular actualidad: cada año el país pierde más de 100 mil hectáreas de selva, que es considerada el segundo pulmón de América después de Amazonas.

La madera en Guatemala es muy importante, para la mayoría de la población, que además registra un importante incremento demográfico, es el único recurso para cocinar la comida.

Como a menudo sucede, las cuestiones ambientales, se tornan problemas regionales: hace poco más de una semana, el arzobispo salvadoreño de San Salvador, José Luis Escobar, denunció los efectos de la actividad minera en Cerro Blanco, en territorio guatemalteco. al contaminar los cursos de agua río arriba. Para el prelado, el gobierno de El Salvador debería recurrir a los organismos internacionales para evitar los efectos que padece la población.

La connivencia entre las autoridades y los empresarios sin escrúpulos se tornan evidentes cuando los perseguidos son los ambientalistas y los que defienden sus tierras o los recursos como el agua. La mescla de estos factores se vuelve explosiva si se agrega que Guatemala integra el triángulo más violento del mundo, junto con El Salvador y Honduras. El director del CALAS, Yuti Melini, cinco años atrás estuvo diez días en terapia intensiva luego de sufrir un atentado. La vida de una persona vale muy poco y sobran matones dispuestos a ganarse un puñado de dólares para sacarse de encima a un molesto ambientalista.

Las autoridades guatemaltecas prefieren hacer la vista gorda y criminalizar a las ong. Ya lo han hecho con la protesta social durante la gestión del actual presidente Otto Pérez Molina, acusado en el proceso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, de haber coordinado las matanzas de indígenas ixil entre 1982 y 1983. Y lo que falta es precisamente la presencia del Estado, particularmente a través de las fuerzas de seguridad, para vigilar la acción de ganaderos que pretenden talar los bosques para cultivar pasto para sus animales, de las mineras, y de los narcotraficantes que están ganando cada vez más espacio de acción en Guatemala. Más temprano que tarde se tomará conciencia de que la preservación del medio ambiente ha dejado de ser un lujo.

Las protestas y sus por qué

Ayer hubo una nueva ola de manifestaciones en diferentes ciudades de Brasil, esta vez realizadas pacíficamente. ¿Cuales son las motivaciones de estas convocatorias?

También en Brasil como en la Argentina la gente se está movilizando para protestar contra aquellas asignaturas pendientes que siguen incidiendo en la calidad de vida. Un movimiento de indignación, sin líderes visibles y sin ni siquiera un programa de acción preciso ni una articulación de los reclamos.

Es lo que ha convocado el lunes a varios cientos de miles de personas en Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Curitiba, Belém, Belo Horizonte, Natal... del norte al sur, al nordeste del país.

Una de las diferencias con respecto al fenómeno de las protestas en la Argentina, es que se trata de un movimiento inédito. Hay que retroceder a 1992, cuando la gente literalmente echó del gobierno al presidente Fernando Collor por corrupción.

Y la corrupción figura entre los motivos de las protestas, pero no es el único ni el principal, aunque por cierto irrita mucho a la gente junto con la impunidad que la protege, y pese que el año pasado, en un juicio histórico, la que en ese entonces era la cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores terminó siendo condenada por el escándalo del mensalao (coimas utilizadas para comprar votos en congreso).

Además de reclamar por el aumento del transporte público, la protesta se centra contra las ineficiencias de este sistema y su mala calidad sobre todo en los grandes centros urbanos. Así como se exige una mejora en la calidad de la atención de salud, pues la gente se ve obligada a largas colas para ser atendida, y también una mejor calidad de la educación.

El reclamo popular por estos servicios dirige sus críticas contra los gastos multimillonarios en obras realizadas por el gobierno de Dilma Roussef en vista del próximo mundial de fútbol y de las olimpíadas. "No queremos que la gente nos conozca sólo por el fútbol", declaraba un manifestante anoche.

Las manifestaciones, convocadas por las redes sociales, pudieron realizarse esta vez pacíficamente. El jueves pasado, la represión policial llamó la atención de la ciudadanía y de las autoridades, provocando decenas de heridos, entre ellos un grupo de periodistas que nada tenían que ver con los desmanes de una minoría que se infiltró entre los manifestantes. Lo cual plantea también la eficiencia de las fuerzas de seguridad y su capacidad de acción en un régimen democrático, luego de casi trenta años desde que el país salió de la dictadura.

Sorprende esta reacción de la gente, y los primeros en quedar soprendidos han sido precisamente las autoridades de gobierno. La presidenta Rousseff afirmó que "las manifestaciones pacíficas son legítimas y propias de la democracia". Una afirmación prudente ante los desmanes de la semana pasada, pero inevitable para quien como ella tiene un pasado de guerrillera. El ex presidente Inacio Lula da Silva y otros líderes del PT salieron a respaldar la legitimidad del derecho a protestar y a manifestar disconformidad. Y en este hay una diferencia notable con la Argentina, donde la protesta ha sido casi siempre descalificada por el gobierno. Para los dirigentes de Brasil, por lo visto, las elecciones, no son el único momento en el que se legitima el derecho a opinar. Un dato no menor de tolerancia y capacidad de diálogo.

La pregunta es entonces por qué y por qué ahora. No caben dudas de que el país ha tenido un cambio sustancial importante. Aunque con ineficiencias y asignaturas pendientes, la pobreza y la indigencia no sólo han disminuido, sino que millones de brasileños han podido acceder a una calidad de vida que jamás tuvieron. Mejores salarios, significa mejores viviendas, mejor alimentación, más bienes, acceso a mejor educación.

Para muchos brasileños en estos años el crecimiento del país también supuso dejar de conocer el mundo con la perilla pegada a una vidriera, pudiendo superar la exclusión y la marginación que a menudo padecían.

Pero para esta gente eso también significó poder mirarse y mirar el país sin el acoso del hambre y de la exclusión, tomar conciencia de sus derechos y con sentido crítico ver hasta dónde llegó la mejora de la calidad de vida de una gran mayoría de ciudadanos y hasta dónde no llegó.

Hoy el país cuenta con millones de ojos más críticos que no sólo agradecen haber podido mejorar su situación, como sin duda fue en los años pasados. Hoy los ciudadanos indican aquellos bolsones de ineficiencia y de malos servicios que complican la vida de gran parte de la ciudadanía y que no son coherentes con el potencial que despliega el país.

No basta transformar el país en una vidriera mundial, gracias al fútbol y a las olimpíadas. Es una advertencia para el gobierno de Dilma Rousseff: hay que avanzar en garantizar a la ciudadanía el efectivo ejercicio de los derechos de los que hoy se es mucho más concientes que antes.

En Irán eligen a un presidente moderado

Hasan Rohani se impuso, en la primera vuelta, con un abrumador respaldo popular, triplicando los votos de su adversario más directo y superando el 50 por ciento de las preferencias.

El triunfo electoral de Hasan Rohaní, el nuevo presidente de la República Islámica de Irán, es muy importante en un momento delicado de las relaciones internacionales, desde que el país persa, se quiera o no, ha asumido un rol determinante en los frágiles equilibrios de Oriente Medio. Tanto el conflicto en Siria, como la estabilidad de Líbano, como el contrapeso al poderío militar de Israel tienen en el régimen de los ayatolá un elemento de mucha influencia.

Rohani es conocido como un líder moderado y dialoguista, dotado de habilidad política. No es poco, si se piensa en los chisporroteos verbales de su predecesor, Mahmud Ahmadineyad, permanente fuente de irritación y de rechazo a nivel internacional por sus posturas radicalizadas. Su victoria, apoyada por otros sectores moderados, principalmente los de Rafsanyani y Jatami, indica también que en el país hubo una confrontación política con los ambientes más radicales y que los primeros se impusieron holgadamente. Rohani, en efecto, ganó en la primera vuelta, superando el 50 por ciento de los votos, el triple de los apoyos recibidos por quien llegó en el segundo lugar, el ultraconsevador intendente de Teherán Mohamad Bagher Qalibaf.

Desde que en 2009, los ultraconservadores ganaron las elecciones, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición, coparon el poder con pocas contemplaciones respecto de los opositores. Una conducción poco abierta al diálogo, tanto hacia afuera como hacia dentro, que ha aislado progresivamente el país. Y la economía iraní, pese a ser uno de los mayores productores mundiales de gaz y petróleo, registra graves signos de crisis, efecto directo del modo con el que la cúpula político-religiosa ha gestionado el poder. Los efectos del embargo comercial son severos, inflación y desempleo son otros de los problemas que deberá afrontar el nuevo gobierno.

Conviene tener presente, de todos modos, que en el régimen de los ayatolá, el presidente de la república es el número dos, ya que el rol principal lo detenta el líder los clérigos, el ayatolá Alí Jamenei. En materia de programa nuclear, tema del que Rohani es experto por haber negociado en su momento el proyecto, y de política exterior, Jamenei tendrá la última palabra. Cabe esperarse entonces una negociación entre moderados y ultraconservadores, en la que Rohani contará con un respaldo político y popular importante y una legitimación que no tuvo su predecesor.

¿Es de esperarse un giro radical del país en política exterior? Parece difícil que se llegue a eso. Rohani es apenas una pieza de un mecanismo bastante más complejo que actúa a más niveles: por un lado, el enfrentamiento que en Medio Oriente se está dando entre el movimiento chiita y el movimiento sunita, en ambos casos en sus versiones más radicalizadas, lo cual se vincula con la acción expansiva de Irán que pretende afirmarse como potencia regional en Medio Oriente y Asia Central.

Por otro lado, Estados Unidos y otros países de Occidente, formalmente tratan de frenar el surgimiento de Irán como potencia nuclear, en violación de las normas internacionales. Sin embargo, los persas se han transformado en una suerte de "cuco" que oculta otros enfrentamientos estratégicos entre Estados Unidos, Rusia y China.

Parece difícil que los modales más civilizados y las posturas dialoguistas de Rohani puedan cambiar radicalmente este escenario. Pero tener un interlocutor con el cual discutir racionalmente sobre estos temas parece ser un primer, y no secundario, avance.

Una sociedad todavía desigual

Pese a que la clase media mexicana creció cuatro puntos durante la primera década de este siglo, el 60 por ciento de la población pertenece a los sectores más vulnerables y pobres. La clase alta constituye apenas el 1,7 por ciento de los 112 millones de habitantes.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, el sector de clase media en el país creció de apenas cuatro puntos entre el 2001 y el 2010, pasando del 35,2 al 39,2 por ciento de la población. Pese a los importantes avances de la economía mexicana, los sectores más vulnerables y pobres todavía representan el 59,1 por ciento de los habitantes del país, al tiempo que apenas el 1,7 por ciento de la población pertenece a la clase alta. La población total de México asciende a 112 millones de personas.

Si bien el INEGI aclara que se trata de una investigación aún no definitiva, el informe aporta datos para un debate muy actual en la región latinoamericana, donde hace un año el Banco Mundial señalaba el ascenso de las clases medias, consideradas como un elemento importante para la consolidación y la estabilidad democrática y un factor clave para la cohesión social. En efecto, para el Banco Mundial, un 30 por ciento de los habitantes de América latina son pobres, un 38 por ciento pertenece a la clase media baja, con alta vulnerabilidad mientras que la clase media creció en los últimos años del 20 al 30 por ciento.

Para realizar el estudio, el instituto oficial tomó en cuenta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, de los años 2000 y 2010, sobre una muestra de más de 30.000 viviendas. Se tomaron además indicadores seleccionados, privilegiando los rubros de gasto sobre los de ingreso.

Por su parte, el INEGI advierte que clase baja no es sinónimo de pobreza, ya que esta última es una situación en la que hay mayores probabilidades de caer “más que constituir una clase social en sí misma”. Un evento como la pérdida del trabajo por una situación de crisis o por efecto de una hiperinflación, la pérdida de la persona que aportaba los ingresos más importantes del hogar, pueden determinar que ese grupo entre en una situación de pobreza.

Para el profesor de economía Gerardo Esquivel, "México todavía no puede considerarse un país de clases medias”. En efecto, el escaso crecimiento de la clase media mexicana contrasta con la evolución de la economía nacional, que según algunos expertos en el futuro podría incluso suplantar a la de Brasil en el ranking mundial. Eso confirma que crecimiento no necesariamente significa redistribución equitativa del ingreso, pese al avance registrado y a la disminución de la vulnerabilidad. La desigualdad está muy instalada en el país, como en el resto de la región que se caracteriza por ser la más desigual del mundo.

Primera reunión operativa del Banco del Sur

Caracas será la sede de la entidad destinada a financiar programas de desarrollo de América del Sur. Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela son los países financiadores.

A seis años de su fundación, en 2007 en Buenos Aires, se realizó este miércoles en Caracas la primera reunión operativa del Banco del Sur, la entidad destinada a administrar un fondo para el desarrollo de la región sudamericana. Los países financiadores son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Los ministros de Economía y representantes de los países mencionados, junto a los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Venezuela, Elías Jaua, participaron en el I Consejo de Ministros de la entidad. El Banco del Sur es un verdadero legado de los dos mandatarios, ya difuntos, que la impulsaron: el argentino Néstor Kirchner y el venezolano Hugo Chávez. Precisamente como reconocimiento del rol que tuvo Chávez en el nacimiento del Bansur, la sede del mismo será la capital venezolana. 

Entre los temas de agenda del Banco figuran obras de infraestructura a nivel regional, de las que se advierte la imperiosa necesidad. El canciller ecuatoriano se refirió, en efecto, a “una red de silos, la interconexión eléctrica, una red vial para toda Sudamérica”, luego de la reunión celebrada en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV). Estatutariamente, el Banco impulsará “el financiamiento del desarrollo de sus Estados miembros, la reducción de las asimetrías entre ellos y el fortalecimiento de la integración”. En un par de semanas más se realizará la primera sesión del Consejo de Administración.

Si bien el fondo inicial destinado a la entidad es de 7 mil millones de dólares, una suma relativamente pequeña para un banco de desarrollo, se supo que la intención de los gobiernos es la de completar un fondo de 20.000 millones de dólares. El ministro de exteriores venezolano, Elías Jaua, sostuvo que el Bansur ha nacido “por la voluntad de nuestros pueblos de tener presidentes independientes, soberanos, con una noción muy clara de que la superación de la pobreza y del subdesarrollo solo podrá ser obra de los pueblos sudamericanos“. 

Pero ¿será el Bansur sólo fomento para el desarrollo regional? En su momento, Chávez concibió la institución también como receptora de las reservas monetarias de las naciones del subcontinente, en claro desafío al circuito trasnacional de custodia de reservas en monedas duras del norte. Por ello, el fallecido presidente ambién forzó la creación del Sucre, un sistema de compensación o canasta de monedas para las transacciones internacionales entre los países que conforman la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Una decisión similar a la que tomaron en su momento Brasil y Argentina, aunque sucesivamente su aplicación no haya registrado mayores avances.

Primer debate entre los precandidatos de la oposición

De cara a las elecciones internas del 30 de junio, la ex presidenta Michelle Bachelet se enfrentó por televisión a otros tres integrantes de la coalición de centroizquierda.

Se desarrolló con tonos medidos y sin grandes confrontaciones el debate organizado por CNN y el Canal 13 entre los precandidatos de la oposición de la centroizquierda chilena, de cara a las elecciones internas que se celebrarán el 30 de junio. Claudio Orrego, de la Democracia Cristiana, el independiente Andrés Velasco, José Antonio Gómez, del Partido Radical, y la socialista y ex presidenta Michelle Bachelet delinearon algunos puntos de la política de su eventual gobierno. Si bien el formato elegido para el programa no permitía mucho espacio a las interpelaciones, los precandidatos de la oposición prefirieron evitar los tonos confrontativos. 

Los principales temas afrontados por los precandidatos fueron el financiamiento del sistema educativo, el sistema de administración de los fondos para las jubilaciones, y la propuesta de una asamblea constituyente en vista de una reforma de la Constitución.

Se pudo apreciar la existencias de dos grandes corrientes de pensamiento en la centroizquierda: una más liberal, que apunta a cambios moderados pero siguiendo la senda de los últimos 23 años, desde el regreso a la remocracia del país, y otra más reformista que considera que los tiempos han madurado para reformas más de fondo.

Bachelet es quizás la abanderada del alma más reformista, impulsando la gratuidad de la educación superior y proponiendo reformar la Carta Magna. Tanto el demócrata cristiano Orrego como el independiente Velasco se mostraron contrarios alegando en contra de la gratuidad para sectores que pueden costear los estudios de sus hijos. Para Velasco, además, la reforma constitucional no figura entre las prioridades del país. Las diferencias volvieron a evidenciarse en materia de jubilaciones. Orrego y Bachelet se mostraron a favor de un a mayor control estatal a través de una administradora de fondos de pensión pública, al tiempo que Velasco propuso correctivos para el actual sistema privatizado, mientras que Gómez planteó regresar al sistema público de reparto.

Las encuestas indican claramente una victoria de Bachelet en esta elecciones internas, con un índice de aprobación que, si bien se ha reducido, sigue rondando el 50 por ciento. Los otros tres adversarios en las internas siguen cosechando preferencias de un sólo dígito, aunque Velasco se perfila como el posible número dos en esta competencia.

Recientemente, el Partido Comunista anunció su apoyo a Bachelet, lo cual provocó la inmediata reacción de los líderes de la derecha, que en su discurso acusan a la oposición de radicalizar sus posturas.

El tema es hasta qué punto Bachelet, que incluso para sectores del oficialismo es vista como la ganadora de las elecciones presidenciales del año próximo, podrá mantenerse fieles a su programa de reformas, ya que tendrá que negociar con sus socios de centro de la Concertación, la coalición de centroizquierda de la que es integrante, un futuro programa de gobierno.

Ayer se supo que el Banco Central de Chile revió sus perspectivas de crecimiento del país hacia la baja, se estima que el país crecerá entre el 4,25 y el 5,25 por ciento el año que viene, mientras que a comienzo de año el pronóstico es más optimista. Aparecen, por otro lado, señales de estancamiento de la economía. En un país tradicionalmente muy prudente respecto del gasto público, el menor flujo de ingresos ante un programa de mayor inversión social suscitará resistencias en el poderoso sector industrial y financiero.

Ganar las elecciones no será el principal problema de Michelle Bachelet. La cuestión será cómo cumplir con las ilusiones de cambios profundos que suscitarán sus propuestas en el electorado, particularmente los millones de jóvenes que votarán por primera vez.

Comienza mañana el juicio contra Bradley Manning

El soldado de los Estados Unidos que filtró 700.000 documentos que revelaron, entre otras cosas, cómo se llevaba a cabo la guerra en Iraq, será juzgado por un consejo de guerra.

En 2010, una andanada de documentos demoledores confirmaron los que desde hacía tiempo se denunciaba: los aspectos más perversos y nada gloriosos de la participación de los Estados Unidos en el conflicto en Iraq. Bradley Manning brindó al sitio WikiLeaks documentos de diplomáticos y también videos, como el que mostraba un helicóptero disparando contra civiles. Los informes se unieron a los que ya se sabía respecto de la violación de los derechos humanos en cárcles como la de Abu Ghraib, a los intereses privados en la conducción de la guerra, a las falsas motivaciones que provocaron la intervención para derrocar al régimen de Saddam Hussein.

Tres años después desde la detención de Manning en Iraq, mañana se reunirá, en Fort Meade, a unos 50 kilómetros de Washington, el consejo de guerra que juzgará a este soldado acusado de haber filtrado unos 700.000 documentos considerados reservados.

Manning, de 25 años de edad, ha aceptado declararse culpable de 10 de los 22 cargos que le imputa la justicia militar. Eso significa que no hay posibildad alguna que no sea encontrado culpable. Y todo indica de que él es conciente de su situación. La estrategia de la defensa apunta, de este modo, evitar la pena máxima de la cadena perpetua por dos de los cargos, los más graves, el de "ayuda al enemigo" y el de violar la ley contra el espionaje de 1917.

Su defensor ha protestado por la lentitud y el secretismo con los que la Justicia militar llegó a esta instancia. Más de 20 testimonios, embajadores, expertos en espionaje, funcionarios del ministerio de Defensa, serán escuchados a puertas cerradas. Uno de ellos, un soldado del cuerpo de elites que actúo en el operativo que condujo a la eliminación de Osama bin Laden, declarará que algunos de los documentos facilitados por Manning, fueron encontrados en el refugio del líder de Al Qaeda. El acusado estuvo aislado todo el tiempo y, por temor a que se suicidara, durmió desnudo, sin ni siquiera los anteojos en diferentes cárceles militares.

Manning declaró que decidió brindar información reservada con la intención de que es su país se abriera un debate sobre la participación en la guerra en Iraq y la política exterior. Para Elizabeth Goitein, del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, este juicio será “probablemente el ejemplo más dramático de la utilización por parte de la Administración de la Ley de Espionaje para perseguir judicialmente las filtraciones de información a los medios de comunicación”.

Difícilmente la justicia militar será blanda con Manning, que se presenta como un traidor. Tanto él como WikiLeaks representan la reacción de la opinión pública ante la enorme cantidad de mentiras y la red de intereses en torno a esta guerra, injusta por donde se la mire. Una reacción que llega al extremo de cometer un delito para que la gente pueda acceder a información que revela los métodos inhumanos justificados por la razón de Estado. Lo cual confirma que sólo las herramientas democráticas, por imperfectas que sean, son las más adecuadas incluso cuando se trata de revelar que el armario de un gobierno está plagado de esqueletos. Quizá, ni Mannign ni WikiLeaks consideraron este punto.