Diálogo sí, pero con todos

Se necesita abrir un diálogo con las organizaciones del campo para aprovechar el gran potencial que representa para el país.

Llama la atención cómo en determinadas situaciones el Gobierno nacional invoque la necesidad del diálogo como herramienta esencial para alcanzar acuerdos políticos y en otras directamente se cierre a practicarlo. Uno de estos casos tiene que ver con el campo.

Nuestra economía posee un perfil agroganadero, es innegable. Tan solo la soja y sus derivados generan exportaciones por 25 mil millones de dólares, lo cual supone ingresos fiscales por unos 9 mil millones de dólares. El país ha alcanzado y superado el hito de los 100 millones de toneladas de granos.
Habría que incluir a estos montos, todo lo que significa a nivel interno y externo, el resto de la producción agraria, la actividad ganadera y cárnica, el sector de la leche y sus derivados. Sectores como la uva y la vitivinicultura, la fruta en general, son conocidos por haber alcanzados niveles de excelencia. Y habría que considerar los demás sectores industriales que dependen del campo: la industria de alimentos (panadería, pastas, arroz, aceite, dulces, etc.). Si se hace una estimación de todo lo que se impulsa desde el campo, nos encontraremos con sumas siderales que mueven sin duda parte sustancial de la economía argentina.

Sin embargo, el desencuentro entre el Gobierno nacional y el campo es evidente como nunca. Como si hubiera emprendido un camino de no retorno. Lo cual es inexplicable.

Lo es porque al mismo tiempo, el Ejecutivo ha abierto un gran debate en torno de la decisión del Gobierno de abrir un diálogo nada meno que con Irán. Se trata del país cuyo gobierno que nuestra justicia sospecha involucrado con el atentado a la AMIA, nada menos. Es el país cuyos mayores referentes niegan la Shoa, uno de los más tremendos crímenes cometidos en la historia contra la humanidad, y proclaman la destrucción del Estado de Israel. No es menor esta postura ya que en la Argentina vive una de las más numerosa comunidad judía del mundo, principal víctima del terrible atentado cometido en 1994.

Quien escribe sostiene que ante la necesidad de esclarecer ese hecho delictivo y de hacer justicia es preciso dialogar con quien sea. Más allá del juicio que podamos tener sobre el documento firmado por las dos partes. Ese ya pasa a ser otro tema. Del mismo modo, siempre es necesario encontrar un equilibrio entre postura crítica hacia ciertas políticas interna de algunos países y exclusión de los ámbitos de discusión. Poco o nada bueno ha producido el anacrónico boicot y la exclusión de Cuba de la OEA. El diálogo siempre es la herramienta preferencial precisamente para allanar diferencias.

Pero si esto vale por el gobierno de Irán, cabe preguntarse por qué no vale con las organizaciones rurales, a las cuales claramente el gobierno busca dividir para discutir por separado lo que ellas en cambio quieren negociar en conjunto.

El ninguneo y la cerrazón no producirán nada bueno.

Y no es cuestión de alimentar una opinión idílica hacia ciertos productores agropecuarios, que en los años pasado han sido ejemplo de egoísmo y de aprovechamiento de circunstancias favorables, con poca sensibilidad para con el resto del país.

El tema pasa en cambio por el reconocimiento de un gigantesco recurso que el país posee y que puede ser fuente de mayor desarrollo.

Es del diálogo que podrá surgir el establecimiento de reglas del juego más clara, comenzando por diferencias entre grandes, medianos y pequeños productores. No se puede tratar al mismo modo un pool de siempre anónimo, que de la fertilidad de la tierra no se preocupa y que dispone de cientos de miles de hectáreas en las que se practica el monocultivo de la soja y a un poseedor de 100 hectáreas que todos los años se arriesga a sembrar. El 80 % de la tierra está en manos de grandes productores, que son el 20 % de los titulares, y el restante 20 % de la superficie sembrada pertenece a pequeños y medianos productores, que son el 80 %. ¿De qué manera evitar el cierre de frigoríficos, 120 en los últimos años? ¿De qué manera evitar que los tamberos abandonen su actividad? ¿De qué manera inserir el campo en las economías regionales? ¿Qué mecanismos pueden financiar el campo? En Brasil el gobierno de Dilma Roussef habilitó 57 mil millones de dólares para financiar el campo, que este año alcanza los 184 millones de toneladas. ¿Cómo vincular las carreras universitarias con la industria alimenticia? ¿Y cómo ampliar los mercados internacionales de ésta?...

Son dilemas que se pueden resolver también sentándose a discutir con las organizaciones rurales, estableciendo algunos pocos puntos que determinen políticas de Estado. Cerrarse a esta posibilidad es un gesto que sólo podrá perjudicar a largo plazo el país.