Turquía
acepta hacerse cargo de los refugiados a cambio de una sustanciosa
ayuda económica y de facilidades para ingresar en la Unión Europea.
Sin embargo, no sólo en el país no están garantizados derechos
fundamentales sino que no está clara su postura acerca del
terrorismo del Isis.
Desde
el primer momento en que se anunció el principio de acuerdo entre la
Unión Europea (UE) y Turquía acerca del flujo de refugiados, los
periodistas presentes sospecharon de una contrapartida para el
gobierno de Ankara. En efecto, a cambio de hacerse cargo en primera
instancia del flujo de refugiados, el gobierno del presidente Recep
Erdogan recibiría ayuda por 6.600 millones de dólares. Pero el
mayor asombro lo constituyó el anuncio de que a partir de junio los
ciudadanos turcos no necesitarían más la visa para ingresar en
territorio de la UE. ¿Un primer paso para ablandar los requisitos
para integrar al bloque a este país asiático en el 99 por ciento de
su territorio? Las preguntas surgieron inevitables: ¿y las
libertades fundamentales? ¿La censura y el cierre de diarios, el
encarcelamiento de periodistas no domesticados por el régimen? ¿Los
ataques a la minoría kurda tanto en el territorio nacional como en
Siria? Y, la más grave de las sospechas, ¿qué pasa con la ambigua
postura de Turquía respecto de la lucha contra el Isis? Como miembro
de la OTAN el país supuestamente lucha contra el grupo terrorista,
pero Rusia y diarios disidentes acusan al Gobierno de apoyar en
realidad al Estado Islámico.
Las
dudas obligaron en rueda de prensa al primer ministro turco, Ahmet
Davutoglu, a pronunciarse sobre la libertad de información: “Nadie
puede acusar a Turquía de no tener libertad de prensa”, dijo.
Pocos
le creyeron. Y con razón: unos días antes el presidente turco
Erdogan había disparado: “No creo que los medios de comunicación
deban tener libertades ilimitadas. En ninguna parte del mundo los
medios tienen libertad absoluta”.
¿Hay
Estado de derecho en Turquía?
A
comienzos de marzo la justicia turca excarceló al director del
diario opositor Cumhuriyet, Can Dündar y su colega Erdem Gül,
detenidos durante tres meses bajo la acusación de espionaje, delito
por el que la Fiscalía pide cadena perpetua. En realidad, los
periodistas documentaron el envío ilegal de armas a Siria por parte
del gobierno turco. El Tribunal Constitucional ordenó la
excarcelación en espera del juicio.
No
fue la única denuncia de Cumhuriyet. En febrero el diario reprodujo
interceptaciones telefónicas que son parte de una investigación que
lleva a cabo la Justicia. Los militares habrían permitido el ingreso
de guerrilleros y de material explosivo luego utilizado en atentados
realizados en territorio turco (uno provocó 102 muertos en la
estación de Ankara) y que luego justificaron represalias políticas
contra la minoría kurda y contra los kurdos en el sur de Turquía y
en Siria.
Las
denuncias se suman a las que presentó Rusia sobre los vínculos en
el contrabando de petróleo desde Siria a Turquía, o al caso de dos
jueces y cuatro militares destituidos cuando el año pasado
bloquearon un convoy de armas que estaba por entrar en territorio
sirio controlado por el Isis, y plantean: ¿De qué lado
efectivamente está Turquía?
La
excarcelación de los dos periodistas ha sido una derrota política
para Erdogan, quien dio una nueva muestra de su concepción de la
separación de poderes al referirse al fallo del Tribunal
Constitucional: “No acepto la decisión ni la respeto”.
Mientras
tanto, otra docena de periodistas sigue bajo arresto. El 4 de marzo
se dispuso la intervención del diario Zaman, conservador e islámico
y vinculado con la oposición y a jueces que están investigando el
entorno de Erdogan, acusado de corrupción. Otros medios han
soportado censura y limitaciones. Según el comisario de Derechos del
Consejo de Europa, Nils Muiznieks: “Es la última de una serie de
restricciones inaceptables a la libertad de prensa en Turquía”.
Además denunció el acoso hacia medios y periodistas disidentes.
Un
acuerdo polémico
Se
comprende entonces el asombro cuando, en este contexto, la UE anunció
que dispondría la devolución a Turquía de todo extranjero que
ingrese a las costas griegas, incluso a los sirios. A cambio, la UE
traerá desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de
las expulsiones. La lógica del acuerdo es que los sirios deben
solicitar asilo en Turquía, según una postura defendida por la
canciller alemana, Angela Merkel: “El asilo se pide en el punto de
llegada y el refugiado no elige dónde ir”.
La
actitud europea revela varias debilidades: la incapacidad del bloque
de enfrentar el tema con una política comunitaria, el temor por la
seguridad, las concesiones en clave electoral a los sectores
xenófobos y de derecha que imponen sus prejuicios. No se explicaría
si no un acuerdo tan apresurado, que suscita las preocupaciones de la
agencia ONU para los refugiados (ACNUR). Su alto comisionado, Filippo
Grandi, sostuvo que “no se puede firmar ningún acuerdo que no
salvaguarde las garantías que tienen los refugiados en el derecho
internacional”. Para Dündar la UE renuncia a sus principios
fundantes con el objetivo de “alquilar el territorio turco” para
mantenerlos allí(1).
Pero
¿de verdad la UE sufre una invasión de migrantes y refugiados?
ACNUR indica que entre 2008 y 2015 las llegadas fueron 875 mil. Aun
en caso de que todos se hayan quedado, serían el 0,17 por ciento de
la población. Más contundente aún es la comparación de refugiados
por cada mil habitantes: en Líbano son 232; en Jordania, 87; en
Suecia, 11, en Francia, 3,5 y 1,1 en toda la UE.
El
problema es otro y, como señala el Papa, tiene que ver con la
solidaridad sobre la que se funda Europa.
1.
“El periodista turco excarcelado acusa a la UE de olvidar sus
valores”, El País, 02/03/2016.
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