La izquierda se perfila como ganadora de las presidenciales de 2014

Un sondeo de la Universidad Tecnológica ubica en el primer lugar al oficialista FMLN, con varios puntos de ventaja sobre el derechista ARENA.

En base a un sondeo de opinión pública presentado este miércoles y realizado por la Universidad Tecnológica de El Salvador, de cara a las presidenciales que se llevarán a cabo el 2 de febrero de 2014, el oficialista FMLN, de izquierda, tiene muchas chances de resultar ganador. Se confirma la tendencia que ubica en el segundo lugar al opositor partido ARENA, de tendencias conservadoras y nacionalistas, que gobernó hasta 2009.

El sondeo realizado del 22 al 24 de noviembre indica que, en un voto simulado en papeleta, actualmente un 35.2% del electorado votaría por el FMLN, un 29% por ARENA y un 13.9% por el movimiento UNIDAD, una alianza de partidos de centro derecha y de escindidos de ARENA.

Respecto de la capacidad de gobernar de los candidatos a la presidencia del país, los resultados se invierten, puesto que la mayoría de los encuestados, el 29.8% estima que Norman Quijano (ARENA) cumple este requisito; un 27% se inclina por Salvador Sánchez Cerén (FMLN), quien es actualmente vice presidente, y un 21% apoya a Elías Antonio Saca (UNIDAD), quien fue presidente del país entre 2004 y 2009, cuando militaba por ARENA. 

Cuando se consultó al muestreo de electores sobre su partido de preferencia (sin especificar por quién votarían) el resultado volvió a favorecer el FMLN, que obtuvo un 34.5%, en segundo lugar se ubicó ARENA con el 29.7% y Unidad tercero con el 10.8%.

Acerca de la También percepción de los ciudadanos de quién tiene mayor posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, el 38.4% dijo que el FMLN, 33.3% ARENA y un 13.4% aseguró que Unidad.

La muestra poblacional de esta investigación fue de 2,221 personas y cuenta con un margen de error en torno del 2,4 por ciento.

El rector de la UTEC, Nelson Zárate, sostuvo que, en base a sus 22 años de experiencia en encuestas electorales, se puede prever que los resultados recopilados en los dos últimos meses previos a las elecciones no cambiarán. Sin embargo, indicó que el estudio refleja que el debate presidencial del próximo 12 de enero puede influir en que se tenga un cambio de opinión, ya que es la primera vez que se realizará un evento de este tipo.

Con respecto a la figura del debate, el 42% de encuestados consideró que éste podría influir en las preferencias del electorado y un 40% aseguró que no tendrá mayor injerencia en la decisión del pueblo al momento de acudir a las urnas. Además, nueve de cada 10 salvadoreños reiteraron que sí votarían y más del 85% ya escogió a quién le otorgará su voto en 2014.

En base al sondeo ninguno de los partidos políticos alcanzaría la mitad más uno de los votos, por lo que habría segunda vuelta. Sin embargo, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones, el FMLN muestra chances de aumentar su caudal de votos.

El Senado le quitó los fueros a Berlusconi

Luego de 13 años, primero la justicia logró llegar a condenarlo a cuatro años, de los que cumplirá sólo uno, y esta tarde los senadores lo expulsaron de la Cámara Alta.

No ha sido fácil llegar a que en Italia la ley fuera aplicable también a Silvio Berlusconi. Luego de 13 años culminó este miércoles un proceso que pasó por las tres instancias procesales de la justicia italiana: la sentencia en primer grado y la de apelación, que coincidieron en condenarlo a cuatro años por fraude fiscal; la de casación, que no encontró fallas en la aplicación de la ley por parte de los jueces. Pero antes de eso, el ex Jefe de Gobierno logró que los jueces pudieran condenarlo por la mínima parte del delito de evasión fiscal (menos de diez millones de dólares, sobre un total de más de doscientos millones) debido a que mientras estuvo en el poder fueron votadas modificaciones de delitos previstos para el código penal, entre ellos se abolió el de falsificación de los balances de una empresa, y de los tiempos para la prescripción de otros de los delitos cometidos. A esto se agregan las dilaciones de los tiempos procesuales logradas por sus abogados y la especial inmunidad de la que gozó, también obtenida mientras estuvo en el poder, con una original normativa que se aplica sólo a los cuatro principales cargos del país: el Jefe de gobierno, el Presidente de la República y los presidentes de las dos ramas del Parlamento. Pero claramente también ésta fue una ley que en Italia se suelen indicar con la expresión latina “ad personam”, es decir, en beneficio de una determinada persona.

Terminada la fase procesal, comenzó el largo y desgastante debate político que ocupó la portada de los diarios durante meses: la norma que prevé la decadencia inmediata de los legisladores condenados. Berlusconi incluso intentó conseguir ser gracias por el Presidente de la República, medida que finalmente terminó exigiendo incluso sin necesidad de pedirlo, en una manifestación de arrogancia que mereció el repudio de las principales figuras del país. La junta del Senado se pronunció por la aplicación de la norma y recién finalizando noviembre, este miércoles el Senado votó a favor de la decadencia. Incluso, Berlusconi no tendrá tiempo hasta enero, cuando los magistrados deliberarán si aplicar los arrestos domiciliarios o los trabajos sociales.

De hecho, Berlusconi deberá purgar sólo uno de los cuatro años de la sentencia, por la intervención de una amnistía, y además podrá elegir purgar la pena entre los arrestos domiciliares y los trabajos sociales, gracias a otros beneficios penales. En este contexto más grave es, por un lado, la pena accesoria que le impedirá durante dos años ejercer cargos públicos y por otro la pérdida de inmunidad que permitirá seguir el trámite de otros procesos, como la segunda instancia del juicio por inducción a la prostitución, por el que el tribunal de Milán ya lo condenó a siete

años de reclusión.

Por más que los detractores de Berlusconi festejen este resultado, que indudablemente deja fuera del Parlamento a una persona que carece de los mínimos elementos de dignidad para representar al pueblo italiano y que al menos por un momento reafirma el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, no se puede hablar del fin de veinte años de conflicto entre la ética y la conducta política y empresarial. Los italianos deben reflexionar que un pueblo sano no genera dirigentes corruptos. Por lo tanto la cuestión moral en Italia sigue vigente como nunca.

Berlusconi fue un pilar importante de un sistema que se rigió sobre el principio del fin que justifica los medios y sobre un imperio mediático que contribuyó durante años a difuminar el límite entre lo lícito y la corrupción, pero en medio de una indudable popularidad y del apoyo de sectores dirigentes del país. Vale la pena recordar la gran dificultad, en medio de una crisis económica con pocos precedentes, para morigerar los asombrosos beneficios de los legisladores del Parlamento italiano, incapaces de solidarizarse con los asalariados, subempleados y jubilados, los que más sufren los embates de la recesión.

Berlusconi supo utilizar con habilidad todos los atajos para sortear los obstáculos que interponía a sus objetivos y ambiciones la ética, la ley y la democracia, pero no los inventó. Supo sacar ventajas de la mafia, con la que mantuvo sospechosos contactos hasta su ingreso a la política, aprovechó de la corrupción, de los poderes ocultos que en Italia son una realidad permanente y un lastre para su democracia, supo marcar la agenda política cuando la dirigencia del país quedó hecha añicos por el operativo “mani pulite” y sigue sumida en una decadencia de la que no se ha recuperado en estos veinte años.

Sigue pendiente, pues, la “cuestión moral”. Y es muy posible que deberá ser la sociedad civil, acaso el gran reservorio de fuerzas sanas, la que tendrá que movilizarse para reconstruir un sistema que está transformando a una de las principales democracias de Occidente en un escenario bizarro y por momentos trágico.

Colombia y Ecuador destacan avances de integración en la zona limítrofe

Los presidentes de los dos países y sus ministros realizaron la reunión anual en la localidad fronteriza de Ipiales. Allí inauguraron un nuevo puente y revisaron el avance de los acuerdos bilaterales de integración.

“Te felicito en nombre de Ecuador, por estos avances en el proceso de paz en Colombia. Estás protagonizando la mejor noticia en las últimas décadas para nuestra América Latina”. Con estas palabras el presidente de Ecuador, Rafael Correa, iniciaba la reunión de gabinete binacional en la ciudad colombiana de Ipiales, situada en la frontera con Ecuador. Correa ofreció el "apoyo incondicional" para la firma del acuerdo de paz definitivo. 

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, por su parte, agradeció las palabras de su homólogo ecuatoriano Santos y el “permanente apoyo” a las negociaciones que lleva a cabo con las FARC desde hace un año en La Habana. “Estamos, en este momento, más hermanos que nunca”, afirmó. Hay “dos gobiernos trabajando como uno solo, en beneficio de sus pueblos”, destacó Santos.

Durante la reunión, los dos presidentes y sus ministros revisaron el cumplimiento de los acuerdos bilaterales. Luego del encuentro inauguraron el nuevo puente internacional Rumichaca que conecta a los dos países.

La de ayer fue la segunda reunión anual de gabinete binacional cuyo objetivo es afianzar los vínculos políticos entre los dos países, luego de la grave crisis de 2008, cuando las fuerzas armadas colombianas atacaron una base de las FARC en territorio ecuatoriano, poniendo en riesgo la paz entre los dos vecinos. Recién en 2011, siendo Santos presidente, los dos países restablecieron las relaciones diplomáticas.

Los dos presidentes revisaron ayer varios de los acuerdos de integración viales y energéticos anunciados, además de la seguridad en la frontera de 720 km, donde operan grupos guerrilleros, contrabandistas de drogas, de minerales, de personas y de armas.

Los gobiernos han logrado importantes avances en cooperación en defensa y seguridad. Este año Bogotá colaboró en la recaptura de 6 de 18 peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Guayaquil (suroeste ecuatoriano). “Eso le da seguridad y tranquilidad a nuestro pueblo, saber que estas acciones coordinadas pueden ayudar a fortalecer nuestra seguridad”, dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

También se examinaron una serie de compromisos acordados hace un año para incentivar el desarrollo de la frontera binacional, que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, y delinearon nuevos programas para mejorar la relación.

“Este procedimiento ha resultado muy efectivo”, sostuvo Santos en referencia a los gabinetes binacionales, agregando que “nos ha acercado aún más y está comenzando a dar muchos más resultados de los que habíamos imaginado hace algún tiempo”.

En ese marco, los jefes de Estado inauguraron un nuevo puente construido en nueve meses y al lado del viejo viaducto de Rumichaca, sobre el limítrofe río Carchi. La inversión fue de 5,5 millones de dólares y beneficiará a unos 500.000 habitantes de la región limítrofe, además de permitirun mayor flujo comercial.

“Esta visita (de Correa) se está realizando tal vez en el mejor momento de nuestra historia”, destacó Santos, quien apuntó que “hemos avanzado muchísimo” y que el nuevo puente, que une a Tulcán e Ipiales y es la principal conexión entre Colombia y Ecuador, “simboliza muchísimo de lo que estamos haciendo”.

Correa anotó que aún hay que acelerar proyectos como la construcción de dos ejes viales por la costa y la selva amazónica, así como otras conexiones fronterizas para que la “integración sea más fuerte”. “Ojalá que pronto la integración sea tan fuerte que no se note cuando cruzamos esa línea imaginaria llamada frontera”, manifestó Correa.

Durante la reunión fueron destacados los trabajos de interconexión eléctrica en Nariño y Putumayo y la optimización del Oleoducto de Crudos Pesados, por donde actualmente Colombia transporta 500 mil barriles de crudo. En materia de seguridad fue posible identificar pasos de frontera y realizar operativos binacionales contra de la minería ilegal, trata de personas y el tráfico de hidrocarburos.

El partido LIBRE denuncia un fraude electoral

La cúpula del partido que llegó segundo, asegura que los datos de los que dispone no coinciden con los difundidos por el Tribunal Supremo Electoral. Varias encuestas previas lo daban como ganador. 

La cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezada por su coordinador general, el ex presidente Manuel Zelaya, anunció ayer que no reconoce los resultados oficiales de las elecciones presidenciales difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según Manuel Zelaya, Eduardo Enrique Reina y Riccy Moncada se registran irregularidades en más del 20% de actas.

Para el TSE las elecciones fueron ganadas por el oficialista Partido Nacional, cuyo candidato electo es Juan Orlando Hernández, con el 54 por ciento de las preferencias, superando en seis puntos a la candidata de LIBRE, Xiomara Castro. En lo previo, varios sondeos indicaban una victoria de LIBRE en las presidenciales. 

La declaración fue realizada ante medios de comunicación nacionales e internacional, a los que se comunicó la intención de manifestar con acciones contra el que fue calificado como fraude electoral. “El Tribunal ha dado proyecciones que no concuerdan con la información que estamos recibiendo y computando a través de nuestros propios medios de información; hay inconsistencias en más de un 20 por ciento en las actas que no han sido cotejadas, y además han sido enviadas a una auditoría, sin tener información del porqué han sido enviadas a la auditoría, con el cual podría cambiar el resultado de las proyecciones”, declararon los dirigentes de LIBRE. 

Riccy Moncada aseguró que “el TSE ha hecho una transmisión irregular de los resultados; la elección presentó una serie de inconsistencia hasta llegar al caso de más de 1,900 actas que tampoco han sido incorporadas al sistema y que favorecen a nuestro partido... Las láminas, los datos, las pantallas que están siendo presentadas, sólo evidencian las inconsistencias con actas que van a procedimiento especial, pero también con actas por no reconocimiento de firmas; se evidencian curvas que son inaceptables, gráficos inaceptables, irregularidades, que tienen que ser analizadas, y que además una gran cantidad de datos no coinciden con lo recibido por nuestro partido a nivel nacional. Asimismo tenemos informes fidedignos por fuentes ligadas a los responsables de dar protección al material electoral, en relación a que estuvieron introduciendo actas vía escáner de sitios donde el escrutinio aún no había concluido”.

El oficialista Partido Nacional se confirma en el poder

Juan Orlando Hernández obtuvo el 54 por ciento en las preferencias. A seis puntos de distancia se ubica Xiomara Castro, del izquierdista partido LIBRE. No se conoce todavía la composición del nuevo Congreso donde es muy posible que serán necesarias coaliciones. 

Con el 54 por ciento de los votos a la presidencia escrutados, el candidato del oficialista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, aseguró la continuidad en el poder de esta agrupación de derecha. La adversaria más directa de Hernández, Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, depuesto en 2009 por un golpe de Estado, candidata del recién nacido partido Libertad y Refundación (Libre), se ubicó a seis puntos de distancia. 

El resultado despejaría las sospechas de fraude sembradas por las autoridades de LIBRE, que señalaron irregularidades en el conteo de votos. Todavía no se conocen los resultados de la nueva composición del Congreso pero todo indica que se necesitarán alianzas para obtener la mayoría de votos, debido a la fragmentación política, con nueve partidos compitiendo para el cargo de presidente. Pese a la derrota sufrida, LIBRE logra ubicarse como segunda fuerza más votada y, por primera vez, constituir una gran brancada de izquierda. 

Hernández ha sido el presidente del Congreso durante el Gobierno del presidente Porfirio Lobo, elegido luego de las elecciones que sucedieron al golpe de Estado que derrocó a Zelaya. Hombre de confianza del jefe del ejecutivo intentó desmarcarse de su gestión, en la que se han incrementado significativamente los niveles de violencia y pobreza del país. “Nosotros somos una nueva generación dentro del Partido. Este es otro tiempo” señaló Hernández durante la campaña y ayer lo reiteró en su discurso de victoria. 

Cn 45 años, Hernández es un político joven, que adhiere a las pautas de la economía neoliberal. Su programa apuesta a la privatización de algunas empresas públicas, la flexibilización del empleo para promover la inversión extranjera y un programa asistencialista. En materia de seguridad, una de las cuestiones más candentes del país, considerado el más inseguro del mundo, el flamante presidente es partidario de la mano dura. 

“Hernández seguirá profundizando en el modelo neoliberal que ha desatado muchas protestas en este gobierno y eso abrirá un escenario de mayor conflictividad social que ahora tendrá una representatividad en el Congreso a través de LIBRE y la posibilidad de una cuota de gobiernos locales”, analiza Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia. En efecto, mas que el propio Hernández, es su vicepresidente, el intendente de Tegucigalpa Ricardo Álvarez quien reúne el consenso de las elites económicas y políticas hondureñas.

Estados Unidos y Afganistán acuerdan temas de seguridad

En diciembre de 2014 la OTAN retirará su misión militar en el país. Quedarían entre 5 y 10 mil efectivos estadounidenses con tareas limitadas. La loya jirga, asamblea tribal deberá decidir si ratifica el acuerdo.

La loya jirga, la asamblea tribal afgana deberá discutir el acuerdo sobre seguridad que en principio han alcanzado el presidente Hamid Karzai y el secretario de Estado de los Stados Unidos, John Kerry. El acuerdo contempla las condiciones de las tropas estadounidenses que se quedarán en el país, entre 5 mil y 10 mil hombres, luego de la retirada del grueso de los efectivos de la OTAN prevista para diciembre de 2014. 

La asamblea, integrada por unos 3 mil líderes tribales de todo Afganistán, podría rechazar total o parcialmente el acuerdo, obligando así el gobierno a volver a discutirlo con las autoridades norteamericanas.

Las tropas que se quedarán en el país, cuyo número no está definido, trabajarán en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas y coordinar tareas de antiterrorismo. Uno de los puntos del acuerdo es el de la inmunidad de la que deben gozar los soldados norteamericanos, sobre el cual Washington no estuvo dispuesta a ceder. De hecho, la negativa del Gobierno de Irak a exonerar de responsabilidad a los soldados estadounidenses fue una de las principales causas que decantaron a este país a eliminar por completo su presencia militar en territorio iraquí.

El otro tema clave ha sido el de las incursiones a viviendas civiles, las que podrán realizarse sólo en circunstancias excepcionales y cuando estén en riesgo vidas humanas. Está abierta la posibilidad de que el acuerdo sea acompañado por una carta del presidente Barack Obama en la que se aseguraría precisamente est punto. 

En el pasado, las tropas estadounidenses han provocado numerosas muertes entre civiles durante operativos militares. Al respecto, Kerry desmintió que el presidente Karzai hubiera exigido un pedido formal de disculpas por parte del presidente Obama. 

Por otro lado, la situación general del país, luego de 12 años de ocupación dista mucho de ser la ideal. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, siglas en inglés), la producción de opio en Afganistán aumentó en un 49% en 2012 y debe elevarse aún en un 36% en 2013. Se estima que en 2014 el proporcionará el 90% de la producción mundial de opio.

La economía afgana está volviéndose de nuevo casi exclusivamente hacia la producción de droga en momentos en que las fuerzas internacionales preparan su retirada y en que se aproxima la elección de un nuevo presidente, prevista para abril de 2014.

Maduro profundiza la ofensiva económica y recibe poderes especiales

El presidente podrá emitir decretos sin pasar por el parlamento. Anunció que habrá abastecimiento y seguirá la guerra económica para asegurar precios bajos y control de ganancias. 

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro consiguió los poderes especiales que le permitirán de dictar decretos durante un año, sin necesidad de pasar por el parlamento. El oficialismo consiguió los 99 votos necesarios en la Asamblea Nacional, las tres quintas partes, para alcanzar este objetivo.

El texto del proyecto convertido se denomina: Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan. Se trata de poderes expresados en términos amplios , incluso vagos. Se menciona en el texto que el presidente podrá “establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, político y mediático”, aunque el objetivo es el establecer “una nueva ética republicana” y “un nuevo orden económico”.

Maduro también anunció que en los próximos días Maduro presentará pruebas que identificarían a los líderes de la “guerra económica”, desde las organizaciones patronales del empresariado venezolano y de la Cámara Venezolana-Americana de Comercio. “Ellos fueron maquinando una operación invisible, muy precisa, pero pronto vamos a probar quiénes han estado conspirando”.

Ante sus partidarios, el mandatario se dio por satisfecho al haber conseguido “algo que nunca antes había pasado en la economía de Venezuela, bajar los precios” mediante la ocupación de negocios y la venta forzosa de sus inventarios, además de la detención de gerentes y propietarios. El presidente señaló que el gobierno ya se habría hecho del manejo de los almacenes de distribución de la mayoría de los comercios y categorías intervenidas, lo cual garantizaría el abastecimiento del mercado durante un año, como mínimo.

La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) vio así desmentido su anuncio de inevitable escasez de productos de diversos rubros tras su “venta controlada” por el gobierno y las dificultades para reponer la mercadería. 

Mas tarde, repasando los logros conseguidos durante la última semana de la así llamada ofensiva económica, que incluye la toma de comercios, confiscación de mercancías y remate de las mismas, enfatizó que la primera ley que promulgará por decreto será la de control de costos y ganancias.

El presidente calificó a los opositores de “parásitos” y “apátridas”. Dijo que los servicios de inteligencia habían descubierto y desbaratado una conspiración para cortar el suministro de energía eléctrica durante la votación de la llamada Ley Habilitante, pero que aún persistirían en ocasionar un gran apagón “antes de las elecciones o el mismo día de las elecciones”. “Les anuncio que, de la misma forma en la que planifiqué la ofensiva económica, estoy planificando una ofensiva estremecedora contra la corrupción que iniciaremos a partir de enero”, añadió.

Este domingo habrá elecciones en Honduras

Más de cinco millones de hondureños podrán elegir entre ocho candidatos. Junto con los partidos tradicionales compiten cuatro nuevas agrupaciones políticas.

Los hondureños se preparan para votar este domingo con una larga pausa de reflexión que comenzó hoy. Así lo establece Ley Electoral que reglamenta el proceso que llevará este fin de semana a elegir al nuevo presidente, a los 128 legisladores, con sus suplentes, a veinte diputados para el Parlamento Centroamericano y a 298 alcaldes con sus concejales. 

Durante estos días los partidos sólo podrán exponer sus planes de gobierno, pero no podrán hacer promoción y mucho menos pedir el voto, pues la contravención a esa disposición se castiga con severas multas.

Concluye así una larga campaña electoral que duró caso tres años, originada por la crisis de 2009 luego de la abrupta destitución del presidente Manuel Zelaya, en la que pese a los eslogan y los spot publicitarios, poco se sabe de los planes de gobierno de los ocho protagonistas presidenciables, quienes no participaron de los múltiples foros organizados por sectores de la sociedad civil. 

Por primera vez en la historia política de Honduras compiten en estas elecciones nueve partidos representados por ocho candidatos presidenciales. Hay nuevas fuerzas políticas que disputarán el poder con las agrupaciones mas tradicionales. Estas últimas son representadas por el oficialista Partido Nacional, encabezado por Juan Hernández, que es quizás la fuerza con más intenciones de voto según las encuestas realizadas en estas semanas, y por el opositor Partido Liberal cuyo candidato presidencial es Mauricio Villeda. El partido tuvo un crecimiento que lo ubica entre los preferidos de los electores. 

Siguen partidos de mucho menor consistencia pero con capacidad negociadora, como la Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD).

La novedad la representan cuatro nuevas agrupaciones, como la Alianza Patriótica, nacida bajo el liderazgo del ex general Romeo Vásquez Velásquez, quien tuvo un papel activo en los hechos que dejaron a Zelaya fuera del poder, y el Partido Anticorrupción (PAC), surgido de la acción de un popular personaje televisivo, Salvador Nasralla, quien en un su comienzo despertó un entusiasmo que con el tiempo menguó, acaso por la inexperiencia de su líder. 

Otra fuerza nueva, con buenas chances electorales, es Libertad y Refundación (Libre), expresión de un sector del opositor Partido Liberal y de un bloque de la izquierda hondureña. Lo conduce el ex presidente Manuel Zelaya y su esposa, Xiomara Castro, es candidata presidencial.

El Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper) es la cuarta novedad en estas elecciones. Lo encabeza Andrés Pavón, postulado a la presidencia en alianza con Unificación Democrática, un grupo izquierdista.

Este domingo tendrán derecho a votar 5,3 millones de ciudadanos, entre ellos 46.000 residentes en los Estados Unidos. Los desafíos son muchos para el país. El principal es la lucha para reducir la pobreza que afecta al 70 por ciento de la población. Otro tema clave es el alto nivel de inseguridad que con más de veinte asesinados por día, hace de Honduras uno de los países más inseguros del mundo.

Triunfa Bachelet, pero no es suficiente

La ex presidenta ganó con casi el 47 por ciento de los votos, sobre Evelyn Matthei, quien apenas superó el 25 por ciento. Sin embargo, pese a la abultada diferencia, el sistema electoral determina que habrá segunda vuelta y que no hay cambios sustanciales en el Congreso.

En muchos otros lugares, ganar las elecciones con más de veinte puntos de distancia sobre el adversario más inmediato significaría un triunfo por goleada. No es así en el peculiar sistema electoral chileno, donde la candidata de la derecha, Evelyn Matthei, con apenas el 25 por ciento de los votos, consigue el pasaje para la segunda vuelta, mientras la candidata del centro izquierda, la ex presidenta Michelle Bachelet deberá esperar el 15 de diciembre para consagrares nuevamente como mandataria, aunque haya recogido casi el 47 por ciento de las preferencias.

El sistema electoral chileno se centra en la repartición binominal de los distritos de votantes. Las dos bancas se dividen entre los dos grupos que han totalizado más votos, lo que asegura un Congreso con mayorías ajustadas, ya que para ganar los dos lugares, tanto de senadores como de diputados, es preciso doblar la cantidad de votos del adversario más inmediato y eso acontece en contados casos.

Fue el sistema que, previendo el final del régimen militar, el ex dictador Augusto Pinochet implementó para asegurar una representación parlamentaria a la derecha, que no dependiera del voto proporcional ni del mayoritario.

Si a esto se agrega que para impulsar reformas en áreas sensibles son necesarias mayorías especiales en el Congreso, se entenderá porque el triunfo de Michelle Bachelet tiene sabor a poco, ya que no habrá cambios sustanciales en la composición parlamentaria.

Si bien la última palabra la tienen las urnas, y estas "hablarán" en diciembre, parece difícil que la derecha pueda impedir una nueva victoria de Bachelet. Los análisis se centrarán, a partir de este momento, en las razones por la que no se logró el objetivo de ganar en primera vuelta.

Para eso se necesitaba una mayor participación de los electores, que debería verse favorecida por el estreno del voto voluntario. Sin embargo, votó menos de la mitad de los 13 millones de chilenos habilitados por el padrón electoral, indicando incluso una tendencia a la baja respecto de años anteriores.

El otro factor que podría haber dado más contundencia a la victoria del centroizquierda es el voto de los jóvenes, pues hay 4 millones que nunca han votado pese a tener derecho. Y los resultados parecen indicar que Bachelet no logró seducir al electorado joven.

Puede que la ex presidenta pague el precio de haber medido demasiado el peso estratégico de cada jugada durante una campaña electoral que no suscitó grandes pasiones. Y puede que su prudencia, acaso para no atemorizar el sector más volátil del centro, temeroso ante cambios demasiados radicales, como la propuesta de introducir la gratuidad de la educación en el país, tampoco pudieron convencer a los muchos que miran con escepticismo la política.

Varias veces, en su discurso de campaña, Bachelet se refirió a que los cambios que pretende introducir durante su gestión dependerían de la composición del Congreso, lo cual restó a menudo énfasis al peso de las reformas al modelo económico que suponen su propuesta, que pretenden incidir en el sistema tributario, en el esquema constitucional y el muy sensible sector de la educación.

El tema sigue siendo cómo seducir un sector importante del electorado que desconfía de un sistema político considerado hijo de un modelo económico que transforma a los ciudadanos en usuarios portadores de intereses individuales y no colectivos. Un sistema en el que el mercado ha transformado áreas sensibles como la educación, la salud, las jubilaciones, los bancos, por ejemplo, en un negocio que claramente no favorece al ciudadano. Puede que para seducir a gran parte de esa mitad de electores haga falta proponer un modelo de sociedad antes que un modelo de economía.

Ex dirigentes del PT irán a la cárcel

El Supremo Tribunal Federal decidió que 11 de los 25 condenados por el juicio del mensalao, deberán cumplir con la pena. Un ministro clave del primer gobierno de Lula, el ex presidente y el ex tesorero partido entre los condenados.

Once de los veinticinco condenados en el mayor proceso por corrupción de la historia de Brasil, conocido como el "mensalao", irán a la cárcel. Entre ellos figuran dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT) como José Dirceu, ministro clave del primero gobierno del presidente Inacio Lula da Silva, el actual diputado José Genoino, en ese entonces presidente del partido, y el ex tesorero Delubio Soares. 

Se trata de una decisión que es considerada histórica para el Supremo Tribunal Federal de Brasil que, posiblemente la semana próxima, mandará a la cárcel también a Marcos Valerio, condenado como el operador del esquema de sobornos a partidos y congresistas a cambio de votos, al ex presidente de PTB, Roberto Jefferson quien destapó con sus delaciones el escándalo y a Katia Rabello, expresidenta del Banco Rural. Otros cinco condenados tendrán que empezar a cumplir una condena de penas alternativas sin necesidad de ir a la cárcel.

De los condenados a la cárcel, cuatro deberán cumplir la sentencia en régimen cerrado. Los políticos José Dirceu y Delubio Soares comenzarán a cumplir la pena, respectivamente a casi 11 años y casi 9, posiblemente en régimen inicialmente semiabierto, que supone dormir en la cárcel y trabajar de día en alguna actividad social, si el Supremo Tribunal aceptará un recurso que le rebaje la pena lo suficiente para lograr este beneficio. En todo caso, es una decisión que los supremos tomarán el año que viene. 

La discusión entre los integrantes del máximo tribunal vertió precisamente alrededor del momento de aplicación de la pena, si antes o después del análisis de todos los recursos. El presidente del Supremo Tribunal y ex instructor del proceso, Joaquim Barbosa, vio prevalecer su tesis de aplicar de inmediato la cárcel. Otro integrante del Supremo, Luis Roberto Barroso apoyó la tesis de Barbosa alegando que en Brasil hay “millares de condenados por pequeñas cantidades de marihuana y poquísimos condenados por golpes inmensos. Para ir a la cárcel en Brasil es necesario ser muy pobre y muy mal defendido. El sistema actual es selectivo, casi de castas”.

Es reciente el caso del diputado Natan Donadon, condenado a 13 año por corrupción, que en el pasado mes de agosto logró seguir en su cargo gracias a que en la Cámara Baja no fue posible levantarle los fueros.

"La decisión del Supremo de declarar el cumplimiento inmediato de las penas de (estos) crímenes hace posible que la sociedad pueda volver a tener confianza en nuestro sistema jurídico, colocando punto final al proceso, y enviando a la cárcel a los condenados en el juicio más importante de la Historia política de este país", escribe Merval Pereira, analista político del diario O Globo Merval Pereira. 

La decisión de mandar a la cárcel a los condenados por el mensalão llega después de ocho años de investigaciones y tres largas sesiones del Supremo. 

Para algunos se trató de un verdadero juicio político, un ámbito en el cual no se juzga en base a pruebas sino a responsabilidades que derivan de comportamientos propios del desempeño político. Para otro, los fallos del Supremo Tribunal Federal son, por un lado, un ejemplo de independencia del poder judicial, ya que se trata de jueces designados por dos presidentes miembros del mismo partido de los condenados, Lula y la actual mandataria Dilma Rousseff. 

Por otros, en sintonía con los reclamos que desde mediados de este año convocan a la ciudadanía a manifestar su descontento, entre otros temas, contra la corrupción, la jurisprudencia del máximo tribunal rompe con un esquema de impunidad que, tradicionalmente, impidió que la dirigencia del país fuera tratada como cualquier otro ciudadano condenado por la justicia. 

No por nada, tanto el juicio y la sentencia del mensalao como esta última decisión del Supremo, han sido consideradas como históricas.

Chevron condenada a pagar 8.600 millones de dólares

La Corte Nacional de Justicia redujo la indemnización de 19.000 millones de dólares fijada por el juez en primera instancia. Un tribunal de New York estudia si el juicio fue fraudulento.

El máximo tribunal de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia confirmó el fallo que en primera instancia condena a la empresa petrolera multinacional Chevron a indemnizar a los pobladores de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, por la contaminación de la zona. La suma establecida es de más de 8.600 millones de dólares, menos de la mitad de los 19.000 millones fijados por el juez de primera instancia en 2011. La justicia reconoció los daños provocados por la contaminación de la región por la empresa Texaco entre 1964 y 1992 antes de ser absorbida por Chevron.

La demanda fue interpuesta por 30.000 pobladores indígenas de la región, afectados por la contaminación provocada por la actividad petrolera, según quedó comprobado por el fallo, y que ha provocado un millar de muertes, con secuelas que siguen afectando la salud de muchos pobladores. Actualmente Chevron ya no está más presente en Ecuador, lo que agrega un ulterior elemento de complejidad a la querella contra la empresa. 

De hecho Chevron había pedido que se anulará el juicio en primer instancia, habiendo denunciado irregularidades por parte del juez Nicolás Zambrano, falsificación de datos y la aceptación de sobornos por parte del magistrado. Según la petrolera, un acuerdo firmado con el gobierno de Ecuador con Texaco en 1998, por el que se abonaron 40 millones de dólares para tareas de descontaminación la exoneraba de cualquier responsabilidad.

Por otro lado, Chevron recurrió a instancias internacionales contra la sentencia para neutralizar sus efectos. El pasado 15 de octubre, en un tribunal de New York comenzó un juicio que debería culminar en los próximas semanas. En estas instancias hay dos fallos desfavorables para Ecuador de la Corte Permanente Arbitral de La Haya. 

Por otro lado, en ausencia de actividades de Chevron en el país, los demandantes están tratando de trabar embargos en el exterior sobre bienes de la multinacional para poder ejecutar la sentencia. Hasta el momento, la justicia de Canadá y la Argentina consideraron que las actividades locales de la empresa no están vinculadas a Chevron Corporation. Se espera un pronunciamiento sobre el tema de la justicia de Brasil. 

Como la sentencia, luego del fallo de la Corte Nacional de Justicia, es ahora firme, teóricamente se allana el camino de los demandantes ante los tribunales internacionales donde podrán interponer acciones de cobro. El foco de la disputa se traslada por lo tanto a New York donde se discute la anulación del fallo y todo deja presumir que Chevron no dará fácilmente brazo a torcer.

El Gobierno colombiano y las FARC negociarán hasta llegar a un acuerdo

Las partes seguirán reunidos sin pausa hasta definir la participación en la política de la guerrilla una vez que se inserte en la vida civil.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos le ha exigido a los negociadores del gobierno en La Habana regresar con resultados concretos, porque el proceso de paz con las FARC no puede seguir estancado. Por ese motivo, de acuerdo con los líderes guerrilleros, nadie se levantará de la mesa de discusión hasta haber encontrado una solución al tema de la inserción de los subversivos en la vida política del país una vez que las FARC acepten desmovilizarse. Puede que en pocos días habrá novedades al respecto.

Luego de meses de estancamiento, con mutuas acusaciones de frenar el proceso de paz, las negociaciones registran una aceleración impulsada también por el impacto de las fotos de líderes guerrilleros tomando el sol caribeño en un barco o paseándose por la capital cubana.

Hasta ahora el ritmo de las reuniones preveía once días de trabajo seguidos por otros tantos de pausa. Los representantes del gobierno regresaban a Bogotá y los guerrilleros en Cuba para que cada grupo trabajara separadamente. Algo, dentro de todo, normal en un proceso complejo como el de lograr la paz en Colombia, tal como lo puede ser un paseo por las calles de La Habana puesto que nadie trabaja las 24 horas del día.

Pero la política no conoce razones y los tiempos políticos en Colombia, en vista de las presidenciales del año que viene, dicen que es momento de definiciones. Las fotos de los guerrilleros en momentos de relax dispararon nuevas críticas por parte de quienes, como el ex presidente Álvaro Uribe, se oponen desde el comienzo al proceso de paz. Si a esto agregamos que buena parte de la opinión pública tiene sus buenas dudas acerca del proceso de paz, y que luego de lograr un acuerdo sobre apenas uno de los seis puntos en agenda, el de la cuestión agraria, se comprende que a este punto tanto a las FARC como al presidente Santos les conviene traer novedades de Cuba.

Para la guerrilla el riesgo de que las elecciones sean ganadas por la oposición representada por Uribe, significa volver a la opción militar. La mano dura ha sido la característica de Uribe en su gestión, pese a que con tal de presentar resultados, hubo militares que asesinaron a cientos de civiles inocentes presentándolos como guerrilleros.

Por cierto, este proceso cuenta con la anomalía de que se lleva a cabo en ausencia de una tregua militar. Es difícil aceptar que se tiendan emboscadas mientras se discute la paz. Pero también es cierto que luego de casi medio siglo de conflicto no es fácil confiar los unos en los otros.

Por otro lado, cabe preguntarse si es preferible la perspectiva de que en el conflicto siga, o si no es mejor que la actual anomalía tenga, al menos, la perspectiva de que se llegue a poner punto final a esta eterna guerra interna.

Todo proceso de paz siempre cuenta con situaciones imperfectas, en el plano de la justicia como de la política y del tejido social que queda dañado. La paz nunca es un laboratorio en el que los experimentos se llevan a cabo en circunstancias ideales. Por lo tanto, se consigue la paz posible, más que la deseada. Y difícilmente Colombia verá un resultado diverso, luego de décadas de violencia e injusticias. Será un gran resultado tan sólo haber puesto fin al enfrentamiento, aunque ello no responda en plenitud a las expectativas de los que más lo han padecido.