viernes, 14 de febrero de 2014

Mejora sus resultados la recaudación tributaria en América latina



Representa en promedio casi el 21 por ciento del PBI. Sin embargo, necesita ser más progresiva y mejorar en eficiencia y transparencia. 




Las mejoras en la administración tributaria y el crecimiento económico han mejorado la recaudación y, por lo tanto, los recursos públicos en los países de América latina. Da cuenta de ello, el informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El documento muestra el crecimiento de la recaudación de la región, que en promedio pasó de ser el 13,6 por ciento del PBI en los años '90 al actual 20,7 por ciento (el documento puede ser consultado en www.latameconomy.org/es/revenue-statistics/).

Los resultados positivos fueron alcanzados sin grandes reformas emblemáticas, pero aplicando cambios graduales a las políticas tributarias, lo cual ha permitido reducir la brecha tributaria entre la región y el promedio de los países de la OCDE, en los que la recaudación representa el 34 por ciento del PBI. 

Pese a los resultados conseguidos, sigue habiendo situaciones dispares. En países como Brasil y Argentina, por ejemplo, la recaudación se igual al promedio de la OCDE, mientras que en Guatemala o República Dominicana es la tercera parte. 

Más allá de los aspectos cuantitativo, para el documento de la OCDE el punto más débil de los sistemas tributarios de la región es que no todavía no logra sostener la eficiencia económica, reducir la desigualdad existente (el principal problema de la región) y conseguir una mayor estabilidad macroeconómica. Es decir, todavía la recaudación tributaria no es un factor generador de desarrollo económico. 

Si se analiza la composición de la recaudación tributaria, el 50 por ciento de ésta proviene de los impuestos al consumo (en la OCDE representa alrededor del 30 por ciento), cuyo efecto es por lo general regresivo (como en el caso del IVA). Los impuestos progresivos, representan apenas el 5,2 por ciento de la recaudación, menos de la mitad comparando con el promedio OCDE. 

Para paliar este aspecto regresivo, se suelen subsidiar determinados bienes o servicios, pero con el efecto de beneficiar universalmente a la ciudadanía, incluyendo a los sectores de mayor poder adquisitivo, lo cual además produce una disminución de la recaudación en torno al 3 o 4 por ciento del PBI. 

La necesidad de mejorar el poder adquisitivo ha hecho que donde se aplica il impuesto a las renta de las personas físicas, la aplicación de mínimos extensos hagan que el impuesto sea aplicado al 15 por ciento de los trabajadores. Lo cual está indicando fuertes disparidades en los niveles salariales, con sectores que gozan de ingreso muy superiores respecto al promedio. 

En Centroamérica particularmente, las exoneraciones fiscales hacen que haya pocas empresas que paguen impuestos sobre sus ganancias. En Chile, país que incluso es miembro de la OCDE, las empresas pagan sobre sus ganancias un impuesto del 20 por ciento, muy lejos del 30 por ciento aplicado en la Argentina o el Uruguay. La cuestión es que, también gracias a los altos niveles de evasión los gobiernos disponen de insuflo entes recursos para bienes y service públicos, 

En varias economías de América latina, los recursos naturales no-renovables (gas, petróleo, minerales, etc.) son una fuente importante de recursos tributarios. En el caso de Bolivia y Ecuador y Chile representan entre el 12 y el 15 por ciento del PBI. Y si bien esto supone una importante fuente de ingresos, los vaivenes de los precios internacionales, junto al escaso desarrollo industrial vinculado a la actividad extractiva y a la falta de mecanismos de estabilidad que operen en sentido anti cíclico (van en este sentido algunos mecanismos aplicados PR los Ejecutivos de Colombia y Chile) , suelen aportar inestabilidad económica. 

Otro desafío para los Gobiernos de la región lo representa la calidad del gasto público, sobre todo cuando éste excede los recursos disponibles. En muchos casos se señala la necesidad de promover reformas que aseguren transparencia y rendición de cuentas que mejoren el nivel de confianza en las instituciones públicas y eviten arbitrariedades y clientelismo, permanente fuente de desconfianza. 

Sin embargo, el documento señala que, frecuentemente, se han aplicado eficazmente y con transparencia sistemas de transferencias condicionadas y programas de gasto social que han ido mejorando la legitimidad del acción del Estado. El gran desafío será trasladar al resto del gasto públicos los criterios de eficacia y de transparencia.

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