Dudas del episcopado mexicano sobre algunos grupos de autodefensa

Para la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) existen dudas acerca de cómo han surgido algunos grupos de autodefensas y si efectivamente su objetivo es el de ejercer su derecho a defenderse de las vejaciones de organizaciones delictivas que se disputan zonas territoriales del país. 

El tema de estos cuerpos de ciudadanos armados, a menudo agricultores, es “complicado” en palabras de monseñor Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la CEM, que ayer en una reunión con medios de comunicación indicó que tal como algunas autodefensas han surgido como una forma concreta de defenderse de las agresiones de los carteles de la droga, existen otros grupos de autodefensas cuyos orígenes “no son tan claros, y otras quizás con intereses no tan legítimos”.

Lira, que es además obispo auxiliar de Puebla, a un centenar de kilómetros de la capital federal, remarcó que la tarea de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos le corresponde al Estado y señaló que la legalización de las autodefensas debería tener en cuenta la experiencia que han tenidos otros países, además de las opiniones de expertos en esta materia. 

Al respecto, una de las experiencias más conocidas en la región latinoamericana es la de los grupos de autodefensa de Colombia, nacidos durante los años 80 como reacción ante la ausencia de protección a los ciudadanos, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, atrapados en medio del conflicto interno contra la guerrilla subversiva, pero que terminaron por vincularse también ellas al narcotráfico. 

Por otra parte, el Estado federal está intentando incorporar a la policía rural de decenas de municipios a los vecinos organizados para la autodefensa, a los efectos de legalizar la actividad de estos cuerpos armados, ante el embate de los grupos criminales. Sin embargo, hay muchas dudas respecto de la efectividad de esta medida por parte del líder de los autodefensa, José Manuel Mireles. 

El obispo también realizó una autocrítica al admitir que la Iglesia católica no tuvo la incidencia necesaria en su misión evangelizadora, puesto que si se aplicaran a fondo los valores cristianos difícilmente habría feligreses entre las filas de los grupos de narcotraficantes.

Sin embargo, para el secretario general de la CEM se trata de una culpa compartida, pues las omisiones también han venido de parte de la sociedad, de las autoridades estatales, de otras iglesias y organizaciones de la sociedad civil.