Los grupos de autodefensa no solucionan la violencia

Ante el avance del crimen organizado armar a los ciudadanos es admitir la derrota del Estado y sus instituciones. El ejemplo de Colombia muestra los riesgos de esta respuesta y también cómo generar procesos no violentos.

En estos meses se ha instalado el debate sobre el surgimiento de grupos de autodefensa en México. Una comprensible reacción a la violencia de los carteles de la droga que imperan en amplias regiones del país, ante la ausencia del Estado, cuando no se trata de una explícita complicidad de las autoridades locales o de las fuerzas de seguridad.

¿Es legítimo defenderse en estas circunstancias, pensando en aquellos ciudadanos que han padecido reiteradas extorsiones y hasta han sufrido la muerte de algún familiar? Alguna justicia debe haber, aunque sea por mano propia, se podrá argumentar en circunstancias tan extremas. Sin embargo, precisamente porque se trata de circunstancias extremas, es dudosa la conveniencia de adoptarlas como criterio para combatir la delincuencia.

La expansión del crimen organizado necesita de la respuesta combinada y preventiva del Estado y de la ciudadanía, para recuperar el territorio dominado por las bandas armadas, y de las fuerzas de seguridad para entablar una lucha inteligente y especializada. Reducir el tema a mero enfrentamiento armado, es a largo plazo un error de estrategia que no incide en las raíces del problema.

Quizás habría que tener en cuenta el ejemplo colombiano, donde la historia de los grupos de autodefensa, liderados por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, terminó confundiéndose con la de los narcotraficantes en una espiral de violencia que lejos de afrontar el problema lo agravó, en medio de un conflicto armado que ya involucraba a diferentes grupos guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares y el proprio ejército regular,

Con un trabajo persistente y riesgoso, muchos ciudadanos de la región colombiana del Magdalena Medio lograron revertir la situación y poner coto pacíficamente a la acción de los grupos armados que azotaban la zona. Fueron tomando conciencia de sus propios derechos y de su dignidad, se dedicaron a reconstruir el tejido social promoviendo una economía local en base a los recursos de la región, brindando formación ciudadana a las comunidades, recuperando la solidaridad. Eso trajo mayor presencia del Estado y pudo mejorar la situación.

Hubo ciudadanos que, sin embargo, pagaron con la vida el esfuerzo no violento de restarle terreno a la violencia. Pero a la larga se demostró que fue la respuesta más adecuada, la que evitó que se derramara todavía más sangre.

Hoy Colombia enfrenta un delicado proceso de paz, de éxito todavía incierto, pero que tiene el valiente objetivo de poner fin a la violencia sin utilizar otra fuerza que la persuasión y la razón. Quizás habría que mirar con atención y aprender de este proceso.

Cuando el crimen y la violencia se apropian de un territorio, es que el desgaste de la fuerza del Estado y de la comunidad ha sido tal que no hay más remedio que reconstruirlo. La alternativa es la ley del más fuerte, o sea las antípodas de cualquier convivencia civil.

Venezuela y los riesgos de la democracia

La acentuada polarización impide ver con lucidez el cuadro general de un país en el que se contraponen diferentes visiones e intereses. La herramienta más adecuada es más y mejor democracia y no los atajos autoritarios.

No hay términos medios: para ciertos sectores dentro y fuera Venezuela está bajo un intento fascista de acabar con el proyecto chavista, como sostiene el propio presidente Nicolás Maduro, para otros estamos ante una mistificación ideológica que oculta un gobierno ineficiente y corrupto. Que haya intereses que se oponen a la revolución bolivariana y están dispuestos a sabotearla, es tan cierto como la contra sistemática que, en Brasil, ha llevado a cabo sectores industriales y mediáticos contra el gobierno del PT, sin que las instituciones democráticas tuvieran que lamentar sustanciales lesiones, como efectos de atajos autoritarios por parte del oficialismo.

Es casi inevitable que por los intersticios de las libertades democráticas se cuelen actitudes incoherentes con sus principios como, por ejemplo, la manipulación mediática. Del mismo modo, hay delincuentes que aprovechan de las brechas de la ley para evitar la Justicia. En ambos casos, no hay mejor camino que el perfeccionamiento de las herramientas al servicio de la democracia y la justicia.

El chavismo en Venezuela ha puesto en marcha el empoderamiento de sectores desde siempre postergados en un país gobernado durante décadas por una democracia corrupta. Sin embargo, esta claro que hay sectores, ese 49 por ciento que votó por la oposición, que visualizan un modelo que ha reducido ese empoderamiento en algo mas bien simbólico. Un descontento acentuado por una inflación galopante y una inseguridad a los niveles más altos de la región.

Encerrarse en la propia postura, es un error que fácilmente desemboca en el rechazo del diálogo político, como está sucediendo en Venezuela, como si el propio sector pudiera ser el único verdadero representante de todo el país. No asombra, lamentablemente, que el saldo de estas posturas sea la violencia por la que se deben lamentar una quincena de muertos.

Sin embargo, desde el ejercicio de gobierno cabe una mayor responsabilidad, precisamente porque se disponen de las herramientas legales e institucionales para velar por la convivencia pacífica entre los ciudadanos. No es la hora de avivar el fuego, sino de pacificar los ánimos.

Mejora sus resultados la recaudación tributaria en América latina

Representa en promedio casi el 21 por ciento del PBI. Sin embargo, necesita ser más progresiva y mejorar en eficiencia y transparencia. 

Las mejoras en la administración tributaria y el crecimiento económico han mejorado la recaudación y, por lo tanto, los recursos públicos en los países de América latina. Da cuenta de ello, el informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El documento muestra el crecimiento de la recaudación de la región, que en promedio pasó de ser el 13,6 por ciento del PBI en los años '90 al actual 20,7 por ciento (el documento puede ser consultado en www.latameconomy.org/es/revenue-statistics/).

Los resultados positivos fueron alcanzados sin grandes reformas emblemáticas, pero aplicando cambios graduales a las políticas tributarias, lo cual ha permitido reducir la brecha tributaria entre la región y el promedio de los países de la OCDE, en los que la recaudación representa el 34 por ciento del PBI. 

Pese a los resultados conseguidos, sigue habiendo situaciones dispares. En países como Brasil y Argentina, por ejemplo, la recaudación se igual al promedio de la OCDE, mientras que en Guatemala o República Dominicana es la tercera parte. 

Más allá de los aspectos cuantitativo, para el documento de la OCDE el punto más débil de los sistemas tributarios de la región es que no todavía no logra sostener la eficiencia económica, reducir la desigualdad existente (el principal problema de la región) y conseguir una mayor estabilidad macroeconómica. Es decir, todavía la recaudación tributaria no es un factor generador de desarrollo económico. 

Si se analiza la composición de la recaudación tributaria, el 50 por ciento de ésta proviene de los impuestos al consumo (en la OCDE representa alrededor del 30 por ciento), cuyo efecto es por lo general regresivo (como en el caso del IVA). Los impuestos progresivos, representan apenas el 5,2 por ciento de la recaudación, menos de la mitad comparando con el promedio OCDE. 

Para paliar este aspecto regresivo, se suelen subsidiar determinados bienes o servicios, pero con el efecto de beneficiar universalmente a la ciudadanía, incluyendo a los sectores de mayor poder adquisitivo, lo cual además produce una disminución de la recaudación en torno al 3 o 4 por ciento del PBI. 

La necesidad de mejorar el poder adquisitivo ha hecho que donde se aplica il impuesto a las renta de las personas físicas, la aplicación de mínimos extensos hagan que el impuesto sea aplicado al 15 por ciento de los trabajadores. Lo cual está indicando fuertes disparidades en los niveles salariales, con sectores que gozan de ingreso muy superiores respecto al promedio. 

En Centroamérica particularmente, las exoneraciones fiscales hacen que haya pocas empresas que paguen impuestos sobre sus ganancias. En Chile, país que incluso es miembro de la OCDE, las empresas pagan sobre sus ganancias un impuesto del 20 por ciento, muy lejos del 30 por ciento aplicado en la Argentina o el Uruguay. La cuestión es que, también gracias a los altos niveles de evasión los gobiernos disponen de insuflo entes recursos para bienes y service públicos, 

En varias economías de América latina, los recursos naturales no-renovables (gas, petróleo, minerales, etc.) son una fuente importante de recursos tributarios. En el caso de Bolivia y Ecuador y Chile representan entre el 12 y el 15 por ciento del PBI. Y si bien esto supone una importante fuente de ingresos, los vaivenes de los precios internacionales, junto al escaso desarrollo industrial vinculado a la actividad extractiva y a la falta de mecanismos de estabilidad que operen en sentido anti cíclico (van en este sentido algunos mecanismos aplicados PR los Ejecutivos de Colombia y Chile) , suelen aportar inestabilidad económica. 

Otro desafío para los Gobiernos de la región lo representa la calidad del gasto público, sobre todo cuando éste excede los recursos disponibles. En muchos casos se señala la necesidad de promover reformas que aseguren transparencia y rendición de cuentas que mejoren el nivel de confianza en las instituciones públicas y eviten arbitrariedades y clientelismo, permanente fuente de desconfianza. 

Sin embargo, el documento señala que, frecuentemente, se han aplicado eficazmente y con transparencia sistemas de transferencias condicionadas y programas de gasto social que han ido mejorando la legitimidad del acción del Estado. El gran desafío será trasladar al resto del gasto públicos los criterios de eficacia y de transparencia.

Histórica reunión entre representantes de China y Taiwán

Desde 1949 no se realizaba un encuentro de este tipo. Si bien no hay formales relaciones diplomáticas, desde 2008 las relaciones comerciales han crecido, con un intercambio de 200.000 millones de dólares. 

Este martes se produjo un giro histórico en las relaciones entre la República Popular de China y Taiwán cuando las delegaciones de los dos gobiernos se reunieron en Nanjing (capital de la provincia continental de Jiangsu, sobre la costa). Se trató del encuentro de más alto nivel desde 1949, durante el cual se acordó abrir “tan pronto como sea posible” oficinas de representación. El impulso a las relaciones entre los dos gobiernos consolida el ya creciente intercambio comercial y cultural entre las dos Chinas. 

En 1949, dos millones de nacionalistas junto a su líder, Chiang Kai-shek, se refugiaron en la isla de Taiwán luego de ser derrotados por los comunistas de Mao Zedong luego de una larga guerra civil. Desde entonces, las dos Chinas han vivido enemistadas y se han mirado con recelo, puesto que ambas se consideran representantes del verdadero Gobierno de China. 

La separación fue total hasta los años '90 y ha pasado por momentos de fuerte tensión. Taiwán cuenta con un pacto con los Estados Unidos, que los obliga por ley defender militarmente la isla, algo que Pekín mira con recelo dada la cercanía de esta presencia militar norteamericana a su territorio. Pese a las notables mejoras desde que el taiwanés Ma Ying-jeou es presidente, los contactos políticos siguen realizándose por intermedio de sendas organizaciones semioficiales. 

En octubre pasado, el presidente chino Xi Jinping, dijo que la solución política al impasse mo puede durar indefinidamente, aunque sucesivamente Ma Ying-jeou aseguró que no había urgencia para avanzar en los contactos políticos y que prefería privilegiar el comercio mutuo.

La reunión del martes fue liderada por Wang Yu-chi, director del Consejo para Asuntos con China continental de Taiwán y su homólogo, Zhang Zhijun, responsable en Pekín de la Oficina para Asuntos con Taiwán y viceministro de Exteriores, en el marco de una visita de cuatro días.

“Para nosotros, algo tan sencillo como sentarnos a la misma mesa y discutir, no es algo fácil (…) Esto representa un nuevo capítulo en las relaciones a través del Estrecho (de Taiwán). Es un día que merece la pena registrar en los libros”, destacó Wang en un comunicado. Por su parte, Zhang ha afirmado: “Nuestra reunión hubiera sido algo inimaginable antes, pero, si realmente queremos logar hitos, debemos emplear un poco de creatividad”, informa Associated Press.

El Gobierno chino no reconoce la soberanía de la isla, que solo de facto es considerada un Estado, ya que no ha proclamado su independencia, algo que en varias ocasiones las autoridades de Pekin han advertidos que podría provocar un conflicto armado. En efecto, sólo una veintena de pequeñas naciones, la mayoría de ellas en América Central y Oceanía, han reconocido oficialmente Taiwán, cuyo nombre oficial es República de China. En 1971 la isla perdió su asiento en la ONU, desde entonces ocupado por la china comunista. 

China considera Taiwán parte irrenunciable de su territorio y busca la reunificación algún día, aunque los electores en la isla son muy poco partidarios de la integración. El 80% quiere mantener la separación con motivo de la falta de democracia en el continente.

Nadie se espera resultados excepcionales de estos contactos, ya que hoy se busca mejorar el diálogo y acercar posiciones. El intercambio comercial se ha duplicado desde 2008, alcanzando casi los 200.000 millones de dólares en 2012, cuando el actual presidente taiwanés logró un segunda mandato. Las empresas taiwanesas han invertido ciento de millones de dólares en el continente, desde donde el año pasado provinieron casi tres millones de turistas. 

El partido del presidente Ma Ying-jeou, el Kuomintang, acepta el principio de “una sola China” y se opone a la independencia de la isla. Hasta ahora se ha logrado un cierto equilibrio y acercamientos. Sin embargo, se puede tener la esperanza que la reunión realizada abra paso a contactos políticos a un nivel más alto, y hasta una futura cumbre entre los dos presidentes.

Dudas del episcopado mexicano sobre algunos grupos de autodefensa

Para la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) existen dudas acerca de cómo han surgido algunos grupos de autodefensas y si efectivamente su objetivo es el de ejercer su derecho a defenderse de las vejaciones de organizaciones delictivas que se disputan zonas territoriales del país. 

El tema de estos cuerpos de ciudadanos armados, a menudo agricultores, es “complicado” en palabras de monseñor Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la CEM, que ayer en una reunión con medios de comunicación indicó que tal como algunas autodefensas han surgido como una forma concreta de defenderse de las agresiones de los carteles de la droga, existen otros grupos de autodefensas cuyos orígenes “no son tan claros, y otras quizás con intereses no tan legítimos”.

Lira, que es además obispo auxiliar de Puebla, a un centenar de kilómetros de la capital federal, remarcó que la tarea de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos le corresponde al Estado y señaló que la legalización de las autodefensas debería tener en cuenta la experiencia que han tenidos otros países, además de las opiniones de expertos en esta materia. 

Al respecto, una de las experiencias más conocidas en la región latinoamericana es la de los grupos de autodefensa de Colombia, nacidos durante los años 80 como reacción ante la ausencia de protección a los ciudadanos, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, atrapados en medio del conflicto interno contra la guerrilla subversiva, pero que terminaron por vincularse también ellas al narcotráfico. 

Por otra parte, el Estado federal está intentando incorporar a la policía rural de decenas de municipios a los vecinos organizados para la autodefensa, a los efectos de legalizar la actividad de estos cuerpos armados, ante el embate de los grupos criminales. Sin embargo, hay muchas dudas respecto de la efectividad de esta medida por parte del líder de los autodefensa, José Manuel Mireles. 

El obispo también realizó una autocrítica al admitir que la Iglesia católica no tuvo la incidencia necesaria en su misión evangelizadora, puesto que si se aplicaran a fondo los valores cristianos difícilmente habría feligreses entre las filas de los grupos de narcotraficantes.

Sin embargo, para el secretario general de la CEM se trata de una culpa compartida, pues las omisiones también han venido de parte de la sociedad, de las autoridades estatales, de otras iglesias y organizaciones de la sociedad civil.

Ministros de Perú y Chile comienzan a definir la frontera marítima

Este jueves, en la capital chilena, los secretarios de defensa y relaciones exteriores abordarán en detalle la definición de las coordenadas del límite marítimo luego de la sentencia de la Corte de Justicia Internacional del pasado 27 de enero.

Pasado mañana se llevará a cabo, en Santiago, la reunión conocida como "2 más 2" entre los ministros de defensa y de relaciones exteriores de Chile y Perú, en la que se abordará la definición de las coordenadas de la frontera marítima entre ambos países.

La canciller peruana Eda Rivas anunció que en el encuentro "se verá el tema de la cartografía para la delimitación exacta de las coordenadas”, puesto que en su sentencia emitida el pasado 27 de enero, la Corte de Justicia Internacional de La Haya definió el trazado de la frontera marítima entre el Perú y Chile, pero dejó a los dos gobiernos la fijación de las coordenadas de ese límite.

Como consecuencia del nuevo límite, el Perú incorpora unos 22 mil kilómetros cuadrados del espacio marítimo chileno, a más de 80 millas de la costa y unos 30 mil kilómetros cuadrados más de aguas hasta ahora internacionales.

La nueva delimitación preservó el 99 por ciento de los intereses pesqueros de Chile, ya que éstos abarcan actividades que se realizan a menos de 80 millas de distancia de la costa. Pero al mismo tiempo satisfizo los demandantes peruanos, que vieron así ampliada su zona de exclusión económica (ZEE), como se le denomina al espacio marítimo que alcanza las 200 millas desde la costa.

Es por ello que la canciller Rivas señaló que no existe ningún conflicto entre ambos pueblos y que el tema del denominado triángulo terrestre - una zona de menos de 4 hectáreas de la frontera terrestre que deberá definirse si pertenece a Chile o Perú - no tiene absolutamente nada que ver con la ejecución del veredicto de La Haya. “Hace muchos años que vivimos así, tenemos una frontera terrestre delimitada; este tema del fallo marítimo debe terminarse, debe ejecutarse porque es un compromiso de Estado”, manifestó aunque no pudo indicar cuánto demorará la implementación de la sentencia.

Los dos gobiernos habían asumido el compromiso de acatar y aplicar el fallo de La Haya, por este motivo, durante la cita se revisará la agenda de las medidas de cooperación y confianza establecidas en Lima el año pasado, entre los dos Ejecutivos.

El reciente fallo de la La Haya alimenta las esperanzas bolivianas

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia abrió nuevamente el capítulo del reclamo boliviano a Chile. El gobierno de Evo Morales prepara su estrategia ante la próxima asunción del nuevo gobierno chileno.

Este lunes del presidente boliviano Evo Morales se reunió con seis ex cancilleres, el Consejo Marítimo y el Agente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para evaluar el camino a seguir, luego del reciente fallo del 27 de enero sobre los límites marítimos entre Chile y Perú y ante las perspectivas de la demanda que interpuso el gobierno de La Paz para superar su enclaustramiento geográfico.

¿Por qué esta reunión y cuál es la relación entre la demanda de Bolivia ante la CIJ y el fallo de este tribunal sobre los límites marítimos entre Perú y Chile?

En poco más de un mes, asumirá en Chile el nuevo gobierno de Michelle Bachelet, con quien en 2006 Morales abrió una agenda de 13 puntos, que contenía también la cuestión del acceso al Pacífico. Si bien, sucesivamente, esta agenda fue abandonada, es posible que con el nuevo ejecutivo será posible bajar los decibeles del clima de tensión que se ha instalado en especial en los últimos dos años.

Los ex ministros de Exteriores consideran que la demanda boliviana ante la CIJ, para que Chile sea obligado a negociar de buena fe una salida al mar para Bolivia, “está bien encaminada”. Por otro lado, en mencionado fallo del 27 de enero, en el punto 17, se sostiene que Chile tuvo su independencia de España en 1817 y Perú en 1821. Pero en ese momento los dos nuevos estados no tenían frontera común puesto que entre los dos estaba en territorio español de Charcas que, en 1825, se transformó en la república de Bolivia. Lo cual hecha por tierra la tesis que ciertos sectores chilenos sostienen de que nunca los bolivianos tuvieron mar. Fue luego de la así llamada Guerra del Pacífico que Bolivia, entre 1879 y 1883, perdió 120.000 km cuadrados de territorio y Perú una parte de sus territorios al sur, que ya no son objeto de reclamo. Bolivia considera que los tratados sucesivos a la guerra, que para los chilenos son los que establecen, y definitivamente, la situación actual deben ser modificados por una cuestión de justicia.

Por otro lado, la CIJ despejó dudas acerca de cómo se proyectarían los límites marítimos en caso de una eventual cesión de un acceso boliviano al mar con soberanía, siguiendo el paralelo de ese territorio hasta las 80 millas náuticas. 

El gobierno de Evo Morales intentará desplegar su estrategia fortaleciendo primero las débiles relaciones diplomáticas con Santiago, puesto que las mismas se ven limitadas al máximo, con breves paréntesis, desde 1962. Pese a la presencia importante de una comunidad boliviana en Chile, sólo hay una representación consular. Y también intentará desarrollar el tema mediáticamente, además de mantener abierto el canal de diálogo con el nuevo gobierno. Aunque, en este sentido, la existencia de una demanda no es exactamente una ayuda para ello, como ya lo ha afirmado el futuro canciller chileno Heraldo Muñoz.

Para el excanciller Armando Loaiza, el hecho de que Muñoz sea un profesional de las relaciones internacionales, va a facilitar las decisiones que tome la presidenta Bachelet.“Pero lo importante es superar esta atmósfera enrarecida, tensa, crispada de las relaciones boliviano-chilenas en los últimos dos años y restaurar las confianzas que también se han deteriorado mucho”, dijo.

Durante los días que siguieron el fallo de la CIJ a fines de enero, que en ambos países fue seguido con mucho interés por la ciudadanía, los comentarios en las redes sociales reflotaron entre los chilenos el tema del reclamo boliviano. Sorprendió que en sectores de la derecha, donde acaso más se cultivan posturas ultra nacionalistas, aparecieron menciones de las viejas negociaciones, entre los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer, que intentaron llegar, a mediados de los ‘70, a un acuerdo sobre la base del criterio “mas por tierra”. En este sentido, hay sectores de la extensa frontera entre los dos países en los que hay disputas por los recursos hídricos, tan necesarios al árido norte de chileno. En efecto, no pocos analistas, incluso en el propio equipo de la presidenta electa Bachelet, consideran que la cuestión del acceso boliviano al mar ha recobrado vigencia luego del 27 de enero.

Décadas de separación, y de muchos prejuicios, no facilitarán el diálogo. Pero sí pueden ejercer un influjo positivo las nuevas circunstancias económicas que están favoreciendo el crecimiento económico de Perú, Bolivia y Chile que tienen más intereses comunes de los que la mentalidad corriente está dispuesta a admitir. Comenzando por el hecho de que son punto de paso obligado para los importantes corredores bioceánicos que deberán unir las dos riberas, la atlántica y la pacífica, del subcontinente, si quiere en serio aprovechar la oportunidad que brinda el comercio con Asia, y considerando el auge de consumo interno existente que bien podría favorecer el mutuo comercio.

De hecho, las relaciones comerciales crecen a un ritmo intenso. Desde el año pasado, los ingresos de peruanos a Chile han superado a la cantidad de turistas provenientes de la Argentina, país que detentaba la mayor cantidad de visitantes. Y buena parte de las visitas de ciudadanos peruanos son por motivos de negocios. A su vez, entre 2008 y 2012 la exportaciones de Chile a Bolivia se han triplicado respecto de las compras chilenas de productos bolivianos. Un 30 por ciento del diesel y la gasolina que Bolivia importa proviene de Chile. Dato sorprendente, puesto que Bolivia es un país productor de combustible, pero evidentemente sin la necesaria infraestructura para destilarlo y porque, a título de ejemplo de los viejos rencores que hay que superar, todavía prohíbe que el gas que le vende a la Argentina de ninguna manera llegue a Chile, tradicionalmente sediento de este producto.

Acaso la economía transformará en necesidad las oportunidades que brinda la economía y que los nacionalismos exacerbados no suelen ver con claridad.

Bolivia proseguirá la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para hallar una solución a su enclaustramiento geográfico y, paralelamente, tiene el propósito de relanzar su imagen y fortalecer su participación en el bloque del Pacífico, se ha informado en La Paz al término de una reunión del presidente Evo Morales y ex cancilleres bolivianos.

“Tenemos enormes coincidencias con los ex cancilleres que han expuesto sus criterios”, ha informado a la prensa local el presidente Evo Morales tras agradecer, muy temprano este lunes, a seis ex ministros de Asuntos Exteriores invitados a la Casa de Gobierno para analizar, con el Consejo Marítimo y el Agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, pormenores del fallo de la CIJ en el diferendo entre Perú y Chile.

“No vamos a retirar la demanda pues lo que queremos es que se acabe la injusticia; no queremos confrontaciones pues somos pacifistas y volvemos a afirmar que los tratados no son intocables”, ha afirmado Morales, poco más tarde, durante la inauguración del año escolar en una céntrica escuela en la ciudad de Cochabamba, a donde llegó al término de su cita con los ex cancilleres en La Paz.

Como Morales, los ex ministros se inclinan por mantener la actual estrategia del gobierno boliviano ante la CIJ para lograr que Chile se siente ante una mesa a dialogar y ofrecer soluciones concretas a la centenaria demanda boliviana de una salida al mar.

Bolivia ha visto cercenado su territorio en 120.000 kilómetros cuadrados de litoral sobre el Pacífico, tras la invasión de Chile en febrero de 1879 y la posterior declaratoria de guerra, en abril de ese mismo año, contra Perú y Bolivia. Desde entonces reclama una salida a Chile, con cuyos gobiernos sostuvieron negociaciones desde comienzos del siglo XX sin ningún resultado. En abril de 2013, Bolivia planteó ante la CIJ una demanda contra Chile, aceptada por el tribunal de La Haya.

Los ex cancilleres han sugerido al gobierno de Morales “recomponer el panorama de mutua confianza” entre Bolivia y Chile, tan venida a menos en los últimos años, debido a precarias relaciones dentro de una “atmósfera de enguerrillamiento” y un “clima de querella”, ha explicado el embajador Armando Loaiza, en declaraciones a los medios locales.

Una de las tareas será la de fortalecer las misiones diplomáticas de Bolivia en Santiago –donde la representación es consular- y en Lima y, a la par, relanzar la imagen de Bolivia ligada al Pacífico, al que ha pertenecido desde mucho antes de la creación de la República.

El presidente Morales ha agradecido públicamente las sugerencias de los ex cancilleres, y ha destacado un párrafo en particular del fallo en el que se reconoce que las repúblicas de Chile y Perú no tenían límites, pues estaban separados por territorio boliviano, lo cual echa por tierra argumentos de que Bolivia nunca tuvo mar.

El ex ministro de Asuntos Exteriores, Javier Murillo de la Rocha, ha explicado en La Paz que el fallo de La Haya “despeja una incógnita” en la eventualidad de una transferencia de territorio soberano a Bolivia, ubicado al norte de Arica “hacia donde se proyectaría el frente marítimo de ese territorio siguiendo la línea del paralelo geográfico hasta las ochenta millas náuticas”, según recoge el periódico digital Oxígeno.

Otra de las conclusiones es la de dejar abierto el diálogo con Chile en torno a la agenda lograda entre Morales y la entonces presidenta Michelle Bachelet, considerada como una de las más completas logradas entre ambos países, que incluía como último punto el diferendo marítimo.

La agenda, archivada en realidad por ambos países, había logrado avances en asuntos como el corredor bi-oceánico, que entrelaza puertos sobre el Atlántico con los del Pacífico, la rehabilitación de las conexiones ferroviarias entre las dos naciones, el libre tránsito ciudadano y el ahora conflictivo asunto hídrico: los manantiales del Silala y el río Lauca.

Chile ha protestado por el uso de las aguas de los manantiales del Silala, que comienzan a fluir en el departamento de Potosí y que Chile usa gratuitamente, un caudal de por lo menos 200 litros por segundo, según estudios bolivianos, que destina a la dotación pagada de agua potable a las poblaciones del norte chileno.

Morales ha sugerido que Chile encuentren soluciones antes de que Bolivia lleve el asunto a la CIJ, cuando rechazaba el condicionamiento formulado por el designado canciller Heraldo Muñoz de preferir el diálogo y dejar de lado la demanda ante La Haya.

Bolivia y Chile, que comparten una extensa frontera, no tienen relaciones diplomáticas. Viven de espaldas desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978, debido primero al desvío unilateral de las aguas del río Lauca, que ahora discurre sólo en territorio chileno, y después, debido al fracaso de las negociaciones de “mar por tierra” que llevaron adelante los entonces presidentes de facto Hugo Banzer, por Bolivia, y Augusto Pinochet, por Chile, después del famoso “abrazo de Charaña” el ocho de febrero de 1975.

En 2006, Morales y Bachelet lograron un importante acercamiento al convenir la agenda de 13 puntos, que no ha prosperado del todo por las tensiones políticas y diplomáticas entre ambos gobiernos.

Sin embargo, la actividad comercial ha ido en aumento a favor de Chile. De hecho, en 2013 ha sido el primer proveedor de diesel y gasolina (un 30 por ciento del total importado por Bolivia).Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) las compras bolivianas a Chile entre 2008 y 2012 se han triplicado en relación a las exportaciones de Bolivia a ese país.

Sorpresivo triunfo de la centroizquierda en Costa Rica

Contradiciendo los sondeos, el candidato presidencial de la agrupación opositora de centroizquierda Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, fue el ganador de los comicios celebrados ayer al obtener casi el 31 por ciento de los votos válidos. En las encuestas nunca había sido indicado como ganador, ya que los pronósticos lo ubicaban en el segundo y hasta cuarto lugar. 

Sin embargo, en el segundo lugar quedó Johnny Araya, del oficialista Partido de Liberación Nacional (PLN), de centroderecha, aunque sea por una diferencia mínima, menos de un punto y medio cuando se ha escrutado casi el 75 por ciento de las mesas. 

Como ninguno de los primeros dos más votados obtuvo el mínimo del 40 por ciento, será necesario definir en la segunda vuelta quién será el nuevo presidente del país. Casi el 32 por ciento de los ciudadanos no concurrió a las urnas. El dato registra un pequeño incremento respecto de la comicios de 2010. 

Hasta ayer, el PLN era considerado el favorito de las elecciones presidenciales de Costa Rica. El candidato del izquierdista Frente Amplio (FA), José María Villalta, en cambio, que en varias encuesta de unas semanas atrás figuraba incluso como ganador, llegó tercero acumulando algo más del 14 por ciento de los votos. 

El resultado de otros partidos menores será clave para la formación de la mayoría en el parlamento, ya que el derechista Movimiento Libertario (ML) cosechó algo más que el 11 por ciento al tiempo que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de centroderecha, se estaría quedando en el 6 por ciento. 

Respecto de la conformación del nuevo Congreso, el PLN ve reducida su representación de 24 a 18 diputados. Crecen el PAC y el FA que pasan, respectivamente, de 11 a 14 y de 1 a 9 legisladores. También aumenta su bancada el PUSC, pasando de 6 a 8 diputados, mientras se reducen drásticamente los representantes del ML, de 9 a 3. Otras 6 bancas se repartirán entre el partido evangélico Renovación Costarricense, que obtuvo 3, y varios partidos menores, aunque por efecto de los restos podría haber variaciones en los resultados finales. 

El propio Tribunal Supremo Electoral destacaba anoche la falta de entusiasmo por parte del electorado costarricense al comentar el ausentismo de los electores.

La izquierda gana holgadamente las presidenciales en El Salvador

También en El Salvador se celebraron este domingo las elecciones presidenciales. El candidato Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), superó holgadamente a su adversario, Norman Quijano, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), acumulando una diferencia de diez puntos.

Pese a la amplia diferencia conseguida, ésta no será suficiente para evitar la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 9 de marzo. En base a la normativa electoral, para ganar en primera vuelta hay que superar el límite del 50 por ciento de los votos. Sánchez Cerén obtuvo casi el 49 por ciento de las preferencias, al tiempo que su adversario principal rozó el 39 por ciento de los votos válidos.

Ambos candidatos reconocieron públicamente que se enfrentarán en una segunda vuelta, en la que se decidirá el nuevo presidente desde el 1 de junio del 2014 por cinco años.

También el tercer contendiente, el derrotado ex presidente Antonio Saca, reconoció el resultado de las urnas y felicitó a Sánchez Cerén y a Quijano, a quienes deseó suerte y la realización de una “campaña de altura” en lo que resta del mes de febrero.

Según destacó el presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Eugenio Chicas, los comicios se caracterizaron por su normalidad y por la ausencia de episodios de violencia, al tiempo que concurrió a las urnas algo más que la mitad de los electores.

En efecto, sorprendió a observadores y participantes que la confrontación política entre los principales rivales, el izquierdista FMLN y el derechista ARENA, se verificara sin incidentes que lamentar entre los partidos. Un resultado no menor en uno de los países más violentos del mundo.