La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la actividad de espionaje de los EEUU

Por primera vez, durante la audiencia ante la CIDH, fue fiscalizada la actividad de las agencias de inteligencia norteamericanas y se manifestó preocupación por la legitimidad, la falta de garantías y de control por parte del poder judicial.

Este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó al gobierno de los Estados Unidos sus inquietudes acerca de la legitimidad de las prácticas de espionaje masivo llevadas a cabo por sus agencias de inteligencia y en ausencia de las suficientes garantías para los derechos humanos de las personas vigiladas.

Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos – con cuya sigla guarda cierto parecido –, la Comisión es parte del sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La audiencia ante la CIDH ha sido la primera ocasión en la que el Gobierno de los Estados Unidos se ha enfrentado a una fiscalización por parte de la comunidad internacional sobre su actividad de interceptación de información. En la misma, se ha señalado la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y la garantía de la privacidad y la libertad de expresión y abogar por un refuerzo de los mecanismos de supervisión judiciales y legislativos para evitar que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) vulnere las libertades civiles, no sólo de los ciudadanos estadounidenses, sino de los extranjeros a los que también se les han intervenido sus comunicaciones.

La audiencia fue convocada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en su sigla en inglés) y participó de ella Frank La Rue, quien se desempeña como relator especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, quien manifestó la preocupación internacional que ha suscitado la vulneración del equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la seguridad por las prácticas de espionaje de EE UU.

Según La Rue la vigilancia masiva e indiscriminada de los servicios de inteligencia estadounidenses se verifica sin un aparente control institucional por parte del poder judicial y del Congreso, lo cual corre el riesgo de convertirse en un sistema de intimidación masiva que puede desembocar en una forma de censura general. “La vigilancia siempre ha existido y es legítima siempre que se realice conforme al debido proceso”, ha señalado el relator de la ONU. “Pero si se empiezan a perder los controles, si ya no hay supervisión judicial o si las órdenes de autorización abarcan comunicaciones masivas a nivel internacional, se corre el riesgo de que eso se convierta en un elemento intimidatorio que se vuelva en contra de los derechos de los ciudadanos y de la propia democracia”, ha advertido La Rue.

También la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero ha señalado su preocupación por la ausencia de límites a los objetivos de esa vigilancia, por los informadores y la necesidad de prever controles para el programa de espionaje. “Querríamos conocer los presupuestos de los que se parte para reformar el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera. Hay una falta de información y deseamos saber qué medidas se están adoptando para que esta corte tenga más capacidad para ejercer sus función”, ha señalado Botero, quien también ha manifestado su interés sobre la recopilación de metadatos en la prensa “para que no afecte a su capacidad para hacer su trabajo y mantener la privacidad de las fuentes”.

Si bien durante el debatimiento no ha sido cuestionada la actividad de garantizar la seguridad, los representantes de la ACLU han destacado que las filtraciones del ex analista de la CIA Edward Snowden indican que la actividad de búsqueda y recopilación de información de los agencias de inteligencia iba bastante más allá de esa necesidad. Tanto la ACLU como La Rue han invitado a la administración de los Estados Unidos a considerar la universalidad de los derechos civiles violados por las prácticas de espionaje, en clara oposición con la legislación estadounidense aducida por la NSA para avalar sus prácticas, que sólo garantiza las libertades de sus compatriotas. “Los derechos humanos son universales, son un estándar mínimo para todo el mundo, sin importar su raza, cultura, lengua o nacionalidad y este principio de universalidad es el que impide que hagamos excepciones y se creen ciudadanos de segunda”, afirmó La Rue, quien añadió: “Quisiera saber si ha habido alguna reflexión al respecto a la hora de plantear los programas de vigilancia”.

Los representantes de la Administración estadounidense presentes en la audiencia eludieron aclarar todas las peticiones y cuestiones que se les han formulado alegando que el reciente problema de presupuesto del Gobierno que les impidió prepararse al respecto. Una excusa que varios relatores de la Comisión han interpretado como una muestra de la indiferencia de Washington por el organismo de defensa de derechos humanos de la OEA. “Los problemas coyunturales e internos de un país no son una justificación para no dar explicaciones ante instancias internacionales”, les ha recriminado Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para los derechos de las Personas Privadas de Libertad.

La actividad de espionaje ha provocado mucho malestar incluso entre los aliados de los Estados Unidos, entre ellos Alemania, cuya canciller (Jefa de Gobierno) Angela Merkel descubrió que su propio celular había sido intervenido, lo cual motivo su protesta ante el presidente Barack Obama. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reaccionó exigiendo explicaciones formales por el propio presidente estadounidense y en el plazo de una semana, ante la noticia de haber sido espiada junto al equipo de asesores que trabaja con ella. Las explicaciones no llegaron y Rousseff suspendió sine die su visita oficial a Estados Unidos. También el presidente francés, François Hollande expresó su malestar por haber padecido el mismo tratamiento, y como él los Gobiernos de España e Italia, entre muchos.

El lado lleno y el lado vacío del vaso

No hubo cambios sustanciales en el conteo de bancas del Congreso, aunque sí hubo señales políticas para todos.

El análisis fino de los resultados de estas elecciones habrá que hacerlo con los números definitivos. La relación de fuerzas en el Congreso, que es el objetivo de las elecciones de medio término, no ha cambiado en la sustancia, ya que el oficialismo y sus aliados siguen manteniendo mayoría propia, aunque más ajustada que antes. Sobre la base de la proyección a nivel nacional, sólo se puede sacar la conclusión de que el Frente para la Victoria incluso aumenta el número de bancas, al tiempo que sus adversarios políticos consolidan sus posiciones.

Nos parece francamente sesgado afirmar, como titula algún medio, que el setenta por ciento de los argentinos no votó por el kirchnerismo. Del mismo modo, habría que señalar que un porcentaje parecido en la Capital Federal votó en contra de Mauricio Macri y que en Santa Fe un porcentaje parecido lo hizo en contra del socialismo de Hermes Binner. Lo cual, no parece atinado.

Sin duda, en casa oficialista se estará tomando nota de los reveses sufridos en los principales distritos del país, los más poblados, a manos del ex presidente Julio Cobos, en Mendoza, de Juan Schiaretti en Córdoba, del socialismo en Santa Fe, de Mauricio Macri en Capital Federal y, en especial, del ex Jefe de Gabinete Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires.

El amplio triunfo de Massa en un bastión del peronismo como es la provincia más poblada del país, tiene algunas connotaciones relevantes: fue logrado por alguien que perteneció al oficialismo cubriendo un importante cargo de gobierno. Lo cual confirma que hay un desgaste interno del proprio kirchnerismo que debería ser analizado a fondo, porque no se encuentran distinciones ideológicas de peso entre el discurso del gobierno nacional y el de Massa. Todo parece centrarse más bien sobre cuestiones de imagen y de confianza que, evidentemente, Massa está logrando generar o que el kirchnerismo no está logrando mejorar. Y eso parece indicar que una autocrítica interna en el FpV a esta altura sería saludable en la perspectiva de los próximos dos años de mandato.

Los triunfos en los demás distritos, donde por otro lado el oficialismo ha padecido siempre grandes dificultades para afirmarse, son importantes, particularmente el hecho de que en la Capital Federal el oficialista Daniel Filmus no haya podido confirmar su banca de senador, pero de ahí a proyectar esos triunfos como proyectos nacionales corre un trecho largo. Ninguna de estas propuestas parece tener la consistencia electoral necesaria para confirmar esas aspiraciones, de aquí a 2015.

Para quien escribe, desde el kirchnerismo, se sigue haciendo una lectura de la realidad opositora en clave de su fragmentación. También este razonamiento peca de cierto chicaneo político. Un frente opositor único se justificaría en situaciones de graves amenazas contra las libertades fundamentales, algo que los comicios de ayer, transcurridos en tranquilidad desmiente una vez más. Por lo tanto, no parece muy lógico pretender unir proyectos como el socialismo de cuño santafesino con la propuesta del Pro de Macri, así como nadie se espera ver en el mismo estrado al peronista Francisco De Narváez con Elisa Carrió y Pino Solanas o Margarita Stolbizer. 

Nuestro sistema político no apunta a la polarización entre dos grandes coaliciones, por lo que estas diferencias son algo natural. Más bien, cabe destacar la peculiaridad de un espectro político caracterizado por la fragmentación de un mismo partido, el peronismo, cuya interna sigue siendo el elemento determinante de la actualidad política nacional.

Comenzó en Cuba una nueva ronda de negociaciones con las FARC

El gobierno y la guerrilla volvieron a sentarse a la misma mesa, aunque hay acusaciones mutuas de lentitud.

Comenzó ayer en la Habana una nueva ronda de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Farc. El ciclo se reactiva pero en medio de tensiones por acusaciones mutuas de lentitud en el proceso de paz que en esta etapa de centrará en la participación política. 

De hecho, el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez (Timochenko), acusó al presidente Juan Manuel Santos de “arreciar una campaña de desprestigio” contra esa guerrilla porque ésta no se someterá en la mesa de diálogo. Hace semanas que el gobierno insiste en que se debe acelerar el ritmo de la negociación, mientras que sectores afines al expresidente Alvaro Uribe critican a Santos por considerar que hace demasiadas concesiones a la guerrilla.

Santos había anunciado en un principio que el proceso de paz duraría meses y no años, hasta ahora las dos delegaciones solo han consensuado un punto, el desarrollo rural, de una agenda de cinco.

“No son los colombianos ni el país los cansados con el proceso de paz, como insisten los voceros neoliberales. Son ellos, los círculos privilegiados y guerreristas, los que odian que se hable de soberanía, de democracia plena, de modelos alternativos de desarrollo. Hacen y profundizan la guerra y el terror contra Colombia, mientras acusan de ello a los demás. Urge desenmascararlos”, sostuvo el comandante de las Farc. 

Timochenko se queja de los reveses militares, ya que el proceso en curso no incluyó una tregua militar, y del apuro de Santos por sus pretensiones acerca de una renovación del mandato electoral, para el cual precisa presentar resultados concretos. Sin embargo, Santos se ve presionado precisamente por quienes desconfían de las verdaderas intenciones de las FARC, que tampoco han querido suspender su actividad militar, y comprende que la prolongación del proceso termina por beneficiar a los guerrilleros. 

Mientras tanto, el jefe de la delegación del gobierno en La Habana, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, exhortó este martes a la guerrilla a “avanzar, avanzar, avanzar” en el nuevo ciclo de diálogos, al tiempo que aseguró que Santos sigue y evalúa el desarrollo del proceso. 

Este es el cuarto intento de paz que desde los años 1980 hace las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina con 49 años de lucha armada.

Los resultados del censo cuestionan el modelo de Estado Plurinacional

Los bolivianos que se identifican con una de las 37 naciones que integran el país son el 41 por ciento y no el 62, como indicaba el censo de 2001.

La nueva constitución de Bolivia fue redactada sobre la base del censo de 2001, según el cual el 62 por ciento de los 10 millones de habitantes del país se identificaban como indígenas. La nueva Carta Magna da forma a un estado plurinacional, en el que la ciudadanía étnica, indígenas y originarios con mas derechos, prevalece sobre la política, todos con igualdad de derechos. El ensayo del Estado plurinacional, es, en este sentido, único en su género,

Sin embargo el nuevo censo arroja un resultado distinto que sacude en sus cimientos la experiencia del Estado plurinacional, los datos arrojan que el 41 por ciento, bastante menos, de los boliviano se identifica como perteneciente a una de las 37 naciones.

El golpe que acusa el discurso indigenista del presidente Evo Morales no es menor, y tiene consecuencias prácticas porque la ley asigna tanto los recursos como las bancas del poder legislativo en base a los datos del censo. El Estado de Santa Cruz, por ejemplo, gano tres escaños en detrimento de Potosí, Beni y Chuquisaca.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas (CONAMAQ) no pudo lograr un doble objetivo. De las 130 bancas de la Asamblea Legislativa, 7 están reservadas a los representantes de los pueblos indígenas. El Consejo pedía ampliar a 18 esas bancas y que la designación fuera en modo directo por las propias comunidades, pero al final deberá conformarse con las 7 bancas previstas y sus titulares deberán pertenecer a un partido político. El reclamo frustrado provoca una desilusión entre los miembros de la CONAMAQ y para el sociólogo Pablo Mamani se trata de una contradicción patente para el Estado plurinacional y responsabiliza al Movimiento al Socialismo del presidente Evo Morales de esta decisión.

En octubre del año que viene habrá nuevas elecciones y Evo Morales anunció que se presentará para una nueva reelección y que ganará no el 74 por ciento de los votos. Pero su gestión deberá remontar este revés no previsto.

En Ginebra se respira un "cauto optimismo"

Las delegaciones del gobierno de Teherán y de las seis potencias del Consejo de Seguridad más Alemania comenzaron las negociaciones para aclarar la finalidad que el régimen iraní pretende darle a su tecnología nuclear.

Comenzaron hoy en Ginebra las conversaciones entre los representantes del régimen de Irán y los del grupo de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania sobre el programa nuclear iraní,

Se llegó a esta instancia luego de que el presidente de Irán, Hasan Rohani, con sus declaraciones abriera un nuevo tipo de diálogo con la Casa Blanca.

El objetivo de las conversaciones en alcanzar un acuerdo para que haya suficientes garantías de que el programa nuclear iraní no tiene objetivos militares. El régimen de Teherán sostiene que el enriquecimiento de uranio tiene como objetivo proveer al país de mayores recursos energéticos. Sin embargo, fuentes occidentales aseguran que el nivel alcanzado de enriquecimiento de uranio se encuentra justo al borde de evolucionar para usos militares.

Desde Washington se reclama que el gobierno persa permita inspecciones para verificar el nivel del programa, mientras que el gobierno persa defiende su derecho a desarrollar este tipo de tecnología.

Por su parte, un primer gesto del presidente Rohani ha sido el de confiar a la cancillería el manejo de este delicado tema, antes a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, cuyas posturas son mucho más conservadoras.

Las nuevas posturas de Rohani, superadoras del estilo confrontativo de su predecesor, han abierto una brecha de moderado optimismo, aunque todos son conscientes de que la última palabra sobre el tema nuclear no la tiene el presidente, sino el líder supremo del país, el ayatolá Jamenei, Sin embargo, Rohani ha afirmado en más de una ocasión que cuenta con su apoyo.

"No estamos aquí para perder tiempo, perseguimos seriamente una negociación que de resultado" declaró en Ginebra el viceministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, luego de las primeras rondas de contactos cuyos contenidos se ha decidido mantener reservados. Hay un cauto optimismo, reforzado además por la disponibilidad manifestada por el Senado de los Estados Unidos de levantar las duras sanciones económicas contra Irán.

Avanza la discusión del nuevo código penal

Los legisladores de la Asamblea Nacional comenzaron el segundo debate sobre el proyecto. Está configurado el delito de pánico económico, en caso de informaciones que provoquen daños a la economía nacional.

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador comenzó ayer el segundo debate para el estudio del proyecto de nuevo código penal. El texto contiene 743 artículos, 4 disposiciones generales y 19 transitorias, además de disposiciones derogatorias y reformatorias.

Si bien se avanzó en la discusión en el pleno del parlamento, integrado por 137 legisladores, de los cuales 100 conforman el bloque de la oficialista Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana), quedan pendientes temas que ayer fueron motivo de protesta fuera del edificio. Se trata de la cuestión de mala práctica profesional, tema que convocó a unos 300 médicos quienes protestaron contra la nueva normativa, y del aborto, a favor de cuya despenalización manifestaron organizaciones feministas.

“No hay que asumir el texto tal cual se plantea, sino ir modificando, mejorando y el debate legislativo nos permitirá aportar a la aplicación de la justicia”, sostuvo María José Carrión, del bloque PAIS, dentro del cual todavía falta unificar posiciones. Legisladores del bloque oficialista, consideraban que hay sanciones que no guardan una relación de proporcionalidad respecto daño procurado. Otro tema delicado es el caso de un embarazo provocado por una violación. “Lo que queremos es desarrollar cada uno de los textos de una manera clara, precisa, sujeta al ordenamiento constitucional”, sostuvo Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia.

Desde las filas de la oposición se señaló la incorporación en el texto de delitos de opinión: “Expresarse realizar una protesta social está considerado un delito con algunos años de prisión, lo cual le quita al ciudadano la posibilidad de manifestarse”, consideró el legislador Patricio Donoso. Al respecto, el asambleísta opositor Andrés Páez, señaló que el artículo 306 hace referencia al pánico económico, sancionado con 7 a 10 años de prisión en caso de divulgación, difusión o publicación de “noticias falsas que causen daño a la economía nacional”. Páez indicó que se trata de temas con un alto grado de subjetividad “mañana una persona entrevistada por un medio de comunicación puede decidir que estima que el manejo del banco X no es el apropiado y en la tarde ese entrevistado puede estar encarcelado”.

En contra de esta postura, el oficialista Fabián Solano consideró que esa restricción no se verifica, ya que el medio tiene la obligación de acudir a las autoridades de control para verificar la información de acuerdo a lo que establece la Ley de Comunicación para “tener la autorización de seguir con la labor informativa”.

Si bien la norma apunta a proteger un interés colectivo de la acción intencional de intereses económicos determinados, no se evidencia con claridad qué sucedería en caso de que las autoridades de control, por una cuestión de diferente criterio de análisis, consideren engañosa una información que, en realidad, es veraz y cómo se superaría esa traba sin menoscabar la libertad de opinión.

Mejora la imagen del presidente Santos

En setiembre, debido al conflicto del agro, su popularidad se había desplomado. Algunos precisos golpes de timón, en política exterior y en el manejo del proceso de paz con las FARC, han sido bien recibidos por la opinión pública.

Los cambios en la estrategia de gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos están dando resultados incluso a nivel de popularidad. Un reciente sondeo de la encuestadora Gallup muestra que la imagen favorable de Santos repuntó al 43 por ciento, luego de que bajara al 34 por ciento durante el pasado mes de setiembre, cuando el gobierno se vio arrinconado por un duro paro agrario, mal manejado en su comienzo. En ese momento, la popularidad de Santos llegó a desplomarse al 21 por ciento. La imagen desfavorable del mandatario llegó al 72 por ciento de los encuestados. Un dato realmente preocupante para alguien que aspira a un segundo mandato. El presidente tiene todavía un mes de tiempo para decidirse, mientras que las encuestas indican un leve repunte en las calificación positiva que la ciudadanía otorga a la acción del Ejecutivo en materia de empleo, de economía y en el tema de la crisis del agro. 

Muy posiblemente, la imagen del gobierno mejoró debido a la postura asumida ante el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo fronterizo con Nicaragua. Colombia perdió unos 75 mil kilómetros cuadrados de mar que el tribunal consideró ser parte del territorio nicaragüense. Santos cuestionó el fallo y defendió la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia alegando que éste es inaplicable en cuanto va en contra de la constitución nacional. La mayoría de la opinión pública e incluso desde sectores de la oposición el presidente cosechó apoyos. 

Otro motivo que parecen haber fortalecido la imagen de Santos, ha sido el de la defensa del proceso de paz comenzado hace más de un año con la guerrilla de las FARC. Pese a que los avances recientes han sido pocos y que apenas uno de los seis puntos de la agenda ha sido resuelto positivamente (el de la reforma agraria), Santos trató de dejar bien en claro que se trata de la política más conveniente para el país. Sin embargo, el presidente también utilizó argumentos más enérgicos para imponer un ritmo más acelerado a las negociaciones, que hasta las mismas FARC consideraban estancadas.

Pese a que, según el Centro Nacional de Consultoría, la desaprobación de su gobierno está en 58 por ciento y el 60 por ciento considera que el país va por mal camino, el futuro de Colombia depende mucho de la solución de un conflicto que dura desde hace casi medio siglo. El triunfo electoral de algún abanderado de la solución militar podría significar regresar a un pasado que nadie quiere. Por otra parte, avanzar en este proceso supone buscar soluciones que distarán de ser perfectas tanto en el plano político, como en el plano de la justicia. La soluciones óptimas suelen ser frecuentemente enemigas de lo bueno o, como se diría en política, de los posible. Santos lo sabe y sabe que le queda poco tiempo para consolidar este proceso y, con él, sus chances de reelección.

Marina Silva decidió unirse al Partido Socialista

La líder ambientalista de Rede Sustentabilidade optó por unirse al grupo liderado por Eduardo Campos, luego de que la justicia electoral le negara la aprobación de su nuevo partido. 

Dos ex integrantes del oficialismo sellaron este sábado una alianza electoral en vista de las elecciones presidenciales del año que viene, que no puede dejar de preocupar al Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff. Se trata del Partido Socialista de Brasil (PSB), cuyo líder es el gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, y la Rede Sustentabilidade fundada por la ambientalista Marina Silva.

La alianza surge luego de que la justicia electoral consideró que faltaban 50.000 firmas a las a las más de 490.000 necesarias para que la Rede fuera reconocida como partido político. Marina Silva aceptó a último momento integrar la alianza con el partido que “más afinidad presenta con sus programas” entre los que habían abierto sus puertas a quien es hoy la figura que sigue de cerca a la presidenta Rousseff en intención de votos. Por su parte, el PSB es el grupo que más ha crecido en las últimas citas electorales, si bien Eduardo Campos se ubica bien lejos de Marina Silva en cuanto a intención de votos.

Silva fue fundadora del PT junto al ex presidente Inacio Lula da Silva, en el que militó durante 30 años. Llegó a ser ministra de su gabinete, antes de tomar distancia debido a las diferencias con un pragmatismo que llegaba a soslayar las cuestiones éticas que, hoy, la calle reclama insistentemente a los políticos de Brasil. En las últimas elecciones presidenciales consiguió el 20 por ciento de los votos, con un discurso fuertemente marcado por los valores éticos. Su curriculum político, absolutamente intachable, hace de ellas una de las figuras con chances de ser presidenta el año que viene. Campos, en cambio, decidió hace poco dejar la alianza de gobierno para competir autónomamente en las elecciones de 2014. Si bien su partido no pasó a filas de la oposición, decidió retirar los dos ministros que el PSB tenía en el gobierno de Dilma Rousseff para poder mantener una actitud crítica respecto de la gestión del Ejecutivo.

Posiblemente, ambos grupos coinciden en la aspiración a integrar la tercera fuerza del país, entre el PT y su adversario directo y opositor,el Partido Social Demócrata de Brasil. La dispersión de votos existentes, ha llevado al PT a tener que contar con los votos del centrista Partido del Movimiento Democrático (PMDB), una agrupación tradicional vinculada a las esferas del poder más criticas del país. Algo bastante insólito para un gobierno que se caracteriza por definirse de izquierda y progresista.

La decisión de Silva fue un balde de agua fría para quienes creían que su carrera electoral había recibido un golpe letal. Sin embargo, está por verse si la decisión de afiliarse al socialismo

será aceptada por los electores que vieron en ella una esperanza y una alternativa posible a la política tradicional. Con su estilo humilde y transparente, Marina Silva afirmó no tener problemas en ser la vicepresidenta de Eduardo Campos. Quiere decir que todavía no está definida la fórmula presidencial. Se abre una nueva etapa en la política de Brasil.

Más de 200 muertos en un naufragio ante las costas italianas

En los últimos años más de 8.000 indocumentados que intentaban cruzar en embarcaciones precarias los 113 km que separan las costas italianas de África perecieron en cientos de naufragios. El cementerio de la pequeña isla de italiana de Lampedusa se encuentra desbordado. Para el Papa es una vergüenza lo que sucede.

El Papa Francisco no podía usar una palabra más eficaz para describir la indignación ante la muerte de más de 200 personas en el incendio y el vuelco de una de las tantas chatarras flotantes que intentan franquear los 113 km de mar que separan África de las costas de la isla italiana de Lampedusa: vergüenza . Los medios de comunicación utilizan un lenguaje edulcorado y presentan una parte de los hechos, el del conteo de las víctimas y el esfuerzo de algunos voluntarios, otros medios incluso hablan de una operación rescate, pero la realidad es que quinientas personas naufragaron a pocas distancias de la costa italiana y 350 de ellas perecieron o quedan desaparecidas ante la inoperancia de las autoridades italianas que, literalmente, se quedaron mirando.

El barco había salido del puerto líbico de Misrata cargado, como a menudo sucede, de inmigrante indocumentados que dejaban a sus espaldas los dramas de Somalia y de Eritrea, con la esperanza de encontrar un mejor destino en Europa. A media milla de la costa el barco comenzó a hundirse y para señalar la situación de peligro, alguien decidió prender un fuego utilizando trapos que había en el puente. Solo que las prendas y el piso estaban empapadas de combustible, por lo que en minutos el barco quedó envuelto por las llamas y finalmente zozobró. Había muchos niños y mujeres embarazadas entre los migrantes.

La pequeña isla de Lampedusa es la puerta de ingreso al Viejo Continente y hasta allí los traficantes de personas llevan muy a menudo a los miles de desesperados luego de quedarse con sus últimos dineros. Se estima que en estos años ha habido más de 8 mil muertos en el intento de alcanzar la isla. No es infrecuente que los contrabandistas, en realidad, echan al mar a los inmigrantes una vez que se encuentran distantes del puerto de salida. Hace apenas una semana, 13 inmigrantes eritreos perecieron a pocos metros de la playa, navegando en un barco colmado con cientos de personas.

El tema es que la ley italiana, exigida por los aliados de Silvio Berlusconi durante uno de sus gobiernos, ha transformado en delito ingresar al país indocumentados violando sin consideraciones por la situación de los miles de refugiados que buscan asilarse en Italia, aunque en realidad es Europa la meta de su viaje. Y ya ha habido a pescadores procesados por haber socorrido a las víctimas de un naufragio en el mar que separa Italia de África, a esta altura un verdadero cementerio.

Es lo que sucedió anteayer, ya que según algunos sobrevivientes tres pesqueros pasaron de largo sin prestar ayuda. Pero otros voluntarios que salieron valientemente a rescatar a los náufragos denunciaron en las redes sociales la inoperancia de la guardia costera que no intervenía en espera de “instrucciones de sus superiores” mientras a su alrededor la gente se ahogaba. La sofisticada instrumentación de la que es dotada la armada, puede tener bajo control el fenómeno de los inmigrantes e intervenir con eficiencia.

La intendente de Lampedusa hace poco escribió a las autoridades de la Unión Europea denunciando dramáticamente: “¿Cuán grande debe ser el cementerio de mi isla”. Italia es parte de la Unión Europea y hace falta una normativa más clara al respecto, pues difícilmente la región puede cerrarse tan duramente al ingreso de extranjeros. 

Durante el rescate de los que fue posible salvar, varios socorristas lloraban ante tanto sufrimiento y ante tanta injusticia. Los partidos de derecha responsable de la ley que impide incluso tener piedad, acusan cínicamente de “buenísmo” a aquella parte de la sociedad civil se pide derogar la ley, crear un corredor humanitario y considerar bajo el régimen de asilo político a los miles de inmigrantes. Acaso a eso se refiere el Papa cuando habla de vergüenza.