Varios mandatarios de la región estarán presente en la ceremonia de asunción. Un país que afianza año tras año su estabilidad. Entre los principales objetivos del nuevo gobierno, figura la reducción del elevado nivel de desigualdad.
Con la presencia de varios mandatarios de la región, hoy Michelle Bachelet asumirá la presidencia de Chile por segunda vez. Más allá de las pasiones políticas, cabe destacar la continuidad en el permanente crecimiento de la estabilidad institucional en el país, donde la alternancia en el poder se verifica sin ningún tipo de convulsiones políticas. Más allá de la orientación ideológica del Ejecutivo, Chile ha fijado pautas claras de política de Estado que hacen del país un socio confiable y previsible, para sus vecinos y una democracia en la que los poderes actúan en armonía y en modo ordenado.
La novedad de este nuevo mandato, el quinto de la centroizquierda, es la incorporación del Partido Comunista con la ampliación de la originaria Concertación a la Nueva Mayoría. Un tránsito que no ha sido fácil, por la persistencia en ciertos sectores de los comunistas de visiones superadas desde la caída del Muro de Berlín en convivencia con sectores de clara orientación liberal, sobre todo en ámbito de un sector clave como los demócratas cristianos.
Los primeros chisporroteos han aparecido con la nómina de figuras de segunda línea del Ejecutivo, que recibieron cuestionamientos por parte de los sectores más de izquierda y que, finalmente, debieron dar un paso al costado pese al respaldo manifestado por la mandataria electa.
Bachelet asume aceptando el desafío de consolidar el crecimiento registrado por la economía chilena durante el mandato del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, en un momento en que se prevé un cambio de escenario no favorable para el proyecto del nuevo gobierno. La promesa de adoptar 50 medidas de peso en los primeros cien días de gobierno, entre ellas la puesta en marcha de una reforma tributaria que debería por un lado mejorar la desigualdad, que es la más alta de América latina y de la OCDE, aumentando la carga tributaria del sector empresario y de quienes más ganan, y por otro, asumir los costos de proyectos como el de la educación gratuita. La otra promesa, es una reforma constitucional que permita superar el vicio de legitimidad de la actual Carta Magna, parida durante la dictadura de Pinochet. Los acuerdos alcanzados con sectores de la derecha, hacen prever que sería viable la reforma.
El tema de la lucha a la desigualdad es el que marca más claramente la diferencia entre el gobierno saliente y el entrante. Para el primero, la solución del problema está confiada sobre todo a la posibilidad de acceder al mercado, por lo tanto al potenciamiento del sector empresario y mejorando la oferta de empleo (y es cierto que el cuadrienio se cierra habiendo generado un millón de puestos de trabajo y el nacimiento de miles de nuevas empresas), más que sobre la determinación de la igualdad como clave para la defensa del bien común. Para la Nueva Mayoría, o al menos gran parte de ella, la intervención del Estado es clave para la determinación de las reglas del juego en el que los ciudadanos intervienen en de la mayor igualdad posible.
El problema principal es si el nuevo gobierno logrará realizar su proyecto y, de este modo, generar mayor confianza. Si bien es cierto que Bachelet asume con la legitimación conseguida en las urnas, al haber triunfado con más de 20 puntos sobre su adversaria en las elecciones presidenciales, también es un hecho que más de la mitad de los votantes prefirieron quedarse en sus casa. Es muy difícil que el programa de gobierno de la Nueva Mayoría pueda llevarse a cabo en cuatro años. Los resultados más contundentes de la reforma tributaria proyectada se verán más bien hacia el tercero año de gobierno.
Pero para conseguir esa continuidad, será clave dar claras muestras de estar cambiando las condiciones de desigualdad enquistadas en el sistema económico- productivo y social y así ganar la confianza de millones de ciudadanos que descreen de la política.
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