Un país indignado

Habría que estudiar cuidadosamente el fallo de la Cámara Penal de Tucumán para opinar certeramente sobre las motivaciones que llevaron a los jueces a desestimar las pruebas sobre el secuestro de Marita Verón, por el que había 13 personas acusadas de participar de una red de trata de mujeres.

Los testigos, entre ellos chicas que fueron sometidas en sórdidos prostíbulos que operan tras la fachada de wiskerías, hablaron de mujeres explotadas, amenazadas, vejadas y reducidas en esclavitud. Eso sucede al amparo de poderes que callan, encubren, protegen o participan en la explotación de esa actividad. En más de un caso denunciado por el periodismo se habló del precio de esa protección, y la  hermana Martha Pelloni acaba de confirmar casos de este tipo de protección en Corrientes.

Hubo casos en que mujeres que habían logrado escaparse, cuando fueron a buscar ayuda en la comisaría del lugar fueron devueltas a sus captores sin piedad. Hay mujeres que fueron obligadas a prostituirse y tuvieron como clientes a jueces y políticos locales. Otras suplicaron llorando inútilmente a sus clientes que denunciaran su caso. Una chica paraguaya recién después de varios meses de cautiverio logró que se apiadara de ella un cliente y presentara denuncia, pudiendo ser liberada.

Susana Trimarco logró la libertad de decenas de chicas, pero lamentablemente en diez años de lucha no logró liberar a su hija que, a esta altura, es muy improbable que siga viva. Ayer recibió con entereza el fallo que hoy indigna todo un país. Anunció que seguirá en su lucha por la justicia. Que a esta altura incluye luchar por una justicia independiente, no sólo a nivel federal, sino en todas las provincias del país.

Se sabe que nunca se pudo probar algo que toda la ciudad de Chicago y todos los Estados Unidos sabían perfectamente: que Al Capone era un peligroso mafioso a la cabeza de una red delictiva. Terminó su vida en la cárcel por no pagar impuestos. Fue el único delito que se le pudo probar ante un juez. La justicia es eso, para asegurar un juicio justo hay que probar los delitos, no es suficiente que todos sepamos lo que sucede. Pero es muy grave que, sabiendo lo que sucede, las autoridades públicas no intervengan con todo su poder, desde el perfeccionamiento de las herramientas legales a disposición, a elementales tareas de inteligencia para desbaratar las redes de prostitución.

Finalmente, una vez más, sobran elementos para concluir que en nuestro país la dependencia del poder judicial sea una llaga abierta.