Para superar los conflictos sociales

El de los conflictos en un tema candente en muchos países de América latina, donde hay centenares de pleitos socio ambientales. Surgen centros especializados en allanar contrastes entre los actores sociales.

Quien recorre varios de los países de América latina constatará la existencia de cientos de conflictos, muchos de los cuales son socio ambientales. El auge de los precios internacionales de minerales como el cobre, el oro, la plata, etc., atrae los intereses de muchas empresas. El debate sobre la sustentabilidad de la actividad extractiva está vigente y los conflictos con las comunidades campesinas o nativas son numerosos. De paso por Perú, me lo confirman las portadas de los diarios y de los informativos de televisión. En este contexto, actúan decenas de centros y oficinas que se dedican a facilitar la superación de conflictos de todo tipo, siendo a menudo insuficiente la solución judicial. Pero ¿cómo actúan estos centros? Lo converso con César Guzmán Barrón, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica de Lima, que en estos años pudo solucionar más de 900 problemáticas.

¿Cuál es el objetivo para superar un conflicto?

El conflicto es algo natural en nuestra vida. Surgen porque tenemos diferentes percepciones de un mismo hecho. Es necesario intervenir para lograr una paz interior de las personas –aspecto que considero muy importante–, y de la realidad donde se produce el conflicto. Cuando se logra la paz interior, el conflicto puede incluso transformarse en una oportunidad de crecimiento, de desarrollo o al menos de mejor relación.

¿Hay una filosofía para intervenir?

El camino de solución va por el lado de ayudar a ponerse en la posición del otro, entender su postura, porqué reacciona de una determinada manera, tratando de escuchar a las partes. Creo que incluso en ámbitos en que se necesita la reconciliación entre las partes, estas actitudes de escucha, de empatía pueden lograr este resultado.

A menudo, cada actor identifica al otro como el absoluto: para los campesinos o comuneros lo es la empresa minera, para ésta lo son la comunidad o los ambientalistas. ¿Cómo enfocar el problema con la mayor objetividad posible?

Lo primero es hacer una suerte de corte de quiénes son los principales actores de un conflicto. Podrá ser el Estado, a nivel central o local, podrá ser la sociedad civil, la empresa misma que quiere emprender minera, las comunidades que residen en esa zona, a veces desde hace siglos. En América latina, gran parte de la actividad extractiva se desarrolla en zonas alto andinas o de la selva, donde los pobladores son bastante pobres, y a menudo el Estado no está muy presente, los servicios de salud, educación, incluso agua y luz, son escasos o faltan. La improvisa aparición de estas empresas, con sus maquinarias y autorizadas por concesión, resulta ser un cuerpo extraño para esa comunidad campesina, que asusta.

La experiencia dice que la actividad minera a menudo ha dejado un impacto negativo importante a nivel ambiental.

Este antecedente influye en las personas, que difícilmente creen en las garantías que ofrecen las empresas concesionarias de que eso no se verificará. Por otro lado, a menudo el Estado juega el doble rol de promotor de la actividad y a la vez de fiscalizador de la misma. Lo cual socava su legitimidad.

¿Cuáles son las dimensiones de la actividad minera?

Perú invertirá 53 mil millones de dólares en minería en los próximos diez años. Además hay mucha informalidad: el año pasado se exportaron 3.000 millones de dólares de oro en modo ilegal y las actividades extractivas informales generaron 100.000 empleos directos y otros 500.000 indirectos. El problema es cómo encontrar un equilibrio entre este tipo de producción y el desarrollo independiente y sostenible, sobre todo el desarrollo humano, sin que se genere un impacto ambiental irremediable. De hecho, hay más de 130 conflictos socio ambientales en curso. En este sentido, se debe fortalecer mucho el rol del Estado para generar condiciones y obligaciones para las actividades autorizadas y no autorizar impactos irremediables.

¿Cómo se interviene en estos conflictos?

Hay tres momentos: antes de que se realice la explotación, el del proceso de estudio de impacto ambiental y la fase de operación de la actividad extractiva. Depende del momento en que se encuentra la actividad para lograr que se solucione el conflicto. Una vez identificados los actores, se dialoga con cada uno para determinar las principales preocupaciones, los puntos de encuentro y de desencuentro y así elaborar una estrategia, un camino que lleve a un resultado. Podrá ser una mesa de diálogo, una oficina que haga transparente la actividad de la empresa, o difundir información que no se conoce. Son sugerencias que permiten a las empresas y a las comunidades reconocerse en su rol de actores.

La parte delicada suele ser el estudio de impacto ambiental.

Nosotros apuntamos a que estos estudios sean participativos. Para eso la comunidad debe ser informada exhaustivamente y en términos entendibles para ella. Las personas deben poder entender en qué va a consistir esa actividad, etc. Hay que ayudar a la comunidad a superar la asimetría de poder que existe entre ella y la empresa. Este proceso debe culminar en una suerte de licencia social que se logra gracias a un estudio de impacto ambiental participativo. La última etapa abarca el monitoreo de la actividad una vez iniciada, que se cumplan las pautas de manejo ambiental y los compromisos sociales que asumió la empresa, como por ejemplo brindar recursos para la actividad agrícola que garantice la sustentabilidad en el tiempo de esa comunidad. Asimismo, nosotros proponemos que el proyecto debe prever qué pasará con el cierre de esa actividad, para que la comunidad siga en su desarrollo. Nuestra condición para intervenir es que después del cierre haya desarrollo, de lo contrario estamos engañando a la propia comunidad.

¿Por qué no recurrir a la justicia?

Porque no es suficiente. Conciliar las partes, alcanzar una solución satisfactoria es mucho más que establecer quién tiene derecho y quién no. En nuestro caso no hay perdedores y ganadores, sino que todos ganan.