El esquema de constitución y de funcionamiento de los organismos que conforman la ONU se debe al equilibrio de poderes existente entre las principales potencias al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos encabezaba el grupo de los países occidentales vencedores del conflicto, y había sido determinante para el desarrollo del conflicto mundial. Gran Bretaña y Francia eran las otras dos potencias con un imperio colonial de consideración. En ese entonces, la India y varios territorios de Asia y Africa estaban bajo el dominio britanico, y el Reino Unido había encarnado, entre 1940 y 1941, el espíritu de lucha del mundo libre enfrentando sola a Hitler hasta el ingreso en el conflicto de los Estados Unidos. Las reuniones cumbres de Teherán y Yalta, definitorias de los equilibrios mundiales, fueron protagonizadas por los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y Unión Soviética. Francia, por su parte, pese a su relativo aporte para el desenlace exitoso del conflicto -para el que jugaron un rol esencial la capacidad tecnológica y productiva de Estados Unidos y, en segundo lugar del Reino Unido-, era la segunda potencia colonial, con territorios que abarcaban el África francófona de la zona norte y subsahariana de ese continente, y los territorios de la entonces denominada Indochina (Vietnam, Laos, Cambogia). La entonces Unión Soviética figuraba entre los aliados, pero sólo hasta que duró la guerra, y representaba una super potencia que no podía quedar soslayada, también porque los aliados occidentales tenían claro que sería difícil frenar su expansionismo, como evidenció la adhesión al bloque socialista de parte del Este europeo, consagrado en 1955 por el Pacto de Varsovia. A su vez, China ya se perfilaba como potencia asiática, un gigante poco conocido, aun poco conocido, pero que había colaborado a derrotar al agresor japonés en el frente asiático de la Segunda Guerra Mundial.
La idea de un Consejo de Seguridad, con estos cinco miembros, cada uno con un poder de veto sobre las resoluciones, que actuara como órgano de conducción del organismo e interviniera en las situaciones de emergencia respondió precisamenta a ese contexto en el cual era reciente la experiencia bélica, la persistencia de peligros para la paz y la necesidad de reconstruir una convivencia internacional.
La presencia de otros 10 países como miembros rotativos del Consejo de Seguridad no pudo en estas décadas lograr una mayor distribución su poder decisional. Si en esa primera etapa, por otro lado marcada por el rápido comienzo de la Guerra Fría, ese esquema pudo responder ante todo a la necesidad de instituir ese organismo supranacional que fuera un ámbito de discusión y de diseño de proyectos comunes (pensemos al rol de UNESCO en la cultura, UNICEF en materia de infancia, de la FAO en la lucha contra el hambre), con el pasar de los años quedó obsoleto y superado por las circunstancias.
Hoy nadie puede seriamente fundamentar las razones por las que Francia o Reino Unido y hasta de la misma Rusia, tienen ese derecho y no lo tienen países como India, Indonesia, Sudáfrica, Alemania, Japón, Brasil o Nigeria. De a uno, todos los imperios, coloniales o políticos, se han derrumbado: el de Francia, como el de Gran Bretaña, como el de la misma Unión Soviética y queda en pie, por la vía de los hechos, el sistema imperial de los Estados Unidos.
En las circunstancias actuales, no se puede considerar democrática la herramienta de un derecho de "veto" por parte de algunos. Un ámbito decisional, aunque representado por un grupo restringido de países que poseen una economía o una población relevante en el equilibrio del planeta, debería funcionar en base a un esquema democrático, en todo caso dotado de mayorías especiales. Tal como la aceptación de un nuevo país miembro debe recibir los 2/3 de los votos, podría pensarse un equilibrio de este tipo en un consejo de seguridad formado por un equlibrado grupo de miembros representando por países industrializados y emergentes.
Sin duda, precisamente en pos de una mayor democracia, habría que reconsiderar incluso el esquema de funcionamiento de la Asambla General, puesto que no es lo mismo el peso político del voto de un país con cientos de millones de habitantes y el de otro con un número sensiblemente menor. La pregunta es si, como ha hecho la Unión Europea, no convendrá una suerte de Camara Baja global sobre base poblacional.
A su vez, la actual dependencia de los gobiernos de los países miembros del Consejo de Seguridad por parte del Secretario General de la ONU termina por limitar el rol asignado a esta figura a funciones poco más que representativas. Y por esa razón las potencias industrializadas no han tenido inconvenientes de dejarlos a figuras provenientes de países del Tercer Mundo o emergentes (Vietnam, Egipto, Corea, etc.).
Sin embargo, la dirección general del Fondo Monetario Internacional, y la presidencia del Banco Mundial, dos lugares claves, sigue siendo asignadas según una práxis ya afirmada respectivamente a los Estados Unidos y a Europa. Una reforma de la ONU debería incluir entre otras cosas la recuperación de estos dos organismos que, junto a la Organización Mundial del Comercio, nacieron para reconstruir el orden mundial económico. Su recuperación significa también fijar un esquema de principios jurídicos a los cuales deberían ajustarse estos organismos multilaterlaes, muy influyentes a la hora de incidir en la economía global, pero poco transparentes en el uso de su poder, a menudo transformado en principios rectores superiores a los principios generales del derecho asumidos como tales por gran parte del mundo occidental. El FMI ha tolerado, por ejemplo, el recurso de préstamos a tasas usureras en muchos casos, en perjucio por ejemplo de los principios jurídicos que repudian la usura.
También hay quien plantea instituir ad latere de la Asamblea General una que represente a la sociedad civil internacional. Es decir una asamblea de organizaciones que trabajan los incontables campos de acción representativa de intereses que no siempre los gobiernos logran llevar en el seno de la ONU por diferentes razones.
La reforma parece ser no sólo necesaria, sino urgente, puesto que de seguir así es muy prabable que la ONU termine por perder la poca autoridad moral acumulada en estas décadas, siendo hoy demasiado influida por los intereses políticos de un puñado de potencias.