En la
Argentina no faltan denuncias por corrupción, investigaciones y procesamientos. Lo que faltan son sentencias que castiguen a los culpables. La secuela de episodios
resonantes, con detalladas investigaciones, incluidas las cámaras ocultas de
los medios de comunicación, alcanza a funcionarios de todos los niveles, desde
empleados ministeriales hasta ex presidentes, pasando por concejales y demás.
La corrupción no es una
novedad. Tuvimos una década calificada por muchos como poco transparente, la de
los noventa: los “gastos reservados” transformados en ingresos particulares,
las privatizaciones, los canjes de la deuda sospechados de favorecer a
consultoras y funcionarios, el episodio de la “Banelco” por la nueva ley
laboral que ensombreció el arranque del gobierno de la Alianza, encabezado por
Fernando de la Rúa.
El problema no se limita al ámbito político. Una fuente del
Poder Judicial, a título de ejemplo, mencionó a Cn revista una empresa de renombre vinculada con contrabandos de autos
bajo secuestro judicial, y los “arreglos” en las licitaciones públicas. Otro
dato más que inquietante es la frecuencia con que las propias fuerzas de
seguridad aparecen vinculadas con el entramado delictivo. Sin olvidar la tan
mentada viveza criolla, a menudo especialista en buscar “atajos” a la ley. En fin, en la Argentina tenemos
un problema serio vinculado a la ética y la moral. No es posible abarcar en
estas líneas una problemática tan compleja, por lo tanto, volveremos al tema
desde diferentes enfoques en próximas entregas. Esta vez nos ocupa la
independencia del Poder Judicial.
Un
círculo vicioso
El poder político, en un
sistema como el nuestro, tiene capacidad de condicionar a la Justicia. “El
círculo en algunos casos es perfecto – comentó a Cn revista la ya citada fuente del Poder Judicial– porque el poder
político ampara a la fuerza policial vinculada con el delito. Ésta libera zonas
o cobra una tarifa a la actividad ilegal o ilícita, y jueces complacientes o
fiscales inactivos traban luego la investigación”. La más reciente sentencia ha
sido la del llamado “robo del siglo” al Banco Río de Acassuso, cuyos
responsables recibieron penas de entre 9 y 15 años de prisión. Los que conocen
a fondo el ambiente no dudan en coincidir en que “no tenían protección
política”.
Es difícil probar estos
delitos? “La investigación en sí no es para nada complicada –comenta un
magistrado–, hay delitos que con investigaciones muy sencillas se pueden
probar”. Y cita el caso de una cárcel en la que entre los alimentos para los detenidos se encontraron restos de
carne tipo D (no apta para consumo humano), pero que fue adquirida a precios de
carne de exportación. “¿Cree que es difícil determinar quién hizo las compras y
quién entregó la carne? Una justicia independiente –concluye– llegaría con muy
poco trabajo a reunir las pruebas necesarias”.
La afirmación incluye una
indicación grave: el sistema penitenciario argentino es un ámbito importante de
corrupción, desde la construcción edilicia hasta la comida, los medicamentos y
los favores. Todo parece tener precio en un sistema denunciado por las Naciones
Unidas por las constantes violaciones a los derechos humanos, sobre todo en las
provincias de Mendoza y Buenos Aires. “¿Por qué cree que hay torturas en las
cárceles?”, inquiere la fuente consultada. “¿Para que hablen? No, en todo caso
eso sucedería en las comisarías. Es por lo contrario: para que no hablen. Los
encarcelados para algunos son un negocio”.
Para Sabsay es un problema
recurrente en nuestra historia, aunque señala que hay etapas en que se acentúa
y otras en las que se trata de buscar soluciones. “En este momento –agrega–
creo que el problema se ve más agudizado”. ¿Reformar la Constitución
podría ser parte de la solución? “El inconveniente mayor radica en el modo de
aplicar la Constitución. El primer problema grave es el Consejo de la
Magistratura, que ya de por sí, como organismo, es muy cuestionable. Desde que
se hizo la modificación en 2006 y se aseguró una presencia determinante para el
oficialismo, encontramos una enorme dificultad para que los jueces puedan
actuar de manera independiente, sobre todo en las cuestiones que eventualmente
comprometen la responsabilidad de los funcionarios”, dice el
constitucionalista.
¿Cómo afrontar el problema?
“Siempre trato de ser optimista –prosigue– pero tampoco puedo mirar para otro
lado. La situación es muy grave. Creo que la ciudadanía tiene que actuar tanto
apoyando a las organizaciones no gubernamentales que trabajan a sol y sombra
para que esta situación cambie y también premiando o castigando a aquellos
funcionarios y candidatos que tienen (o no) el compromiso de luchar contra la
corrupción”.
Sobre
este último punto coincide el fiscal Fernando Domínguez, de la Fiscalía 4 de
San Martín, provincia de Buenos Aires. El funcionario, que conoce muy bien la
realidad del conurbano, opina que el número de delitos, luego de un pico en
2001, está disminuyendo. “Según el sociólogo Ricardo Sidicaro –agrega– vivimos
en sociedades muy participativas. Hoy la gente reclama justicia, organiza
manifestaciones. Quizá lo hace de manera aún desorganizada e inorgánica,
desordenada. Pero la participación ciudadana existe. En el área de los derechos
humanos ha permitido no bajar la guardia, y hoy los represores de la dictadura
militar están siendo juzgados. Participan democratizando las instituciones,
controlando a los organismos de investigación y a las fuerzas policiales. Los
gérmenes se reproducen en la oscuridad y el entramado empieza a desenmascararse
iluminando, poniendo en conocimiento de la ciudadanía lo que sucede, haciendo
funcionar nuestro sistema republicano”.
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