Mientras crece el repudio en la región por la irregular destitución
de Fernando Lugo como presidente de Paraguay, las cancillerías están
trabajando para definir y adoptar una línea común. Anoche el Congreso
argentino votó por unanimidad una moción de repudio de la ruptura del
orden democrático en el vecino país.
Por lo pronto el presidente Federico Franco, quien ha sucedido a
Lugo luego del juicio político llevado a cabo en forma casi fulminante,
no ha sido invitado a la cumbre del Mercosur que se realizará el jueves y
el viernes en Mendoza. Sin embargo, ha sido invitado el ex presidente
Lugo, quien además ha anunciado la constitución de un gobierno sombra
que monitoreará la realidad de Paraguay.
Parece difícil que se adopten medidas extremas, como la expulsión del
país guaraný del Mercosur, según el texto de la cláusula democrática
por la que los países socios se comprometen a no romper el orden
institucional. El juicio político siguió la norma constitucional, pero
sólo en la forma ya que negó los derechos del debido proceso a Lugo,
quien dispuso apenas de dos horas para presentar sus descargos.
La relativa cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para
abril de 2013, o sea en nueve meses, fecha en que habría caducado el
mandato de Lugo, permite hipotizar un pronto regreso al orden
institucional en Paraguay. Dada la situación, es de esperarse que estos
comicios contarán con un nutrido grupo de observadores de la región para
vigilar contra eventuales fraudes.
El dilema es que las sanciones que más pueden ser eficaces en estos
casos son económicas. Sin embargo, en ese caso quienes serían castigados
por las mismas no sería el restringido grupo de dirigentes del país que
digitó la destitución de Lugo, sino la población paraguaya. Las
sanciones económicas se aplicarían a un contexto en que los dos pilares
de la economía local ha recibido un duro golpe: la sequía redujo a la
mitad la cosecha de soja y un brote de fiebre aftosa reducirá las
exportaciones de carnes. Aparece por lo tanto poco razonable castigar
una economía en la que la desigualdad imperante permite que un 38 por
ciento de la población viva en la pobreza.
Cabe esperar, por ende, medidas diplomáticas como el retiro de
embajadores, un enfriamiento de las relaciones de Paraguay con UNASUR y
MERCOSUR, pero no mucho más que eso. En espera que el tiempo sane esta
herida y que el mismo sistema democrático paraguayo genere sus propios
anticuerpos. Luego del caso de Honduras, en 2009, y ahora en Paraguay,
la región debe aprender a ser mucho más vigilante y actuar en forma más
preventiva para defender la democracia.
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