Un silencio muy oportuno

Se sabe de los millones de barriles de petróleo derramados en el Golfo de México y de la magnitud del desastre en las costas de los Estados Unidos. Sin embargo, lo mismo sucede en el Delta del río Níger pero sin repercusiones mediáticas.

La opinión pública no se enterará de buena parte de las gestiones y cuestiones inherentes al gigantesco derrame de petróleo que se produjo a partir del 20 de abril en el Golfo de México. Ese día, una explosión en la plataforma de la petrolera BP, la Deepwater Horizon, mató a once personas al tiempo que un pozo ubicado a 1.500 metros de profundidad comenzó a verter su contenido en el mar. Durante semanas, la mancha de crudo se expandió, imparable, y recién en julio los técnicos pudieron controlar la situación. El modo poco transparente de actuar de compañías petroleras como BP quedó al descubierto. Se ignoraron medidas de seguridad, los intentos para resolver e problema fracasaban uno tras otro y la información sobre la entidad del derrame por parte de la compañía resultó ser falsa: en el mar penetraba a diario el doble del crudo declarado.

La imagen del presidente Barack Obama bramando furioso contra BP y dispuesto a “patear traseros” entre los dirigentes irresponsables e ineficientes pareció una sobreactuación a beneficio de los ciudadanos norteamericanos azorados ante la magnitud del desastre, de los trabajadores de la pesca de la costa de Louisiana y de las ONG ecologistas – que mueven muchos votos – irritadas ante el peor desastre ecológico de este tipo.

Sin embargo, Mr. Obama no puede confesar libremente que es uno de los beneficiados por los aportes de BP a las campañas electorales. Y tampoco puede admitir  la embarazosa situación heredada de su predecesor George W. Bush, quien no bien instalado en la Casa Blanca contribuyó a diseñar un sistema que favorece los intereses de la compañías petroleras al dejar que ellas mismas inspiraran la reglamentación y el sistema de control sobre su actividad. Lo tuvo que admitir el Mineral Managemente Service, teniendo presente que además los sistemas de vigilancia y de control para evitar explosiones como la del 20 de abril están bajo la órbita del Instituto estadounidense del petróleo, organismo controlado por los representantes de empresas del ramo petrolero y gasífero.

En efecto, la decisión de los directivos de BP de poner a disposición 20 mil millones de dólares para costear los daños producidos debió haber sido fruto de sigilosos y no menos ocultos contactos entre la Casa Blanca y la empresa. Hay mucho silencio sobre la actividad de las petroleras, un silencio que el dinero puede comprar. 

¿Qué pasa en África? 

Si las cosas no estuvieran tal como están, se sabría que el desastre del Golfo de México no es el único ni el más grave que se conozca sino el que más atención mediática ha recibido. Del otro lado del Atlántico, en el Golfo de Guinea, más precisamente en el Delta del río Níger, se consuma un drama aún más grave. Los más de 600 pozos para la extracción del petróleo de varias compañías como BP y Shell y los oleoductos objeto de atentados, a menudo en malas condiciones, han contaminado gravemente la tierra y las fuentes de agua del subsuelo. La expectativa de vida de los pobladores de la zona es de apenas 40 años.

Para el escritor Ben Ikari, miembro del pueblo ogoni, “las compañías petroleras simplemente no hacen caso. A los legisladores (nigerianos) no les importa y la gente debe vivir con la contaminación a diario. Cuando veo los esfuerzos que se están realizando en los Estados Unidos, siento mucha tristeza por la doble moral. Lo que hacen allí o en Europa es muy diferente”. De hecho, la página web de BP informa sobre lo que se está haciendo en el Golfo de México pero no hace mención a lo que sucede en Nigeria.

Para Ben Amunwa, del observatorio petrolero Platform de Londres, en pocos años “los vertidos en alta mar en Nigeria han empequeñecido la magnitud de la catástrofe del Exxon Valdez por mucho. Las estimaciones ubican a los vertidos en el Delta del Níger entre los peores del planeta, sin tener en cuenta el petróleo de las aguas residuales y el venteo de gas (la quema de excesos de gas). Empresas como Shell siguen evitando el control independiente y mantienen datos clave bajo secreto”.

Pese a ser productor de petróleo, la escasez de gasolina es habitual en Nigeria. En 1998, cientos de personas se juntaron para reunir el goteo de combustible de un oleoducto dañado. La gente concurría con baldes y otros contenedores con la esperanza de vender luego el producto. Una chispa fue suficiente para que 1.500 personas murieran quemadas.

El petróleo nigeriano, por otro lado, no es indiferente para los Estados Unidos, puesto que en el Delta del Níger se extrae el 40% del crudo que importa el país norteamericano. Es decir, Nigeria tiene un valor estratégico y geopolítico tan alto como el de Iraq o Afganistán. Tal debe ser el motivo por el cual las periódicas denuncias de Amnistía Internacional y de otras organizaciones ambientalistas suelen caer en un saco roto.

Lo que acontece en el Delta del Niger no es una de las tantas historias olvidadas sino que es silenciada por intereses muy poderosos. El primer paso para cambiar esta situación consiste en romper el muro de silencio.

A parte 

Una venta sospechosa

¿Cuándo comenzó el derrame de petróleo en el Golfo de México? La financiera Goldman Sachs, en los primeros meses de 2010, se liberó de gran parte de las acciones de la petrolera BP. Sin embargo, Peter Sutherland, director no operativo de Goldman Sachs Internacional, subsidiaria de la financiera, fue presidente de BP hasta 2009. La venta de acciones por 270 millones de dólares, ante el derrumbe de las cotizaciones por el derrame, evitó perder el 36% de su valor.

¿Obama o los EE.UU. en su peor momento?

Disparen sobre Obama, podría ser el santo y seña de estas semanas. Total, argumentos van a encontrar.Algún día el inquilino de la Casa Blanca descubrirá - si ya no lo hizo- que incluso cometió el error de aceptar un inmerecido Nobel de la paz. La prudencia hubiera sugerido declinar elgantemente un reconocimiento apresurado y sin motivos válidos. Cuando llegará el tiempo de campaña, no es difícil imaginarse a algún adversario utilizar este tema para poner en discusión sus aptitudes.
Sin embargo, se habla mucho de lo que el inquilino de la Casa Blanca no ha hecho y muy poco, demasiado poco, de la situación que heredó.
A no olvidarlo: Obama asumió en enero y pocos meses después el país estaba sumido en la peor crisis financiera de su historia, acaso superior al crack de 1929. Cuarenta millones de estadounidenses corrían el riesgo de perder su vivienda. Mientras que grandes corporaciones financieras tenían que admitir haber mentido para captar inversionistas sore títulos basura que Wall Street aceptó como buenos y con sus popes también los financistas de medio mundo pese a que era evidente que se tratara de una burbuja especulativa de dimensiones gigantescas. Otras, directamente quebraron arrastrando el planeta hacia el abismo. Ya antes de la crisis millones de compatriotas no recibían asistencia médica, y un 10% de la población directamente era pobre. Hace poco, suelto de cuerpo, un legislador explicó que no había 30 mil millones de dólares para asistir a los desempleados, pero sí se podían rebajar 600 mil millones de impuestos a los sectores más ricos. El american dream en realidad se estaba transformando en el sueño de un restringido grupo de ricos para los cuales el país sí funcionaba de maravillas. Mientras que para el resto se le hace muy cuesta arriba superar los embates de la libertad total del mercado.
Obama se encontró con un presupuesto militar absolutamente sobredimensionado, cercano al millón de millones de dólares gastados en base a una cultura de la paranoia y del terror de atentados que no resisten a un análisis más atento y no prejuicioso. El páis mantiene 250 mil soldados ocupando dos países donde reina la inestabilidad: un veradero fracaso que ha provocado unos 6 mil efectivos muertos y unos 50 mil heridos, muchos con consecuencias duraderas. Tres millones de millones de dólares costará este conflicto que ha provocado suculentas ganancias a un grupo de empresas conectadas con el entorno del ex presidente Bush. Cada día 18 veteranos de Iraq o Afganistán se suicidan.
Como nunca los Estados Unidos reciben escasas simpatías a lo largo y ancho del planeta. El reciente desastre petrolero del Golfo de México, una vez más, ha revelado las ocultas componendas del entorno de Bush con las compañias petroleras que han sido inspiradoras de la reglamentación de su actividad e integran además la entidad que debería controlarlas. Este contubernio con las empresas privadas llegó a extremos en Iraq donde hay empresas que bajo el amparo de la "administración delegada" simplemente pasaban facturas de gastos a los que agregaban un porcentaje de ganancias. Algunas deben responder por 18 mil millones de dólares gastados de este modo, sin control alguno. Y las razones comerciales obedecen también al hecho de haber impulsado el único golpe de Estado de 2008, el de Honduras. Posiblemente, algo que los republicanos que mueven hilos del poder detrás de las bambalinas impusieron a la administración Obama.
Otro regalo de Mr. Bush.
La pregunta entonces, más allá de las responsabilidades políticas que le caben al primer presidente negro de los Estados Unidos: ¿qué tanta autoridad puede ejercer la máxima magistratura de la primera potencia mundial, la cabeza de un imperio sobre el cual hoy no se pone el sol? ¿De cuánto poder dispone si quiere introducir cambios de sustancias en un sistema cuyo "aparato militar e industrial", para usar las palabras del presidente Eisenhower, hasta tiene fuerza para digitar a sus hombres en los gabinetes que ocupan la Casa Blanca? ¿Qué capacidad tiene este sistema democrático, quizás uno de los mejores, para hacer transparente lo que hoy es oculto?
Obama aceptó entrar en el juego, y por ello quizás merece las críticas que se le formulen. Nadie lo obligó y formuló promesas que a todas luces no está siendo capaz de cumplir.
¿Pero es porque no sabe o porque no puede?

Corrupción: faltan sentencias

En la Argentina no faltan denuncias por corrupción, investigaciones y procesamientos. Lo que faltan son sentencias que castiguen a los culpables. La secuela de episodios resonantes, con detalladas investigaciones, incluidas las cámaras ocultas de los medios de comunicación, alcanza a funcionarios de todos los niveles, desde empleados ministeriales hasta ex presidentes, pasando por concejales y demás.

La corrupción no es una novedad. Tuvimos una década calificada por muchos como poco transparente, la de los noventa: los “gastos reservados” transformados en ingresos particulares, las privatizaciones, los canjes de la deuda sospechados de favorecer a consultoras y funcionarios, el episodio de la “Banelco” por la nueva ley laboral que ensombreció el arranque del gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa.

El problema no se limita al ámbito político. Una fuente del Poder Judicial, a título de ejemplo, mencionó a Cn revista una empresa de renombre vinculada con contrabandos de autos bajo secuestro judicial, y los “arreglos” en las licitaciones públicas. Otro dato más que inquietante es la frecuencia con que las propias fuerzas de seguridad aparecen vinculadas con el entramado delictivo. Sin olvidar la tan mentada viveza criolla, a menudo especialista en buscar “atajos” a la ley. En fin, en la Argentina tenemos un problema serio vinculado a la ética y la moral. No es posible abarcar en estas líneas una problemática tan compleja, por lo tanto, volveremos al tema desde diferentes enfoques en próximas entregas. Esta vez nos ocupa la independencia del Poder Judicial.

Un círculo vicioso

El poder político, en un sistema como el nuestro, tiene capacidad de condicionar a la Justicia. “El círculo en algunos casos es perfecto – comentó a Cn revista la ya citada fuente del Poder Judicial– porque el poder político ampara a la fuerza policial vinculada con el delito. Ésta libera zonas o cobra una tarifa a la actividad ilegal o ilícita, y jueces complacientes o fiscales inactivos traban luego la investigación”. La más reciente sentencia ha sido la del llamado “robo del siglo” al Banco Río de Acassuso, cuyos responsables recibieron penas de entre 9 y 15 años de prisión. Los que conocen a fondo el ambiente no dudan en coincidir en que “no tenían protección política”.

Es difícil probar estos delitos? “La investigación en sí no es para nada complicada –comenta un magistrado–, hay delitos que con investigaciones muy sencillas se pueden probar”. Y cita el caso de una cárcel en la que  entre los alimentos para los detenidos se encontraron restos de carne tipo D (no apta para consumo humano), pero que fue adquirida a precios de carne de exportación. “¿Cree que es difícil determinar quién hizo las compras y quién entregó la carne? Una justicia independiente –concluye– llegaría con muy poco trabajo a reunir las pruebas necesarias”.

La afirmación incluye una indicación grave: el sistema penitenciario argentino es un ámbito importante de corrupción, desde la construcción edilicia hasta la comida, los medicamentos y los favores. Todo parece tener precio en un sistema denunciado por las Naciones Unidas por las constantes violaciones a los derechos humanos, sobre todo en las provincias de Mendoza y Buenos Aires. “¿Por qué cree que hay torturas en las cárceles?”, inquiere la fuente consultada. “¿Para que hablen? No, en todo caso eso sucedería en las comisarías. Es por lo contrario: para que no hablen. Los encarcelados para algunos son un negocio”. 

El profesor Daniel Sabsay, abogado y constitucionalista, se refirió a la gravedad del tema:  “Los organismos específicos de investigación como el Ministerio público y la Oficina Anticorrupción han sido enormemente debilitados. Manuel Garrido renunció a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas porque no lo dejaban investigar y porque el Procurador general, Esteban Righi, había limitado enormemente sus posibilidades de actuación. Por lo tanto, lejos de apoyar las investigaciones, se entendía que existía un pacto de impunidad. En la Oficina Anticorrupción ha pasado algo similar. En la Justicia Federal, en la Justicia en lo Penal y Económico, muchos jueces carecen de la independencia o del apoyo necesarios para llevar a cabo la recolección de las pruebas y las pericias. La independencia del Poder Judicial y de los organismos de control es clave. Si no se garantiza, y es tarea fundamental del Ejecutivo, no podrá luchar contra la corrupción”.

Para Sabsay es un problema recurrente en nuestra historia, aunque señala que hay etapas en que se acentúa y otras en las que se trata de buscar soluciones. “En este momento –agrega– creo que el problema se ve más agudizado”. ¿Reformar la Constitución podría ser parte de la solución? “El inconveniente mayor radica en el modo de aplicar la Constitución. El primer problema grave es el Consejo de la Magistratura, que ya de por sí, como organismo, es muy cuestionable. Desde que se hizo la modificación en 2006 y se aseguró una presencia determinante para el oficialismo, encontramos una enorme dificultad para que los jueces puedan actuar de manera independiente, sobre todo en las cuestiones que eventualmente comprometen la responsabilidad de los funcionarios”, dice el constitucionalista. 

¿Cómo afrontar el problema? “Siempre trato de ser optimista –prosigue– pero tampoco puedo mirar para otro lado. La situación es muy grave. Creo que la ciudadanía tiene que actuar tanto apoyando a las organizaciones no gubernamentales que trabajan a sol y sombra para que esta situación cambie y también premiando o castigando a aquellos funcionarios y candidatos que tienen (o no) el compromiso de luchar contra la corrupción”.  

Sobre este último punto coincide el fiscal Fernando Domínguez, de la Fiscalía 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires. El funcionario, que conoce muy bien la realidad del conurbano, opina que el número de delitos, luego de un pico en 2001, está disminuyendo. “Según el sociólogo Ricardo Sidicaro –agrega– vivimos en sociedades muy participativas. Hoy la gente reclama justicia, organiza manifestaciones. Quizá lo hace de manera aún desorganizada e inorgánica, desordenada. Pero la participación ciudadana existe. En el área de los derechos humanos ha permitido no bajar la guardia, y hoy los represores de la dictadura militar están siendo juzgados. Participan democratizando las instituciones, controlando a los organismos de investigación y a las fuerzas policiales. Los gérmenes se reproducen en la oscuridad y el entramado empieza a desenmascararse iluminando, poniendo en conocimiento de la ciudadanía lo que sucede, haciendo funcionar nuestro sistema republicano”.