Este domingo los colombianos tendrán que elegir entre seguir en el proceso de paz comenzado por el presidente Juan Manuel Santos o regresar a la opción militar de derrotar con las armas a la guerrilla de las FARC que plantea Osvar Iván Zuluaga.
A tres días de las elecciones presidenciales colombianas, los dos principales candidatos de una campaña fuertemente polémica, el actual presidente Juan Manuel Santos, y el opositor Oscar Iván Zuluaga se encuentran con las intenciones de voto prácticamente empatadas, en el 30 por ciento, mientras que los demás candidatos se estancan, lejos, sin superar el 10 por ciento.
Anoche, los cinco candidatos presidenciales participaron de un debate televisivo para debatir sus propuestas. Hubo duras acusaciones cruzadas entre Santos y Zuluaga. El primero acusó al candidato del Centro Democrático de querer boicotear el delicado proceso de paz con la guerrilla de las FARC, al haber contactado un hacker, hoy detenido, según muestra una grabación de video. Por su parte, el presidente fue acusado de haber recibido en 2010 dinero del narcotráfico para su campaña electoral.
El tema central de este debate es, en realidad, cómo Colombia debe afrontar su futuro inmediato, es decir cómo superar de una vez por todas casi medio siglo de conflicto interno y cómo seguir insertándose en el mundo, aprovechando una coyuntura que le es favorable.
Zuluaga es un economista con experiencia de gestión empresaria, de fuerte vinculación con el ex presidente Álvaro Uribe, como en su momento la tuvo el propio presidente Santos. Uribe representa la solución militar ante el conflicto con la guerrilla y se opone terminantemente al actual proceso de paz. Durante su gobierno, del que Santos fue ministro de Defensa, se pudieron asestar importantes golpes a la guerrilla y recuperar la libertad de trasladarse de una ciudad a otra, luego de años durante los cuales la ciudadanía vivió virtualmente sitiada por los insurgentes. Sin embargo, mantener esta opción militar seguían manteniendo el país en la lógica de un conflicto interno que sólo podrían acabar con la total derrota militar de los enemigos.
Durante su gestión, Uribe condujo el país hacia el aislamiento respecto de la región, con un alineamiento ideológico con la política de Washington. El enfrentamiento y la ruptura de relaciones con Venezuela fue muestra de ello.
Santos conocía muy bien las contrapartidas de estas políticas y optó por romper sus lazos con Uribe al asumir como presidente. Restableció lazos con Venezuela y el resto de la región, y tuvo la lucidez de considerar que una guerra, aún en el caso de ganarla, siempre supone víctimas y también atropellos, vencedores pero también vencidos. Con la ulterior complicación de que en un conflicto interno, todos estos actores y sus heridas abiertas comparten el mismo territorio y a menudo la misma comunidad. De ahí su opción por entablar negociaciones de paz con las FARC.
Lo asiste el convencimiento, que no es sólo el suyo sino también de muchos sectores económicos, de que el país tiene mucho que ganar si logra superar este conflicto, pudiendo incluso disputar a la Argentina el tercer lugar como economía más poderosa de América latina luego de Brasil y México, lo cual significa asegurar crecimiento y desarrollo para todo el país. Colombia sigue creciendo entre un 4 y un 5 por ciento anual y su PBI se acerca a los 450 mil millones de dólares, mientras que la Argentina se ha estancado, con un PBI cercano a los 650 mil millones de dólares.
No ha sido, ni será un proceso fácil. Las FARC están tratando de sacar todas las ventajas posibles, aprovechando de que, además, no se ha establecido una tregua militar durante las negociaciones. Los guerrilleros saben que el seguir en el conflicto no tiene futuro, pero necesitan asegurarse sus supervivencia política una vez depuestas las armas. Por eso mismo, las negociaciones se han prolongado más de la cuenta y en noviembre cumplirán dos años con resultados alcanzados sobre apenas la mitad de los puntos claves en discusión.
Sin embargo, es el equilibro entre la mejor paz posible y el precio de seguir en estado de guerra. La propuesta de Zuluaga, que coincide con la postura de Uribe, es la de borrar de un plumazo el proceso de paz y volver a la opción militar. Es la apuesta a la seguridad garantizada por la fuerzas armadas a los ciudadanos, sobre todo a los escépticos y adversarios de la ideología izquierdista de las FARC, que evidentemente cuenta con bastantes apoyos en la opinión pública.
Quizás haya jugado a favor de este empate, cierta debilidad en el liderazgo manifestada por Santos, sobre todo a la hora de utilizar más pedagogía para explicar a los colombianos los alcances y la importancia de optar por la paz y las oportunidades de desarrollo que implica poner fin al conflicto.
Dentro de tres días, posiblemente los colombianos estar eligiendo como nunca entre proyectarse hacia un futuro promisorio o regresar a un pasado que, al menos aparentemente, da mayor seguridad pese a las muchas incógnitas.
En México y Centroamérica cientos de miles de personas son desplazadas por la violencia y la falta de perspectivas, y buscan ingresar a los Estados Unidos. Por el camino son víctimas otra vez de la violencia del crimen organizado. Algunas preguntas a Leonir Chiarello, experto en el tema.
Los religiosos de la familia scalabriniana han constituido en New York una oficina ejecutiva de la Scalabrini International Migration Network. Allí, Leonir Chiarello trabaja como coordinador de los programas mundiales de esta red. Su vasta experiencia en el mundo de los migrantes le permite hablar con autoridad sobre este tema que interesa a millones de personas que, en todo el planeta, emigran de un país a otro o bien en su propia patria.
–Pensando en América latina, se diría que la problemática de la migración no parece tener mucha visibilidad.
–Es cierto. La migración fue y sigue siendo uno de los grandes motores de la sociedad latinoamericana. Aquí los grandes movimientos migratorios tuvieron un importante impacto a nivel de incremento de la población, de la economía, de la cultura, en todos los ámbitos de la vida. Hubo tres grandes grupos: los esclavos de África, sucesivamente existió la gran inmigración europea y luego los movimientos internos entre las poblaciones de los mismos países latinoamericanos. A su vez, otros países tuvieron un impacto cuando, a raíz de los problemas políticos de los años 70 y 80, los latinoamericanos comenzaron a emigrar. En la actualidad, muchos de estos últimos migrantes están regresando a la región.
Por cierto, el tema no tiene la misma visibilidad que otros, posiblemente por razones de agenda política y también porque no se quieren asumir las responsabilidades que le cabe a los Estados y a la sociedad civil. Y si bien en América latina la cuestión no ha sido usada con fines políticos, como sucedió en los Estados Unidos y en Europa, el tema está pendiente.
–En este momento hay una verdadera crisis humanitaria, no reconocida oficialmente, por la cantidad de cientos de miles de latinoamericanos que cruzan todo México para llegar a los Estados Unidos y que caen en las redes criminales.
–En los últimos años, el corredor migratorio Centro América-Mexico se convirtió en una crisis humanitaria. Por un lado, los migrantes son víctimas de la falta de garantías del derecho al desarrollo, porque en América Central no se está generando la cantidad suficiente de empleos para que la gente se quede en sus países; por otro, hay situaciones internas de violencia muy graves vinculadas con el tráfico de droga, de armas o de las pandillas que generan inseguridad; los padres huyen llevándose a sus niños para protegerlos de todo eso. Para peor, los migrantes son víctimas de más violencia, como la trata de personas o su explotación para el tráfico de drogas, las deportaciones desde los Estados Unidos (que devuelven a cientos de miles de centroamericanos a sus países). Es una situación muy compleja en la que la violencia estructural de un sistema económico excluyente se une a la violencia de grupos criminales que atacan a los ciudadanos y a la violencia directa contra los migrantes que buscan cruzar las fronteras. Es un clima de desprotección que indica la responsabilidad de generar a largo plazo soluciones duraderas entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil.
–Llamó la atención la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana que ha borrado de un plumazo los derechos a la ciudadanía de muchos descendientes de haitianos que viven allí, incluso desde hace sesenta u ochenta años. ¿Cómo evalúan esta situación?
–Es un precedente único y peligroso. Imaginemos qué sucedería si se tomara una medida de este tipo en la Argentina: millones de personas estarían en una situación de irregularidad que provocaría el descontrol. Hubo un veredicto de la Corte Interamericana que no fue acatado, por lo que se crea un antecedente jurídico que complica las situaciones. Por otro lado, eso provocó más efectos: los descendientes de haitianos que estaban regularizados o habían nacido en República Dominicana habían perdido la ciudadanía de Haití, por lo tanto, se quedaron como apátridas. Nosotros tenemos centros de asistencia en Haití y conocemos bien el tema. Y eso generó toda una industria de tráfico de migrantes que viajaban a Puerto Rico para desde allí seguir a los Estados Unidos, pues hay vuelos a alguna ciudades con menos controles... En situaciones de emergencia, es difícil vislumbrar a primera vista soluciones duraderas. Aquí hay un tema jurídico, un tema de cooperación internacional y de diálogo entre Haití y República Dominicana, que ya se está iniciando principalmente a nivel de sociedad civil.
–Es paradójico que exista un problema de las migraciones en una región forjada por los procesos migratorios. ¿Qué es lo que provoca temores y desconfianza?
–Desde la construcción de los Estados nacionales se nota en América latina un énfasis en la defensa del territorio, principalmente a partir de las dictaduras militares de los años 60, 70, 80. La visibilidad del otro como una potencial amenaza para la sociedad o la seguridad nacional. Todo esto, con su dimensión histórica y política, repercute en una visión cultural. Pensemos que, sin considerar el Caribe, en toda la región se hablan sólo dos idiomas, sin embargo somos más nacionalistas que latinoamericanos. Cuando alguien llega a un país, la reacción depende de si uno tiene o no determinados rasgos étnicos, si es indígena o afroamericano. Las discriminaciones no se verifican sólo en el control migratorio, sino a nivel de inserción laboral, de convivencia social... Las soluciones duraderas para toda la población, incluyendo a los migrantes, pasan por la aplicación de políticas públicas para la integracion de los que llegan, por aspectos culturales de reconocimiento del otro en su dignidad, por aspectos educativos...
–Parece lógico pautar los flujos migratorios para garantizar trabajo para todos, por ejemplo. ¿Cuál podría ser la respuesta sistémica al fenómeno?
–Por un lado, está la capacidad de absorción de un país. Si el 10 % de la población china decidiera migrar a los Estados Unidos, estaríamos hablando de 130 millones de personas. El mismo país tiene la preocupación de su capacidad de absorción dentro de la población existente. Por otro lado, esta preocupación es muy exacerbada por algunos grupos que presentan la migración como una gran amenaza para la identidad de esa sociedad, en el supuesto de que cambiaría.
Hay muchas preocupaciones que no son fundadas y que alimentan la idea de construir muros, de deportar, de aislarse. Es paradójico que un país como los Estados Unidos, que recibió a millones, que es un gran promotor de la libertad y de los derechos humanos, hoy tenga en su interior a 11 millones de indocumentados y deporte unas 400 mil personas al año. A su vez, esta actitud impulsa a otros países receptores a hacer lo mismo. Es justo reconocer que si es cierto que los Estados Unidos cierran mucho sus fronteras, también es porque constituye el país que más migrantes recibe a nivel mundial. A largo plazo creo que es bueno comenzar el diálogo con algunos grupos de migrantes que sí están dispuestos a recibir.
–¿Cómo se explican 11 millones de indocumentados? ¿El problema es respecto de la ley?
–La situación de irregularidad en los Estados Unidos está vinculada con diferentes factores. Por cierto, quienes huyeron de la violencia están dispuestos a vivir en cualquier condición. Pero también es cierto que hay intereses concretos para que haya 11 millones de personas, en edad laboral, que a pesar de haber querido regularizar su posición no pudieron hacerlo porque las normas son muy restrictivas. Sirve a los empleadores y sirve al sistema porque cuando esta gente no pueda trabajar más se tendrá que ir.
En un debate reciente, un investigador estadounidense sostenía que los migrantes se tenían que ir porque no respetaron que el país se formó en la cultura del imperio de la ley. Otro investigador, del mismo país, decía que el problema es que esas normas son tan restrictivas que es muy difícil cumplirlas. La solución duradera es una reforma migratoria teniendo en cuenta la capacidad de absorción del país, pero con una perspectiva de proyección. En la historia de los Estados Uidos los dos boom económicos se dieron a fines del siglo XIX y luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país abrió completamente sus puertas. Para eso hace falta un liderazgo capaz de definir hacia dónde ir.
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