Ex dirigentes del PT irán a la cárcel

El Supremo Tribunal Federal decidió que 11 de los 25 condenados por el juicio del mensalao, deberán cumplir con la pena. Un ministro clave del primer gobierno de Lula, el ex presidente y el ex tesorero partido entre los condenados.

Once de los veinticinco condenados en el mayor proceso por corrupción de la historia de Brasil, conocido como el "mensalao", irán a la cárcel. Entre ellos figuran dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT) como José Dirceu, ministro clave del primero gobierno del presidente Inacio Lula da Silva, el actual diputado José Genoino, en ese entonces presidente del partido, y el ex tesorero Delubio Soares. 

Se trata de una decisión que es considerada histórica para el Supremo Tribunal Federal de Brasil que, posiblemente la semana próxima, mandará a la cárcel también a Marcos Valerio, condenado como el operador del esquema de sobornos a partidos y congresistas a cambio de votos, al ex presidente de PTB, Roberto Jefferson quien destapó con sus delaciones el escándalo y a Katia Rabello, expresidenta del Banco Rural. Otros cinco condenados tendrán que empezar a cumplir una condena de penas alternativas sin necesidad de ir a la cárcel.

De los condenados a la cárcel, cuatro deberán cumplir la sentencia en régimen cerrado. Los políticos José Dirceu y Delubio Soares comenzarán a cumplir la pena, respectivamente a casi 11 años y casi 9, posiblemente en régimen inicialmente semiabierto, que supone dormir en la cárcel y trabajar de día en alguna actividad social, si el Supremo Tribunal aceptará un recurso que le rebaje la pena lo suficiente para lograr este beneficio. En todo caso, es una decisión que los supremos tomarán el año que viene. 

La discusión entre los integrantes del máximo tribunal vertió precisamente alrededor del momento de aplicación de la pena, si antes o después del análisis de todos los recursos. El presidente del Supremo Tribunal y ex instructor del proceso, Joaquim Barbosa, vio prevalecer su tesis de aplicar de inmediato la cárcel. Otro integrante del Supremo, Luis Roberto Barroso apoyó la tesis de Barbosa alegando que en Brasil hay “millares de condenados por pequeñas cantidades de marihuana y poquísimos condenados por golpes inmensos. Para ir a la cárcel en Brasil es necesario ser muy pobre y muy mal defendido. El sistema actual es selectivo, casi de castas”.

Es reciente el caso del diputado Natan Donadon, condenado a 13 año por corrupción, que en el pasado mes de agosto logró seguir en su cargo gracias a que en la Cámara Baja no fue posible levantarle los fueros.

"La decisión del Supremo de declarar el cumplimiento inmediato de las penas de (estos) crímenes hace posible que la sociedad pueda volver a tener confianza en nuestro sistema jurídico, colocando punto final al proceso, y enviando a la cárcel a los condenados en el juicio más importante de la Historia política de este país", escribe Merval Pereira, analista político del diario O Globo Merval Pereira. 

La decisión de mandar a la cárcel a los condenados por el mensalão llega después de ocho años de investigaciones y tres largas sesiones del Supremo. 

Para algunos se trató de un verdadero juicio político, un ámbito en el cual no se juzga en base a pruebas sino a responsabilidades que derivan de comportamientos propios del desempeño político. Para otro, los fallos del Supremo Tribunal Federal son, por un lado, un ejemplo de independencia del poder judicial, ya que se trata de jueces designados por dos presidentes miembros del mismo partido de los condenados, Lula y la actual mandataria Dilma Rousseff. 

Por otros, en sintonía con los reclamos que desde mediados de este año convocan a la ciudadanía a manifestar su descontento, entre otros temas, contra la corrupción, la jurisprudencia del máximo tribunal rompe con un esquema de impunidad que, tradicionalmente, impidió que la dirigencia del país fuera tratada como cualquier otro ciudadano condenado por la justicia. 

No por nada, tanto el juicio y la sentencia del mensalao como esta última decisión del Supremo, han sido consideradas como históricas.

Chevron condenada a pagar 8.600 millones de dólares

La Corte Nacional de Justicia redujo la indemnización de 19.000 millones de dólares fijada por el juez en primera instancia. Un tribunal de New York estudia si el juicio fue fraudulento.

El máximo tribunal de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia confirmó el fallo que en primera instancia condena a la empresa petrolera multinacional Chevron a indemnizar a los pobladores de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, por la contaminación de la zona. La suma establecida es de más de 8.600 millones de dólares, menos de la mitad de los 19.000 millones fijados por el juez de primera instancia en 2011. La justicia reconoció los daños provocados por la contaminación de la región por la empresa Texaco entre 1964 y 1992 antes de ser absorbida por Chevron.

La demanda fue interpuesta por 30.000 pobladores indígenas de la región, afectados por la contaminación provocada por la actividad petrolera, según quedó comprobado por el fallo, y que ha provocado un millar de muertes, con secuelas que siguen afectando la salud de muchos pobladores. Actualmente Chevron ya no está más presente en Ecuador, lo que agrega un ulterior elemento de complejidad a la querella contra la empresa. 

De hecho Chevron había pedido que se anulará el juicio en primer instancia, habiendo denunciado irregularidades por parte del juez Nicolás Zambrano, falsificación de datos y la aceptación de sobornos por parte del magistrado. Según la petrolera, un acuerdo firmado con el gobierno de Ecuador con Texaco en 1998, por el que se abonaron 40 millones de dólares para tareas de descontaminación la exoneraba de cualquier responsabilidad.

Por otro lado, Chevron recurrió a instancias internacionales contra la sentencia para neutralizar sus efectos. El pasado 15 de octubre, en un tribunal de New York comenzó un juicio que debería culminar en los próximas semanas. En estas instancias hay dos fallos desfavorables para Ecuador de la Corte Permanente Arbitral de La Haya. 

Por otro lado, en ausencia de actividades de Chevron en el país, los demandantes están tratando de trabar embargos en el exterior sobre bienes de la multinacional para poder ejecutar la sentencia. Hasta el momento, la justicia de Canadá y la Argentina consideraron que las actividades locales de la empresa no están vinculadas a Chevron Corporation. Se espera un pronunciamiento sobre el tema de la justicia de Brasil. 

Como la sentencia, luego del fallo de la Corte Nacional de Justicia, es ahora firme, teóricamente se allana el camino de los demandantes ante los tribunales internacionales donde podrán interponer acciones de cobro. El foco de la disputa se traslada por lo tanto a New York donde se discute la anulación del fallo y todo deja presumir que Chevron no dará fácilmente brazo a torcer.

El Gobierno colombiano y las FARC negociarán hasta llegar a un acuerdo

Las partes seguirán reunidos sin pausa hasta definir la participación en la política de la guerrilla una vez que se inserte en la vida civil.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos le ha exigido a los negociadores del gobierno en La Habana regresar con resultados concretos, porque el proceso de paz con las FARC no puede seguir estancado. Por ese motivo, de acuerdo con los líderes guerrilleros, nadie se levantará de la mesa de discusión hasta haber encontrado una solución al tema de la inserción de los subversivos en la vida política del país una vez que las FARC acepten desmovilizarse. Puede que en pocos días habrá novedades al respecto.

Luego de meses de estancamiento, con mutuas acusaciones de frenar el proceso de paz, las negociaciones registran una aceleración impulsada también por el impacto de las fotos de líderes guerrilleros tomando el sol caribeño en un barco o paseándose por la capital cubana.

Hasta ahora el ritmo de las reuniones preveía once días de trabajo seguidos por otros tantos de pausa. Los representantes del gobierno regresaban a Bogotá y los guerrilleros en Cuba para que cada grupo trabajara separadamente. Algo, dentro de todo, normal en un proceso complejo como el de lograr la paz en Colombia, tal como lo puede ser un paseo por las calles de La Habana puesto que nadie trabaja las 24 horas del día.

Pero la política no conoce razones y los tiempos políticos en Colombia, en vista de las presidenciales del año que viene, dicen que es momento de definiciones. Las fotos de los guerrilleros en momentos de relax dispararon nuevas críticas por parte de quienes, como el ex presidente Álvaro Uribe, se oponen desde el comienzo al proceso de paz. Si a esto agregamos que buena parte de la opinión pública tiene sus buenas dudas acerca del proceso de paz, y que luego de lograr un acuerdo sobre apenas uno de los seis puntos en agenda, el de la cuestión agraria, se comprende que a este punto tanto a las FARC como al presidente Santos les conviene traer novedades de Cuba.

Para la guerrilla el riesgo de que las elecciones sean ganadas por la oposición representada por Uribe, significa volver a la opción militar. La mano dura ha sido la característica de Uribe en su gestión, pese a que con tal de presentar resultados, hubo militares que asesinaron a cientos de civiles inocentes presentándolos como guerrilleros.

Por cierto, este proceso cuenta con la anomalía de que se lleva a cabo en ausencia de una tregua militar. Es difícil aceptar que se tiendan emboscadas mientras se discute la paz. Pero también es cierto que luego de casi medio siglo de conflicto no es fácil confiar los unos en los otros.

Por otro lado, cabe preguntarse si es preferible la perspectiva de que en el conflicto siga, o si no es mejor que la actual anomalía tenga, al menos, la perspectiva de que se llegue a poner punto final a esta eterna guerra interna.

Todo proceso de paz siempre cuenta con situaciones imperfectas, en el plano de la justicia como de la política y del tejido social que queda dañado. La paz nunca es un laboratorio en el que los experimentos se llevan a cabo en circunstancias ideales. Por lo tanto, se consigue la paz posible, más que la deseada. Y difícilmente Colombia verá un resultado diverso, luego de décadas de violencia e injusticias. Será un gran resultado tan sólo haber puesto fin al enfrentamiento, aunque ello no responda en plenitud a las expectativas de los que más lo han padecido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la actividad de espionaje de los EEUU

Por primera vez, durante la audiencia ante la CIDH, fue fiscalizada la actividad de las agencias de inteligencia norteamericanas y se manifestó preocupación por la legitimidad, la falta de garantías y de control por parte del poder judicial.

Este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó al gobierno de los Estados Unidos sus inquietudes acerca de la legitimidad de las prácticas de espionaje masivo llevadas a cabo por sus agencias de inteligencia y en ausencia de las suficientes garantías para los derechos humanos de las personas vigiladas.

Junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos – con cuya sigla guarda cierto parecido –, la Comisión es parte del sistema de protección de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La audiencia ante la CIDH ha sido la primera ocasión en la que el Gobierno de los Estados Unidos se ha enfrentado a una fiscalización por parte de la comunidad internacional sobre su actividad de interceptación de información. En la misma, se ha señalado la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y la garantía de la privacidad y la libertad de expresión y abogar por un refuerzo de los mecanismos de supervisión judiciales y legislativos para evitar que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) vulnere las libertades civiles, no sólo de los ciudadanos estadounidenses, sino de los extranjeros a los que también se les han intervenido sus comunicaciones.

La audiencia fue convocada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en su sigla en inglés) y participó de ella Frank La Rue, quien se desempeña como relator especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, quien manifestó la preocupación internacional que ha suscitado la vulneración del equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la seguridad por las prácticas de espionaje de EE UU.

Según La Rue la vigilancia masiva e indiscriminada de los servicios de inteligencia estadounidenses se verifica sin un aparente control institucional por parte del poder judicial y del Congreso, lo cual corre el riesgo de convertirse en un sistema de intimidación masiva que puede desembocar en una forma de censura general. “La vigilancia siempre ha existido y es legítima siempre que se realice conforme al debido proceso”, ha señalado el relator de la ONU. “Pero si se empiezan a perder los controles, si ya no hay supervisión judicial o si las órdenes de autorización abarcan comunicaciones masivas a nivel internacional, se corre el riesgo de que eso se convierta en un elemento intimidatorio que se vuelva en contra de los derechos de los ciudadanos y de la propia democracia”, ha advertido La Rue.

También la relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero ha señalado su preocupación por la ausencia de límites a los objetivos de esa vigilancia, por los informadores y la necesidad de prever controles para el programa de espionaje. “Querríamos conocer los presupuestos de los que se parte para reformar el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera. Hay una falta de información y deseamos saber qué medidas se están adoptando para que esta corte tenga más capacidad para ejercer sus función”, ha señalado Botero, quien también ha manifestado su interés sobre la recopilación de metadatos en la prensa “para que no afecte a su capacidad para hacer su trabajo y mantener la privacidad de las fuentes”.

Si bien durante el debatimiento no ha sido cuestionada la actividad de garantizar la seguridad, los representantes de la ACLU han destacado que las filtraciones del ex analista de la CIA Edward Snowden indican que la actividad de búsqueda y recopilación de información de los agencias de inteligencia iba bastante más allá de esa necesidad. Tanto la ACLU como La Rue han invitado a la administración de los Estados Unidos a considerar la universalidad de los derechos civiles violados por las prácticas de espionaje, en clara oposición con la legislación estadounidense aducida por la NSA para avalar sus prácticas, que sólo garantiza las libertades de sus compatriotas. “Los derechos humanos son universales, son un estándar mínimo para todo el mundo, sin importar su raza, cultura, lengua o nacionalidad y este principio de universalidad es el que impide que hagamos excepciones y se creen ciudadanos de segunda”, afirmó La Rue, quien añadió: “Quisiera saber si ha habido alguna reflexión al respecto a la hora de plantear los programas de vigilancia”.

Los representantes de la Administración estadounidense presentes en la audiencia eludieron aclarar todas las peticiones y cuestiones que se les han formulado alegando que el reciente problema de presupuesto del Gobierno que les impidió prepararse al respecto. Una excusa que varios relatores de la Comisión han interpretado como una muestra de la indiferencia de Washington por el organismo de defensa de derechos humanos de la OEA. “Los problemas coyunturales e internos de un país no son una justificación para no dar explicaciones ante instancias internacionales”, les ha recriminado Rodrigo Escobar Gil, relator de la CIDH para los derechos de las Personas Privadas de Libertad.

La actividad de espionaje ha provocado mucho malestar incluso entre los aliados de los Estados Unidos, entre ellos Alemania, cuya canciller (Jefa de Gobierno) Angela Merkel descubrió que su propio celular había sido intervenido, lo cual motivo su protesta ante el presidente Barack Obama. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reaccionó exigiendo explicaciones formales por el propio presidente estadounidense y en el plazo de una semana, ante la noticia de haber sido espiada junto al equipo de asesores que trabaja con ella. Las explicaciones no llegaron y Rousseff suspendió sine die su visita oficial a Estados Unidos. También el presidente francés, François Hollande expresó su malestar por haber padecido el mismo tratamiento, y como él los Gobiernos de España e Italia, entre muchos.

El lado lleno y el lado vacío del vaso

No hubo cambios sustanciales en el conteo de bancas del Congreso, aunque sí hubo señales políticas para todos.

El análisis fino de los resultados de estas elecciones habrá que hacerlo con los números definitivos. La relación de fuerzas en el Congreso, que es el objetivo de las elecciones de medio término, no ha cambiado en la sustancia, ya que el oficialismo y sus aliados siguen manteniendo mayoría propia, aunque más ajustada que antes. Sobre la base de la proyección a nivel nacional, sólo se puede sacar la conclusión de que el Frente para la Victoria incluso aumenta el número de bancas, al tiempo que sus adversarios políticos consolidan sus posiciones.

Nos parece francamente sesgado afirmar, como titula algún medio, que el setenta por ciento de los argentinos no votó por el kirchnerismo. Del mismo modo, habría que señalar que un porcentaje parecido en la Capital Federal votó en contra de Mauricio Macri y que en Santa Fe un porcentaje parecido lo hizo en contra del socialismo de Hermes Binner. Lo cual, no parece atinado.

Sin duda, en casa oficialista se estará tomando nota de los reveses sufridos en los principales distritos del país, los más poblados, a manos del ex presidente Julio Cobos, en Mendoza, de Juan Schiaretti en Córdoba, del socialismo en Santa Fe, de Mauricio Macri en Capital Federal y, en especial, del ex Jefe de Gabinete Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires.

El amplio triunfo de Massa en un bastión del peronismo como es la provincia más poblada del país, tiene algunas connotaciones relevantes: fue logrado por alguien que perteneció al oficialismo cubriendo un importante cargo de gobierno. Lo cual confirma que hay un desgaste interno del proprio kirchnerismo que debería ser analizado a fondo, porque no se encuentran distinciones ideológicas de peso entre el discurso del gobierno nacional y el de Massa. Todo parece centrarse más bien sobre cuestiones de imagen y de confianza que, evidentemente, Massa está logrando generar o que el kirchnerismo no está logrando mejorar. Y eso parece indicar que una autocrítica interna en el FpV a esta altura sería saludable en la perspectiva de los próximos dos años de mandato.

Los triunfos en los demás distritos, donde por otro lado el oficialismo ha padecido siempre grandes dificultades para afirmarse, son importantes, particularmente el hecho de que en la Capital Federal el oficialista Daniel Filmus no haya podido confirmar su banca de senador, pero de ahí a proyectar esos triunfos como proyectos nacionales corre un trecho largo. Ninguna de estas propuestas parece tener la consistencia electoral necesaria para confirmar esas aspiraciones, de aquí a 2015.

Para quien escribe, desde el kirchnerismo, se sigue haciendo una lectura de la realidad opositora en clave de su fragmentación. También este razonamiento peca de cierto chicaneo político. Un frente opositor único se justificaría en situaciones de graves amenazas contra las libertades fundamentales, algo que los comicios de ayer, transcurridos en tranquilidad desmiente una vez más. Por lo tanto, no parece muy lógico pretender unir proyectos como el socialismo de cuño santafesino con la propuesta del Pro de Macri, así como nadie se espera ver en el mismo estrado al peronista Francisco De Narváez con Elisa Carrió y Pino Solanas o Margarita Stolbizer. 

Nuestro sistema político no apunta a la polarización entre dos grandes coaliciones, por lo que estas diferencias son algo natural. Más bien, cabe destacar la peculiaridad de un espectro político caracterizado por la fragmentación de un mismo partido, el peronismo, cuya interna sigue siendo el elemento determinante de la actualidad política nacional.

Comenzó en Cuba una nueva ronda de negociaciones con las FARC

El gobierno y la guerrilla volvieron a sentarse a la misma mesa, aunque hay acusaciones mutuas de lentitud.

Comenzó ayer en la Habana una nueva ronda de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Farc. El ciclo se reactiva pero en medio de tensiones por acusaciones mutuas de lentitud en el proceso de paz que en esta etapa de centrará en la participación política. 

De hecho, el jefe de las Farc, Timoleón Jiménez (Timochenko), acusó al presidente Juan Manuel Santos de “arreciar una campaña de desprestigio” contra esa guerrilla porque ésta no se someterá en la mesa de diálogo. Hace semanas que el gobierno insiste en que se debe acelerar el ritmo de la negociación, mientras que sectores afines al expresidente Alvaro Uribe critican a Santos por considerar que hace demasiadas concesiones a la guerrilla.

Santos había anunciado en un principio que el proceso de paz duraría meses y no años, hasta ahora las dos delegaciones solo han consensuado un punto, el desarrollo rural, de una agenda de cinco.

“No son los colombianos ni el país los cansados con el proceso de paz, como insisten los voceros neoliberales. Son ellos, los círculos privilegiados y guerreristas, los que odian que se hable de soberanía, de democracia plena, de modelos alternativos de desarrollo. Hacen y profundizan la guerra y el terror contra Colombia, mientras acusan de ello a los demás. Urge desenmascararlos”, sostuvo el comandante de las Farc. 

Timochenko se queja de los reveses militares, ya que el proceso en curso no incluyó una tregua militar, y del apuro de Santos por sus pretensiones acerca de una renovación del mandato electoral, para el cual precisa presentar resultados concretos. Sin embargo, Santos se ve presionado precisamente por quienes desconfían de las verdaderas intenciones de las FARC, que tampoco han querido suspender su actividad militar, y comprende que la prolongación del proceso termina por beneficiar a los guerrilleros. 

Mientras tanto, el jefe de la delegación del gobierno en La Habana, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, exhortó este martes a la guerrilla a “avanzar, avanzar, avanzar” en el nuevo ciclo de diálogos, al tiempo que aseguró que Santos sigue y evalúa el desarrollo del proceso. 

Este es el cuarto intento de paz que desde los años 1980 hace las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina con 49 años de lucha armada.

Los resultados del censo cuestionan el modelo de Estado Plurinacional

Los bolivianos que se identifican con una de las 37 naciones que integran el país son el 41 por ciento y no el 62, como indicaba el censo de 2001.

La nueva constitución de Bolivia fue redactada sobre la base del censo de 2001, según el cual el 62 por ciento de los 10 millones de habitantes del país se identificaban como indígenas. La nueva Carta Magna da forma a un estado plurinacional, en el que la ciudadanía étnica, indígenas y originarios con mas derechos, prevalece sobre la política, todos con igualdad de derechos. El ensayo del Estado plurinacional, es, en este sentido, único en su género,

Sin embargo el nuevo censo arroja un resultado distinto que sacude en sus cimientos la experiencia del Estado plurinacional, los datos arrojan que el 41 por ciento, bastante menos, de los boliviano se identifica como perteneciente a una de las 37 naciones.

El golpe que acusa el discurso indigenista del presidente Evo Morales no es menor, y tiene consecuencias prácticas porque la ley asigna tanto los recursos como las bancas del poder legislativo en base a los datos del censo. El Estado de Santa Cruz, por ejemplo, gano tres escaños en detrimento de Potosí, Beni y Chuquisaca.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas (CONAMAQ) no pudo lograr un doble objetivo. De las 130 bancas de la Asamblea Legislativa, 7 están reservadas a los representantes de los pueblos indígenas. El Consejo pedía ampliar a 18 esas bancas y que la designación fuera en modo directo por las propias comunidades, pero al final deberá conformarse con las 7 bancas previstas y sus titulares deberán pertenecer a un partido político. El reclamo frustrado provoca una desilusión entre los miembros de la CONAMAQ y para el sociólogo Pablo Mamani se trata de una contradicción patente para el Estado plurinacional y responsabiliza al Movimiento al Socialismo del presidente Evo Morales de esta decisión.

En octubre del año que viene habrá nuevas elecciones y Evo Morales anunció que se presentará para una nueva reelección y que ganará no el 74 por ciento de los votos. Pero su gestión deberá remontar este revés no previsto.