Colombia y Ecuador destacan avances de integración en la zona limítrofe

Los presidentes de los dos países y sus ministros realizaron la reunión anual en la localidad fronteriza de Ipiales. Allí inauguraron un nuevo puente y revisaron el avance de los acuerdos bilaterales de integración.

“Te felicito en nombre de Ecuador, por estos avances en el proceso de paz en Colombia. Estás protagonizando la mejor noticia en las últimas décadas para nuestra América Latina”. Con estas palabras el presidente de Ecuador, Rafael Correa, iniciaba la reunión de gabinete binacional en la ciudad colombiana de Ipiales, situada en la frontera con Ecuador. Correa ofreció el "apoyo incondicional" para la firma del acuerdo de paz definitivo. 

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, por su parte, agradeció las palabras de su homólogo ecuatoriano Santos y el “permanente apoyo” a las negociaciones que lleva a cabo con las FARC desde hace un año en La Habana. “Estamos, en este momento, más hermanos que nunca”, afirmó. Hay “dos gobiernos trabajando como uno solo, en beneficio de sus pueblos”, destacó Santos.

Durante la reunión, los dos presidentes y sus ministros revisaron el cumplimiento de los acuerdos bilaterales. Luego del encuentro inauguraron el nuevo puente internacional Rumichaca que conecta a los dos países.

La de ayer fue la segunda reunión anual de gabinete binacional cuyo objetivo es afianzar los vínculos políticos entre los dos países, luego de la grave crisis de 2008, cuando las fuerzas armadas colombianas atacaron una base de las FARC en territorio ecuatoriano, poniendo en riesgo la paz entre los dos vecinos. Recién en 2011, siendo Santos presidente, los dos países restablecieron las relaciones diplomáticas.

Los dos presidentes revisaron ayer varios de los acuerdos de integración viales y energéticos anunciados, además de la seguridad en la frontera de 720 km, donde operan grupos guerrilleros, contrabandistas de drogas, de minerales, de personas y de armas.

Los gobiernos han logrado importantes avances en cooperación en defensa y seguridad. Este año Bogotá colaboró en la recaptura de 6 de 18 peligrosos presos que se fugaron de una cárcel de Guayaquil (suroeste ecuatoriano). “Eso le da seguridad y tranquilidad a nuestro pueblo, saber que estas acciones coordinadas pueden ayudar a fortalecer nuestra seguridad”, dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

También se examinaron una serie de compromisos acordados hace un año para incentivar el desarrollo de la frontera binacional, que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, y delinearon nuevos programas para mejorar la relación.

“Este procedimiento ha resultado muy efectivo”, sostuvo Santos en referencia a los gabinetes binacionales, agregando que “nos ha acercado aún más y está comenzando a dar muchos más resultados de los que habíamos imaginado hace algún tiempo”.

En ese marco, los jefes de Estado inauguraron un nuevo puente construido en nueve meses y al lado del viejo viaducto de Rumichaca, sobre el limítrofe río Carchi. La inversión fue de 5,5 millones de dólares y beneficiará a unos 500.000 habitantes de la región limítrofe, además de permitirun mayor flujo comercial.

“Esta visita (de Correa) se está realizando tal vez en el mejor momento de nuestra historia”, destacó Santos, quien apuntó que “hemos avanzado muchísimo” y que el nuevo puente, que une a Tulcán e Ipiales y es la principal conexión entre Colombia y Ecuador, “simboliza muchísimo de lo que estamos haciendo”.

Correa anotó que aún hay que acelerar proyectos como la construcción de dos ejes viales por la costa y la selva amazónica, así como otras conexiones fronterizas para que la “integración sea más fuerte”. “Ojalá que pronto la integración sea tan fuerte que no se note cuando cruzamos esa línea imaginaria llamada frontera”, manifestó Correa.

Durante la reunión fueron destacados los trabajos de interconexión eléctrica en Nariño y Putumayo y la optimización del Oleoducto de Crudos Pesados, por donde actualmente Colombia transporta 500 mil barriles de crudo. En materia de seguridad fue posible identificar pasos de frontera y realizar operativos binacionales contra de la minería ilegal, trata de personas y el tráfico de hidrocarburos.

Chevron condenada a pagar 8.600 millones de dólares

La Corte Nacional de Justicia redujo la indemnización de 19.000 millones de dólares fijada por el juez en primera instancia. Un tribunal de New York estudia si el juicio fue fraudulento.

El máximo tribunal de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia confirmó el fallo que en primera instancia condena a la empresa petrolera multinacional Chevron a indemnizar a los pobladores de Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, por la contaminación de la zona. La suma establecida es de más de 8.600 millones de dólares, menos de la mitad de los 19.000 millones fijados por el juez de primera instancia en 2011. La justicia reconoció los daños provocados por la contaminación de la región por la empresa Texaco entre 1964 y 1992 antes de ser absorbida por Chevron.

La demanda fue interpuesta por 30.000 pobladores indígenas de la región, afectados por la contaminación provocada por la actividad petrolera, según quedó comprobado por el fallo, y que ha provocado un millar de muertes, con secuelas que siguen afectando la salud de muchos pobladores. Actualmente Chevron ya no está más presente en Ecuador, lo que agrega un ulterior elemento de complejidad a la querella contra la empresa. 

De hecho Chevron había pedido que se anulará el juicio en primer instancia, habiendo denunciado irregularidades por parte del juez Nicolás Zambrano, falsificación de datos y la aceptación de sobornos por parte del magistrado. Según la petrolera, un acuerdo firmado con el gobierno de Ecuador con Texaco en 1998, por el que se abonaron 40 millones de dólares para tareas de descontaminación la exoneraba de cualquier responsabilidad.

Por otro lado, Chevron recurrió a instancias internacionales contra la sentencia para neutralizar sus efectos. El pasado 15 de octubre, en un tribunal de New York comenzó un juicio que debería culminar en los próximas semanas. En estas instancias hay dos fallos desfavorables para Ecuador de la Corte Permanente Arbitral de La Haya. 

Por otro lado, en ausencia de actividades de Chevron en el país, los demandantes están tratando de trabar embargos en el exterior sobre bienes de la multinacional para poder ejecutar la sentencia. Hasta el momento, la justicia de Canadá y la Argentina consideraron que las actividades locales de la empresa no están vinculadas a Chevron Corporation. Se espera un pronunciamiento sobre el tema de la justicia de Brasil. 

Como la sentencia, luego del fallo de la Corte Nacional de Justicia, es ahora firme, teóricamente se allana el camino de los demandantes ante los tribunales internacionales donde podrán interponer acciones de cobro. El foco de la disputa se traslada por lo tanto a New York donde se discute la anulación del fallo y todo deja presumir que Chevron no dará fácilmente brazo a torcer.

Avanza la discusión del nuevo código penal

Los legisladores de la Asamblea Nacional comenzaron el segundo debate sobre el proyecto. Está configurado el delito de pánico económico, en caso de informaciones que provoquen daños a la economía nacional.

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador comenzó ayer el segundo debate para el estudio del proyecto de nuevo código penal. El texto contiene 743 artículos, 4 disposiciones generales y 19 transitorias, además de disposiciones derogatorias y reformatorias.

Si bien se avanzó en la discusión en el pleno del parlamento, integrado por 137 legisladores, de los cuales 100 conforman el bloque de la oficialista Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana), quedan pendientes temas que ayer fueron motivo de protesta fuera del edificio. Se trata de la cuestión de mala práctica profesional, tema que convocó a unos 300 médicos quienes protestaron contra la nueva normativa, y del aborto, a favor de cuya despenalización manifestaron organizaciones feministas.

“No hay que asumir el texto tal cual se plantea, sino ir modificando, mejorando y el debate legislativo nos permitirá aportar a la aplicación de la justicia”, sostuvo María José Carrión, del bloque PAIS, dentro del cual todavía falta unificar posiciones. Legisladores del bloque oficialista, consideraban que hay sanciones que no guardan una relación de proporcionalidad respecto daño procurado. Otro tema delicado es el caso de un embarazo provocado por una violación. “Lo que queremos es desarrollar cada uno de los textos de una manera clara, precisa, sujeta al ordenamiento constitucional”, sostuvo Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia.

Desde las filas de la oposición se señaló la incorporación en el texto de delitos de opinión: “Expresarse realizar una protesta social está considerado un delito con algunos años de prisión, lo cual le quita al ciudadano la posibilidad de manifestarse”, consideró el legislador Patricio Donoso. Al respecto, el asambleísta opositor Andrés Páez, señaló que el artículo 306 hace referencia al pánico económico, sancionado con 7 a 10 años de prisión en caso de divulgación, difusión o publicación de “noticias falsas que causen daño a la economía nacional”. Páez indicó que se trata de temas con un alto grado de subjetividad “mañana una persona entrevistada por un medio de comunicación puede decidir que estima que el manejo del banco X no es el apropiado y en la tarde ese entrevistado puede estar encarcelado”.

En contra de esta postura, el oficialista Fabián Solano consideró que esa restricción no se verifica, ya que el medio tiene la obligación de acudir a las autoridades de control para verificar la información de acuerdo a lo que establece la Ley de Comunicación para “tener la autorización de seguir con la labor informativa”.

Si bien la norma apunta a proteger un interés colectivo de la acción intencional de intereses económicos determinados, no se evidencia con claridad qué sucedería en caso de que las autoridades de control, por una cuestión de diferente criterio de análisis, consideren engañosa una información que, en realidad, es veraz y cómo se superaría esa traba sin menoscabar la libertad de opinión.

Marcha e incidentes en Quito por la reserva Yasuní

El gobierno ecuatoriano abrirá esta importante reserva natural a la explotación petrolera. Grupos de izquierda y movimientos indígenas plantean realizar una consulta popular.

La decisión del gobierno de Ecuador de abrir la reserva natural de Yasuní a la explotación petrolera, fue el motivo de una marcha de protesta organizada por un millar de personas pertenecientes a movimientos indígenas y militantes de la izquierda.

Inútilmente, ayer, los manifestantes intentaron alcanzar la plaza en la que se ubica el Palacio de Gobierno, sede del poder Ejecutivo, en el centro de Quito, pues un cordón de seguridad de las fuerzas policiales se lo impidió. Hubo desmanes, ya que en cambio los militantes del partido del presidente Rafael Correa sí pudieron acceder a la plaza.

Cuando la policía hizo retroceder a los participantes hasta una plaza cercana, sobre todo los jóvenes de las organizaciones de izquierda comenzaron a forcejear. Algunos disparos de balas de goma alcanzaron a una decena de manifestantes, lo cual enardeció la reacción de los más violentos.

Más prudente, en cambio, fue la reacción de los integrantes de grupos indígenas, como los de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y de la Confederación Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), que optaron por acatar las disposiciones policiales y destacar que el objetivo de la marcha era conseguir que haya una consultarlas sobre la apertura de la reserva natural de Yasuni a la explotación petrolera.

La reserva natural de Yasuní abarca casi 10 mil km2 en la zona oriental del país, a unos 250 km de Quito, en plena selva amazónica. En 1989 la UNESCO designo la zona como reserva de la biosfera. En parte de su territorio vive la nación waorani, de la que dos grupos viven en aislamiento voluntario.

El presidente Correa había lanzado la propuesta de preservar esta verdadera joya de la biodiversidad si la comunidad internacional hubiese participado del proyecto financiándolo con 3.600 millones de euros. Pero hubo una muy escasa adhesión a la propuesta que apenas pudo conseguir 13 millones de euros.

Por su parte, Correa, quien ayer se encontraba en la ciudad de Guayaquil, restó importancia a la marcha, ponderando la escasa concurrencia a la misma.

Victoria aplastante de Correa

El actual presidente logró un tercer mandato recogiendo el 57 por ciento de las preferencias. El apoyo a su gestión abarca a todos los sectores sociales.

Nadie dudaba de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa lograría el tercer mandado. En todo caso, el tema era con qué margen ganaría. Ayer Correa logró casi el 57 por ciento de los votos. El segundo lugar lo ocupó el banquero Guillermo Lasso con casi el 24 por ciento de los votos y tercero, muy lejos, quedó el ex presidente Lucio Gutiérrez con un escaso 6 por ciento. Más de 30 puntos sobre el adversario que sigue en una votación dicen la comodidad de la victoria de Correa, y haber cosechado una mayoría tan amplia dice que recibe apoyos desde todos los sectores sociales.

El eje de su discurso electoral, ya que en realidad no apareció un claro programa de gobierno, se centró en la profundización de los cambios que ha logrado Ecuador desde su primer mandato, en 2007. Y estos cambios no son menores.

La mejor distribución del ingreso ha permitido sacar de la pobreza a millones de ecuatoriano que, en el pasado, tenían en la emigración la única fuente de esperanza de un futuro mejor. El acceso a la salud, gratuita y pública, y a la educación ha mejorado notablemente, gracias también a la construcción de escuelas y hospitales. Mejoras en la previsión social, la implementación de un subsidio de 50 dólares mensuales para los sectores más vulnerables (2 millones de personas), el subsidio al costo del transporte, la construcción de nuevas rutas que permiten mejorar la comunicación de este país montañoso son parte de los resultados que explican la popularidad alcanzada por Rafael Correa.

Su gestión se caracteriza también por el histórico proceso de revisión de la deuda externa del país. Un lastre que pesaba desde hacía décadas. Luego de un estudio por parte de una comisión, el 39 por ciento de la deuda fue declarado ilegítimo. Esto permitirá ahorrar 7.500 millones de dólares en los próximo años, pero permitió al país fortalecer su posición luego de años de pasiva sumisión ante los dictados del mundo financiero representado por el FMI.

La clausura de la base militar estadounidense de Manta, la más grande de la región, también supuso un nuevo protagonismo de un gobierno que ha optado claramente por la integración latinoamericana hoy representada por el surgimiento de la UNASUR, la Celac, la Alianza del Pacífico (junto a Perú, Colombia y México). El asilo político concedido al creador de Wikileaks, Julian Assange, perseguido por Estados Unidos por la publicación de cables reservados en la web, es fruto de este cambio de rumbo dado a nivel de política exterior.

Pero la mejora del ingreso, la disminución de la pobreza y el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del país y no en desmedro (Correa ha cambiado las relaciones contractuales con las corporaciones que explotan los recursos petroleros como la hecho en Bolivia su par, Evo Morales), no serán los únicos desafío del presidente de aquí al 2017. La cuestión de la explotación de los recursos mineros supone un debate con los ambientalistas y las comunidades indígenas que pondrá a prueba el protagonismo que estos sectores han adquirido con la nueva constitución aprobada en 2009. Es un tema, éste, común a mucho de los países de la región desde que los precios internacionales, desde la suba de los precios internacionales. Es decir, mayores ingresos versus preservación del medio ambiente. Encontrar un camino equilibrado no será fácil.

Rafael Correa también deberá cuidar de la calidad democrática y la institucionalidad si quieres consolidar el camino recorrido y transformarlo en conquistas definitivas. Desde la sociedad civil se señala la tentación desde el gobierno de cooptar voluntades y posturas, ero por la vía de los hechos dificultado la real participación de los sectores representados por estas organizaciones. A la larga, el desarrollo de un país depende no sólo de la distribución del ingreso, sino también de la calidad de la democracia.