El Supremo Tribunal Federal decidió que 11 de los 25 condenados por el juicio del mensalao, deberán cumplir con la pena. Un ministro clave del primer gobierno de Lula, el ex presidente y el ex tesorero partido entre los condenados.
Once de los veinticinco condenados en el mayor proceso por corrupción de la historia de Brasil, conocido como el "mensalao", irán a la cárcel. Entre ellos figuran dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT) como José Dirceu, ministro clave del primero gobierno del presidente Inacio Lula da Silva, el actual diputado José Genoino, en ese entonces presidente del partido, y el ex tesorero Delubio Soares.
Se trata de una decisión que es considerada histórica para el Supremo Tribunal Federal de Brasil que, posiblemente la semana próxima, mandará a la cárcel también a Marcos Valerio, condenado como el operador del esquema de sobornos a partidos y congresistas a cambio de votos, al ex presidente de PTB, Roberto Jefferson quien destapó con sus delaciones el escándalo y a Katia Rabello, expresidenta del Banco Rural. Otros cinco condenados tendrán que empezar a cumplir una condena de penas alternativas sin necesidad de ir a la cárcel.
De los condenados a la cárcel, cuatro deberán cumplir la sentencia en régimen cerrado. Los políticos José Dirceu y Delubio Soares comenzarán a cumplir la pena, respectivamente a casi 11 años y casi 9, posiblemente en régimen inicialmente semiabierto, que supone dormir en la cárcel y trabajar de día en alguna actividad social, si el Supremo Tribunal aceptará un recurso que le rebaje la pena lo suficiente para lograr este beneficio. En todo caso, es una decisión que los supremos tomarán el año que viene.
La discusión entre los integrantes del máximo tribunal vertió precisamente alrededor del momento de aplicación de la pena, si antes o después del análisis de todos los recursos. El presidente del Supremo Tribunal y ex instructor del proceso, Joaquim Barbosa, vio prevalecer su tesis de aplicar de inmediato la cárcel. Otro integrante del Supremo, Luis Roberto Barroso apoyó la tesis de Barbosa alegando que en Brasil hay “millares de condenados por pequeñas cantidades de marihuana y poquísimos condenados por golpes inmensos. Para ir a la cárcel en Brasil es necesario ser muy pobre y muy mal defendido. El sistema actual es selectivo, casi de castas”.
Es reciente el caso del diputado Natan Donadon, condenado a 13 año por corrupción, que en el pasado mes de agosto logró seguir en su cargo gracias a que en la Cámara Baja no fue posible levantarle los fueros.
"La decisión del Supremo de declarar el cumplimiento inmediato de las penas de (estos) crímenes hace posible que la sociedad pueda volver a tener confianza en nuestro sistema jurídico, colocando punto final al proceso, y enviando a la cárcel a los condenados en el juicio más importante de la Historia política de este país", escribe Merval Pereira, analista político del diario O Globo Merval Pereira.
La decisión de mandar a la cárcel a los condenados por el mensalão llega después de ocho años de investigaciones y tres largas sesiones del Supremo.
Para algunos se trató de un verdadero juicio político, un ámbito en el cual no se juzga en base a pruebas sino a responsabilidades que derivan de comportamientos propios del desempeño político. Para otro, los fallos del Supremo Tribunal Federal son, por un lado, un ejemplo de independencia del poder judicial, ya que se trata de jueces designados por dos presidentes miembros del mismo partido de los condenados, Lula y la actual mandataria Dilma Rousseff.
Por otros, en sintonía con los reclamos que desde mediados de este año convocan a la ciudadanía a manifestar su descontento, entre otros temas, contra la corrupción, la jurisprudencia del máximo tribunal rompe con un esquema de impunidad que, tradicionalmente, impidió que la dirigencia del país fuera tratada como cualquier otro ciudadano condenado por la justicia.
No por nada, tanto el juicio y la sentencia del mensalao como esta última decisión del Supremo, han sido consideradas como históricas.
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