El lado lleno y el lado vacío del vaso

No hubo cambios sustanciales en el conteo de bancas del Congreso, aunque sí hubo señales políticas para todos.

El análisis fino de los resultados de estas elecciones habrá que hacerlo con los números definitivos. La relación de fuerzas en el Congreso, que es el objetivo de las elecciones de medio término, no ha cambiado en la sustancia, ya que el oficialismo y sus aliados siguen manteniendo mayoría propia, aunque más ajustada que antes. Sobre la base de la proyección a nivel nacional, sólo se puede sacar la conclusión de que el Frente para la Victoria incluso aumenta el número de bancas, al tiempo que sus adversarios políticos consolidan sus posiciones.

Nos parece francamente sesgado afirmar, como titula algún medio, que el setenta por ciento de los argentinos no votó por el kirchnerismo. Del mismo modo, habría que señalar que un porcentaje parecido en la Capital Federal votó en contra de Mauricio Macri y que en Santa Fe un porcentaje parecido lo hizo en contra del socialismo de Hermes Binner. Lo cual, no parece atinado.

Sin duda, en casa oficialista se estará tomando nota de los reveses sufridos en los principales distritos del país, los más poblados, a manos del ex presidente Julio Cobos, en Mendoza, de Juan Schiaretti en Córdoba, del socialismo en Santa Fe, de Mauricio Macri en Capital Federal y, en especial, del ex Jefe de Gabinete Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires.

El amplio triunfo de Massa en un bastión del peronismo como es la provincia más poblada del país, tiene algunas connotaciones relevantes: fue logrado por alguien que perteneció al oficialismo cubriendo un importante cargo de gobierno. Lo cual confirma que hay un desgaste interno del proprio kirchnerismo que debería ser analizado a fondo, porque no se encuentran distinciones ideológicas de peso entre el discurso del gobierno nacional y el de Massa. Todo parece centrarse más bien sobre cuestiones de imagen y de confianza que, evidentemente, Massa está logrando generar o que el kirchnerismo no está logrando mejorar. Y eso parece indicar que una autocrítica interna en el FpV a esta altura sería saludable en la perspectiva de los próximos dos años de mandato.

Los triunfos en los demás distritos, donde por otro lado el oficialismo ha padecido siempre grandes dificultades para afirmarse, son importantes, particularmente el hecho de que en la Capital Federal el oficialista Daniel Filmus no haya podido confirmar su banca de senador, pero de ahí a proyectar esos triunfos como proyectos nacionales corre un trecho largo. Ninguna de estas propuestas parece tener la consistencia electoral necesaria para confirmar esas aspiraciones, de aquí a 2015.

Para quien escribe, desde el kirchnerismo, se sigue haciendo una lectura de la realidad opositora en clave de su fragmentación. También este razonamiento peca de cierto chicaneo político. Un frente opositor único se justificaría en situaciones de graves amenazas contra las libertades fundamentales, algo que los comicios de ayer, transcurridos en tranquilidad desmiente una vez más. Por lo tanto, no parece muy lógico pretender unir proyectos como el socialismo de cuño santafesino con la propuesta del Pro de Macri, así como nadie se espera ver en el mismo estrado al peronista Francisco De Narváez con Elisa Carrió y Pino Solanas o Margarita Stolbizer. 

Nuestro sistema político no apunta a la polarización entre dos grandes coaliciones, por lo que estas diferencias son algo natural. Más bien, cabe destacar la peculiaridad de un espectro político caracterizado por la fragmentación de un mismo partido, el peronismo, cuya interna sigue siendo el elemento determinante de la actualidad política nacional.

Repudio a la ofensa padecida por Morales

Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela emitieron una dura condena por el bochornoso episodio sufrido por el presidente de Bolivia. En base a las revelaciones de Snowden, Brasil ha sido el país más espiado de América latina, junto a Colombia y México por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional.

El rechazo al bochornoso cierre del espacio aéreo al avión en el que viajaba Evo Morales, su detención en Viena durante 14 horas durante las cuales se pretendió registrar la nave por la sospecha de que en ella viajaba Edward Snowden, el ex analista de la CIA que ha revelado un extenso plan de espionaje por parte de los Estados Unidos a muchos países, incluyendo jefe de Estado y sedes diplomáticas, ha sido la decisión más fuerte de la cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo este viernes. Con la excepción de Paraguay, que todavía se encuentra suspendido de la comunidad, los países miembros han convocado a consulta a sus embajadores en España, Portugal, Francia e Italia.

En el comunicado conjunto emitido al finalizar la reunión, se ratifica el “firme repudio” a la decisión de los cuatro Gobiernos europeos de cerrar su espacio aéreo, calificando este hecho como un acto “infundado, discriminatorio y arbitrario”. En el texto se considera que se trató de “una práctica neocolonial”, un “acto insólito, inamistoso y hostil, que viola los derechos humanos y afecta la libertad de tránsito, desplazamiento e inmunidad” de la que “goza todo jefe de Estado”.

Por este episodio, Bolivia presentó una denuncia ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En otro comunicado, los paises del Mercosur condenaron “las acciones de espionaje por parte de agencias de inteligencia” de Estados Unidos y rechazaron “enfáticamente” la intercepción de las telecomunicaciones y las acciones de espionaje. Edward Snowed, en efecto, reveló que numerosos países latinoamericanos, y sus jefes de gobierno, fueron objeto de espionaje por parte de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional.

Para la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff: “Cualquier acto de espionaje que viole los derechos humanos, y sobre todo el derecho básico de la intimidad, y atente contra la soberanía de las naciones, merece ser condenado por cualquier país que se considere democrático”. El gobierno de Brasil fue precisamente uno de los blancos más preciados para la actividad de interceptación de correos privados y de otros tipo de comunicaciones, seguido por Colombia y México y por otra docena de países de la región, entre ellos Argentina, Chile, Ecuador y Venzuela.

Mientras tanto, la situación de Snowden se vuelve cada vez más complicada y, sin duda, comienzan las negociaciones. Se supo que hay una posibilidad que reciba asilo político de Rusia, pero a pacto de que no siga perjudicando desde allí a la Casa Blanca. Eso significa que las presiones sobre Moscú por parte de Washington son intensas y contundentes. Bolivia, Nicaragua y Venezuela han ofrecido al ex analista de la CIA asilo político. 

Pero el tema, además de encontrar cómo llegar a embarcarse para uno de esos países desde el aeropuerto de Moscú donde Snowden se encuentra varado y sin documentos, al habérsele anulado su pasaporte estadounidense por parte de las autoridades de su país, es qué seguridad podrán garantizarle. En sus manos, evidentemente, hay información que Washington considera muy valiosa y delicada, si llegó a pretender que los gobiernos europeos, todos aliados, violaran tan patentemente el derecho internacional, al vetar su espacio aéreo a un avión presidencial.

Primera reunión operativa del Banco del Sur

Caracas será la sede de la entidad destinada a financiar programas de desarrollo de América del Sur. Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela son los países financiadores.

A seis años de su fundación, en 2007 en Buenos Aires, se realizó este miércoles en Caracas la primera reunión operativa del Banco del Sur, la entidad destinada a administrar un fondo para el desarrollo de la región sudamericana. Los países financiadores son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Los ministros de Economía y representantes de los países mencionados, junto a los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Venezuela, Elías Jaua, participaron en el I Consejo de Ministros de la entidad. El Banco del Sur es un verdadero legado de los dos mandatarios, ya difuntos, que la impulsaron: el argentino Néstor Kirchner y el venezolano Hugo Chávez. Precisamente como reconocimiento del rol que tuvo Chávez en el nacimiento del Bansur, la sede del mismo será la capital venezolana. 

Entre los temas de agenda del Banco figuran obras de infraestructura a nivel regional, de las que se advierte la imperiosa necesidad. El canciller ecuatoriano se refirió, en efecto, a “una red de silos, la interconexión eléctrica, una red vial para toda Sudamérica”, luego de la reunión celebrada en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV). Estatutariamente, el Banco impulsará “el financiamiento del desarrollo de sus Estados miembros, la reducción de las asimetrías entre ellos y el fortalecimiento de la integración”. En un par de semanas más se realizará la primera sesión del Consejo de Administración.

Si bien el fondo inicial destinado a la entidad es de 7 mil millones de dólares, una suma relativamente pequeña para un banco de desarrollo, se supo que la intención de los gobiernos es la de completar un fondo de 20.000 millones de dólares. El ministro de exteriores venezolano, Elías Jaua, sostuvo que el Bansur ha nacido “por la voluntad de nuestros pueblos de tener presidentes independientes, soberanos, con una noción muy clara de que la superación de la pobreza y del subdesarrollo solo podrá ser obra de los pueblos sudamericanos“. 

Pero ¿será el Bansur sólo fomento para el desarrollo regional? En su momento, Chávez concibió la institución también como receptora de las reservas monetarias de las naciones del subcontinente, en claro desafío al circuito trasnacional de custodia de reservas en monedas duras del norte. Por ello, el fallecido presidente ambién forzó la creación del Sucre, un sistema de compensación o canasta de monedas para las transacciones internacionales entre los países que conforman la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Una decisión similar a la que tomaron en su momento Brasil y Argentina, aunque sucesivamente su aplicación no haya registrado mayores avances.

La gira de Maduro por el Mercosur

Luego de reunirse con su par uruguayo, el presidente venezolano mantendrá reuniones con la presidenta Cristina Fernández y sucesivamente visitará Brasil. Se reafirma la política exterior del país caribeño, mientras el bloque regional necesita recobrar dinamismo. 

Llega hoy a la Argentina el presidente venezolano Nicolás Maduro quien ha comenzado ayer en Uruguay una gira por los países socios del Mercosur, durante la cual se reunirá también con su par brasileña, Dilma Roussef. 

El primer viaje de Maduro como presidente de Venezuela fue a Cuba, donde consolidó los vínculos ideológicos y de cooperación mutua con el régimen de La Habana. Esta gira confirma las opciones estratégicas de Venezuela al privilegiar las relaciones con los demás miembros del mercado común del sur. Debido a su provisoria expulsión del bloque, con motivo de la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en junio del año pasado, el mandatario no visitará Paraguay, que además fue un ferreo opositor del ingreso de Venezuela al Mercosur. La situación debería volver a la normalidad a partir de la asunción del nuevo presidente del país guaraní, a mediados de agosto. Mientras tanto, a partir de junio, Maduro será presidente temporario del Mercosur durante la segunda mitad de este año.

En la región se miraba con atención el proceso electoral venezolano, el que culminó con una polémica victoria del oficialismo por un margen muy estrecho. La oposición, de hecho, reclama la fiscalización de más de dos millones de votos y está llevando a la atención de los demás países de la región el enfrentamiento con el gobierno al que acusa de fraude electoral. Estaba en juego la continuidad de la política exterior venezolana, que se ha caracterizado por ofrecer su producción petrolera a cambio de alimentos y demás productos que escasean en el país caribeño.

Tanto Uruguay como la Argentina, son importadores de energía, por lo que las condiciones comerciales que ofrece Venezuela son muy ventajosas. El gobierno de Montevideo compró el año pasado casi mil millones de crudo, cuyo pago ha sido financiado a 17 años. A su vez, las exportaciones uruguayas hacia Venezuela se han casi duplicado en tres años. Tal como se ha enriquecido el intercambio comercial entre Caracas y Buenos Aires.

El presidente uruguayo José Mujica celebró la presencia de Venezuela en el Mercosur, ya que a su entender el tamaño medio de ese país introdujo un elemento de compensación a las asimetrías existentes.

Maduro reclamó cambios en el Mercosur para que se transforme en un imán para los demás países de la región. En este sentido, la ampliación del bloque sin duda fortalecería incluso su peso politico. Pero eso implica un costo, sobre todo para quien tiene vocación de liderar el bloque, concretamente Brasil. En cierto sentido, Venezuela comprendió que el liderazgo supone costos, y lo demuestra supolítica petrolera claramente beneficiaria de los gobiernos amigos. No se ven de este modo las cosas desde Brasil, que es muy reticente a la hora de ceder posiciones de privilegio comercial. Habrá que ver si Maduro será capaz de sacudir de la modorra un bloque que no se ha demostrado particularmente activos, en el que los socios pequeños se sienten incómodos y los posibles candidatos a integrarlo no han sido suficientemente seducidos por la aventura de la integración.

Un país indignado

Habría que estudiar cuidadosamente el fallo de la Cámara Penal de Tucumán para opinar certeramente sobre las motivaciones que llevaron a los jueces a desestimar las pruebas sobre el secuestro de Marita Verón, por el que había 13 personas acusadas de participar de una red de trata de mujeres.

Los testigos, entre ellos chicas que fueron sometidas en sórdidos prostíbulos que operan tras la fachada de wiskerías, hablaron de mujeres explotadas, amenazadas, vejadas y reducidas en esclavitud. Eso sucede al amparo de poderes que callan, encubren, protegen o participan en la explotación de esa actividad. En más de un caso denunciado por el periodismo se habló del precio de esa protección, y la  hermana Martha Pelloni acaba de confirmar casos de este tipo de protección en Corrientes.

Hubo casos en que mujeres que habían logrado escaparse, cuando fueron a buscar ayuda en la comisaría del lugar fueron devueltas a sus captores sin piedad. Hay mujeres que fueron obligadas a prostituirse y tuvieron como clientes a jueces y políticos locales. Otras suplicaron llorando inútilmente a sus clientes que denunciaran su caso. Una chica paraguaya recién después de varios meses de cautiverio logró que se apiadara de ella un cliente y presentara denuncia, pudiendo ser liberada.

Susana Trimarco logró la libertad de decenas de chicas, pero lamentablemente en diez años de lucha no logró liberar a su hija que, a esta altura, es muy improbable que siga viva. Ayer recibió con entereza el fallo que hoy indigna todo un país. Anunció que seguirá en su lucha por la justicia. Que a esta altura incluye luchar por una justicia independiente, no sólo a nivel federal, sino en todas las provincias del país.

Se sabe que nunca se pudo probar algo que toda la ciudad de Chicago y todos los Estados Unidos sabían perfectamente: que Al Capone era un peligroso mafioso a la cabeza de una red delictiva. Terminó su vida en la cárcel por no pagar impuestos. Fue el único delito que se le pudo probar ante un juez. La justicia es eso, para asegurar un juicio justo hay que probar los delitos, no es suficiente que todos sepamos lo que sucede. Pero es muy grave que, sabiendo lo que sucede, las autoridades públicas no intervengan con todo su poder, desde el perfeccionamiento de las herramientas legales a disposición, a elementales tareas de inteligencia para desbaratar las redes de prostitución.

Finalmente, una vez más, sobran elementos para concluir que en nuestro país la dependencia del poder judicial sea una llaga abierta.

Un imprevisto brete político

Buenos Aires, 23.11.2012. El fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa pone a la Argentina en un brete político difícil de solucionar, incluso porque acatarlo es imposible. Si el gobierno cumple con la orden de pagar a los fondos buitres, tenedores de ese 7% de bonos de la deuda que no entraron en la reestructuración realizada en 2005, y además si abonara lo debido en una única solución y por el total del valor nominal de los papeles, automáticamente entraría en funcionamiento otra cláusula por la que debería beneficiar del mismo modo a los que participaron del canje, es decir, el restante 93 por ciento de los acreedores. Eso absorbería por completo nuestras reservas y todavía más y, además, sería un verdadero disparate.

El problema es complejo también porque en el medio entran mecanismos que hemos aceptado en su momento al endeudarnos, como las cláusulas relativas a los fueros judiciales a los que hay que someterse, y que hemos ratificado con las sucesivas y más recientes reestructuraciones. Además de los mecanismos que actúan internacionalmente entre las instituciones financieras cuando un país entra en una situación, sea o no técnica, de cesación de pago.

El camino por lo tanto tiene dos instancias: una es demostrar la imposibilidad de cumplir con un fallo que perjudica en realidad a todos: al deudor y a los acreedores, lo cual es bastante insólito en la aplicación de una sentencia que debería, en cambio, ser beneficiosa para todos. En este sentido, hay que argumentar que este fallo pone en peligro cualquier otra reestructuración de una deuda, ya que nadie tendría la seguridad de cualquier negociación con la mayoría de los acreedores, si un juez puede echar por tierra el acuerdo alcanzado. Lejos de beneficiar la seguridad jurídica, este fallo la perjudica.

Otro discurso sería imponer a la Argentina que los bonos que no entraron en el canje sean incluidos en el mismo y reciban el mismo trato que recibieron los demás. Sería más oneroso para el país, relativamente, pero permitiría no contar más con títulos en default. Incluso permitiría el tratamiento en forma comunitaria, en caso de una reestructuración, y no sólo individualmente.

La otra instancia, es la cuestión de las decisiones de un país soberano que no pueden ser puestas al mismo nivel que el de cualquier litigante. Este principio merece una profunda discusión a nivel internacional, y merece ser analizada la legitimidad constitucional de cláusulas de este tipo incluidas en acuerdos financieros. Es parte de las reglas del juego del crédito internacional que hay que modificar.  Cabe recordar que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y Gran Bretaña quedaron endeudados con la Argentina y no pudiendo cumplir con sus obligaciones entraron en cesación de pago. La experiencia no fue lo mejor en cuanto a cómo negociar en modo leal, a nuestro país les fue impuesto aceptar las condiciones que conveían a las dos potencias. Y no hubo modo de discutirlo. Sin embargo, queda claro que el estado de necesidad de un país, como en el caso de dos potencias que había gastado importantes recursos para defender Occidente de la amenaza nazi-fascista, prevalece siempre sobre los intereses comerciales de entidades privadas. Las reglas de acceso al crédito interncional a las que tuvo que someterse el país en los años 80 y 90, lesionaron fuertemente su soberanía. Y los títulos cuyo pago reclaman los así llamados "fondos buitres" por intermedio del juez Griesa, pertenecen precisamente a esa desafortunada etapa de nuestra historia.

El gobierno deberá elaborar una estrategia jurídica, acompañado seguramente por todo un país al que no le sobran recursos. No es la hora de la retórica ni de los pases de factura, sino de la Política con mayúscula. 

Frente a una protesta masiva

Hay un dato de la realidad que no se puede desconocer de la multitudinaria manifestación de ayer: este poder de convocatoria demostrado hoy nadie está en condiciones de emularlo y menos todavía en forma gratuita.
Si bien  no hay duda de que hubo grupos y organizaciones que han colaborado con la difusión del llamado a concurrir, y si bien éste contó con el beneplácito de los más duros adversarios del gobierno comenzando por algunos grupos mediáticos, atribuir exclusivamente a su acción la convocatoria de ayer sería un error.

Tal como sería un error atribuir a sectores extremistas la representatividad de la protesta. Sin duda estos sectores habrán ponderado positivamente la iniciativa y habrán participado, pero no dejan de ser muy minoritarios e incapaces de una movilización tan popular.

Tampoco una manifestación de protesta, por concurrida que sea, puede ser transformada en la decisión de una mayoría de las voluntades, porque a nivel electoral la mayoría del país se ha manifestado y con contundencia el año pasado: el 54 por ciento votó por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, la continuidad y la total legitimidad de su mandato no está en discusión y no tiene por qué figurar en una agenda de temas.

Quien escribe está convencido de que no estamos frente a un planteo electoral y sería un error reducir el juego democrático a la mera confrontación en las urnas, que es cuando culmina la complejidad de la vida política. En democracia se cuenta con un más rico abanico de formas de expresión. Por lo tanto, el tema es detectar si lo que se manifiesta tiene o no fundamento, expresa o no algo real, más allá de que quien lo haga sea incluso un sector minoritario.

Los temas sobre los que se protestó anoche eran varios: desde la inflación y la inseguridad, a menudo negados por el gobierno, a la cuestión de un tercer mandato de la presidenta. Al respecto, es cierto que no hay ningún proyecto presentado formalmente en el Congreso. Como también es cierto que desde legisladores del oficialismo a sectores vinculados al gobierno se ha aludido al tema. Otros temas de la protesta fueron la corrupción y las presiones sobre la justicia que en estas semanas se han agudizado a raíz del enfrentamiento en torno de la así llamada "Ley de medios". No faltaron carteles contra el cepo al dólar y algunas alusiones a la libertad de expresión.

Desde la oposición se ha celebrado que la protesta haya convocado a tantos ciudadanos. Y algunos referentes lo han destacado como un elemento de esperanza. Pero quizás a la oposición en su conjunto se le escapa que, una vez más, el rol que debería ejercer es realizado ahora por la protesta popular, en otros momentos por algunos medios de comunicación. Eso habla de su debilidad y también de una escasa representatividad.

Desde el oficialismo, en cambio, se contesta a los que salieron a la calle con el argumento de que no se puede cambiar la  política del Gobierno nacional, precisamente por el compromiso asumido con quienes en 2011 votaron su propuesta electoral.

Pero aquí el tema no es desnaturalizar el programa de un Gobierno legítimamente instituido, sino demostrar un compromiso fuerte y coherente en algunas áreas sensibles que cosechan el descontento y con razones de peso.

Una es la inflación: mal se podrá reducirla si no se admite su existencia, y a niveles mucho más altos de los que reconoce el Indec. Ni el propio Gobierno cree que sea menos del 10 por ciento, de lo contrario no propondría pautas de aumentos salariales que llegan al doble de la estimación del Indec. La insistencia en negar esta evidencia irrita, más allá de que no se puede negar la mejora generalizada de los salarios de la gran mayoría de los trabajadores, de los jubilados y la reducción de la pobreza. El tema es que todos sabemos el peligro que encierra vivir con un alto nivel de inflación durante años y, encima, negarla.

Un segundo tema sensible es el de la corrupción. La percepción, evidentemente difusa, es que el gobierno no logra demostrar que interviene rápida y decididamente en casos de corrupción. Se necesitó la tragedia de Once para que se actuara con las empresas de transporte ferroviario, donde el desmanejo estaba a la vista. Bastaba circular en tren.

Es muy probable que actuar eficazmente sobre estos dos temas de fondo, descontando el compromiso del Gobierno en materia de inseguridad o que le asisten razones para decidir de limitar el acceso al dólar, recibiría la aprobación de la gran parte de la ciudadanía.

Si bien no figuraba entre los cuestionamientos en el caceroleo de ayer, quien escribe sostiene que bajar el actual nivel de enfrentamiento, comenzando por el tono del discurso oficial, también produciría un mejor clima de convivencia. Y eso sin renunciar a ninguno de los principios que se pretende defender desde la gestión. El cómo se hacen las cosas es a veces tan importante como las cosas que se hacen.

Un nuevo negocio

El petróleo es un recurso que tarde o temprano se acabará. ¿No sería conveniente, concentrarse mientras tanto en el desarrollo de fuentes de energía menos contaminantes y renovables?

El planteo es sencillo: puesto que los combustibles fósiles contaminan y están destinados a agotarse, ¿porqué no acentuar la investigación y el desarrollo de fuentes de energía renovables? La impresión es que, la industria petrolera influye para explotar el negocio del crudo lo más posible. Hoy su precio hace que esta actitud sea conveniente, pese al costo en términos ambientales y sociales. Tanto es así que en el mercado están haciendo su aparición hidrocarburos no convencionales (en inglés, shale oil y shale gas), conocidos desde hace décadas, sólo que en el pasado su explotación era demasiado costosa.

¿De qué se trata?

A menudo, el petróleo y el gas no convencionales se encuentran en los mismos yacimientos que hasta ayer se consideraban agotados. Un yacimiento no es una suerte de tanque desde el que bombeamos el crudo o el gas. Muy a menudo se trata de un sector del subsuelo parecido a una esponja: la parte más fácil de atrapar es bombeada en la superficie. En el pasado, se sabía que había crudo y gas atrapados por las rocas o las capas de arcillas. Sin embargo, primero no existía la tecnología para extraerlo, luego esa tecnología era demasiado costosa. No obstante, como el crudo ha alcanzado un precio elevado que incluso en las próximas décadas debería manternerse en torno a los 125 dólares el barril, las reservas no convencionales serán explotadas incluso más que las fuentes renovables. El Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que en 2035 éstas fuentes representarán apenas el 3 por ciento del consumo energético.

Según algunos estudios, entre los Estados Unidos y Canadá es posible reunir una cantidad de reservas no convencionales parecidas a las convencionales de Arabia Saudita. Eso permitiría a los Estados Unidos ser autosuficiente, sin tener que depender de las importaciones de áreas como Medio Oriente, Asia Central, Venezuela que, a juicio de la Casa Blanca, son inestables. De 50 pozos no convencionales que había en 1989, hoy en los Estados Unidos se ha pasado a 6.200. Y en los últimos cinco años, los hidrocarburos no convencionales han pasado de 0 a representar el 25 por ciento del mercado energético del país. Pero shale gas y shale oil no están sólo en el Norte de América. Aunque menos, hay en Europa, Asia y América Latina. Se habla de que el yacimiento de Vaca Muerta, en la cuenca Neuquina, podría valer unos 200.000 millones de dólares.

Pero...

¿Son todas buenas noticias? No exactamente. La tecnología para acceder a estos yacimientos es muy agresiva y exige enormes cantidades de agua. Primero se realiza una excavación vertical, luego otras horizontales para sucesivamente inyectar a presión altísima cantidad de agua con arena y un mixto de productos químicos (cada petrolera tiene su receta entre 260 sustancias, de las cuales unas 60 tóxicas) que sirven para fracturar (fracking, en inglés) la roca y extraer el gas o el líquido. Las operaciones acontecen a gran profundidad, no menos de 1,2 km, pero igualmente hacen que penetren en el subsuelo sustancias peligrosas que luego pueden contaminar la superficie y las fuentes de aguas. En Wyoming, Pennsylvania y Texas (EE.UU.), por ejemplo, hay graves casos de contaminación. Por otra parte, la cantidad de agua necesaria para el fracking, es grande: en 2002, la industria extractiva de estos hidrocarburos utilizó en Estonia el 91 por ciento de toda el agua usada en el país. Otros plantean el problema de eventuales efectos de tipo sísmico debido a la modificación del subsuelo. En la británica región de Lancashire fueron documentados pequeños sismos y lo mismo pasó en Ohio, Estados Unidos.

¿Quién controla al contralor?

Otro problema es que los grandes grupos petroleros, como también en el caso de la minería, no son ajenos a recurrir a todo tipo de método con tal de realizar un negocio que mueve mucho dinero. La corrupción es uno de ellos. Donde hay mucho dinero, se necesita también tener un control político si los métodos usados se alejan de la ley o directamente si se quiere supeditar el interés colectivo defendido por las leyes a un interés particular como los de estos grandes y poderosos grupos.

Desde la década del '70, la legislación y los controles sobre el impacto ambiental de la actividad petrolera se volvieron más estrictos. En el mundo desarrollado, donde es más fuerte la conciencia colectiva de la defensa del medio ambiente y de los partidos "verdes", episodios como el desastre ecológico provocado en 1989 por el derrame de la petrolera Exxon Valdez, que volcó ante la costa de Alaska 257.000 barriles de crudo, hicieron que la normativa de seguridad fuera más estricta todavía. Sin embargo, en el Tercer Mundo las mismas empresas fueron menos "sensibles" al cuidado ambiental. En efecto, se estima que la contaminación provocada por los pozos de petróleo en el Delta del Río Níger, Nigeria, es equivalente a un desastre al año como el de la Exxon Valdez... ¡desde hace 50 años!

Durante la gestión del presidente norteamericano George W. Bush, el lobby del entonces vicepresidente Dick Chenney, como el del propio Bush y parte de su gabinete, vinculado con la industria petrolera, logró que el Congreso aprobara una ley sobre política energética que prohibe a la Agencia Federal para el Ambiente (EPA) regular el uso del fracking, en base a una normativa anterior. Además, las 490 empresas petroleras que trabajan en este negocio, ya han armado su lobby político que bajo el eslogan: "Vote 4 Energy", que será particulamente activo en la próxima campaña electoral estadounidense. La lógica de la campaña es muy simplista: ¿queremos o no energía?

Sin embargo, sabemos que el problema es otro y debería prescindir del businnes del crudo: ¿cómo producir energía menos contaminante y más renovable? ¿Como concentrar las investigaciones en vista de un futuro relativamente cercano sin petróleo?

Acaso es uno de los problemas que a nivel internacional debería ser al menos afrontado, si no resuelto.

Falkland o Malvine?

Questo arcipelago sito ai confini del mondo è ancora conteso dalla Gran Bretagna e l’Argentina. Difficile che motivi nuovi conflitti, ma superare la disputa aiuterebbe a migliorare i rapporti tra due popoli.

Le imbeccate reciproche tra le diplomazie di Londra e di Buenos Aires sono ultimamente se non all’ordine del giorno, quasi. La questione è quella di sempre. L’Argentina non tralascia occasione per ribadire il reclamo della sua sovranità sulle isole Malvine. Il governo di Sua Maestà non ha intenzione alcuna di riconoscerla.
A suo tempo le Nazioni Unite avevano auspicato che i due Paesi arrivassero a una definizione della questione nel rispetto degli interessi degli abitanti delle isole. Purtroppo però il triste e folle episodio della guerra per le isole scatenata durante l’ultima dittatura argentina, svoltasi durante l’autunno australe del 1982, avendo per teatro precisamente il conteso arcipelago, oltre a provocare una inutile carneficina da entrambe le parti, ha messo in congelatore le possibilità di una soluzione negoziata.
Ma di chi sono le isole Malvine? Sì, Malvine, secondo la dizione spagnola che, peraltro prende origine dai marinai di Saint Malo, malouines, che erano soliti fare scalo nelle isole. Il diritto internazionale in materia suole ricorrere in prima istanza agli avvistamenti cristallizzati in seguito nelle carte nautiche per stabilire il diritto che scaturisce dallo scoprimento di un territorio. Ma qui bisogna ritornare indietro nel tempo per ricordare che la questione venne definita col trattato di Tordesillas sancito nel 1494 tra Fernando e Isabella re di Castilla ed Aragon ed il re Giovanni II del Portogallo e arbitrato da papa Alessandro VI. Il trattato stabiliva le rispettive aree di influenza della corona spagnola e quella portoghese rispetto al nuovo mondo. Erano passati appena due anni dall’arrivo di Colombo in America. L’Atlantico sud apparteneva chiaramente all’area di influenza della corona spagnola. Anche se non si sa con certezza chi avvistò per primo le isole, fu in ogni caso prima del 1592, il che mette in fuori gioco ogni altra teoria al riguardo dato che esistono almeno 30 carte geografiche precedenti a tale anno che indicano la scoperta e la registrazione delle isole. L’attenzione britannica per le isole sorge nel secolo XVIII, quando per continuare le azioni di disturbo nei confronti degli spagnoli lungo le coste del Cile, la flotta britannica cercò un riparo sicuro alle navi che fossero stare ricacciate dalle  tempestose acque che all’altezza del Capo Horn rendono improbo il passaggio dall’Atlantico al Pacifico. Nel 1770 Madrid ordinò alle autorità di Buenos Aires di provvedere allo sgombero dell’insediamento britannico nelle isole, cosa che venne eseguito prontamente. Ne sorse una questione che, per quieto vivere ed anche nel dubbio di non avere la forza di difendere il proprio diritto, alla fine Madrid concesse ai britannici l’uso delle Malvine ma lasciando ben in chiaro e documentato che ciò non inficiava in alcun modo la sovranità della corona spagnola sull’arcipelago. Tale diritto, ovviamente, venne trasmesso anche nella fase di secessione degli stati dell’ America del Sud dalla casa dei Borboni durante la prima metà del 1800, quando poco a poco si costituirono Argentina, Cile, Perù, Colombia, ecc.
Oggi la questione è diventata più complessa.
Sebbene il Foreign Office abbia ammesso di non possedere argomenti di peso per rivendicare la sovranità sulle isole, uno degli effetti del conflitto del 1982 fu quello di concedere la cittadinanza britannica ai kelpers, gli abitanti dell’arcipelago. Il che oppone una seria difficoltà a un argomento del governo di Sua Maestà che fa leva sul diritto all’autodeterminazione dei popoli. Infatti, dato che si tratta di cittadini britannici, i kelpers non possono far ricorso a questo diritto, ossia, non sono parte in causa. Da parte loro, gli isolani non hanno la benché minima intenzione di appartenere all’Argentina, per questioni culturali, data la loro discendenza britannica, soprattutto scozzese, e anche per ragioni di maggiore stabilità economica del Regno Unito. Il reddito procapite dei kelpers è di 28.000 dollari l’anno, uno dei più alti al mondo e ciò si deve ai benefici derivanti dalle concessioni di diritti di pesca del calamaro atlantico nelle acque della zona, oltre ai proventi provenienti dall’allevamento di ovini, della renna e della lana ed in parte all’agricoltura. La possibilità di rinvenire giacimenti petroliferi, attualmente sono in corso trivellazioni, ha aggiunto non poca quota di tensione nelle relazioni tra Buenos Aires e Londra, ma aumenterebbe la ricchezza dei 3000 abitanti delle Malvine che oggi si sentono protetti dalla importante base militare installata nell’arcipelago.
Una escalation armata della contesa sembra proprio da escludersi, pertanto la questione dovrebbe restare nell’ambito diplomatico in ogni caso con qualche corto circuito verbale. Non è da escludersi, dato che in questa fase storica siamo in piena corsa alle risorse energetiche da parte delle grandi potenze, tra cui e in prima linea il Regno Unito. Ovviamente, se si vuole arrivare a un qualche risultato, le buone maniere sono d’obbligo lasciando da parte gli eccessi verbali così frequenti tra le autorità argentine, non sempre dotate di flemma britannica. Ciò nonostante, andrebbe auspicata la modifica dello status giuridico di questo residuo imperialista, che fa a pugni con le idee di cooperazione tra popoli, garantendo ai kelpers una autonomia politica e amministrativa consolidata negli anni ed all’Argentina una sovranità i cui vantaggi fanno parte di criteri di elementare buon senso. Il diritto, anche quello internazionale, parte sempre da li.