¿No hay alternativas?

"No hay alternativas". Lo repite el gobierno español de Mariano Rajoy, pero de ello están convencidos gran parte de los gobernantes europeos, quienes están practicando un ajuste tras otro en una Europa azotada por la crisis financiera. Y eso sin que nadie logre permitir entrever una perspectiva de salida.

Lo repitió ayer un ministro español ante las multitudinarias manifestaciones en su propio país y a pocos días del suicidio de una mujer que se vio acorralada por el desalojo forzado de su vivienda. La noticia impactó y los desalojos fueron suspendidos por dos años. Es decir, al menos una alternativa había.

Esta misma frase se escuchaba hace treinta años. Solía repetirla la "dama de hierro", la primera ministro británica Margaret Thatcher, en los debates por las privatizaciones, cuando siguiendo los principios de la economía neoliberista que imponían el Estado mínimo, miles de mineros quedaron en la calle como efecto de un ajuste llevado a cabo sin contemplaciones. La expresión fue condensada en una acrónimo TINA formado por las iniciales de las palabras en inglés (there is no alternative). El ex primer ministro aleman Schröder lo tradujo a su idioma:  “Es gibt keine Alternativen”.

Esta ausencia de alternativas ha provocado pocas mejoras, mucha desigualdad y mucha exclusión. En los países pobres supuso el comienzo de la época del problema de la deuda externa y los ajustes estructurales del FMI y el Banco Mundial. Hoy estas mismas recetas se aplican en Europa, porque en los países pobres de América latina, por ejemplo, se demostró que había una alternativa: la combinación de comercio en condiciones de igualdad con potencias económicas como China e India y políticas de transferencias de recursos y mejor redistribución del ingreso dieron los resultados esperados. De hecho, lo admite el mismo Banco Mundial, en la región la clase media creció un 50 por ciento en menos de una década.

En Europa hoy aparecen los efectos de las políticas de los ochenta. Hay barrios enteros de Londres poblados por familias que viven de los subsidios y de madres solteras. La exclusión fácilmente se torna resentimiento y tanto en la capital británica como en París ya ha habido brotes de violencia en repetidas oportunidades.
Se repite que no hay alternativas mientras que las medidas de ajuste combinadas con la crisis han destruido 250.000 mil empresas en España, al tiempo que el desempleo ha alcanzado el 25 por ciento de los trabajadores. El mismo guarismo alcanzado en Grecia. Con el agravante de que entre los jóvenes el desempleo llega al 40 y 50 por ciento. En toda Europa más del 11 por ciento de los trabajadores está sin empleo.

Sin embargo, repasando las medidas adoptadas por el gobierno español, entre las cuales figura el aumento del IVA, reducciones del gasto público en general y también en salud y educación, congelamiento de salarios públicos, etc., no se encuentra una sola tentativa de tasar las rentas financieras, de hacer pesar el mayor costo del ajuste sobre quienes más ganan. Ningún gobierno, por ejemplo, ha querido reducir el peso de la deuda pública reestructurándola con una quita indispensable a esta altura, o reteniendo durante unos años esos títulos pero a una tasa mínima. Eso no se toca. Sí se tocaron las viviendas de gente que no tiene ninguna responsabilidad de esta crisis claramente provocada por una elite política irresponsable. Se prefirió escuchar el dictamen de los mercados financieros, corresponsables del descalabro.

Se equivoca ese ministro español: alternativas hay, lo que no hay es coraje para aplicarlas.

Desmanejos financieros

¿Los gobiernos europeos en crisis conocen el verdadero monto de sus deudas? Se diría que no. Quizás el default y una reestructuración de la deuda sería el camino más racional y, acaso, más democrático.

Las reiteradas operaciones de salvataje solicitadas por algunos de los gobiernos de la Unión Europea acosados por la dura crisis económica que los azota, llevan a preguntarse si esos países conocen a ciencia cierta el monto real de su endeudamiento. ¿Cómo se explican las reiteradas ayudas? Los ministros ¿no conocían de entrada la envergadura de las necesidades financieras?

La periodista y economista alemana Stefane Claudia Müller describe eficazmente el caso de España en un artículo suyo publicado en varios diarios económicos de su país, de los que es corresponsal. “En noviembre de 2011, el gobierno (español) dijo que el déficit público era del 6% del Producto Bruto Interno (PBI); a finales de diciembre, el nuevo gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit público era superior al 8%”, relata Müller. “Luego de rehacer el cálculo a finales de marzo el Ejecutivo anunció un déficit del 8,5% del PBI (...), dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual... el déficit era ya del 8,7%. Pero en agosto el Instituto Nacional de Estadística dijo que el PBI de 2011 estaba sobrevaluado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después Valencia dijo que su déficit era de 3 mil millones de euros más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 comunidades autónomas y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011”. Müller concluye que el déficit real de 2001 puede estar encima del 11%.

No es cualquier error, el déficit sería el doble de lo que se calculó al comienzo. Hay algo que no cierra.

Para la economista italiana Loretta Napoleoni, de la Judge Business Scholl de  Cambridge, la explicación es que los países mediterráneos de la Unión Europea, como Grecia, Italia y España, no han blanqueado el real monto de su deuda soberana. De ahí la dificultad de establecer también la envergadura de su déficit.

¿Cómo se llegó a esto? Napoleoni lo explica recurriendo al ejemplo italiano. Durante los años 90 y 2000, Lehman Brother, la famosa compañía de servicios financieros, envió a decenas de jóvenes entrenados en Nueva York para vender nuevos productos financieros extrapolando de los balances públicos dinero líquido, a cambio de jugosas comisiones. Efectivamente, mediante estratagemas financieras Lehman y demás bancos de negocios crearon obligaciones sobre el gasto de las administraciones locales presentadas como títulos con garantía del Estado italiano. Se trata de papeles que en teoría no se podían emitir, porque inciden sobre el balance de la región y del Estado central. Pero el obstáculo fue sorteado con un sofisticado juego de prestigio financiero. En el caso de una de las regiones italianas, Campania, Lehman compró primero las deudas de la administración de salud de la región y pagó a los acreedores (los proveedores) al contado. La región devolvería la deuda después de 10 años, pero mientras Lehman la transformó enseguida en títulos a 30 años que vendió en el mercado internacional con la garantía del Estado italiano. Sin correr riesgos, Lehman ganó una comisión por crear el producto y sobre la venta de los títulos, más los intereses sobre la deuda contraída por las entidades locales.

Si el gobierno de Roma hubiera realizado la operación sin duda que le habría resultado más barata. Pero los títulos emitidos habrían engrosado la deuda pública, mientras que recurriendo a un banco de negocios privado se trata de una deuda privada, si bien con garantías del Estado, y ésta no aparece en los balances del gobierno. Todo regular, cumpliendo con la letra de los límites que impone el Banco Central europeo. Pero endeudando por décadas a los ciudadanos de la región Campania.

Cientos de episodios como el relatado explican la dificultad de establecer la real entidad de las deudas públicas. La responsabilidad que le cabe a políticos y financistas es evidente.

¿Cuál es la salida?

A largo plazo es necesario reducir el peso de la economía financiera sobre la real (la producción de bienes y servicios). La desregulación del mercado financiero permitió transformar el mercado bursátil en un ámbito para la especulación y, literalmente, el juego de azar.

En el corto plazo, el  camino de la reestructuración de deuda con un calendario de pagos y una importante quita sobre el monto adeudado se presenta como una solución racional.

Es lo que ha hecho Dubai cuando, en 2009, dos importantes sociedades garantizadas de hecho por el Estado se declararon incapaces de pagar vencimientos por 30.000 millones de dólares. La rápida intervención del vecino emirato de Abu Dhabi, que garantizó las deudas de Dubai, permitió calmar en seguida los mercados. Luego, durante las negociaciones, se logró una quita de casi la mitad de la deuda. En 2011, Dubai volvió a poder emitir obligaciones que fueron suscriptas sin problemas en el mercado internacional.

En 2008 Islandia eligió el camino de la bancarrota. Su derrumbe fue tremendo: la deuda pública era mil veces superior a su PBI. Los ciudadanos de este pequeño país (apenas 320 mil habitantes) primero exigieron la renuncia del gobierno responsable del desbarajuste. Luego, dos veces se negaron, por referéndum, a pagar sólo a algunos acreedores privilegiados (Holanda, Reino Unido y los bancos internacionales) endeudándose por décadas. Sucesivamente persiguió penalmente a banqueros y políticos responsables del desastre, y algunos han sido condenados. En 2011 Islandia volvía a conseguir créditos por mil millones de dólares a poco más del 3 por ciento de interés. Posiblemente, porque su planteo era creíble.

Cabe recordar que también la Argentina utilizó la reestructuración de la deuda, como señalan también Napoleoni y economistas como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, los últimos dos son Nobel de economía. Quizás la Unión Europea debería tener en cuenta esta posibilidad en lugar de seguir castigando a sus ciudadanos por los desmanes de los dirigentes políticos y financieros.

(1) Loretta Napoleoni, Il contagio, Milan, 2011, pp.61-69.

Frente a una protesta masiva

Hay un dato de la realidad que no se puede desconocer de la multitudinaria manifestación de ayer: este poder de convocatoria demostrado hoy nadie está en condiciones de emularlo y menos todavía en forma gratuita.
Si bien  no hay duda de que hubo grupos y organizaciones que han colaborado con la difusión del llamado a concurrir, y si bien éste contó con el beneplácito de los más duros adversarios del gobierno comenzando por algunos grupos mediáticos, atribuir exclusivamente a su acción la convocatoria de ayer sería un error.

Tal como sería un error atribuir a sectores extremistas la representatividad de la protesta. Sin duda estos sectores habrán ponderado positivamente la iniciativa y habrán participado, pero no dejan de ser muy minoritarios e incapaces de una movilización tan popular.

Tampoco una manifestación de protesta, por concurrida que sea, puede ser transformada en la decisión de una mayoría de las voluntades, porque a nivel electoral la mayoría del país se ha manifestado y con contundencia el año pasado: el 54 por ciento votó por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, la continuidad y la total legitimidad de su mandato no está en discusión y no tiene por qué figurar en una agenda de temas.

Quien escribe está convencido de que no estamos frente a un planteo electoral y sería un error reducir el juego democrático a la mera confrontación en las urnas, que es cuando culmina la complejidad de la vida política. En democracia se cuenta con un más rico abanico de formas de expresión. Por lo tanto, el tema es detectar si lo que se manifiesta tiene o no fundamento, expresa o no algo real, más allá de que quien lo haga sea incluso un sector minoritario.

Los temas sobre los que se protestó anoche eran varios: desde la inflación y la inseguridad, a menudo negados por el gobierno, a la cuestión de un tercer mandato de la presidenta. Al respecto, es cierto que no hay ningún proyecto presentado formalmente en el Congreso. Como también es cierto que desde legisladores del oficialismo a sectores vinculados al gobierno se ha aludido al tema. Otros temas de la protesta fueron la corrupción y las presiones sobre la justicia que en estas semanas se han agudizado a raíz del enfrentamiento en torno de la así llamada "Ley de medios". No faltaron carteles contra el cepo al dólar y algunas alusiones a la libertad de expresión.

Desde la oposición se ha celebrado que la protesta haya convocado a tantos ciudadanos. Y algunos referentes lo han destacado como un elemento de esperanza. Pero quizás a la oposición en su conjunto se le escapa que, una vez más, el rol que debería ejercer es realizado ahora por la protesta popular, en otros momentos por algunos medios de comunicación. Eso habla de su debilidad y también de una escasa representatividad.

Desde el oficialismo, en cambio, se contesta a los que salieron a la calle con el argumento de que no se puede cambiar la  política del Gobierno nacional, precisamente por el compromiso asumido con quienes en 2011 votaron su propuesta electoral.

Pero aquí el tema no es desnaturalizar el programa de un Gobierno legítimamente instituido, sino demostrar un compromiso fuerte y coherente en algunas áreas sensibles que cosechan el descontento y con razones de peso.

Una es la inflación: mal se podrá reducirla si no se admite su existencia, y a niveles mucho más altos de los que reconoce el Indec. Ni el propio Gobierno cree que sea menos del 10 por ciento, de lo contrario no propondría pautas de aumentos salariales que llegan al doble de la estimación del Indec. La insistencia en negar esta evidencia irrita, más allá de que no se puede negar la mejora generalizada de los salarios de la gran mayoría de los trabajadores, de los jubilados y la reducción de la pobreza. El tema es que todos sabemos el peligro que encierra vivir con un alto nivel de inflación durante años y, encima, negarla.

Un segundo tema sensible es el de la corrupción. La percepción, evidentemente difusa, es que el gobierno no logra demostrar que interviene rápida y decididamente en casos de corrupción. Se necesitó la tragedia de Once para que se actuara con las empresas de transporte ferroviario, donde el desmanejo estaba a la vista. Bastaba circular en tren.

Es muy probable que actuar eficazmente sobre estos dos temas de fondo, descontando el compromiso del Gobierno en materia de inseguridad o que le asisten razones para decidir de limitar el acceso al dólar, recibiría la aprobación de la gran parte de la ciudadanía.

Si bien no figuraba entre los cuestionamientos en el caceroleo de ayer, quien escribe sostiene que bajar el actual nivel de enfrentamiento, comenzando por el tono del discurso oficial, también produciría un mejor clima de convivencia. Y eso sin renunciar a ninguno de los principios que se pretende defender desde la gestión. El cómo se hacen las cosas es a veces tan importante como las cosas que se hacen.

Hay cada vez menos tiempo

Si se siguiese en la inacción, de aquí a 2050 el medio ambiente puede sufrir daños cada vez más caros y difíciles de reparar.

Luego del enésimo fracaso de un evento sobre el medio ambiente, como la cumbre Rio+20, celebrada en junio en Brasil, y frente a los desafíos que supone el cuidado del medio ambiente, cabe preguntarse cuáles son las perspectivas futuras. El porqué lo explican los numerosos científicos y organizaciones de la sociedad civil que desde hace tiempo subrayan la urgencia de reducir el impacto de la actividad humana sobre el planeta y, paralelamente, adoptar medidas para contener los efectos del cambio climático en curso. Tiempo atrás, el economista Nicholas Stern fue autor de un informe entregado al gobierno británico, en el cual recomendaba destinar el uno por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) a nivel mundial para afrontar el aumento de la temperatura del planeta. De lo contrario, serían de esperar daños ambientales que producirán caídas abruptas del PBI comparables a la crisis argentina de 2001.

Algunos gobiernos siguen refiriéndose a los niveles de contaminación permitidos por el Protocolo de Kyoto, un paquete de medidas adoptadas en 1997 y entradas en vigor recién en 2005, que muchos científicos consideran superadas y hoy insuficientes, ya que suponen una reducción promedio de los gases contaminantes del 5 por ciento sobre la base de las emisiones de 1990. Y hay que mencionar que Estados Unidos, entre los principales emisores de gases que provocan el efecto invernadero, no ha ratificado el protocolo.

Los indicadores dicen que, lejos de disminuir, las emisiones contaminantes han aumentado, mientras que el incremento de la temperatura promedio se está acelerando, y con él el derretimiento de los hielos de los polos.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone de manifiesto los riesgos de esta inacción en las próximas décadas y alerta a los gobiernos sobre la urgencia de tomar medidas, pero ya.

Vamos a los datos

Se espera que para 2050 –fecha que no es lejana para producir efectos benéficos sobre el medio ambiente–, al ritmo actual la población del planeta será de 9 mil millones. La economía mundial habrá crecido cuatro veces. Estos cambios llevarán a un mejor nivel de vida que también supone un cambio sustancial a nivel de producción y de consumos que impactará sobre el medio ambiente. Una economía cuatro veces superior a la actual, implica el aumento del 80 por ciento del consumo energético. Como no hay orientación global a usar fuentes alternativas de energía, el 85 por ciento provendrá de combustibles como el gas y el petróleo. Eso significa, lisa y llanamente, multiplicar la contaminación del planeta a niveles inéditos.

De no mediar una “política ambiciosa”, el documento advierte que las emisiones de gases de efecto invernadero crecerán del 50 por ciento “debido principalmente al incremento de 70 por ciento en las emisiones de CO2 relacionadas con la generación de energía”. En 2050 la concentración de estos gases en la atmósfera podría alcanzar las 685 partes por millón. Es decir que a finales de este siglo tendremos un aumento promedio de la temperatura global de entre 3 y 6 grados centígrados. Ese aumento “superará la meta acordada internacionalmente de limitarlo a 2 grados por encima de los niveles preindustriales”. A menos de llevar a cabo drásticas reducciones rápidas y costosas de emisiones después de 2020.

Será muy difícil para la humanidad adaptarse a cambios superiores a los 2 grados en promedio una vez que se alteren los patrones de lluvias, aumente el nivel del mar, se derritan hielos permanentes, con el acentuarse de los fenómenos meteorológicos extremos.

Se prevé además una pérdida del 10 por ciento de la biodiversidad. Es decir, del delicado equilibrio que existe entre especies animales y vegetales. Será más difícil acceder al agua dulce para más de 3.600 millones de habitantes del planeta. La demanda global de agua dulce crecerá el 55 por ciento, también por la actividad productiva, al tiempo que los actuales caudales de agua sufrirán los efectos de la contaminación.

Un escenario preocupante será la calidad del aire en las urbes del planeta. Para la OCDE los habitantes de los centros urbanos sufrirán enfermedades que provocarán 3,6 millones de muertes al año.

Para el estudio, sin duda reducir las emisiones implica un costo, por los procesos industriales que habría que aplicar y por la anexa reducción de la actividad económica. Sin embargo, “los beneficios de lograr reducciones adicionales en la contaminación del aire podrían ser mayores que los costos en una proporción de 10 a 1 hacia 2050 en los BRIICS (grupo formado por Brasil, Rusia, India, Indonesia, China y Sudáfrica)”. En el caso del agua dulce y servicios sanitarios en los países en desarrollo el beneficio tendría una relación de 7 a 1.

¿Cómo revertir esta situación?

El riesgo es el de seguir dejando pasar el tiempo sin acciones concretas, asustados por el costo de las mismas pero sin calcular el costo de los efectos dañinos previstos. Incluso los que hablan de “economía verde”, política rechazada en la cumbre Rio+20, en realidad terminan por dejar todo como ahora aplicando algunos cambios. Pero aún es hablar de comercializar el derecho a contaminar: quien es más rico podrá así contaminar más. La aplicación de pocas medidas racionales, en ciudades de Brasil, por ejemplo, ha permitido ahorrar una enorme cantidad de agua dulce. Los municipios se han preguntado cómo no haber hecho antes algo tan sencillo. Otras medidas, como la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, beneficiando las fuentes alternativas puede ser una medida positiva. Además, teniendo en cuenta que muchas reservas de biodiversidad y de recursos naturales se ubican en los países en desarrollo, que no son los que más contaminan, hay quien propone financiar por parte de los países ricos el mantenimiento de dichas áreas.

Sin duda, ésta es un área propia de la cooperación internacional y de cambios culturales en cuanto a estilo de vida. Ningún país podrá hacerlo solo. 

Unir las dos riberas

Ubicada entre dos mares, Pacífico y Atlántico, América latina debería ver las dos riberas como trampolines para su desarrollo comercial. Para ello, se necesitan obras de infraestructura como los corredores bioceánicos.

América latina mira hacia dos mares, el Atlántico y el Pacífico. Una verdad de Pedrogullo que a menudo se desconoce cuando se habla de integración regional. La integración es un proceso que apunta a superar obstáculos comunes, cada país brindando fortalezas que otros no poseen. En el caso de América latina hay que incluir la fortaleza que supone disponer de las riberas atlántica y pacífica.

En efecto, las experiencias de integración en marcha, Mercosur a la cabeza, convocan a los países que miran al mismo mar, pese a que toda la región tiene intereses comerciales al otro lado de los dos océanos (Europa, las dos costas de los Estados Unidos, África y, sobre todo, con las emergentes potencias económicas de India y China). Falta instalar en la visión estratégica de la región la necesidad de mirar a las dos riberas como un mutuo trampolín al servicio de la región.

Una mirada al mapa sudamericano permite comprender estas afirmaciones. Los exportadores de Argentina, Paraguay, Uruguay  y sur de Brasil para enviar sus productos a Asia deben realizar un viaje largo para llegar al Pacífico. Lo mismo les pasa a los productores de Chile o Bolivia que quieren exportar a Europa, Medio Oriente o África. Por otro lado, está claro que el importante desarrollo de India, China sobre todo, pero también de otros países asiáticos, está ofreciendo a todos inéditas oportunidades de comercio. Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, país que mira al otro lado del Pacífico desde hace mucho tiempo, no duda en afirmar que “el siglo XXI será del Océano Pacífico”, en el entendido de que “allí están ahora las grandes corrientes de comercio mundial, los flujos financieros principales y los países de crecimiento más rápido”.

Eso supone la necesidad de desarrollar obras de infraestructura, es decir corredores terrestres y puertos que achiquen distancias, o eviten circunnavegar el Cono Sur, utilizando los puertos de una ribera o la otra. El año pasado fue presentado en Las Heras, provincia de Mendoza, el corredor Bioceánico Aconcagua que prevé un túnel por debajo del nivel de nieve que unirá la localidad de Los Andes con Mendoza (ver recuadro), sería un típico ejemplo de infraestructura destinada a facilitar el tránsito comercial y turístico de toda la región.

El reciente nacimiento de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, Colombia y México, al tiempo que Costa Rica y Panamá son todavía observadores, debería ser visto desde esta perspectiva y no, como algunos han sugerido, en términos de contrapeso del Mercosur (que con la presencia de Venezuela vive una etapa de relanzamiento) o de la expansión comercial de Brasil. Explica Lagos, respaldado por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, que esta Alianza no pretende rivalizar con ninguna otra. Por el contrario, tal como Venecia y Rotterdam en épocas diversas fueron puentes para la llegada de Occidente al resto del mundo, así la región debería mirar a la Alianza, como puente para ir al otro lado del Pacífico.

La lógica dice que bien puede haber reciprocidad entre una ribera y la otra en un marco de trabajo mancomunado de desarrollo de infraestructura. Y que así podemos ser vistos desde los países que exportan hacia nuestra región. “Se requiere una política amplia para entender que a veces importan más las visiones comunes que las definiciones geográficas”, agrega no sin cierta dosis de sabiduría el ex presidente Lagos. Y se diría que el actual es un buen momento para visiones comunes. La actual crisis financiera global invita a transformarla en una oportunidad para rediseñar el rol y los vínculos de nuestra región de acuerdo a sus intereses. En este sentido, ayuda la mejor predisposición existente entre los diferentes gobiernos para superar divisiones y recelos. Cabe destacar al respecto la rapidez con la que el presidente colombiano Santos ha recuperado la dañada relación con Venezuela, o la voluntad manifestada por los presidentes de Chile y de Perú a acatar el próximo fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre los límites marítimos entre los dos países. Voluntad estimulada por el “Llamado a la Concordia” firmado por intelectuales peruanos y chilenos, convocados por los escritores Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards.

Si nuestros dirigentes saben estar a la altura de este desafío, América latina podrá esperar en un más rápido desarrollo.

 

El corredor Bioceánico Aconcagua

Una obra de alto impacto

Con sus 52 kilómetros de largo, el túnel del corredor Bioceánico Aconcagua, que alguien ha definido como el canal de Panamá de Sudamérica será el tercero más largo del mundo. La obra espera el llamado a licitación de la Entidad Binacional a cargo de su realización. El proyecto posee tres mil millones de dólares de capitales privados provenientes de la Corporación América, que reúne a compañías de Chile, Argentina, Italia y Japón y se estima que la realización completa comportará una inversión de cuatro mil millones de dólares. Esta infraestructura permitirá que los actuales 7 millones de toneladas de mercadería que transitan por los pasos entre Chile y Argentina se transformen en 20 millones de toneladas en la fase inicial, para alcanzar y superar las 70 millones de toneladas una vez realizada la obra que comprende varios túneles, ferroviarios de trocha única y para vehículos. Al ser realizado por debajo del nivel de nieve, el corredor no se verá cortado por las nevadas invernales y será una alternativa importante, también en tiempo de recorrido, al paso Los Libertadores (también llamado Cristo Redentor).

Ventanas que se abren

Los países islámicos parecían un mundo poco disponible al cambio. En dos meses, cayeron dos dictaduras, en Egipto y en Túnez. ¿Qué sucede en el área islámica?

A mediados de los años ’80, cuando nadie presagiaba la caída del Muro de Berlín –el derrumbe de los regímenes socialistas europeos–, desde las columnas de Ciudad Nueva Antonio M. Baggio señalaba que el proceso político abierto por el entonces presidente Gorbachov –se solía usar las expresiones en ruso perestrojka (reforma) y glasnost (transparencia)– podría llegar mucho más lejos de lo que se imaginaba el líder soviético. Y así fue.

Del mismo modo, si se tiene en cuenta la complejidad del mundo islámico en el que, desde el pasado mes de diciembre, se han verificados giros políticos inesperados, puede que estemos frente a un fenómeno parecido a la caída del Muro de Berlín. También allí está aconteciendo algo inédito que abre ventanas inesperadas en un mundo que Occidente no suele comprender con facilidad.

El área interesada por el fenómeno es muy amplia y con características distintas. Los hechos comenzaron en los países del Magreb, como se denomina la región occidental de los países árabes del norte de África (al-magrib en este idioma significa poniente), y que abarca Túnez, Libia, Marruecos, Argelia, Sahara Occidental y Mauritania. El Magreb es parte de la cuenca del Mediterráneo, con vínculos históricos con los vecinos europeos.

Allí la insurrección popular provocó la caída del dictador tunecino Ben Alí, quien tuvo que refugiarse en el exterior con su clan familiar considerado como una suerte de “cleptocracia”. Como mancha de aceite, las protestas se extendieron a Argelia y Marruecos, para luego llegar al área de Medio Oriente, provocando en Egipto la caída del presidente Hosni Mubarak, en Jordania cambios en el gobierno y medidas preventivas de seguridad en Siria. Hubo manifestaciones en Yemen y reclamos en Arabia Saudita, y luego el fenómeno se extendió al área asiática con manifestaciones en Irán.

Ante la persistencia de las protestas en Egipto y la inicial negativa de Mubarak a abandonar el poder, el mundo (y en especial los Estados Unidos), contuvo la respiración. Ese tembladeral mantuvo a los analistas en la incertidumbre, pues se  trataba nada menos que del país que controla el estratégico canal de Suez, y de una pieza clave del tablero medioriental al haber firmado un tratado de paz con Israel.

A su vez, cambios tan importantes en países donde cada gobierno o casa real se mantiene firme en el poder desde hace décadas son inéditos. Las causas más aparentes se encuentran quizás en la mezcla de descontento social, agudizado por la crisis financiera estallada en 2008 que impacta fuertemente en el norte de Africa, y de desgaste de regímenes autoritarios y corruptos que sólo favorecen una elite.

En este contexto, la novedad es que en estos años muchos jóvenes, pese a los altos niveles de analfabetismo, han podido completar los estudios secundarios y hasta universitarios –aunque el desempleo entre quienes posee un título de estudio sea muy alto con puntas del 60-70%–. Otro factor ha sido el acceso a internet y a redes sociales como twitter y facebook. La mecha de la rebelión fue encendida pues por un sector pensante con acceso al resto del mundo. Y no es casualidad que en China, Corea del Norte, Myanmar y Cuba se limite el uso de internet.

Nos faltaría un espacio mayor para desarrollar el rol las redes sociales...

En todos los casos, el mayor temor de las miradas Occidentales se dirigió al rol que desempeñarían en esta situación los sectores más radicalizados de inspiración islámica, como los Hermanos Musulmanes o el Gia argelino. Ese temor no sólo no se vio confirmado, sino que, por ejemplo, los Hermanos Musulmanes participaron de las negociaciones entre gobierno y oposición en  Egipto. Eso está diciendo dos cosas: o que la amenaza de estos sectores radicalizados fue amplificada, ya sea por Occidente, ya sea por los mismos regímenes para justificar su continuidad; o que estos sectores han ingresado a una etapa de mayor racionalidad y disponibilidad a la discusión política.

El tema del radicalismo de matriz islámica no es menor. El temor a su influjo en la vida local ha motivado el apoyo de Occidente a las dictaduras de estos países, pese al discurso oficial de difusión la democracia en los países islámicos. El caso más patente es el de la invasión armada de Iraq y Afganistán. Es innegable el apoyo que ha recibido en 30 años el régimen de Mubarak, al tiempo que el tunecino Ben Alí llego al poder en 1987 con la complicidad del gobierno de Italia, mientras que la actual dictadura argelina, en 1991 se instaló con el apoyo de Francia. Del mismo modo, Occidente levanta su dedo acusador contra el régimen de Irán, pero soslaya y calla que el de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Libia y los países islámicos de Asia Central son dictaduras que nada tienen que envidiar a los así llamados “estados canallas”.

A nivel popular, y entre las elites políticas locales, este doble discurso de Occidente –y el recelo por el pasado colonialista desempeñado por las potencias europeas– siempre ha sido patente y no ha contribuido a mejorar relaciones que, en realidad, podrían haber favorecido el mutuo interés por el desarrollo de estos países en lugar de imponer una dudosa razón de Estado, tras la que se ocultaban intereses económicos. De hecho, sobre todo del Magreb provienen las olas migratorias que hoy los europeos intentan frenar desesperadamente.

¿Hacia dónde va este proceso? Es muy probable que el estallido social haya abierto una ventana que conduzca a la introducción de reformas políticas. Quizás, antes que una democracia formal al estilo Occidental la gente esté buscando una vida mejor. Escribió el periodista alemán Volkhard Windfuhur, corresponsal en El Cairo desde hace 56 años: “”Durante 30 años en funciones, Mubarak no se tomó ni un solo minuto para hablar al corazón de su gente. No tenía esa capacidad”.

Se ve que los caminos de la democracia –y es difícil no tender a ella en un mundo globalizado– van por sendas diferentes.