¿No hay alternativas?

"No hay alternativas". Lo repite el gobierno español de Mariano Rajoy, pero de ello están convencidos gran parte de los gobernantes europeos, quienes están practicando un ajuste tras otro en una Europa azotada por la crisis financiera. Y eso sin que nadie logre permitir entrever una perspectiva de salida.

Lo repitió ayer un ministro español ante las multitudinarias manifestaciones en su propio país y a pocos días del suicidio de una mujer que se vio acorralada por el desalojo forzado de su vivienda. La noticia impactó y los desalojos fueron suspendidos por dos años. Es decir, al menos una alternativa había.

Esta misma frase se escuchaba hace treinta años. Solía repetirla la "dama de hierro", la primera ministro británica Margaret Thatcher, en los debates por las privatizaciones, cuando siguiendo los principios de la economía neoliberista que imponían el Estado mínimo, miles de mineros quedaron en la calle como efecto de un ajuste llevado a cabo sin contemplaciones. La expresión fue condensada en una acrónimo TINA formado por las iniciales de las palabras en inglés (there is no alternative). El ex primer ministro aleman Schröder lo tradujo a su idioma:  “Es gibt keine Alternativen”.

Esta ausencia de alternativas ha provocado pocas mejoras, mucha desigualdad y mucha exclusión. En los países pobres supuso el comienzo de la época del problema de la deuda externa y los ajustes estructurales del FMI y el Banco Mundial. Hoy estas mismas recetas se aplican en Europa, porque en los países pobres de América latina, por ejemplo, se demostró que había una alternativa: la combinación de comercio en condiciones de igualdad con potencias económicas como China e India y políticas de transferencias de recursos y mejor redistribución del ingreso dieron los resultados esperados. De hecho, lo admite el mismo Banco Mundial, en la región la clase media creció un 50 por ciento en menos de una década.

En Europa hoy aparecen los efectos de las políticas de los ochenta. Hay barrios enteros de Londres poblados por familias que viven de los subsidios y de madres solteras. La exclusión fácilmente se torna resentimiento y tanto en la capital británica como en París ya ha habido brotes de violencia en repetidas oportunidades.
Se repite que no hay alternativas mientras que las medidas de ajuste combinadas con la crisis han destruido 250.000 mil empresas en España, al tiempo que el desempleo ha alcanzado el 25 por ciento de los trabajadores. El mismo guarismo alcanzado en Grecia. Con el agravante de que entre los jóvenes el desempleo llega al 40 y 50 por ciento. En toda Europa más del 11 por ciento de los trabajadores está sin empleo.

Sin embargo, repasando las medidas adoptadas por el gobierno español, entre las cuales figura el aumento del IVA, reducciones del gasto público en general y también en salud y educación, congelamiento de salarios públicos, etc., no se encuentra una sola tentativa de tasar las rentas financieras, de hacer pesar el mayor costo del ajuste sobre quienes más ganan. Ningún gobierno, por ejemplo, ha querido reducir el peso de la deuda pública reestructurándola con una quita indispensable a esta altura, o reteniendo durante unos años esos títulos pero a una tasa mínima. Eso no se toca. Sí se tocaron las viviendas de gente que no tiene ninguna responsabilidad de esta crisis claramente provocada por una elite política irresponsable. Se prefirió escuchar el dictamen de los mercados financieros, corresponsables del descalabro.

Se equivoca ese ministro español: alternativas hay, lo que no hay es coraje para aplicarlas.

Otra manera de enfrentar la crisis

Aunque lentamente, la economía de Islandia se está recuperando. No le ha sido fácil al país y los efectos del desastre financiero se han sentir entre los 320.000 habitantes.

Pero el haber encarado esta crisis de otra manera respecto de los demás países europeos, hoy les permite entrever la salida de este túnel. Un signo: en 2011 el país volvió a conseguir un préstamo internacional de 1.000 millones de dólares a una tasa de interés poco superior al 3%.

En 2008 el estallido de la economía islandesa es terrible: su deuda supera 1.000 veces su Producto Bruto Interno (PBI), en ese entonces entre los más altos de Europa, cuando la isla era un paraíso de felicidad. La primera medida fue reconocer que esa deuda era imposible de devolver tal como estaba. La decisión provocó las iras de los acreedores, con hasta amenazas del primer ministro británico, Gordon Brown.

En setiembre de 2008 se nacionalizó el banco más importante del país, el Glitnir. Colapsa la moneda nacional y la bolsa debe cerrar las operaciones. El país está en bancarrota. Las protestas de los ciudadanos provocan la renuncia del gobierno de mayoría socialdemócrata.

El parlamento propone una ley que privilegie el pago de la deuda con Reino Unido y Holanda que han congelado los fondos de dos bancos del país. Significa garantizar una deuda de más de 5 mil millones de dólares a una tasa de interés del 5,5%. La ciudadanía exige decidirlo por referéndum, cuyo resultado será un rotundo no, pues el 93% de los votantes no autorizan privilegiar ese pago. En febrero de 2011 otro referéndum plantea a los ciudadanos si aprueban pagar a los bancos internacionales. Otra mayoría aplastante responde con el "no". Al mismo tiempo, quedan arrestados banqueros y miembros del anterior gobierno responsables de la bancarrota.

Pero hay que atesorar la experiencia, se decide reformar la constitución incluyendo normas acerca del manejo financiero del país, por lo que se elige un grupo de ciudadanos, 25, entre los 522 que se han presentado para constituir una Asamblea Constitucional. Se piden tres requisitos que sean ciudadanos no afiliados a partidos políticos, que sean mayores de edad y respaldados por al menos 30 firmas.

En febrero de 2011 comienza el trabajo de la Asamblea Constituyente, en el que confluyen las indicaciones de las asambleas populares que se han llevado a cabo en todo el país utilizando internet para que la gente participe lo más posible. La Carta Magna será sometida a su aprobación después de las próximas elecciones legislativas. En junio fue elegido el presidente de la república, Olafur Grimsson, quien uso su derecho de veto para rechazar los pagos a los especuladores extranjeros y sometió a referéndum esas medidas del Parlamento.

Sin necesidad de recurrir a las recetas del FMI, Islandia ha restructurado su deuda que hoy representa el 80-90 % del PBI. El sistema bancario se redujo a un 20% de lo que era antes, y la economía se ha enlentecido, por supuesto. Pero la gente no ha perdido sus ahorros y mantuvo su acceso al crédito. La deuda restructurada fue asumida por los nuevos bancos y los mismos acreedores extranjeros no han dudado en invertir en ellos.

La restructuración de la deuda y del sistema bancario convencía a los inversores y hoy los nuevos bancos se han capitalizado por más del 16% con fondos provenientes de los depósitos. O sea, los bancos demostraban solidez y no hay que descartar la capacidad de decisión de esta democracia y de dar una respuesta clara al problema. Los mercados suelen penalizar la debilidad gubernamental y las democracias con problemas de gobernabilidad. Una lección que valdría la pena aprender.