Casi tres mil trabajadores esclavos rescatados en Brasil

En 2012 el Gobierno liberó a 2.849 trabajadores sometidos a un régimen de trabajo esclavo. Entre ellos había peones de los grandes latifundios, pero también obreros de la construcción y de industrias siderúrgicas.

Casi tres mil trabajadores en condiciones de esclavitud fueron rescatados el año pasado por el Gobierno de Brasil. El anuncio fue realizado por los fiscales del Ministerio de Trabajo y Empleo este lunes, cuando el país sudamericano festejó el 125 aniversario del fin de la esclavitud.

Brasil fue el último país del mundo en prohibir la esclavitud, el 13 de mayo de 1888. El Estado, sin embargo, se limitó a liberar a los esclavos, pero dejándolos a su suerte, sin ofrecer educación o algún tipo de inserción social, al punto que en muchos casos los liberados regresaron a su estado de esclavitud. Otros no aceptaron pasivamente su condición. En los archivos de Río de Janeiro, figuran por lo menos 400 acciones judiciales de esclavos contra sus patronos, algo bastante inédito para esos años. La mitad de esas acciones fueron acogidas por el Tribunal nacional de Río de Janeiro.

Entre los 2.849 trabajadores rescatados, no había sólo peones explotados en los grandes latifundios, como solía suceder, sino también obreros de industrias siderúrgicas y empresas constructoras. Se llevaron a cabo el año pasado 255 operaciones en las que se analizaron las condiciones de trabajo de más de 30 mil obreros. El mayor números de rescatados se registró en el estado de Pará, donde fueron liberados 563 personas. Los perjudicados deberán ser indemnizados y se estima un monto total de 4,5 millones de dólares.

Las personas de color son en Brasil los herederos de quienes vivieron la experiencia de la esclavitud y, muy a menudo, arrastran el peso de aquella discriminación social, pese a ser el 51 por ciento de la población del país. En el Gobierno existe una fuerte conciencia de tener que pagar esa suerte de deuda, por eso hay mucha acciones sociales, como las cuotas para poder estudiar o para obtener becas dentro y fuera de Brasil.

Un descubrimiento en los archivos de Río de Janeiro del tiempo de la esclavitud, es que existieron en aquellos años por lo menos 400 acciones judiciales de esclavos contra sus patronos, algo que les suponía enfrentarse con algo muy grave para ellos. Y lo que más ha conmocionado sobre estos archivos es que la mitad de aquellas acciones de los esclavos contra sus dueños fueron acogidas en segunda instancia por el entonces Tribunal nacional de Río de Janeiro. Los analistas subrayan que ello significa que los esclavos no aceptaron pasivamente su condición como fatalismo, sino que hasta llegaron a revelarse acudiendo a la justicia.

En Libia manda Al Qaeda

Milicias tribales controlan enteras regiones, al tiempo que la organización terroristas usa el territorio libio para entrenar a sus activistas y desplegar su poder. 

Como en el caso de Iraq, el derrocamiento de Muhamar Kadhafi y el fin de su régimen patrocinado por Francia, Reino Unido y Estados Unidos, interesados en cambiar la orientación comercial del país norteafricano, ha significado destapar un vaso de Pandora de violencia y caos. A la dictadura de Khadafi, ha seguido la división del país en territorios dominados por milicias tribales. Cirenaica, Fezzan y Tripolitania están fuera de control. El mismo gobierno en realidad está siendo sitiado por los milicianos, que han rodeado los ministerios más importante y el Parlamento, como la ha evidenciado el ministro de defensa, Al-Barghati (en la foto), quien retiró su renuncia, finalmente retiradas por insistencia del primer ministro.

La situación se complica por la presencia cada vez numerosa de milicianos de Al Qaeda que, luego de la intervención francesa en Mali, han regresado a Libia. Lo ha revelado el diario estadounidense Daily Beast, citando a un funcionario de inteligencia libio. El país se ha transformado en la principal base de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que recientemente ha abierto tres nuevos campos de entrenamiento en el sur.

El corrimiento de los guerrilleros qaedistas de Mali, donde se estaba intentando centralizar la actividad de la organización, responde al interés francés de no ver amenzada la estabilidad de la región africana bajo su control. La presencia de Al Qaeda en Mali amenzaba con desestabilizar también el vecino Niger, país con el que comparte una larga y porosa frontera. Y Niger es el mayor proveedor del uranio que Francia utiliza en sus centrales nucleares.

Nueva condena contra Berlusconi

Las artimañas legales no pudieron impedir la confirmación en segundo grado de una condena por fraude fiscal. 

“En nombre del pueblo italiano” es la fórmula con la que comienzan las sentencias que emite un juez en Italia. Y en nombre del pueblo y en el respeto de esa ley ante la cual todos deberían ser iguales, Silvio Berlusconi ha sido condenado en segunda instancia por el delito de fraude fiscal.

Condena leve, si se quiere: cuatro años con la pena accesoria de no poder ejercer cargos públicos durante otros cinco, quizá el aspecto más preocupante para un hombre que ha cumplido las 77 primaveras y que todavía aspira a cargos públicos importantes.

Hasta aquí la noticia cruda que, en realidad, dice poco, mucho menos de lo que dos tribunales han dado por probado: mientras ejercía su actividad política, la que lo llevó en tres oportunidades a ser Jefe de Gobierno, el grupo mediático de Berlusconi organizó una maniobra evasiva de impuestos por varios millones de euros, adquiriendo películas en el exterior para, inflando los precios, crear un sistema de recompra de las mismas entre las diferentes empresas del grupo al punto tal de constituir en cuentas en otros países capitales en negro por cientos de millones de dólares.

La gente se pregunta que pasará. En realidad, afirma Ezio Mauro, director del diario La Repúbblica, “habría que preguntarse qué pasó”, cómo pudo suceder esto mientras Berlusconi actuaba desde la cúpula del poder político. “¿Qué se hacía con ese dinero en negro?”, interpela el periodista.

Los jueces, por otro lado, no tienen dudas de la culpabilidad de Berlusconi, al punto que han aumentado la pena solicitada por el fiscal, considerando que dentro del sistema no había otra persona por encima de él que pudiera ser el responsable de la maniobra, el demiurgo de este colosal movimiento de dinero en negro.

El vice ministro Kiciloff deberá ser más prudente cuando querrá citar Italia entre los antecedentes de amnistía fiscal para blanquear dinero, porque estas maniobras, la última aplicada precisamente por el gobierno de Berlusconi, han favorecido el lavado de ríos de dinero de proveniencia sospechosa, y cuando no mafiosa.

La gran preocupación del líder de la centroderecha italiana hoy no es la de terminar en la cárcel. De los cuatro años sentenciados, tres ya han sido indultados. Habrá que esperar primero la instancia de casación, que no entrará en el mérito de la sentencia, sino en eventuales vicios procesuales, y como ya el proceso duró una docena de años, entre tecnicismos y frenos aplicados por sus legales, con delitos que han sido prescriptos, luego de modificar a su gusto los términos aprovechando de disponer de los votos necesarios en el Parlamento, es muy difícil que Silvio Berlusconi, termine como cualquier hijo de vecino entre rejas.

La anómala situación del sistema político italiano, hace que en este momento desde el partido de Berlusconi se pongan los gritos en el cielo por esta sentencia que atenta contra la “pacificación” acordada entre derecha e izquierda para dotarse de un Ejecutivo, luego del impasse que duraba desde mediados de febrero. Como si la paz social incluyera poder violar impunemente la ley.

Y es precisamente ésta la teoría que Berlusconi pretende imponer a una justicia recalcitrante violando los principios elementales del del Estado de derecho: él no es igual a los demás. Investigarlo, procesarlo y condenarlo es un imperdonable pecado de una magistratura propensa al odio y “comunista”. Cabe imaginarse la cara de perplejidad de Alessandra Galli, miembro del tribunal de apelación que lo acaba de condenar e hija de un magistrado asesinado precisamente por los terroristas de izquierda. 

La condena cae en el momento en que el ex hombre fuerte de Italia está tratando de hacerse designar al mando de una comisión que deberá reformar la Constitución italiana. Un importante antecedente que podría incluso obtenerle el visto bueno para ser Presidente de la República. Para Berlusconi sería una garantía de impunidad. Para el país sería la confirmación definitiva del desprestigio en el que ha caído su sistema político.

En Alemania un ministro renunció porque se descubrió haber plagiado una tesis de posgrado. En Italia, Berlusconi pretende presentarse como padre constituyente, pese a la cantidad de delitos cometidos pero caídos en prescripción y pese a los procesos en los que es imputado, entre ellos, el de favorecer la prostitución de una menor.

La gira de Maduro por el Mercosur

Luego de reunirse con su par uruguayo, el presidente venezolano mantendrá reuniones con la presidenta Cristina Fernández y sucesivamente visitará Brasil. Se reafirma la política exterior del país caribeño, mientras el bloque regional necesita recobrar dinamismo. 

Llega hoy a la Argentina el presidente venezolano Nicolás Maduro quien ha comenzado ayer en Uruguay una gira por los países socios del Mercosur, durante la cual se reunirá también con su par brasileña, Dilma Roussef. 

El primer viaje de Maduro como presidente de Venezuela fue a Cuba, donde consolidó los vínculos ideológicos y de cooperación mutua con el régimen de La Habana. Esta gira confirma las opciones estratégicas de Venezuela al privilegiar las relaciones con los demás miembros del mercado común del sur. Debido a su provisoria expulsión del bloque, con motivo de la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en junio del año pasado, el mandatario no visitará Paraguay, que además fue un ferreo opositor del ingreso de Venezuela al Mercosur. La situación debería volver a la normalidad a partir de la asunción del nuevo presidente del país guaraní, a mediados de agosto. Mientras tanto, a partir de junio, Maduro será presidente temporario del Mercosur durante la segunda mitad de este año.

En la región se miraba con atención el proceso electoral venezolano, el que culminó con una polémica victoria del oficialismo por un margen muy estrecho. La oposición, de hecho, reclama la fiscalización de más de dos millones de votos y está llevando a la atención de los demás países de la región el enfrentamiento con el gobierno al que acusa de fraude electoral. Estaba en juego la continuidad de la política exterior venezolana, que se ha caracterizado por ofrecer su producción petrolera a cambio de alimentos y demás productos que escasean en el país caribeño.

Tanto Uruguay como la Argentina, son importadores de energía, por lo que las condiciones comerciales que ofrece Venezuela son muy ventajosas. El gobierno de Montevideo compró el año pasado casi mil millones de crudo, cuyo pago ha sido financiado a 17 años. A su vez, las exportaciones uruguayas hacia Venezuela se han casi duplicado en tres años. Tal como se ha enriquecido el intercambio comercial entre Caracas y Buenos Aires.

El presidente uruguayo José Mujica celebró la presencia de Venezuela en el Mercosur, ya que a su entender el tamaño medio de ese país introdujo un elemento de compensación a las asimetrías existentes.

Maduro reclamó cambios en el Mercosur para que se transforme en un imán para los demás países de la región. En este sentido, la ampliación del bloque sin duda fortalecería incluso su peso politico. Pero eso implica un costo, sobre todo para quien tiene vocación de liderar el bloque, concretamente Brasil. En cierto sentido, Venezuela comprendió que el liderazgo supone costos, y lo demuestra supolítica petrolera claramente beneficiaria de los gobiernos amigos. No se ven de este modo las cosas desde Brasil, que es muy reticente a la hora de ceder posiciones de privilegio comercial. Habrá que ver si Maduro será capaz de sacudir de la modorra un bloque que no se ha demostrado particularmente activos, en el que los socios pequeños se sienten incómodos y los posibles candidatos a integrarlo no han sido suficientemente seducidos por la aventura de la integración.

Hay evidencias de que los rebeldes han usado armas químicas

La semana pasada el régimen de Damasco fue acusado de usar el gas sarín. Pero la ONU encontró evidencias que sugieren todo lo contrario. Mientras tanto se teme por un rediseño del mapa de Siria y del vecino Iraq. 

La noticia del uso de armas químicas por parte del ejército regular sirio olía mal de entrada. Para los gobiernos occidentales, que en medio del silencio general están trabajando para derrocar al presidente Assad, debía ser un elemento que catalizaría el rechazo de la opinión pública.

Pero el tema es demostrar primero el uso efectivo de esas armas, cuyas evidencias distaban mucho de serlo. En segundo lugar, había que probar que eso fue dispuesto por el gobierno de Damasco y no la decisión desgraciada de algún oficial aislado. Un hecho que no se puede descartar.

El flanco débil de la noticia comenzó a notarse a partir de la existencia de fuentes sólo cercanas a los rebeldes, cuyo abastecimiento y apoyo por parte de los Estados Unidos, por intermedio de sus aliados, es notorio. En efecto, ahora que las Naciones Unidas han comenzado a ingresar en el tema por intermedio de la comisión que investiga las violaciones a los derechos humanos en el conflicto sirio, la teoría del uso de armas químicas tomó un rumbo bastante parecido al clásico tiro que sale por la culata.

Para la investigadora suiza Carla del Ponte, fiscal en los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, hay evidencias que inducen a pensar que las milicias rebeldes sirias hayan recurrido al gas sarín. No hay pruebas concluyentes, declaró del Ponte en una entrevista a un canal televisivo de su país, pero "hay sospechas fuertes y concretas del uso de gas sarín" (que es un agente nervioso mortal), por el modo que tuvieron que ser atendidos heridos internados en hospedales de países vecinos a Siria.

En rigor, el gobierno de Assad denunció el 19 de marzo un bombardeo que provocó 25 muertos y unos 100 heridos luego de que cayera un misil cargado de una sustancia que produjo síntomas de asfixias.

El presidente Barack Obama había declarado que el uso de armas químicas provocaría una intervención de los Estados Unidos. No dijo qué pasaría en caso de que esas armas fueran usadas por los rebeldes. Así como pocas reacciones hay desde la Casa Blanca en el caso de las matanzas y de las ejecucione sumarias y robos protagonizados por las milicias rebeldes.

El conflicto ha provocado más de 70.000 muertos, llegó la hora de que el manejo de este tema no responda más a los intereses de algunos países occidentales y que haya una intervención internacional, bajo la égida de la ONU, para que los sirios resuelvan sus cuestiones internas.

El riesgo de la inacción por parte de la comunidad internacioanl es el del rediseño del mapa de Oriente Medio. Se teme, en efecto que las regiones de Siria que han quedado bajo el control de los rebeldes, cuyos éxito militares se deben en el 80 por ciento de los casos a la presencia de las brigadas qaedistas y salafitas, puedan unirse a las regiones de iraq limítrofes, que no están bajo el control del gobierno central del primer ministro Nuri al-Maliki. Desde la salida del ejército de los Estados Unidos de iraq, ha retomado fuerza una organización que ha sido rebautizada como Islamis State of Iraq and Greater Syria (Estado Islámico de Iraq y de la Gran Siria). 

El nombre de la entidad constituye todo un programa, que con sus variantes podría aplicarse en Somalia, como en Mali, en Nigeria como en Chechenia. El sueño de un califato bajo el gobierno de sectores fundamentalistas podría tener efectos explosivos, en la región y no sólo.

En Italia, un inédito gobierno

La centroizquierda y la centroderecha se han unido para formar el nuevo Ejecutivo, luego de estériles tentativas a lo largo de dos meses y medio. ¿Durará? 

A casi dos meses y medio de haber celebrado las elecciones, Italia volvió a tener un nuevo gobierno. Lo pudo hacer en medio de circunstancias inéditas, como la reeleción del presidente de la República. Nunca había sucedido. Y Giorgio Napolitano, designado por la asamblea legislativa por otro septenio, a sus 87 años, aprovechó la oportunidad para exigir la la formación de un gobierno en el que confluyeran los votos de la centroizquierda y la centroderecha.

Por cierto, se necesitara de un gesto de responsabilidad ante la urgencia de dotarse de un Ejecutivo que afrontara la compleja y delicada situación económica del país, en el que el 38 por ciento de los jóvenes no consigue trabajo.

No fue posible ampliar al recién llegado Movimiento de las 5 Estrellas (M5E), que contó con el 25 por ciento de los votos, el consenso para formar un gobierno abarcando la sintonía ideológica de todo el arco de la centroizquierda. El M5E pareció demasiado estricto en cuanto a exigencias de transparencia y de lucha contra la corrupción, a tal punto de estimar imposible un acuerdo con ese sector.

Fracasados otros intentos, apareció la posibilidad de unir los votos de la centroderecha, liderada por Silvio Berlusconi, con la misma centroizquierda que desde hacía años denunciaba, apoyaba y patrocinaba el procesamiento del magnate devenido político, pero sin mayores resultados. La alternativa a este acuerdo, que algunos políticos, sobre todo desde el M5E, denuncian como una negociación realizada a espalda de los intereses de los italianos, eran volver a las urnas, pero prolongando la gestión temporaria del Ejecutivo, es decir, sin poder tomar medidas de fondo.

Encargado de formar el nuevo gobierno ha sido Enrico Letta, un hombre de modales elegantes y sobrios, proveniente de la desaparecida Democracia Cristiana,quien ha logrado el consenso (voto de confianza) de ambas ramas del Parlamento. Pero es evidente que para lograr los votos de Berlusconi tuvieron que incorporar medidas que van en contra de lo declarado por el propio Letta durante la última campaña electoral, como el impuesto sobre la primera casa (IMU), defendido a capa y espada y que hoy, si quiere seguir contando con los imprescindibles votos del sector de Berlusconi, ya ha anunciado que será postergada su aplicación.

El tono del discurso del nuevo presidente del consejo de ministros (el título exacto del jefe de gobierno, ya que institucionalmente no hay un primer ministro) no ha sido el de un programa provisorio para sanar los problemas urgentes, sino el de un Ejecutivo que supone la continuidad a lo largo de la legislatura.

Ha anunciado medidas para reducir el peso fiscal sobre las familias y estimular el crecimiento y el empleo. Una maniobra que supone un costo entre 70.000 y 80.000 millones de euros (casi 100.000 millones de dólares). Letta no dijo de dónde saldría esta suma astronómica.

También anunció la abolición de costos de la política totalmente inútiles y anacrónicos, como las más de 100 provincias en las que está repartido el territorio italiano (equivalente a la superficie de la provincia de Buenos Aires), con legislativos y ejecutivos provinciales y todo lo que consigue a nivel de gastos., y la reducción de los mil legisladores entre las dos ramas del Parlamento. Otras medidas son más bien simbólicas, aunque no menores en un momento de crisis, como la imposiblidad, para los ministros elegidos entre diputados y senadores, de cumular a la remuneración como secretarios de Estado la de legislador.

¿Tendrá futuro esta mezcla de agua y aceite que sólo los bizantinismos de la política podría parir? El tema de fondo no es tanto, o no sólo, la incompatibilidad ideológica entre dos modelos de país, uno marcadamente neoliberal y otro de economía social de mercado, sino hasta qué momento esta convivencia será conveniente. Berlusconi ya se presenta como aquel que salvó la Patria de la catástrofe y hasta defiende el bolsillo de las familias promoviendo la reducción de impuestos que él mismo aumentó durante su gestión. La centroizquierda deberá explicar a la gente como pudo incluir en el gobierno la persona que hasta ayer era considerada, con cierto grado de exageración, la suma de todos los males. Un verdadero abrazo del oso el de Barlusconi.

No es de descartar que cuando se acerque la fecha que anteriormente se preveía para las elecciones haya una ruptura que determine el fin de esta experiencia anómala. Los más suspicaces, y en Italia conviene serlo, creen que una más larga duración significaría ceder algunos otros privilegios a Silvio Berlusconi, como el de violar la ley sin tener que pagar por eso.

¿Un dato? Uno de los autores de las leyes “ad personam”, leyes pensadas para beneficiar al líder de la centroderecha, es hoy el ministro del interior. Para muestra basta un botón.

Un problema que atañe a la economía argentina

A fines del año pasado, un ex integrante del gobierno lo confesó aprovechando que la conversación mantenía carácter de reservada. “Está claro que al oficialismo una inflación al 20 % no le preocupa”.

 No es la primera vez que se escucha un planteo de este tipo y no sucede sólo aquí. Recuerdo una campaña electoral en el vecino Uruguay en la que un importante dirigente político consideraba tolerable un guarismo de ese tipo. El problema es que la inflación no es sólo un tema interno sino, en una economía cada vez más globalizada, una cuestión que debe rendir cuenta al contexto regional en el que estamos insertados, y el promedio en América del Sur ronda el 6 %. 

Por otro lado, si desde la perspectiva del Ejecutivo una inflación alta no es necesariamente una mala noticia, pues los ingresos fiscales crecen al aplicarse impuestos como el IVA a precios más altos, lo es para los asalariados y jubilados que pierden poder adquisitivo en sus ingresos y en sus eventuales ahorros, acaso fruto de años de trabajo. 

A su vez, hay que plantearse si es posible mejorar la performance de la economía en situación de alta inflación. Brasil está aplicando tratamientos enérgicos para reducir la inflación por debajo del 6 %. ¿Cómo ser competitivos si los precios suben incluso en dólares? 

Lo que se nota actualmente es que se reconoce que el problema existe. Fiel reflejo de este reconocimiento son las columnas bajo diferentes firmas de este informe, donde la discusión no es si hay o no hay inflación, sino cómo contrarrestarla o si es o no el principal problema de nuestra economía. Los esfuerzos del Ejecutivo por controlar el nivel de precios revelarían que sí lo es. 

Inflación, ¿una manera de vivir?

Ernesto A. O’Connor (economista UCA)

La economía argentina se encuentra nuevamente ante un problema histórico: la inflación. La suba generalizada en el nivel de precios no se ha acelerado en el primer cuatrimestre de 2013 mucho más que lo observado en años previos. La gran diferencia es que el tipo de cambio paralelo, el dólar blue, se ha convertido en el precio de referencia de la economía.

La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. El peso deja de ser preferible y la moneda extranjera toma entonces el rol de reserva de valor. Además, la moneda extranjera puede irse transformando en unidad de medida. A la moneda local le queda el rol de medio de pago. La diferencia entre 2013 y los años inflacionarios previos es que el dólar es reserva de valor, pero en parte unidad de medida, pues en el proceso de formación de precios las empresas consideran el costo de reposición y éste queda afectado por el dólar blue. No es que especulen, sino que cubren sus costos. 

Las causas de la inflación son muchas. La primera, el ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero emitida por el Banco Central supera al crecimiento de la economía. El BCRA ha emitido dinero al 38 % anual en 2013, cuando la economía creció 1 % anual. Otro motivo es la política fiscal expansiva en los booms: el gasto público nacional y provincial creció desde 34 % del PIB en 2011 a 49 % en 2012. Esto requiere financiamiento, entre ellos, la emisión. Luego, la inflación sube los costos empresariales, como ser insumos y salarios, e ingresa en una inercia estructural. Los controles de precios y de divisas sólo postergan y exacerban las expectativas inflacionarias. 

El mayor problema de la inflación es que es una de las madres de la corrupción. La divergencia entre precios domésticos e internacionales permite sobreprecios en el sector público y privado, quitando transparencia. La ética en la economía pierde a un gran aliado.

El objetivo debería ser converger a la inflación regional, que promedia el 4 % anual. Descender desde el 26 % anual a esta cifra implica esfuerzos enormes. Alinear precios locales con internacionales, bajar gasto público ineficiente y reducir la emisión monetaria escalonadamente hacia un dígito anual son medidas básicas. Los costos sociales no son neutrales, pero de no hacerlo, existen riesgos mayores. La pregunta es: ¿la inflación es una manera de vivir de los argentinos? Evidentemente, nos cuesta aprender de nuestra propia historia.

El problema principal no es la inflación

Alfredo Zaiat (economista y periodista)

La inflación es un incremento generalizado en el nivel de los precios y si no hay un acompañamiento, por lo menos en la misma proporción, de salarios o jubilaciones, o de cualquiera que tenga un ingreso fijo, provoca una pérdida en el poder adquisitivo.

Para pensar en una posible contención de los niveles inflacionarios primero habría que hacer un buen diagnóstico de por qué suben los precios en la Argentina y, fundamentalmente, los precios vinculados con la canasta básica del hogar, es decir alimentos y bebidas, teniendo en cuenta que gran parte de los sectores de la sociedad destina una buena medida de su consumo a esos bienes. Entonces, en ese diagnóstico, como en varias cosas que hay en economía, hay como dos “bibliotecas”. Por un lado están los que piensan que el aumento de precios, la inflación, está dado por desbordes monetarios fiscales o salariales, visión con la que no coincido. 

Creo que en Argentina existen cinco fuentes de base inflacionaria. Primero es una estructura productiva desequilibrada, fruto de 40 años de desindustrialización y, por consiguiente, esto genera cuellos de botella en determinados sectores, o sea, insuficiencia de oferta ante un crecimiento de la demanda. Después, la formación oligopólica de precios, los shocks exógenos de los precios internacionales, es decir, la suba de los precios internacionales. El ajuste del tipo de cambio se sigue depreciando, por lo que la devaluación, pese a lo que se menciona, es una fuente inflacionaria también. Y por último, la puja distributiva. O sea, la tensión entre el capital y el trabajo, entre los aumentos de precio y los reclamos por aumentos salariales que se van realimentando y, por consiguiente, generan una puja distributiva que es una poderosa fuente de tensión inflacionaria. 

La Argentina ha vivido con tasas de inflación muy por encima de los niveles actuales durante muchísimo tiempo, por lo que el riesgo más latente de esta situación es el desgaste político, el hartazgo y la insatisfacción social. 

Por eso pienso que el problema principal de la Argentina no es la inflación sino la generación de empleo, que haya trabajo de calidad y no informal. Si para analizar qué es lo que sucede con el empleo se pusiese el mismo esfuerzo que se tiene para debatir la inflación, creo que la economía andaría muchísimo mejor. 

La hora de la inflación

Gastón Rossi (director LCG / ex secretario de Política Económica)

Con un Gobierno que persistentemente se ha hecho el distraído, no debe extrañar que la Argentina lleve ya más de 7 años con una inflación de dos dígitos. En esencia, las razones que explican esta evolución son dos: la destrucción del faro de referencia en materia de precios con el descrédito del INDEC, y un combo de políticas macroeconómicas muy expansivo. Si se tiene en cuenta que la cantidad de dinero ha venido creciendo en los últimos años al 35 % anual, el gasto público por encima del 30 % y los salarios formales entre el 25 % y el 30 %, es esperable que la inflación sea superior al 20 %.

Como agravante, desde 2010 el Gobierno decidió utilizar como única herramienta antiinflacionaria el Tipo de Cambio Nominal. Esto generó un acelerado proceso de pérdida de competitividad, que terminó por forzar la implementación de los distintos controles cambiarios luego de las elecciones presidenciales y condenó la economía al estancamiento.

Una inflación elevada limita el potencial de crecimiento de la economía a través de distintos canales: genera incertidumbre con respecto a la evolución futura de precios y costos, achica el horizonte de planeamiento de las empresas, desincentiva la inversión privada y la generación de empleo formal, impide la profundización del sistema financiero, tiene un efecto distributivo regresivo, etcétera.

Para contener las presiones inflacionarias no resulta necesario –ni deseable– una política de shock. Distintamente se requiere de un enfoque integral, sistemático y coherente, con un Gobierno que haga explícita su preocupación en materia inflacionaria y recupere la confianza en el INDEC. Y es necesario que la totalidad de la política económica se coordine poniendo foco en la lucha contra la inflación, de forma de corregir los pronunciados desequilibrios en materia de precios relativos.

La persistente resistencia del Gobierno a enfrentar este problema no permite abrigar demasiadas esperanzas al respecto. El problema es que, con un margen de maniobra mucho menor que en el pasado, de ello depende que la economía vuelva a crecer y se generen nuevos empleos. 

Medidas que le dan tiempo al Gobierno

Dr. Enrique Carlos Bianchi (profesor titular de Comercialización, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba)

Muchos analistas económicos plantearon sus temores por la emisión monetaria –40 % en 2012 por sus riesgos inflacionarios y su presión sobre el mercado cambiario–. La mitad de esa expansión fue para financiar el déficit del gobierno vía el BCRA a través de adelantos transitorios y el otro 50 % para la compra de dólares para pagos externos.

El gran desafío se presentó en atacar la inflación y sus expectativas para 2013, y así lograr moderar las subas salariales solicitadas en las negociaciones paritarias. Dicho o no, pero consciente de que la inflación anual fue del 24,43 % en 2012, el Gobierno tomó medidas como el congelamiento de precios –“enfriamiento”–, dio señales políticas sobre el tope esperado de suba salarial en torno al 20 %, buscó absorber en parte la fuerte emisión monetaria de fines de año y presionó –aunque equivocadamente– para que determinados sectores del campo liquidaran el remanente de granos y para que los empresarios no subieran alocadamente los precios con la velada amenaza de abrir la importación (verwww.ciudadnueva.org.ar, “Plan anti-inflacionario: algunas señales”). En definitiva, ganó tiempo a la espera de las liquidaciones de la soja de la presente campaña.

De cara a las próximas elecciones, desde el frente interno, el Gobierno necesita, primero, cerrar acuerdos salariales en función de una inflación que estima que será igual o un poco menor que en 2012, batalla no tan fácil de dar. Segundo, que la campaña de soja estimada en 48 millones de toneladas, o sea entre 24 y 25,6 millones de dólares se liquide como es habitual, es decir, cerca de un tercio en los primeros cinco meses del año, y después en junio, julio, agosto el resto, cuando los productores venden según sus necesidades. Tercero, que el “enfriamiento de los precios” medianamente funcione. De este modo el Gobierno lograría sostener los acuerdos salariales en el tiempo y llegar a las elecciones con un efecto “tranquilizante”.