Hay objetivos que pueden resultar demasiado lejos. Como ese famoso puente de la ciudad holandesa de Arnhem, que los aliados debían alcanzar, durante la operación Market Garden, para acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un irresponsable exceso de optimismo tras ese fracaso para los aliados. No es la misma situación hoy en Colombia, cuando todo sugiere que es posible llegar a pacificar el país y abrir nuevos horizontes para los colombianos.
Sin duda, el
acuerdo resolverá un aspecto importante del problema de la
seguridad. Pero ¿la paz habrá resuelto todos los problemas? Se diría que no, pues no es éste el único frente para el Gobierno y la
sociedad entera. Bien lo sintetiza Aldo Cívico, experto
internacional en resolución de conflictos y profundo conocedor de la realidad
colombiana, quien destaca tres prioridades: “La violencia urbana y
el control territorial del crimen organizado en las ciudades; la
persistencia de grupos armados ilegales que siguen asesinando y
desapareciendo a los representantes de asociaciones de víctimas y de
derechos humanos; la plaga de uno de los más altos niveles de
desigualdad social”.
Conflictos
y seguridad
Postergado el
acuerdo con las FARC, a fines de marzo se confirmó que el Gobierno
abrió negociaciones con la otra principal guerrilla, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN). En su momento, el Gobierno rechazó
unificar las negociaciones para evitar que las dos organizaciones se
fortalecieran en sus planteos. El grupo dispone de fuerzas menguadas
(entre 1.500 y 2.000 efectivos), y sabe que no tiene chances de
acceder al poder por las armas. Su acción es más fragmentada, con
sectores más o menos a favor de finalizar el conflicto, lo que
explicaría los más de dos años de contactos exploratorios para
abrir una mesa de negociaciones. La agenda de los diálogos de paz
seguirá temas ya abordados con las FARC, aunque se anuncia una mayor
participación de las víctimas del conflicto y de la sociedad civil,
siguiendo las características del ELN.
Sin estos
conflictos, el principal reto a la pacificación del país pasará a
ser las Bandas Criminales Emergentes (Bacrim). Son grupos nacidos
entre 2006 y 2012 a partir de la desmovilización de los
paramilitares que, lo señala el Alto Comisionado de la ONU por los
derechos humanos, siguen atentando contra las personas. Hay
organizaciones sociales que han perdido hasta cien miembros
asesinados por paramilitares. En 2012 las Bacrim reunían unos 4.800
delincuentes. La treintena de grupos iniciales se redujo,
sustancialmente, a un par: los Urabeños y los Rastrojos, activos
principalmente en el narcotráfico y la minería ilegal.
Política
y sociedad
La transición
que comenzará con los acuerdos de paz será compleja en lo político
y lo social. No todos aceptan que los ex guerrilleros, varios de
ellos acusados de crímenes de guerra, puedan ocupar un cargo
político. Siete millones de votos recogió el candidado a la
presidencia por el conservador Centro Democrático durante las
últimas elecciones, planteando la oposición a los acuerdos tal como
han sido anunciados. En marzo, el 38 % de los ciudadanos de las
principales ciudades seguía a favor de la solución militar contra
la guerrilla, aunque el 54 % apoyaba el proceso de paz.
La aplicación
de una justicia transicional supondrá, además, que en muchos casos
la admisión de culpa podrá beneficiar a los responsables de
crímenes con penas alternativas. También ésta es una idea
resistida.
Para el
Coordinador Residente de la ONU en Colombia, Fabricio Hochschild, se
necesita crear un ambiente propicio para la paz, con gestos audaces
de reconciliación y una mayor pedagogía y comunicación dirigida
hacia la población. Para el funcionario, se debe transformar la paz
en un bien común que debe trascender el debate político y
reconstruir el tejido social dañado durante décadas de violencia. Y
como todavía no ha sido definido en detalle el andamiaje
institucional que deberá sostener los acuerdos, para avanzar es
urgente lograr la aceptación de estos acuerdos por parte de la
ciudadanía.
Economía
y desigualdad
La reparación
material a los civiles que perdieron sus bienes con el conflicto
supone el empleo de importantes recursos públicos. La pregunta es si
habrá suficientes, porque desde la economía llegan noticias poco
auspiciosas por la baja de los ingresos a causa de la venta de
petróleo y minerales. Pese a que no hay señales de alarma, existe
un creciente malestar por la conducción económica del Gobierno.
Se estima que
la paz podría incrementar el actual crecimiento (+3 %) en otros dos
puntos.
Sin embargo,
crecimiento no significa desarrollo ni que todos se beneficien de
ello. La desigualdad se extiende por todo el tejido económico-social.
El 10 % de la población más rica del país gana 4 veces más que el
40 % más pobre. Pese al retroceso de la pobreza, la desigualdad se
mantiene constante y el índice de desarrollo humano de la ONU se
reduce cuando se compara el acceso a la salud, la educación y los
salarios. Según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de
Economía de la Universidad de Los Andes, en 2010 un 77,6 % de la
tierra estaba en manos de 13,7 % de los propietarios. Aplicando el
coeficiente Gini a la distribución de la tierra, esta proporción da
uno de los índices más altos de desigualdad (0,86 en una escala de
0 a 1).
Paz,
reconciliación, pedagogía e igualdad social serán por tanto
factores clave para avanzar hacia la pacificación luego de medio
siglo de violencia. Lo perciben los países de la región
latinoamericana, que han manifestado su apoyo al proceso de paz; la
comunidad internacional, que incluso participará con recursos, y el
Papa, que ha prometido una visita en caso de que se logre la firma de
los acuerdos de paz.
Más que nunca
Colombia no debe vivir este tiempo en soledad.
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