Protestas de la sociedad civil por una repartija de cargos

Compuesta principalmente por los jóvenes, en Perú hubo protestas en contra del nombramiento poco transparente de los miembros de diferentes organismos gubernamentales.

El nombramiento por cuota entre cuatro partidos de miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva, provocó manifestaciones de repudio, por falta de competencia profesional y conflicto de intereses en los designados. El Legislativo tuvo que dar marcha atrás.

Una vez más las protestas, una vez más los jóvenes, una vez más las redes sociales convocando a la movilización, una vez más el poder político cuestionado por su costumbre de repartirse el poder y de tolerar la corrupción. Cambió en escenario y esta vez fueron las calles de Lima, donde dos veces en una semana los jóvenes salieron a reclamar contra el poder Legislativo por la repartija de cargos en el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. El Parlamento había designado para esos cargos a figuras políticas cuestionadas por falta de aptitud, conflicto de intereses y por corrupción.

El lunes cerca de tres mil jóvenes, en su mayoría universitarios, salieron a manifestar por las calles de Lima y llegaron a pocas cuadras del Parlamento, donde fueron dispersados por la policía. Sin embargo, la reacción ciudadana, algo que no es usual en Perú, y la presión de los medios de comunicación obligó al Legislativo a rever su decisión de repartir por cuotas entre cuatro partidos los cargos. 

El presidente Ollanta Humala invitó a dar un paso al costado y cuatro de los nombrados ya renunciaron a asumir, mientras que se estudia una nueva fórmula legislativa para solucionar legalmente el problema.

Para muchos analistas, el poder cruzó un límite, creyendo que la ciudadanía no reaccionaria de este modo. Un error de evaluación, por lo visto.

Perú y las cuestiones socioambientales

En base al informe de febrero la Defensoría del Pueblo, que reporta mensualmente la cantidad de conflictos sociales en Perú, de 222 casos registrados en el segundo mes del año, 147 eran socioambientales; de 89 situaciones en proceso de diálogo, 46 surgieron luego de un episodio de violencia. Los proyectos mineros se están transformando en una cuestión clave para el gobierno de Ollanta Humala, pues no es fácil superar las distancias entre las posturas de las empresas inversoras, las comunidades locales y el mismo Ejecutivo que intenta encontrar un punto de encuentro, pero que también tiene interés en captar las regalías de las mineras. En estos casos, es complejo ser juez y parte a la vez. Hay 18 proyectos mineros y una cantidad mayor de emprendimientos vinculados a la extracción de hidrocarburos asentados en territorios indígenas que se rigen por culturas y valores diferentes, que perciben como invasiva la presencia de actividades extractivas que impactan en el ambiente y en la calidad y disponibilidad de un recurso clave como el agua.

En el medio, la política del gobierno muestra su flanco más débil y cambiante: a fines de 2011, el conflicto estallado en Conga Cajamarca (sierra norte) provocó un cambio en las promesas electorales del gobierno, cuyo eslogan “Agua sí, oro no” se transformó en “Agua sí, oro también”. Ollanta tuvo que prescindir de varios ministros, al tiempo que este viraje político le costó la desilusión de una parte de sus electores.

Mientras tanto, en Conga Cajamarca, las fricciones entre campesinos y policía siguen. Siempre en la sierra norte de Perú, la comunidad campesina de San José de Cañaris, la única en la que se habla la variante Cañaris de la lengua quechua, se opone a un proyecto minero. Los choques con las fuerzas del orden que trataban despejando el bloqueo de la carretera han provocado heridos. El gobierno instaló una mesa tripartita en el intento de entablar el diálogo entre las partes. En 2011 se promulgó la ley de consulta previa a las comunidades indígenas. Pero todavía falta concretar alguna consulta de acuerdo a esta normativa y se desconoce la lista de comunidades que disponen de este derecho. La secuencia de desencuentros entre la comunidad local y los emisarios del gobierno no prometen nada bueno en cuanto a un diálogo que permita buscar puntos de encuentro, si es que los hay.

Las empresas mineras –basta ver la publicidad que incluso aparece en la Argentina– recurren a la publicidad en radio y televisión para hablar de las bondades de la actividad extractiva, pero a menudo sin aclarar la diferencia esencial entre proyectos de megaminería y la minería “normal”, por así decirlo. Según los expertos en el primer caso no es posible hablar de sustentabilidad. Para aprovechar la actual bonanza de los precios internacionales de metales como el oro, que hacen sumamente rentables las inversiones, se apunta a períodos extractivos relativamente cortos, también para estar a resguardo de los vaivenes políticos de la región latinoamericana, que no se caracteriza precisamente por su estabilidad. Es poca la mano de obra local calificada, poco lo que queda de la actividad industrial, sin creación de actividades colaterales: en la gran parte de los casos es dinero que llega, pero que luego de un tiempo se va sin haber creado cambios estructurales importantes en esa economía. Y eso sin entrar en el mérito en la cuestión medioambiental, que no es la menor, sino todo lo contrario.

El caso de Perú no es el único, pues acontecen situaciones parecidas en Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia. Los conflictos socioambientales están cobrando una importante vigencia política. El tema de fondo es el modelo de desarrollo que se desea implementar. Y para eso, muy a menudo, faltan estudios objetivos al respecto, que no cedan a las visiones parciales.