Lecturas: Los que susurran.

En su conocida novela, 1984, George Orwell quiso realizar una denuncia contra los horrores de los regímenes totalitarios. El escritor tenía tan claro lo que estaba aconteciendo en la Unión Soviética que, al leer esta obra monumental de Orlando Figes, el lector no puede dejar de evocar muchos fragmentos de 1984.

Con inteligencia, el autor penetra en la intimidad de la vida de las familias que padecieron la represión paranoica de Joseph Stalin sobre todo a lo largo de los años ’30 – estamos hablando de decenas de millones de personas. Gracias a decenas de entrevistas, testimonios, correspondencia, diarios personas, Figes reconstruye minuciosamente retazos de la vida cotidiana de adultos, niños, jóvenes, ancianos transformada en una alucinante pesadilla. Ilustrar tanto sufrimiento en modo acabado es tarea imposible, pero el intento es meritorio.

Muchas de esas personas, o la gran parte, eran dirigentes del partido y fervientes comunistas que nunca pudieron saber por qué fueron objeto de una persecución tan absurda cuan inútil, alimentada por la paranoia estalinista. Acaso la imagen más patética la constituyen precisamente aquellos que, aun protestando su inocencia, afrontaron la cárcel y hasta  el pelotón de ejecución convencidos de que si el partido disponía eso era por el bien de la revolución. En esos casos, con gran frecuencia incluso el vínculo de amor entre esposos, los lazos familiares pasaban en segundo lugar, pues aun las personas más amadas se convencían de que si alguien era arrestado era por alguna razón. Por eso el primer intento del acusado era el de asegurar su inocencia. Sofia Antonov-Ovseienko quien fue arrestada en 1937 ignorando que su marido Vladimir,  un anciano bolchevique que en 1917, en los días de la revolución, participò del asalto al Palacio de Invierno y que sucesivamente fue embajador y comisario de Justicia, había corrido con la misma suerte, así le escribía  en el intento de asegurarle su inocencia: "¿Recuerdas que siempre decíamos que si alguien era arrestado en nuestro país debía haber buenas razones para ello, algún delito cometido..., algo justificado? No hay duda de que en mi caso también hay algo que lo justifica, pero no sé qué puede ser  (...). Durante los últimos tres días me he dedicado a revisar mi vida, preparándome para la muerte. No encuentro en ella nada que pueda considerarse criminal (...). Conoces lo que hay en el fondo de mi corazón, sabes que mis acciones, mis pensamientos y mis palabras son leales y genuinos. Pero el hecho de que esté aquí debe de significar que he cometido algún delito..., que he hecho algo mal, y no sé qué puede ser..." La de Sofia fue la tragedia de millones de personas que ignoraron en todo momento las razones de su arresto, de su condena y de su ejecución, o, en el mejor de los casos, de su transformación en parias acusados de ser "enemigos del pueblo". Alrededor de cada persona y de su familia se creaba literalmente el vacío: los hijos terminaban odiando a los padres, los maridos a sus esposas y viceversa, trasladando así el odio hacia un aparato estatal que transmitía un terror ciego que frantumaba todo lazo familiar y de amistad o de solidaridad. La palabra más inocente, una espresión poco prudente y también una acusación infundada motivada por la envidia podían transformar la vida de una familia en una pesadilla, y provocar su desmembramiento. 
No acusar a los propios padres, al marido o a la esposa o cualquier pariente o amigo podía ser motivo a su vez de una dura condena. Lo cual permite formar una cabal idea del clima social que se vivió en la Rusia de Stalin. Una capa pesada de sospecha bajó en una vida cotidiana de aquellos años de purgas marivas, durante los cuales nadie sabía a ciencia cierta , como Sofia, qué podía llevarlo al exilio, a una larga condena o, peor, a ser ejecutado. 
Ni siquiera el fiel cumplimiento de las tareas asignadas o una vida de dedicación al partido según la más estricta ortodoxia ideológica podía salvar de la persecución y la represión. El caso de Nicolai Yezhov, predecesor del terrible Laurenti Beria a la cabeza de la NKVD, la policía secreta, es por demás emblemático. Yezhov ejecutó con celo las disposiciones de Stalin arrestando a millones de personas. Ese mismo celo, cuando el máximo líder consideró los perjuicios de esa política, lo llevo a ser condenado a muerte. 
Figes aporta un texto valioso y una meticulosa documentación que es, a la vez, una advertencia permanente sobre los peligros que encierra todo régimen totalitario y sobre  la maldad humana lisa y llana.

Los que susurran. La represión en la Rusia de Stalin.

Orlando Figes, Edhasa, Buenos Aires, 2009, pp. 890.

Il business dell'inquinamento

L'inquinamento ha il suo mercato. Il capitalismo, che nell'ultima crisi finanziaria orginatasi negli Stati Uniti ha dimostrato aver superato ogni limite in materia di etica e di aviditá, non finisce di sorprendere. Almeno gli ignoranti come me. Martín Caparrós, scrittore argentino, riporta nel suo recente libro "Contra el cambio" il curioso -ma poi non tanto- "mercato" delle emissioni contaminanti di CO2 che starebbe per fatturare intorno ai 1.200 miliardi di dollari all'anno. In base al Protocollo di Kyoto (ormai superato e insufficiente, ma questo é un altro tema) ogni paese ha assegnata una quota di emissioni di CO2. Nazioni meno sviluppate o interessate all'affare, cosa fanno?: emettono meno della quota assegnata e la differenza la vendono - grazie all'intermediazione di finanziarie come la ineffabile JP Morgan - nel mercato dei crediti di carbonio. Tale quota viene poi ricomprata da imprese del mondo industrializzato che cosí acquistano il "diritto" a contaminare. La creativitá dei manager di questa "alta finanza" le pensano tutte. Anche quella di comprare 10 milioni di forni ecologici che emettono due o tre tonnellate meno di CO2 all'anno in paesi come Ghana, Kenia, Uganda, per poi acquistare i titoli di quelle emissioni da rivendere a 10-15 dollari. Ossia, investendo 50 milioni di dollari in forni ecologici, ci sarebbe da spartirsi da 200 a 450 milioni di dollari. Niente male come affare. Peccato che di mezzo ci sia il nostro ambiente in quanto bene comune destinato a tutti. Come i vati della crisi statunitense, anche questi magari riceveranno premi e riconoscimenti o la copertina di qualche settimanale di spicco. Tanto, eventualmente, la crisi viene dopo. Vanno tenuti occhi ed orecchie aperte!

El negocio de la guerra

La conducción de la guerra en Iraq y Afganistán revela los intereses de empresas privadas.

 

La publicación por parte del sitio Wikileaks de 91 mil documentos reservados provocó en julio un nuevo dolor de cabeza a la Casa Blanca, ya que quedaron evidenciados más problemas en la conducción de la guerra en Iraq y Afganistán: se habla de violaciones a los derechos humanos, falta de controles y corrupción.

No es una novedad que la presencia de los Estados Unidos y sus aliados en Iraq y Afganistán responde a motivos que no son precisamente la lucha contra el terrorismo y la instauración de la democracia. Pero es cada vez más difícil ocultar que hay de por medio intereses comerciales y el control de los recursos energéticos. En junio, el presidente de Alemania, Horst Köhler, tuvo que dimitir por confesar públicamente que los soldados alemanes destacados en Afganistán estaban defendiendo esos intereses.

¿Cuánto cuesta la guerra?

El costo de esos conflictos se ha disparado. Según el Pentágono, se gastan en Iraq 12.500 millones de dólares mensuales y 16.000 millones en Afganistán. Los economistas Joseph Stiglitz y Linda J. Bilmes estiman que ese costo alcanzará, en el primer país, los 3 billones de dólares (3 millones de millones). La Segunda Guerra Mundial supuso en cuatro años un costo de 5 billones de dólares en 2007.

Pero no sólo el volumen del gasto genera dudas, sino cómo se está usando ese dinero. Hay 90 investigaciones que intentan aclarar irregularidades en contratos de asesoramiento, provisión de alimentos, armamentos, etcetéra. La Agencia Auditora de la Defensa de los Estados Unidos señala sus dudas sobre facturas por 10.000 millones de dólares. Al tiempo que han desaparecido 8.800 millones de dólares destinados al Fondo de Desarrollo de Iraq, ante los escasos controles por parte de las autoridades de la Coalición.

Las numerosas empresas privadas que acompañan al ejército estadounidense en la región, además de brindar servicios, intervienen en el conflicto y en algún caso dirigieron a los soldados. Lo cual significa una privatización de la guerra como pocas veces hubo en la historia.

Para contar con esas empresas, a menudo la administración Bush recurrió a la contratación directa, utilizando el sistema de “licitación de candidato único”. En otros casos se utilizó la “administración delegada”: a la empresa contratada se le reembolsan todos los gastos, más un beneficio sobre la base del costo. Eso ha alimentado la tendencia a inflar los números para aumentar el margen de beneficio. Entre las empresas más sospechadas figura Halliburton, en su momento dirigida por el ex vicepresidente Dick Cheney. Los contratos que se le han adjudicado sin competidores sumaban 19.300 millones de dólares hasta 2007. Cabe recordar que la firma aportó al partido de Bush más de 1,1 millón y que sus acciones crecieron más del 200% entre 2003 y 2007.

Escapar a los controles no es complicado, ya que los supervisores del Departamento de Defensa disminuyeron el 25% entre 1998 y 2004, mientras las subcontrataciones crecieron el 105%. Por otro lado, el Gobierno no está obligado a dar información sobre contratos que estén por debajo de los 50 millones de dólares. Por eso a menudo se recurre a más subcontratos para no alcanzar ese monto y evitar explicaciones. Esto justifica también la cantidad de empresas contratadas. Según el Consejo Americano Británico de Investigación sobre la Seguridad (BASIC) los datos oficiales hablan de 68 empresas militares privadas contratadas en 2004, aunque otros datos señalan que son más de cien.

Privatización de la guerra

El uso de contratistas privados genera cuestionamientos éticos y legales. El problema, lejos de resolverse, se acentuará a partir del reciente retiro de las unidades estadounidenses de combate, debido a que la tarea de seguridad quedará confiada precisamente a soldados privados.

EL famoso caso de vejaciones a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib terminó con la baja de los militares responsables de los apremios, por decisión de la justicia militar a la que estaban sometidos. Poco se dijo que quienes disponían esos apremios eran los civiles de la empresa CACI internacional, “asesora” en materia de seguridad. Por una medida aplicada desde 2004, los contratistas privados gozan de total inmunidad ante la justicia civil y militar norteamericana, motivo por el que ningún civil respondió por los abusos en Abu Ghraib.

En materia de seguridad del personal diplomático, el Departamento de Estado pasó de utilizar 1.000 millones de dólares en 2003, a los 4.000 millones gastados en 2007. El primer administrador provisional de Iraq, Paul Bremen, contrató para eso y por adjudicación directa a Blackwater Security (hoy rebautizada Xé) por 27 millones de dólares. El volumen de negocios de esta empresa que brinda mercenarios pasó de 100 millones de dólares en 2004 a 1.200 millones en 2007.

El costo de un soldado privado varía. Si es estadounidense y muy competente, podrá llegar a los 1.200 dólares diarios. Un contrato atractivo, si se lo compara con los 140-190 dólares que gana por día un sargento del ejército. El precio baja si los mercenarios provienen de otros países. Xé pagó 4.000 dólares por mes a los rumanos y chilenos, bastante menos a hondureños y salvadoreños, hasta llegar a los colombianos, contratados por menos de mil por mes.

No es fácil saber cómo operan estos ejércitos privados. El Washington Institute for Policy Studies descubrió en 2004 que estas empresas no informan acerca de cómo usan fondos y bienes del Estado. Su cantidad es una estimación: en octubre de 2006, frente a 7.200 soldados de Gran Bretaña presentes en Iraq, había 21.000 mercenarios. Se estima que por cada soldado de los Estados Unidos, hay un contratista privado tanto en Iraq como en Afganistán.

Ocultar el sol con la mano no es posible. Hoy queda claro lo que siempre se sospechó: la invasión de estos dos países responde a intereses políticos funcionales a los de corporaciones privadas. 

Artículo publicado en el número 514 de Cn revista, setiembre de 2010.

Acerca de estos temas aconsejamos la lectura de:
Joseph Stiglitz – Linda J. Bilmes, La guerra de los tres billones de dólares, Madrid, Taurus, 2008;  

Rolf Uesseler, La guerra como negocio, Bogotá, Norma, 2007; 

Jeremy Scahill, Blackwater, Madrid, Paidós, 2007.

La ilustración es de Cecilia Gerpe

¿Los Estads Unidos se retiran de Iraq?

La Casa Blanca anunció el retiro de unidades de combate de Iraq. De este modo, para fin de año habrán dejado el país unos 100 mil soldados y sólo quedarían unos 50 mil, pero con funciones de "asesoramiento" y "entrenamientos" de las fuerzas armadas iraquíes. El anuncio, por parte de una administración preocupada por recuperar la imagen en caída del presidente Obama, y en vista de próximos compromisos electorales, debería generar optimismo y alivio. Pero resulta que en política el escepticismo es casi necesario. Los hechos políticos y sus efectos deben reflejar los gestos y las palabras. Cabe entonces reflexionar.

Iraq figura entre los tres o cuatro países con las mayores reservas de petróleo del planeta, además mucho más barato de extraer porque los yacimientos están a muy pocos metros de profundidad. Fue invadido por motivos que resultaron falsos (no había ni armas de destrucción masiva, ni vínculos con Al Qaeda y or lo tanto con los atentados del 11-S); en casi 7 años y medio de presencia militar si bien es cierto que fue derrocado el régimen de un dictador asesino, Saddam Hussein, también es cierto  que, en ese caso habría que salir a castigar a muchos otros dictadores, varios de los cuales aliados de Washington. Es el caso del régimen de arabia Saudita, no menos corrupto que otros, el cual durante los últimos 30 años se ha dedicado a invertir 60.000 millones de dólares (a razón de 2 mil millones al año) para la difusión de su versión fundamentaista del Islam, sin que eso modificara una sóla coma de la alianza entre este gobierno y la Casa Blanca. Por otro lado, la intervención en Iraq desató el caos en un país que entró en una lucha interna sangrienta y contra sus ocupantes, que ha provocado medio millón de muertos entre la población civil. Iraq hoy no es ni más seguro, ni más estable políticamente.

Por lo tanto, la Casa Blanca debería dar razones válidas para explicar a sus ciudadanos por qué motivo los Estados Unidos desató una guerra que provocó entre sus filas más de 4.400 muertos y entre 30.000 y 50.000 heridos, muchos de los cuales quedarán lisiados de por vida, al tiempo que los efectos psicológicos de esta guerra impulsan al suicidio a una quincena de soldados por día (sí, leyó bien!); por qué motivo los contribuyentes tuvieron que erogar un millón de millones de dólares (es decir, un billón de dólares ) para esta guerra (y según Joseph Stiglitz los billones finalmente serán tres); por qué motivo el país terminó siendo uno de los más criticado y desprestigiado políticamente a nivel internacional luego de una guerra que, según el Pentagono fue "victoriosa" pese a que nadie puede esgrimir un solo resultado concreto de la misma. 

Digamos que el buen viejo Pirro enseñó la inconveniencia de este tipo de "victorias" hace miles de años. 

A su vez, el Pentágono presenta el balance bélico sobre la base de los efectivos y armamentos desplegados... "olvidando" el balance de otro ejército presente en Iraq, que es de los contratistas privados (es decir, mercenarios) acerca de los cuales pocos sabemos en cuanto a bajas y en cuanto a su número. La relación entre mercenarios y soldados hasta hace poco era de 1 a 1. ¿Caerá sobre ellos el peso principal del conflicto, sin el precio político que supone cada muerto y sin tener que reportar públicamente bajas? El anuncio de que deberá duplicarse la presencia de mercenarios en el país es además aterrador. Los "contratistas privados", el eufemismo con el cual se denominan los mercenarios, gozán de una inmunidad de grado superior a la de los soldados del Pentágono. Estos últimos, si bien gozan de inmunidad en el territorio donde están desplegados, igualmente permancen bajo la jurisdicción de la justicia militar. No es así en el caso de los mercenarios, para los cuales vale la inmunidad de cualquier tipo de jurisdicción, debido a una disposición amitida desde el primer año de ocupación. Qué puede hacer un ejército privado y acorazado por esa inmunidad ya encontró una respuesta en la cárcel de Abu Ghraib: las vejaciones aplicadas a prisioneros iraquies determinaron la baja de los soldados que las aplicaron, pero quedaron sin castigo los civiles de la empresa de seguridad CACI quienes estaban a cargo de la cárcel (!).

Y si pensamos que esto en América Latina nos interesa poco, repasemos el listado de las bajas de mercenarios en estos años (han sido declarado sólo 400, pero deben ser más, encontraremos hondureños, salvadoreños, colombianos, etc. pues varios miles de latinoamericanos fueron contratados por las diferentes empresas de seguridad, como Xé, entre ellos un millar de chilenos, es militares, de los cuales unos cuarenta involucrados con el régimen de Pinochet).

Las declaraciones de la Casa Blanca respecto del retiro de militares, quizás, explican más de lo que se anuncia. "Esto no significa que termina nuestro compromiso con Iraq". De hecho, los 50.000 "entrenadores y asesores" que permanecerán allí seguirán representando los intereses de los Estados Unidos en la región. Una pregunta: ¿por qué tantos? Si cada "entrenador" trabaja con 10 soldados o policías locales, estamos hablando de fuerzas armadas y de seguridad por un total de medio millón de hombres. ¿Iraq necesita semejante fuerzas? ¿Con qué las equipará y pagará su débil gobierno? Por lo tanto, ¿qué otros intereses supone el "compromiso con Iraq"?

Al presidente Obama le tocó esta pesada herencia que le dejó la administración de George W. Bush. Igualmente, es quien hoy tiene la responsabilidad de explicar a su país y al mundo qué piensa hacer del desaguisado iraquí, de qué manera supone que Iraq podrá transitar hacia la estabilidad luego de que se abriera la caja de Pandora de sus conflictos internos. Y por sobre todas las cosas: cuándo su gobierno comenzará a respetar la soberanía de Iraq poniendo fin concretamente a esta intervención.

Un silencio muy oportuno

Se sabe de los millones de barriles de petróleo derramados en el Golfo de México y de la magnitud del desastre en las costas de los Estados Unidos. Sin embargo, lo mismo sucede en el Delta del río Níger pero sin repercusiones mediáticas.

La opinión pública no se enterará de buena parte de las gestiones y cuestiones inherentes al gigantesco derrame de petróleo que se produjo a partir del 20 de abril en el Golfo de México. Ese día, una explosión en la plataforma de la petrolera BP, la Deepwater Horizon, mató a once personas al tiempo que un pozo ubicado a 1.500 metros de profundidad comenzó a verter su contenido en el mar. Durante semanas, la mancha de crudo se expandió, imparable, y recién en julio los técnicos pudieron controlar la situación. El modo poco transparente de actuar de compañías petroleras como BP quedó al descubierto. Se ignoraron medidas de seguridad, los intentos para resolver e problema fracasaban uno tras otro y la información sobre la entidad del derrame por parte de la compañía resultó ser falsa: en el mar penetraba a diario el doble del crudo declarado.

La imagen del presidente Barack Obama bramando furioso contra BP y dispuesto a “patear traseros” entre los dirigentes irresponsables e ineficientes pareció una sobreactuación a beneficio de los ciudadanos norteamericanos azorados ante la magnitud del desastre, de los trabajadores de la pesca de la costa de Louisiana y de las ONG ecologistas – que mueven muchos votos – irritadas ante el peor desastre ecológico de este tipo.

Sin embargo, Mr. Obama no puede confesar libremente que es uno de los beneficiados por los aportes de BP a las campañas electorales. Y tampoco puede admitir  la embarazosa situación heredada de su predecesor George W. Bush, quien no bien instalado en la Casa Blanca contribuyó a diseñar un sistema que favorece los intereses de la compañías petroleras al dejar que ellas mismas inspiraran la reglamentación y el sistema de control sobre su actividad. Lo tuvo que admitir el Mineral Managemente Service, teniendo presente que además los sistemas de vigilancia y de control para evitar explosiones como la del 20 de abril están bajo la órbita del Instituto estadounidense del petróleo, organismo controlado por los representantes de empresas del ramo petrolero y gasífero.

En efecto, la decisión de los directivos de BP de poner a disposición 20 mil millones de dólares para costear los daños producidos debió haber sido fruto de sigilosos y no menos ocultos contactos entre la Casa Blanca y la empresa. Hay mucho silencio sobre la actividad de las petroleras, un silencio que el dinero puede comprar. 

¿Qué pasa en África? 

Si las cosas no estuvieran tal como están, se sabría que el desastre del Golfo de México no es el único ni el más grave que se conozca sino el que más atención mediática ha recibido. Del otro lado del Atlántico, en el Golfo de Guinea, más precisamente en el Delta del río Níger, se consuma un drama aún más grave. Los más de 600 pozos para la extracción del petróleo de varias compañías como BP y Shell y los oleoductos objeto de atentados, a menudo en malas condiciones, han contaminado gravemente la tierra y las fuentes de agua del subsuelo. La expectativa de vida de los pobladores de la zona es de apenas 40 años.

Para el escritor Ben Ikari, miembro del pueblo ogoni, “las compañías petroleras simplemente no hacen caso. A los legisladores (nigerianos) no les importa y la gente debe vivir con la contaminación a diario. Cuando veo los esfuerzos que se están realizando en los Estados Unidos, siento mucha tristeza por la doble moral. Lo que hacen allí o en Europa es muy diferente”. De hecho, la página web de BP informa sobre lo que se está haciendo en el Golfo de México pero no hace mención a lo que sucede en Nigeria.

Para Ben Amunwa, del observatorio petrolero Platform de Londres, en pocos años “los vertidos en alta mar en Nigeria han empequeñecido la magnitud de la catástrofe del Exxon Valdez por mucho. Las estimaciones ubican a los vertidos en el Delta del Níger entre los peores del planeta, sin tener en cuenta el petróleo de las aguas residuales y el venteo de gas (la quema de excesos de gas). Empresas como Shell siguen evitando el control independiente y mantienen datos clave bajo secreto”.

Pese a ser productor de petróleo, la escasez de gasolina es habitual en Nigeria. En 1998, cientos de personas se juntaron para reunir el goteo de combustible de un oleoducto dañado. La gente concurría con baldes y otros contenedores con la esperanza de vender luego el producto. Una chispa fue suficiente para que 1.500 personas murieran quemadas.

El petróleo nigeriano, por otro lado, no es indiferente para los Estados Unidos, puesto que en el Delta del Níger se extrae el 40% del crudo que importa el país norteamericano. Es decir, Nigeria tiene un valor estratégico y geopolítico tan alto como el de Iraq o Afganistán. Tal debe ser el motivo por el cual las periódicas denuncias de Amnistía Internacional y de otras organizaciones ambientalistas suelen caer en un saco roto.

Lo que acontece en el Delta del Niger no es una de las tantas historias olvidadas sino que es silenciada por intereses muy poderosos. El primer paso para cambiar esta situación consiste en romper el muro de silencio.

A parte 

Una venta sospechosa

¿Cuándo comenzó el derrame de petróleo en el Golfo de México? La financiera Goldman Sachs, en los primeros meses de 2010, se liberó de gran parte de las acciones de la petrolera BP. Sin embargo, Peter Sutherland, director no operativo de Goldman Sachs Internacional, subsidiaria de la financiera, fue presidente de BP hasta 2009. La venta de acciones por 270 millones de dólares, ante el derrumbe de las cotizaciones por el derrame, evitó perder el 36% de su valor.

¿Obama o los EE.UU. en su peor momento?

Disparen sobre Obama, podría ser el santo y seña de estas semanas. Total, argumentos van a encontrar.Algún día el inquilino de la Casa Blanca descubrirá - si ya no lo hizo- que incluso cometió el error de aceptar un inmerecido Nobel de la paz. La prudencia hubiera sugerido declinar elgantemente un reconocimiento apresurado y sin motivos válidos. Cuando llegará el tiempo de campaña, no es difícil imaginarse a algún adversario utilizar este tema para poner en discusión sus aptitudes.
Sin embargo, se habla mucho de lo que el inquilino de la Casa Blanca no ha hecho y muy poco, demasiado poco, de la situación que heredó.
A no olvidarlo: Obama asumió en enero y pocos meses después el país estaba sumido en la peor crisis financiera de su historia, acaso superior al crack de 1929. Cuarenta millones de estadounidenses corrían el riesgo de perder su vivienda. Mientras que grandes corporaciones financieras tenían que admitir haber mentido para captar inversionistas sore títulos basura que Wall Street aceptó como buenos y con sus popes también los financistas de medio mundo pese a que era evidente que se tratara de una burbuja especulativa de dimensiones gigantescas. Otras, directamente quebraron arrastrando el planeta hacia el abismo. Ya antes de la crisis millones de compatriotas no recibían asistencia médica, y un 10% de la población directamente era pobre. Hace poco, suelto de cuerpo, un legislador explicó que no había 30 mil millones de dólares para asistir a los desempleados, pero sí se podían rebajar 600 mil millones de impuestos a los sectores más ricos. El american dream en realidad se estaba transformando en el sueño de un restringido grupo de ricos para los cuales el país sí funcionaba de maravillas. Mientras que para el resto se le hace muy cuesta arriba superar los embates de la libertad total del mercado.
Obama se encontró con un presupuesto militar absolutamente sobredimensionado, cercano al millón de millones de dólares gastados en base a una cultura de la paranoia y del terror de atentados que no resisten a un análisis más atento y no prejuicioso. El páis mantiene 250 mil soldados ocupando dos países donde reina la inestabilidad: un veradero fracaso que ha provocado unos 6 mil efectivos muertos y unos 50 mil heridos, muchos con consecuencias duraderas. Tres millones de millones de dólares costará este conflicto que ha provocado suculentas ganancias a un grupo de empresas conectadas con el entorno del ex presidente Bush. Cada día 18 veteranos de Iraq o Afganistán se suicidan.
Como nunca los Estados Unidos reciben escasas simpatías a lo largo y ancho del planeta. El reciente desastre petrolero del Golfo de México, una vez más, ha revelado las ocultas componendas del entorno de Bush con las compañias petroleras que han sido inspiradoras de la reglamentación de su actividad e integran además la entidad que debería controlarlas. Este contubernio con las empresas privadas llegó a extremos en Iraq donde hay empresas que bajo el amparo de la "administración delegada" simplemente pasaban facturas de gastos a los que agregaban un porcentaje de ganancias. Algunas deben responder por 18 mil millones de dólares gastados de este modo, sin control alguno. Y las razones comerciales obedecen también al hecho de haber impulsado el único golpe de Estado de 2008, el de Honduras. Posiblemente, algo que los republicanos que mueven hilos del poder detrás de las bambalinas impusieron a la administración Obama.
Otro regalo de Mr. Bush.
La pregunta entonces, más allá de las responsabilidades políticas que le caben al primer presidente negro de los Estados Unidos: ¿qué tanta autoridad puede ejercer la máxima magistratura de la primera potencia mundial, la cabeza de un imperio sobre el cual hoy no se pone el sol? ¿De cuánto poder dispone si quiere introducir cambios de sustancias en un sistema cuyo "aparato militar e industrial", para usar las palabras del presidente Eisenhower, hasta tiene fuerza para digitar a sus hombres en los gabinetes que ocupan la Casa Blanca? ¿Qué capacidad tiene este sistema democrático, quizás uno de los mejores, para hacer transparente lo que hoy es oculto?
Obama aceptó entrar en el juego, y por ello quizás merece las críticas que se le formulen. Nadie lo obligó y formuló promesas que a todas luces no está siendo capaz de cumplir.
¿Pero es porque no sabe o porque no puede?

Corrupción: faltan sentencias

En la Argentina no faltan denuncias por corrupción, investigaciones y procesamientos. Lo que faltan son sentencias que castiguen a los culpables. La secuela de episodios resonantes, con detalladas investigaciones, incluidas las cámaras ocultas de los medios de comunicación, alcanza a funcionarios de todos los niveles, desde empleados ministeriales hasta ex presidentes, pasando por concejales y demás.

La corrupción no es una novedad. Tuvimos una década calificada por muchos como poco transparente, la de los noventa: los “gastos reservados” transformados en ingresos particulares, las privatizaciones, los canjes de la deuda sospechados de favorecer a consultoras y funcionarios, el episodio de la “Banelco” por la nueva ley laboral que ensombreció el arranque del gobierno de la Alianza, encabezado por Fernando de la Rúa.

El problema no se limita al ámbito político. Una fuente del Poder Judicial, a título de ejemplo, mencionó a Cn revista una empresa de renombre vinculada con contrabandos de autos bajo secuestro judicial, y los “arreglos” en las licitaciones públicas. Otro dato más que inquietante es la frecuencia con que las propias fuerzas de seguridad aparecen vinculadas con el entramado delictivo. Sin olvidar la tan mentada viveza criolla, a menudo especialista en buscar “atajos” a la ley. En fin, en la Argentina tenemos un problema serio vinculado a la ética y la moral. No es posible abarcar en estas líneas una problemática tan compleja, por lo tanto, volveremos al tema desde diferentes enfoques en próximas entregas. Esta vez nos ocupa la independencia del Poder Judicial.

Un círculo vicioso

El poder político, en un sistema como el nuestro, tiene capacidad de condicionar a la Justicia. “El círculo en algunos casos es perfecto – comentó a Cn revista la ya citada fuente del Poder Judicial– porque el poder político ampara a la fuerza policial vinculada con el delito. Ésta libera zonas o cobra una tarifa a la actividad ilegal o ilícita, y jueces complacientes o fiscales inactivos traban luego la investigación”. La más reciente sentencia ha sido la del llamado “robo del siglo” al Banco Río de Acassuso, cuyos responsables recibieron penas de entre 9 y 15 años de prisión. Los que conocen a fondo el ambiente no dudan en coincidir en que “no tenían protección política”.

Es difícil probar estos delitos? “La investigación en sí no es para nada complicada –comenta un magistrado–, hay delitos que con investigaciones muy sencillas se pueden probar”. Y cita el caso de una cárcel en la que  entre los alimentos para los detenidos se encontraron restos de carne tipo D (no apta para consumo humano), pero que fue adquirida a precios de carne de exportación. “¿Cree que es difícil determinar quién hizo las compras y quién entregó la carne? Una justicia independiente –concluye– llegaría con muy poco trabajo a reunir las pruebas necesarias”.

La afirmación incluye una indicación grave: el sistema penitenciario argentino es un ámbito importante de corrupción, desde la construcción edilicia hasta la comida, los medicamentos y los favores. Todo parece tener precio en un sistema denunciado por las Naciones Unidas por las constantes violaciones a los derechos humanos, sobre todo en las provincias de Mendoza y Buenos Aires. “¿Por qué cree que hay torturas en las cárceles?”, inquiere la fuente consultada. “¿Para que hablen? No, en todo caso eso sucedería en las comisarías. Es por lo contrario: para que no hablen. Los encarcelados para algunos son un negocio”. 

El profesor Daniel Sabsay, abogado y constitucionalista, se refirió a la gravedad del tema:  “Los organismos específicos de investigación como el Ministerio público y la Oficina Anticorrupción han sido enormemente debilitados. Manuel Garrido renunció a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas porque no lo dejaban investigar y porque el Procurador general, Esteban Righi, había limitado enormemente sus posibilidades de actuación. Por lo tanto, lejos de apoyar las investigaciones, se entendía que existía un pacto de impunidad. En la Oficina Anticorrupción ha pasado algo similar. En la Justicia Federal, en la Justicia en lo Penal y Económico, muchos jueces carecen de la independencia o del apoyo necesarios para llevar a cabo la recolección de las pruebas y las pericias. La independencia del Poder Judicial y de los organismos de control es clave. Si no se garantiza, y es tarea fundamental del Ejecutivo, no podrá luchar contra la corrupción”.

Para Sabsay es un problema recurrente en nuestra historia, aunque señala que hay etapas en que se acentúa y otras en las que se trata de buscar soluciones. “En este momento –agrega– creo que el problema se ve más agudizado”. ¿Reformar la Constitución podría ser parte de la solución? “El inconveniente mayor radica en el modo de aplicar la Constitución. El primer problema grave es el Consejo de la Magistratura, que ya de por sí, como organismo, es muy cuestionable. Desde que se hizo la modificación en 2006 y se aseguró una presencia determinante para el oficialismo, encontramos una enorme dificultad para que los jueces puedan actuar de manera independiente, sobre todo en las cuestiones que eventualmente comprometen la responsabilidad de los funcionarios”, dice el constitucionalista. 

¿Cómo afrontar el problema? “Siempre trato de ser optimista –prosigue– pero tampoco puedo mirar para otro lado. La situación es muy grave. Creo que la ciudadanía tiene que actuar tanto apoyando a las organizaciones no gubernamentales que trabajan a sol y sombra para que esta situación cambie y también premiando o castigando a aquellos funcionarios y candidatos que tienen (o no) el compromiso de luchar contra la corrupción”.  

Sobre este último punto coincide el fiscal Fernando Domínguez, de la Fiscalía 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires. El funcionario, que conoce muy bien la realidad del conurbano, opina que el número de delitos, luego de un pico en 2001, está disminuyendo. “Según el sociólogo Ricardo Sidicaro –agrega– vivimos en sociedades muy participativas. Hoy la gente reclama justicia, organiza manifestaciones. Quizá lo hace de manera aún desorganizada e inorgánica, desordenada. Pero la participación ciudadana existe. En el área de los derechos humanos ha permitido no bajar la guardia, y hoy los represores de la dictadura militar están siendo juzgados. Participan democratizando las instituciones, controlando a los organismos de investigación y a las fuerzas policiales. Los gérmenes se reproducen en la oscuridad y el entramado empieza a desenmascararse iluminando, poniendo en conocimiento de la ciudadanía lo que sucede, haciendo funcionar nuestro sistema republicano”.